CE - 110010315000202205959011SENTENCIA20230627145358

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., once (11) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2022-05959-01

Demandante: Praxede González Arcos Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del derecho por supresión de cargo / Desconocimiento del precedente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala la impugnación formulada por Praxede González Arcos, en contra de la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante la cual declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

Praxede González Arcos promovió solicitud de tutel a con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y a la igualdad, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 10 de mayo de 2022 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 15001-33-33010-2018-00199-00/01.

10 de mayo de 2022 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 15001-33-33010-2018-00199-00/01.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

1. Mediante Decreto 111 del 31 de octubre de 2013 se determinó la estructura orgánica, fijó las funciones generales y determinó la planta global del municipio de

Motavita.

1. A través de Decreto 121 del 7 de noviembre de 2013, Praxede González Arcos fue nombrada en el cargo de técnico administrativo grado 367, bajo la modalidad de libre nombramiento y remisión. Posteriormente, mediante Decreto 084 de 27 de octubre de 2017 se ordenó el traslado de la funcionaria al cargo en provisionalidad,2

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05959-01

Demandante: Praxede González Arcos como técni co administrativo código 367, grado 01, asignado a la Secretaría de Gobierno con funciones de SISBEN.

1. El Tribunal Administrativo de Boyacá a través de sentencia del 9 de mayo de 20181 declaró la nulidad, entre otros, del referido Decreto 111 del 31 de octubre de 2013, consecuencia de la declaratoria anterior de la nulidad del Acuerdo 015 de 2013, mediante sentencia del 21 de enero de 2014, porque para «ese momento en que la alcaldesa municipal profirió los mismos, se había vencido el término conferido por el Concejo Municipal mediante el Acuerdo Nº 017 de 2012, además porque se trataba de funciones que por su naturaleza estaban en cabeza de dicha corporación, las cuales debió

Concejo Municipal mediante el Acuerdo Nº 017 de 2012, además porque se trataba de funciones que por su naturaleza estaban en cabeza de dicha corporación, las cuales debió asumir nuevamente al vencimiento del término conferido en el mencionado Acuerdo 017 y no prorrogarlas mediante el [acuerdo acusado]»2

1. En cumplimiento de la sentencia del 9 de mayo de 2018, el municipio de Motavita expidió el Decreto 024 de junio 18 de 2018, en el que consideró que «recobra vigencia la planta de personal que existía hasta antes de dichos actos administrativos, es decir, la planta adoptada mediante el Decreto 020 de 2005 hasta tanto no se efectúe una nueva reestructuración, y así se dispondrá en el presente decreto, para lo cual pierden vigencia los cargos crea dos mediante la reestructuración anulada, y debiéndose terminar los nombramientos que en provisionalidad fueron efectuados al amparo de esa regulación» 3, por lo que suprimió el cargo desempeñado por la demandante de la planta de personal del ente territorial.

1. Praxede González Arcos , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , presentó demanda en contra de l municipio de Motavita, con el fin de cuestionar la legalidad del Decreto 024 de 2018.

1. El Juzgado Décimo Administrativo de l Circuito Judicial de Tunja, mediante sentencia proferida el 14 de mayo de 2021 accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó el pago de las acreencias dejadas de percibir desde el momento de su desvinculación. En contra de esta decisión el municipio demandado interpuso recurso de apelación.

demanda y ordenó el pago de las acreencias dejadas de percibir desde el momento de su desvinculación. En contra de esta decisión el municipio demandado interpuso recurso de apelación.

1. El Tribunal Administrativo de Boyacá , Sala núm. 4 de decisión , a través de la sentencia del 10 de mayo de 2022, revocó lo resuelto por el a quo y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda al considerar que el acto administrativo demandado fue motivado de manera adecuada respecto a la causa objetiva de supresión del cargo.

1. En relación con esa decisión, la parte actora alegó vulnerados sus derechos fundamentales, en tanto la corporación judicial demandada incurrió en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente, por lo siguiente:

1 Expediente 150013333002-2014-00155-01 2 Información tomada de la sentencia acusada 3 Ibidem3

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05959-01

Demandante: Praxede González Arcos

• La administración municipal excedió lo dispuesto por el Tribunal Administrativo de Boyacá en sentencia del 9 de mayo de 20184, a través de la cual declaró la nulidad de los Decretos 111 del 31 de octubre de 2013 5 y otros , en tanto nada se dijo respecto de actos administrativos particulares, como aquel a través de los cuales se efectuaron nombramientos en provisionalidad.

