CE - 110010315000202205955011SENTENCIA20230302161703

Demandante: Ana Aixa Murillo Orozco Demandados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-05955-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., dos (02) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Radicación N.º: 11001-03-15-000-2022-05955-01

Demandante: ANA AIXA MURILLO OROZCO

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA Y OTROS

Temas: Tutela contra sentencia de la misma naturaleza –

Improcedencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 11 de enero de 2023, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la improcedencia de la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado el 10 de noviembre de 2022, la señora Ana Aixa Murillo Orozco, actuando a través de apoderado judicial, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de La Guajira, el Juzgado Primero Administrativo

1. Mediante escrito radicado el 10 de noviembre de 2022, la señora Ana Aixa Murillo Orozco, actuando a través de apoderado judicial, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de La Guajira, el Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Riohacha y las Oficinas de Instrumentos Públicos de Riohacha y Bogotá Zona Norte, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión de la sentencia del 2 6 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira que revocó el fallo de l 16 de septiembre del mismo año, dictado por el Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Riohacha, que había accedido al amparo solicitado por la señora Ana Aixa Murillo Orozco, para en su lugar negar la protección de los derechos fundamentales, al interior del proceso constituci onal de tutela identificado con el radicado 44001 -3340-001-2022-00252-01.

3. Así mismo, por cuanto las Oficinas de Instrumentos Públicos de Riohacha y Bogotá Zona Norte no han dado cumplimiento a la orden otorgada por el Juzgado de Familia Oral del Circuito de Riohacha, consistente en la inscripción de la demanda en los folios de matrícula inmobiliaria de algunos bienes inmuebles.Demandante: Ana Aixa Murillo Orozco Demandados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-05955-01

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1.2. Pretensiones

4. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos

invocados y, en consecuencia, pidió:

“1. Que se tutelen los derechos constitucionales fundamentales al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y AL DEBIDO PROCESO de mi poderdante.

2. Consecuentemente, sírvase reabrir el trámite de la acción constituciona l Declarando y ordenando a los jueces de instancia dejar sin efectos el fallo del tribunal contencioso administrativo de la Guajira ordenando reabrir la acción constitucional archivada en sede desacato, para que se vuelva a emitir sentencia de primera instancia que proteja efectivamente la tutela judicial y el acceso a la justicia, es decir que tenga en cuenta los fundamentos facticos y jurídicos descritos con ocasión al cumplimiento del auto de fecha septiembre 30 de 2022, es decir ORDENANDO a la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE RIOHACHA y a la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTÁ ZONA NORTE INSCRIBIR sobre los 19 predios distinguidos con sus respectivas matriculas, la Respectiva medida cautelar de inscripción de la demanda tramitada ante e l

JUZGADO DE FAMILIA ORAL DEL CIRCUITO.

NORTE INSCRIBIR sobre los 19 predios distinguidos con sus respectivas matriculas, la Respectiva medida cautelar de inscripción de la demanda tramitada ante e l

JUZGADO DE FAMILIA ORAL DEL CIRCUITO.

3. Para el efecto imponer que el termino perentorio de cinco (5) días hábiles se proceda por parte de la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE RIOHACHA y a la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTÁ ZONA NORTE que den cumplimiento a la orden judicial de inscripción d e demanda impartida por el Juzgado de Familia Oral del Circuito de Riohacha La Guajira mediante auto del 30 de septiembre de 2021, comunicada y reiterada en la forma explicada en los hechos 2,3,4,5 y 6 de la presente acción de tutela. ”. (Sic a toda la cita)

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la presente sentencia:

5. La señora Ana Aixa Murillo Orozco instauró proceso verbal de declaración de existencia y reconocimiento de unión marital de hecho, respecto del señor Édgar Martin Acosta (q.e.p.d.), el cual fue identificado con el radicado 44 -001-31-10-0012021-00103-00 y cuyo conocimiento correspondió al Juzgado de Familia Oral del Circuito Judicial de Riohacha – La Guajira que, mediante auto del 30 de septiembre de 2021, decretó como medida cautelar la inscripción de la demanda por parte de las oficinas d e Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha y Bogotá - Zona

de 2021, decretó como medida cautelar la inscripción de la demanda por parte de las oficinas d e Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha y Bogotá - Zona Norte, sobre los inmuebles del difunto.

6. La señora Ana Aixa Murillo Orozco interpuso acción de tutela 1 contra la Superintendencia de Notariado y Registro – Oficina de Registro de Ins trumentos Públicos de Riohacha - Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Norte, con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por las ac cionadas, al negarse a dar cumplimiento a la orden judicial emitida por el

1 La acción de tutela se identificó con el radicado N. º 44-001-33-40-001-2022-00252-00/01Demandante: Ana Aixa Murillo Orozco Demandados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-05955-01

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Juzgado de Familia Oral del Circuito Judicial de Riohacha – La Guajira dentro del proceso verbal de declaración de existencia y reconocimiento de unión marital de hecho con el difunto Edgar Martín Acosta Romero , proceso identificado con el radicado 44-001-31-10-001-2021-00103-00.

7. En concreto, por cuanto las oficinas de registro mencionada s, se había negado a dar cumplimiento a la medida cautelar decretada en auto del 30 de

radicado 44-001-31-10-001-2021-00103-00.

7. En concreto, por cuanto las oficinas de registro mencionada s, se había negado a dar cumplimiento a la medida cautelar decretada en auto del 30 de septiembre de 2021, consistente en la inscripción de la demanda en el registro de los bienes identificados con número de matrícula inmobiliaria No. 210 -34501, 21037068, entre otros.

8. Como pretensiones elevó las siguientes:

“De manera atenta, se solicita su Señoría: 1. Que se tutelen los derechos constitucionales fundamentales al ACCESO A LA ADMINISTRACIÒN DE JUSTICIA Y AL DEBIDO PROCESO de mi poderdante: 2. Consecuentemente, sírvase ordenar a la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÙBLICOS DE RIO HACHA y a la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÙBLICOS DE BOGOTÀ ZONA NORTE, que den cumplimiento a la orden judicial de inscripción de demanda impartida por el Juzgado de Familia Oral del Circuito de Riohacha – La Guajira mediante auto del 30 de septie mbre de 2021, comunicada y reiterada en la forma explicada en los hechos 2,3,4,5 y 6 de la presente acción de tutela”.

9. En primera instancia, el Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Riohacha, mediante providencia de 16 de septiembre de 2022 resolvió:

PRIMERO: CONCEDER el amparo constitucional a los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y debido proceso, invocado por la señora ANA

Judicial de Riohacha, mediante providencia de 16 de septiembre de 2022 resolvió:

PRIMERO: CONCEDER el amparo constitucional a los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y debido proceso, invocado por la señora ANA AIXA MURILLO OROZCO, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE RIOHACHA – OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE BOGOTÁ ZONA NORTE, para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del presente fallo, notifique al JUZGADO DE FAMILIA ORAL DEL CIRCUITO DE RIOHACHA – LA GUAJIRA y a la parte accionante, las NOTAS DEVOLUTIVAS expedidas y las que en lo sucesivo se expidan en el caso de la inscripción de la demanda sobre los inmuebles de propiedad del fallecido señor EDGAR MARTÍN ACOSTA ROMERO ordenado por el referido juzgado en el proceso44 -001-3110-001-2021-00103-00, a la dirección física o al correo electrónico dispuesto para dichos efectos por el Juzgado y la parte accionante en esta tutela, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Por secretaría, de manera simultánea con la notificación de esta providencia, envíese para su conocimiento al correo aportado por la parte accionante para notificacione s y al JUZGADO DE FAMILIA ORAL DEL CIRCUITO DE RIOHACHA – LA GUAJIRA, el contenido de las "NOTAS DEVOLUTIVAS", esto es la

para notificacione s y al JUZGADO DE FAMILIA ORAL DEL CIRCUITO DE RIOHACHA – LA GUAJIRA, el contenido de las "NOTAS DEVOLUTIVAS", esto es la de calenda 21 de febrero de 2021 expedida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Riohacha y las del 14 de marzo, 23 de marzo y 16 de agosto de 2022 por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Bogotá Zona Norte, vistas a folio 73 y 74, 98, 99 y 101 del expediente, conforme a lo expresado en la parte motiva.