Circunstancia respecto de la cual, la jurisprudencia ha establecido una excepción a los efectos de la nulidad de actos de carácter genera l en relación con los actos administrativos de carácter particular que se dictaron con ocasión de este, en el

Circunstancia respecto de la cual, la jurisprudencia ha establecido una excepción a los efectos de la nulidad de actos de carácter genera l en relación con los actos administrativos de carácter particular que se dictaron con ocasión de este, en el sentido de que estos últimos se encuentran revestidos de una presunción de legalidad y buena fe y por tal motivo, no se puede desconocer situaciones consolidadas en congruencia con la seguridad jurídica.

• Para el caso objeto de estudio, la administración del municipio de Motavita sin motivación legal y de manera arbitraria le negó la posibilidad de continuar la actividad que venía desempe ñando, con lo que olvidó el principio de in dubio pro operario en materia laboral.

• La falta de aplicación de la norma y los criterios tenidos en cuenta por el Tribunal Administrativo de Boyacá para el caso de Florinda González Burgos 6, donde se estudiaron supuestos fácticos similares a los alegados en el asunto hoy cuestionado, el cual fue desatado de manera favorable, desconociéndose el derecho a la igualdad.

• La decisión acusada no solo afectó la seguridad jurídica, sino además la normativa referente al alcance de los actos de ejecución, como es el caso del Decreto 024 del 2018 a través d el cual , en cumplimiento de una decisión judicial , se declaró la nulidad de los actos particulares y concretos.

Asimismo, se afecta este principio, en relación con las reglas jurisprudenciales que se han fijado en torno a la motivación de los actos de desvinculación de los empleos en provisionalidad de los cuales se exige que contengan una exposición clara, detallada y precisa de las razones por las cuales se prescindirá del servidor. Sobre

se han fijado en torno a la motivación de los actos de desvinculación de los empleos en provisionalidad de los cuales se exige que contengan una exposición clara, detallada y precisa de las razones por las cuales se prescindirá del servidor. Sobre los efectos de los actos administrativos generales el Consejo de Estado se apartó de la línea jurisprudencial dictada por la Corte Constitucional en la que manifestó que la nulida d de los actos administrativos tiene efectos ext tunc o retroactivos y que, tratándose de situaciones consolidadas, estas no pueden ser afectadas por la nulidad y en ese orden el acto de nombramiento se presume legal.

1.1.2. Pretensiones

4 Expediente 500133300220140015501 5 A través del cual el municipio de Motavita determinó su estructura orgánica, fijó las funciones generales y determinó la planta global, 6 Expediente 150013333003-2018-00186-014

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05959-01

Demandante: Praxede González Arcos

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó que se tutele n sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y a la igualdad que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Boyacá , Sala núm. 4 de decisión, con ocasión de la sentencia del 10 de mayo de 2022, dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-33-010-2018-00199-00/01 y, por el municipio de MotavitaBoyacá al expedir los actos administrativos que dieron cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Boyacá en sentencia

por el municipio de MotavitaBoyacá al expedir los actos administrativos que dieron cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Boyacá en sentencia del 9 de mayo de 2018 proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001-3333-002-2014-00155-01.

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. El Tribunal Administrativo de Boyacá7 adujo que en la sentencia fue explicado que el cargo ocupado por la demandante en provisionalidad perdió fundamento jurídico al ser declarada la nulidad del Decreto 111 del 31 de octubre de 2013 que , a su vez, fue invalidado consecuencia de la declaratoria de nulidad del Acuerdo 015 de 2013 que otorgó facultades a la alcaldesa de Motavita para reestructurar la planta de personal, por lo que, siendo un cargo en provisionalidad, podía ser removido por la administración municipal.