CUARTO: NOTIFÍQUESE este proveído en la forma indicada en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991; si no fuere impugnada esta decisión, envíese para su eventual revisión a la Honorable Corte Constitucional.”Demandante: Ana Aixa Murillo Orozco Demandados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-05955-01

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10. Lo anterior, al considerar que, si bien se decretó la medida cautelar al interior del proceso, lo cierto es que la oficina de registro correspondiente respondió los oficios del juzgado indicando los motivos por los que no procedía su cumplimiento.

11. Por otra parte , y como sustento del amparo, arguyó que la respuesta otorgada por la s oficinas de registro no fue puesta en conocimiento de la señora Ana Aixa Murillo Orozco , motivo por el cual ordenó su comunicación e indicó que

11. Por otra parte , y como sustento del amparo, arguyó que la respuesta otorgada por la s oficinas de registro no fue puesta en conocimiento de la señora Ana Aixa Murillo Orozco , motivo por el cual ordenó su comunicación e indicó que dicha decisión debía ser controvertida por la tutelante.

12. Inconforme con lo anterior, la señora Ana Aixa Murilo Orozco la impugnó, al considerar que la orden de amparo no garantizaba la protección de sus derechos fundamentales, en atención a que, las oficinas de registro desconocieron las normas que regulan la inscripción de las medidas cautelares.

13. Por lo anterior, la parte demandante sostuv o que de haberse valorado debidamente los documentos aportados al plenario y de haberse aplicado en debida forma las normas que regulan la materia , la juez de primera instancia hubiera arribado a la conclusión que la vulneración de los derechos fundamental es invocados existía producto de la renuencia de las accionadas en darle cumplimiento a la orden judicial emitida, y no, por no haberle comunicado las notas devolutivas.

14. Por medio de fallo de 26 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo de La Guajira resolvió la impugnación presentada por la parte actora, en el que revocó la

decisión del a quo, tras considerar que:

“En virtud de lo anterior, y descendiendo al sub examine, se tiene que, la actora impetra el mecanismo constitucional de la referencia en procura de que se le amparen sus derechos fundamentales, presuntamente vulnerados por las entidades accionadas al no acceder a la inscripción de demanda como medida cautelar adoptada por el Juzgado de Familia del Circuito de Riohacha.

amparen sus derechos fundamentales, presuntamente vulnerados por las entidades accionadas al no acceder a la inscripción de demanda como medida cautelar adoptada por el Juzgado de Familia del Circuito de Riohacha.

Para dilucidar lo anterior, se hace necesario determinar cuál fue la causa por la cual las accionadas resolvieron no acatar la medida cautelar proferida en favor de la accionante; para ello, en primer término, es conveniente señalar que, a folio 73 del expediente, obra la Nota devolutiva 2022 -2010-6689, del 18 de fe brero de 2022, emitida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha, en el que se alega que, de conformidad con lo reglado en el artículo 591 del Código General del Proceso, al no ser el demandado el titular del derecho real de dominio d e los bienes relacionados, no es posible acceder a la medida de inscripción.

A su vez, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, informó que, mediante nota devolutiva No. 2022 -556439 del 18 de agosto de 2022, se dio respuesta al oficio del Juzgado de Familia Oral del Circuito de Riohacha, en el que argumentó que, de conformidad con lo reglado en el artículo 591 del Código General del Proceso, al no ser el demandado el titular del derecho real de dominio de los bienes relacionados, no es posible acceder a la medida de inscripción.

En cuanto al tema de referencia, el artículo 591 del Código General del Proceso, estableció lo siguiente:

“ARTÍCULO 591. INSCRIPCIÓN DE LA DEMANDA. Para la inscripción de la demanda remitirá comunicación a la a utoridad competente de llevar el registro

estableció lo siguiente:

“ARTÍCULO 591. INSCRIPCIÓN DE LA DEMANDA. Para la inscripción de la demanda remitirá comunicación a la a utoridad competente de llevar el registro haciéndole saber quiénes son las partes en el proceso, el objeto de este, el nombre, nomenclatura, situación de dichos bienes y el folio de matrícula o datos del registro si aquella no existiere. El registrador se abstendrá de inscribir la demanda si el bien no pertenece al demandado. (…)Demandante: Ana Aixa Murillo Orozco Demandados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-05955-01

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La norma anterior, impone claramente la prohibición de inscribir la demanda, cuando el demandado dentro del proceso en el que se imparta la medida cautelar no sea el titular del d erecho real de dominio del bien sobre el que se profiera la orden de inscripción, lo que permite concluir que las autoridades accionadas ampararon su decisión de no acceder a la medida cautelar en la norma legal establecida por el legislador, y no por una actuación arbitraria y/o caprichosa.