Indicó que del estudio del caso pudo concluir que la motivación del acto censurado fue legal y adecuada, en la medida que al desaparecer la base que otorgó las facultades a la alcaldesa para la reestructuración de la planta administrativ a del municipio de Motavita y por ende, la declaratoria de nulidad por vía judicial del decreto que la creó, era razón suficiente para que procediera la supresión del cargo ocupado por la demandante. Agregó que el acto enjuiciado, de forma sucinta expuso en sus consideraciones los antecedentes de la terminación del nombramiento provisional, siendo la motivación exigida por la Corte Constitucional de tal forma que fue clara, detallada y precisa, pues sin equívocos ni mayores elucubraciones expuso

en sus consideraciones los antecedentes de la terminación del nombramiento provisional, siendo la motivación exigida por la Corte Constitucional de tal forma que fue clara, detallada y precisa, pues sin equívocos ni mayores elucubraciones expuso la razón que fundamentó el acto de desvinculación, esto es, que al desaparecer el origen de la creación del cargo, resultaba necesario declarar la supresión.

Respecto del derecho a la igualdad que adujo la demandante por no tener en cuenta que su caso planteaba iguales circunstancias fácticas y jurídicas en relación con el de Florinda González Burgos, sostuvo lo siguiente:

«[…] en esa ocasión, la Sala orientó su argumento en la declaratoria de nulidad del Decreto 011 de 2013, expedido por la Alcaldía Municipal de Motavita, a través del cual se había determinado la estructura orgánica de la administración, el cual fuera anulado por sentencia judicial; sin embargo, en la decisión aquí objeto de tutela, se hizo énfasis en que la reestructuración administrativa autori zada por Acuerdo 015 de 2013, perdió sustento normativo al haber sido declarada la invalidez de dicho acto, a través de la

7 Ver índice 1 0 de SAMAI expediente 11001031500020220595900 . Archivo denominado

RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_CORREO_MEMO2022059(.pdf ) NroActua

105

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05959-01

Demandante: Praxede González Arcos sentencia proferida el 21 de enero de 2014, y con base en dicha decisión, los decretos

105

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05959-01

Demandante: Praxede González Arcos sentencia proferida el 21 de enero de 2014, y con base en dicha decisión, los decretos expedidos para dar cumplimiento a dicha reestructuración (decreto 011 de 2013) también fueron declarados nulos dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, luego entonces, desaparecidos los actos que dieron origen a la creación del cargo ocupado por la demandante, desaparecían igualme nte, la razón de ser por la que se negó las pretensiones en el asunto de marras.

Cuanto más, tratándose de un cargo ocupado en provisionalidad, con ningún tipo de fuero de estabilidad y sin derechos de carrera, que a voces de la Corte Constitucional, en S entencia SU -917 de 2010, al pronunciarse sobre el retiro de los empleados provisionales, señaló que: “sólo es constitucionalmente admisible una motivación donde la insubsistencia invoque argumentos puntuales como la provisión definitiva del cargo por haberse realizado el concurso de méritos respectivo, la imposición de sanciones disciplinarias, la calificación insatisfactoria “u otra razón específica atinente al servicio que está prestando […]».

1.2.2. El municipio de Motavita8 alegó que la demandante pretende desconocer las disposiciones contenidas en la Ley 909 de 2004 y en ese orden, plantea ante el juez constitucional la existencia de derechos adquiridos bajo el argumento de una supuesta estabilidad laboral, con desconocimiento de la ley y la jurisp rudencia respecto de la temporalidad de los nombramientos provisionales, en especial las

constitucional la existencia de derechos adquiridos bajo el argumento de una supuesta estabilidad laboral, con desconocimiento de la ley y la jurisp rudencia respecto de la temporalidad de los nombramientos provisionales, en especial las causales de retiro de un empleo de carrera administrativa en provisionalidad previstas en los literales k) y l) del artículo 41 de la mencionada norma. Por último, pidió declarar improcedente la solicitud de tutela por considerar que no cumplía los requisitos de procedibilidad.

1.2.3. El tercero con interés en el resultado del proceso guardó silencio.9

1.3 Sentencia de primera instancia10

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, a través de la sentencia del 16 de diciembre de 2022 , declaró improcedente el mecanismo constitucional al considerar que los cargos formulados por la tutelante carecen de relevancia constitucional, por cuanto no muestran la p osible vulneración de garantías fundamentales a partir de la configuración de un defecto dirigido a exponer una valoración en sentido negativo de la actuación jurisdiccional, sino que plantean de nuevo inconformidades que, en todo caso, se refieren a la le galidad de los actos administrativos relacionados con la supresión del cargo que desempeñaba, asunto ya resuelto por el juez natural de la causa, con argumentos que no fueron desvirtuados o controvertidos en el escrito de amparo en los términos de los defectos previstos por la Corte Constitucional.

8 Ver índice 12 de SAMAI expediente 11001031500020220595900 . Archivo denominado 19_MemorialWeb_ContestaciOnDem anda(.pdf) NroActua 12

defectos previstos por la Corte Constitucional.

8 Ver índice 12 de SAMAI expediente 11001031500020220595900 . Archivo denominado 19_MemorialWeb_ContestaciOnDem anda(.pdf) NroActua 12 9 Mediante auto del 15 de noviembre de 202 2, se admitió la tutela de la referencia y se ordenó notificar como tercero con interés al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja. 10 Ver índice 19 de SAMAI expediente 11001031500020220595900. Archivo denominado «SENTENCIA(.docx) NroActua 19»6

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05959-01

Demandante: Praxede González Arcos En cuanto al asunto discutido por la demandante, señaló que «se refiere a un cargo en provisionalidad de auxiliar de servicios generales, código 470, código 01 creado mediante el Decreto 111 de 2013 del que tomó posesión la demandante en el año 2013, por lo que a la fecha de la declaratoria de nulidad del acto administrativo que creo el cargo, esto es el 9 de mayo de 2018, el acto de posesión venía surtiendo efectos por más de 4 años. No obstante, en el asunto objeto de estudio la señora González Arcos fue trasladada y nombrada en provisionalidad mediante Decreto 084 de octubre 27 de 2014 como Técnico Administrativo, código 367, grado 01 asignado a la Secretaría de Gobierno con funciones de SISBEN, nombramiento que se dio por terminado mediante Decreto 024 del 18 de junio de 2018 en cumplimiento de la orden judicial del 9 de mayo de 2018 y en concordancia con

de SISBEN, nombramiento que se dio por terminado mediante Decreto 024 del 18 de junio de 2018 en cumplimiento de la orden judicial del 9 de mayo de 2018 y en concordancia con los literales k y l de la Ley 909 de 2004.»

Finalmente, respecto del desconocimiento del precedente alegado, señaló que «la accionante se limitó a reiterar su inconformidad con la decisión cuestionada ya que, a su juicio, el acto de desvinculación no estaba debidamente motivado, sin explicar cómo el asunto enunciado tenía similitud, era aplicable al caso concreto y como tal desconocimiento, afectó sus garantías fundamentales».

1.4. Escrito de impugnación11

Praxede González Arcos impugnó la sentencia de primera instancia para lo cual insistió en que el Tribunal administrativo de Boyacá al proferir la decisión acusada incurrió en desconocimiento de su propio precedente, al decidir de manera opuesta a lo resuelto en la sentencia proferida el 15 de julio de 2021 en el expedi ente de nulidad y restablecimiento del derecho 150013333003-2018-00186-01, pese a que se analizaron supuestos fácticos similares.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra providencia judicial; iii) problema jurídico y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el

providencia judicial; iii) problema jurídico y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1382 de 2000 12 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 13, esta Sala es competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

11 Ver índice 23 de SAMAI expediente 11001031500020220595900. Archivo denominado «RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_ILOVEPDF_MERGED23(.pdf) NroActua 23» 12 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela. 13 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.7

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05959-01

Demandante: Praxede González Arcos

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso -administrativo del Consejo de Estado14 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema. 15 Al respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado s e concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las

mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la compo nen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fija dos hasta el momento Jurisprudencialmente. […]» [Resalta la Sala].