En ese sentido, este Tribunal estima que no existe vulneración alguna a los derechos fundamentales de la accionante cuando la decisión sobre la cual erige la presunta vulneración, fue adoptada de conformidad con los p receptos legales que rigen la materia, por lo que se negarán las pretensiones de la acción de tutela de la referencia.”

vulneración, fue adoptada de conformidad con los p receptos legales que rigen la materia, por lo que se negarán las pretensiones de la acción de tutela de la referencia.”

15. Dicha providencia fue notificada el 28 de octubre de 2022.

1.4. Fundamentos de la vulneración

16. La accionante indicó que el Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Riohacha vulneró sus derechos fundamentales, por realizar una interpretación errada y dar una orden de amparo distinta a lo solicitado, pues lo procedente era requerir el cumplimiento de la medida cautelar solicitada en el trámite ordinario.

17. Adicionalmente, consideró que el Tribunal Administrativo de La Guajira vulneró el principio de la no reformatio in pejus, ya que era impugnante única y se revocó el amparo concedido en la primera instancia.

18. Teniendo en cuenta lo anterior, afirmó:

“Y es que precisamente la impugnación de la sentencia de tutela de primera instancia, obedeció a que OBJETIVAMENTE la tutela judicial efectiva o el acceso a la justicia como derechos invocados (obviamente también el debido proceso) no fueron amparados por el juez a quo, en sede de tutela, pues lejos de ordenar la simple notificación de las notas devolutivas del acto de inscripción de la medida cautelar contenida en el auto de septiembre 30 de 2021 lo que ha debido de ordenar en aras de salvaguardar el derecho fundamental so licitado (acceso a la justicia, debido proceso y prevalencia del derecho sustancial) es la INSCRIPCION DE LA

CORRESPONDIENTE MEDIDA CAUT ELAR DE INSCRIPCION DE LA DEMANDA

de salvaguardar el derecho fundamental so licitado (acceso a la justicia, debido proceso y prevalencia del derecho sustancial) es la INSCRIPCION DE LA CORRESPONDIENTE MEDIDA CAUT ELAR DE INSCRIPCION DE LA DEMANDA DE EXISTENCIA DE LA UNION MARITAL DE HECHO ENTRE COMPAÑEROS PERMANENTES, es decir entre mi prohijada y el de cujus: EDGAR MARTIN ACOSTA

ROMERO.”

19. Por otro parte, manifestó que “al trámite de tutela que ahora se censura, de manera excepcional frente a su procedencia se infiere un error craso y evidente que genera Nulidad de lo actuado por falta de integración del contradictorio de los terceros mencionados, Hermanos ACOSTA CAMERO como herederos del difunto compañero de mi prohijada, contra quienes son oponibles los efectos del fallo parcialmente favorable de primera instancia, en contravía de los ordenado en la sentencia SU1162018.”

20. Afirmó que solicitó la apertura de un incidente de desacato al interior del proceso constitucio nal aquí cuestionado, el cual fue archivado por el Tribunal Administrativo de La Guajira, motivo por el cual consideró que la presente solicitud de amparo resultaba procedente.Demandante: Ana Aixa Murillo Orozco Demandados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-05955-01

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21. En relación con la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha, adujo que continúa vulnerando sus derechos fundamentales ante la negativa de la

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21. En relación con la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha, adujo que continúa vulnerando sus derechos fundamentales ante la negativa de la inscripción de la demanda ordenada en el proceso ordinario, lo cual le causa un perjuicio irremediable por la imposibilidad de darle cumplimiento a la orden judicial que se dicte en la sentencia que ponga fin a dicho proceso.

22. Expuso que “los argumentos aducidos por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha en su nota devolutiva no son válidos por cuanto se debe tener en cuenta que el titular inscrito de los in muebles sobre los cuales se depreca la presente medida cautelar, es fallecido y, en razón a ello, la demanda para la declaración de existencia y reconocimiento de la unión marital de hecho y consecuente declaración de existencia de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y la liquidación de la misma, no podría dirigirse contra el citado causante dado que el dejó de ser sujeto de derecho por haber fallecido y quienes le suceden en su patrimonio y/o obligaciones son sus herederos; por ello, insistimos que la presente demanda debe dirigirse como en efecto lo hicimos, en contra de los herederos determinados en la demanda y contra los indeterminados, de conformidad con el artículo 87 del C.G.P.”

1.5. Trámite de la acción de tutela

24. Mediante auto del 15 de noviembre de 2022, el magistrado ponente de la decisión de primera instancia admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de La Guajira, al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Riohacha, a la Superintendencia de Notariado y Registro -–

decisión de primera instancia admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de La Guajira, al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Riohacha, a la Superintendencia de Notariado y Registro -– Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha y Bogotá Zona Norte, en calidad de accionados; y al Juzgado de Familia Oral del Circuito de Riohacha – La Guajira, como tercero con interés.

1.6. Intervenciones

25. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en el expediente, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo de La Guajira

26. La magistrada ponente2 de la decisión acusada, a través de escrito del 2 de diciembre de 2022, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela en tanto se está cuestionando una decisión de la misma naturaleza, de la cual no se alega fraude; además, las pretensiones de amparo propuestas coinciden con aquellas desatadas en el trámite de tutela objeto de estudio, configurándose cosa juzgada.

27. En cuanto a la decisión de negar el amparo deprecado, recordó que, “a tono como el precepto normativo en cita (artículo 591 del Código General del Proceso), la Sala determinó que era clara la existencia de la prohibición de inscribir la demanda, cuando el demandado dentro del proceso en el que se imparta la medida cautelar no sea el titular del derecho real de dominio del bien sobre el que se profiera la orden de inscripción, lo que imponía concluir que, las autoridades accionadas habían amparado su decisión en

demandado dentro del proceso en el que se imparta la medida cautelar no sea el titular del derecho real de dominio del bien sobre el que se profiera la orden de inscripción, lo que imponía concluir que, las autoridades accionadas habían amparado su decisión en cumplimiento a la normatividad legal vigente, y no por una actuación arbitraria y/o caprichosa”.

2 Doctora Carmen Cecilia Plata Jiménez.Demandante: Ana Aixa Murillo Orozco Demandados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-05955-01

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28. Respecto de la presunta nulid ad por indebida conformación del contradictorio, refirió que ello debió ser alegado en el trámite de tutela cuestionado, lo cual no ocurrió; sin perjuicio de ello, adujo que tampoco era procedente la vinculación pretendida toda vez que el amparo deprecado se fundamentó en la falta de acatamiento de la medida cautelar solicitada por el juzgado de Familia, y no, por el proceso judicial adelantado ante este, en el cual son parte los herederos del difunto.

1.6.2. Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Norte

29. La señora registradora, a través de escrito del 2 de diciembre de 2022, solicitó negar la acción de tutela ante la ausencia de vulneración de derechos fundamentales, pues su actuar se ha ajustado a derecho.

29. La señora registradora, a través de escrito del 2 de diciembre de 2022, solicitó negar la acción de tutela ante la ausencia de vulneración de derechos fundamentales, pues su actuar se ha ajustado a derecho.

30. Aclaró que, de conformidad con el Decreto No. 0673 de 1987 modificado por

el No.1899 de 1989, su competencia “(c)omprende los inmuebles ubicados en la calle 100 al norte de este, los Municipios anexos a Usaquén, Suba y los Municipios de Cota, Chía, Guasca, Guatavita, La Calera, Subachoque y Tenjo (…)”, razón por la cual solo hará referencia al inmueble distinguido con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50N20066645, que interesa a la accionante.

31. Informó que el referido inmueble corresponde a un apartamento adquirido por el señor Édgar Martín Acosta Moreno, respecto del cual, en lo que interesa a la presente acción de tutela, se encontró que con turno No. 2022-11388 del 17 de febrero de 2022 se radicó el oficio 1008 del 9 de diciembre de 2021, a través del cual el Juzgado de Familia Oral del Circuito Judicial de Riohacha, comunicó el decreto de la medida cautelar de inscripción de demanda sobre el folio de matrícula ya mencionado, lo cual fue negado a través de nota devolutiva del 14 de marzo de 2022, con ocasión de la “prohibición normativa de inscribir una medida de embargo cuando el demandado no figura como titular de l derecho de dominio sobre un bien inmueble”, de conformidad con los artículos 591 y 594 del Código General del

Proceso.