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena, 16 adoptó los crite rios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional 17 ha señalado que la solicitud de amparo debe

Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional 17 ha señalado que la solicitud de amparo debe cumplir con unos requisitos ge nerales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-200901328-01, M.P. María Elizabeth García González. 15 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela -Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 17 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.8

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05959-01

Demandante: Praxede González Arcos inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en fo rma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en fo rma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos, 18 el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la auto ridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales.19

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿El Tribunal Administrativo de Boyacá vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y a la igualdad de Praxede González Arcos con ocasión de la sentencia proferida el 10 de mayo de 2022, a través de la cual revocó la decisión favorable del a quo y, en su lugar, le negó las pretensiones de reintegro y pago de todo lo dejado de percibir como consecuencia

través de la cual revocó la decisión favorable del a quo y, en su lugar, le negó las pretensiones de reintegro y pago de todo lo dejado de percibir como consecuencia de la supresión de l cargo desempeñado en la planta de personal del municipio de Motavita, con lo cual incurrió, presuntamente, en desconocimiento de precedente horizontal respecto de lo resuelto en el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 150013333003-2018-00186-01?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.4.2. Desconocimiento del precedente

18 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 19 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.9

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05959-01

Demandante: Praxede González Arcos En cuanto al preced ente judicial, es importante recordar que la Corte Constitucional20 lo ha definido como la sentencia o conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos debe ser considerada por las autoridades judiciales al momento de proferir una decisión. En esa misma línea el tribunal constitucional ha destacado que la relevancia del precedente responde a: i) la necesidad de proteger el derecho a la

resueltos debe ser considerada por las autoridades judiciales al momento de proferir una decisión. En esa misma línea el tribunal constitucional ha destacado que la relevancia del precedente responde a: i) la necesidad de proteger el derecho a la igualdad y salvaguardar los principios de buena fe y seguridad jurídica de quienes acuden a la administración de justicia y; ii) el reconocimiento del carácter vinculante de las decisiones judiciales adoptadas por los órganos cuya función es unificar jurisprudencia, con lo cual se le otorga la «categoría de fuente de derecho aplicable al caso concreto».

En ese sentido y dada la imposibilidad que le asiste al legislador de regular, a partir de disposiciones de carácter general, cada situación particular y concreta que se puede presentar al interior de una sociedad, es que surge la necesidad e importancia de reconocer la obligatoriedad del precedente judicial, ya que, cuando la norma no es clara o su construcción gramatical resulta ambigua, es el juez, a partir del análisis de la situación fáctica en estudio y las normas aplicables a esta, quien define cada caso, a partir de la creación de las denominadas reglas de origen judicial21. Es desde esa realidad que el precedente judicial adquiere la categoría de fuente formal de derecho22 que propende por la aplicación uniforme de este, como una forma de materializar el derecho a la igualdad y los principios de seguridad jurídica y confianza legítima que deben dirigir toda actuación del Estado.

Asimismo, cabe advertir que la jurisprudencia constitucional ha entendido que la lectura del artículo 230 de la Constitución Política, s egún el cual «los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley», debe hacerse bajo el entendido

Asimismo, cabe advertir que la jurisprudencia constitucional ha entendido que la lectura del artículo 230 de la Constitución Política, s egún el cual «los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley», debe hacerse bajo el entendido que el operador judicial también se encuentra sometido al precedente judicial, en tanto, a través de este es que se determina el conte nido y alcance normativo de la ley23. De acuerdo con lo anterior, el concepto « ley» del referido artículo 230, debe ser entendido como el conjunto de normas constitucionales y legales, incluida la interpretación que de estas hacen las autoridades judiciales . Es decir, el carácter vinculante del precedente judicial es un claro desarrollo del principio de legalidad que debe dirigir las actuaciones que adelanten los servidores públicos.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 237 de la Constitución Política, el Consejo de Estado como tribunal supremo de lo contencioso -administrativo tiene el deber de unificar jurisprudencia al interior de la jurisdicción, de tal manera que las decisiones

20 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015. 21 Corte Constitucional, sentencia C-634 de 2011: «[…] n las sociedades contemporáneas, merced la complejidad de las relaciones entre sus agentes, es imposible que las asambleas representativas puedan configurar preceptos que solucionen, de manera específica, todos los casos posibles. Por ende, es inevitable (y como se verá más adelante incluso necesario y valioso) que los jueces conserven la competencia para la definición concreta del derecho, a partir de reglas de origen judicial, creadas a partir de las disposiciones aprobadas por el legislador.» 22 Corte Constitucional, sentencia C-634 de 2011

conserven la competencia para la definición concreta del derecho, a partir de reglas de origen judicial, creadas a pa