2022, con ocasión de la “prohibición normativa de inscribir una medida de embargo cuando el demandado no figura como titular de l derecho de dominio sobre un bien inmueble”, de conformidad con los artículos 591 y 594 del Código General del Proceso.

32. Con turno No. 2022-11436 del 17 de febrero de 2022 se radicó por segunda vez el mismo oficio proveniente del juzgado de familia, cuya inscripción fue nuevamente negada mediante nota devolutiva del 23 de marzo de 2022, sustentada en la misma causal.

33. Con turno No. 2022-55643 del 12 de agosto de 2022, se radicó el oficio 0746 del 5 de agosto de 2022, emitido por el mismo juzgado de familia, a través del cual se aclaró que la demanda iba dirigida en contra de los herederos del señor Édgar Acosta Romero (propietario del i nmueble), el cual tampoco fue inscrito en tanto “la autoridad judicial no individualizó a estas por su número de documento de identificación, como lo ordena el (a)rtículo 31 de la Ley 1579 de 2012”.

34. Notas devolutivas que, si bien no habían sido remitidas al juzgado de familia, consecuencia del cúmulo de trabajo, durante el trámite de la primera acción de tutela instaurada por la señora Murillo Orozco ello se materializó, sin que a la fecha se hubiera presentado comunicación alguna subsanando lo pertinente.Demandante: Ana Aixa Murillo Orozco Demandados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-05955-01

hubiera presentado comunicación alguna subsanando lo pertinente.Demandante: Ana Aixa Murillo Orozco Demandados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-05955-01

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35. Finalmente, refirió que la accionante y su apoderado pudieron recurrir el contenido de las notas devolutivas, pues tienen la connotación de actos administrativos, lo cual no ocurrió.

1.6.3. Superintendencia de Notariado y Registro

36. El ente de control, a través de Oficio No. SNR2022EE139808 del 2 de diciembre de 2022, refirió que se atiene a lo probado en el proceso. No obstante, informó que de conformidad con la Ley 1579 de 2012, “los Registradores de Instrumentos Públicos son los únicos responsables del proceso de registro, y se encargan de adelantar los trámites relacionados con los folios de matrícula que corresponden a su círculo registral, (...) (d)ecisiones que pueden ser controvertidas interponiendo los recursos de Ley (Artículo 22 y 60 ley 1579 de 2012) reposición ante el registrador y apelación ante la Subdirección de apoyo jurídico registral, dentro de los 10 días hábiles siguientes a su notificación. (…)”.

37. Informó que no intervino en la acción de tutela 44001-33-40-001-2022-0025200, pues nunca fue vinculada ni requerida para ello, y que “los legitimados

notificación. (…)”.

37. Informó que no intervino en la acción de tutela 44001-33-40-001-2022-0025200, pues nunca fue vinculada ni requerida para ello, y que “los legitimados procesalmente para pronunciarse en la presente Acción Constitucional son: la Doctora AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA, Registradora de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Norte y la Doctora CARMEN REMEDIOS FRIAS ARISMENDY, Registradora de Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha, en virtud a las potestades, funciones y el principio de autonomía en el ejercicio de la función registral, que otorga la Ley 1579 de 2012, artículos 1, 5, 16, 22, 59, 92 y 93, (…)”.

38. Con fundamento en lo expuesto, se opuso a la prosperidad de la acción de tutela en lo que al ente de control se refiere, por falta de legit imación en la causa por pasiva, “de acuerdo con el objetivo y las funciones de la Superintendencia de Notariado y Registro”.

1.6.4. Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha

39. Puso de presente que el escrito de tutela carece de la exposición y cumplimiento de las c ausales generales y específicas de procedencia de l mecanismo de amparo contra providencia de la misma naturaleza.

40. Afirmó que la parte actora se limitó a hacer un recuento de lo sucedido en el proceso ante el juez de familia y en la primera acción de tutela, sin justificar la interposición de la nueva demanda.

41. Finalmente adujo:

“Si en gracia de discusión, se obviara el deber de cumplimiento de las causales de

proceso ante el juez de familia y en la primera acción de tutela, sin justificar la interposición de la nueva demanda.

41. Finalmente adujo:

“Si en gracia de discusión, se obviara el deber de cumplimiento de las causales de procedencia de la acción de tutela