CE - 110010315000202205989011SENTENCIA20230327082309

Radicación: 11001 03 15 000 2022 05989 01

Accionante: Álvaro Enrique Pérez Suescún

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-05989-01

Accionante: ÁLVARO ENRIQUE PÉREZ SUESCÚN

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando se pretende controvertir una sentencia inhibitoria que no tiene apelación y se invoca la vulneración del derecho fundamental al debido proceso y acceso efectivo a la administración de justicia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el Tribunal Administrativo del Magdalena en contra del fallo de tutela proferido el 7 de diciembre de 2022 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado , que amparó los derechos fundamentales invocados por el señor Álvaro Enrique Pérez Suescún.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Álvaro Enrique Pérez Suescún presentó acción de tutela en contra

derechos fundamentales invocados por el señor Álvaro Enrique Pérez Suescún.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Álvaro Enrique Pérez Suescún presentó acción de tutela en contra de la sentencia del 29 de junio de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, con el fin de que se amparen los derechosRadicación: 11001 03 15 000 2022 05989 01

Accionante: Álvaro Enrique Pérez Suescún

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fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, y para ello formuló las siguientes pretensiones1:

“[…] PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al AL (sic) DEBIDO

PROCESO, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

(TERCERA EDAD), PROTECCIÓN DEL ADULTO MAYOR Y

SUPREMACÍA DE LOS DERECHOS SUSTANCIALES SOBRE LOS FORMALES del suscrito.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia del 29 de junio de 2022 porferida (sic) por el Tribunal

Administrativo del Magdalena.

TERCERO: Que en su lugar, SE ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA a dictar una decisión de reemplazo en el sentido de DECLARAR la nulidad del acto administrativo ficto de efectos negativos configurado frente a la petición radicada el 16 de noviembre de 2017 por medio de la cual se negó mi derecho al pago de la cesantía del año 2015 y a título de

administrativo ficto de efectos negativos configurado frente a la petición radicada el 16 de noviembre de 2017 por medio de la cual se negó mi derecho al pago de la cesantía del año 2015 y a título de restablecimiento del derecho, se CONDENE a la Personería Municipal de Ciénaga con cargo al Municipio de Ciénaga a pagar al suscrito la sanción moratoria equivalente a un día de salario por cada día de mora contada a partir del 21 de mayo de 2016 hasta que se verifique el pago efectivo del auxilio de cesantía, el cual, a la fecha no ha sido pagado al actor […]”. [Mayúsculas en el escrito de tutela]

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante se desempeñó como personero municipal de Ciénaga, Magdalena, desde el 1 de marzo de 2012 hasta el 29 de febrero de 2016 y, mediante la Resolución nro. 006 del 29 de febrero de 2016 , expedida por la personería municipal, se le reconoció y ordenó, a su favor, el pago de las cesantías definitivas del año 2015 al Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir2.

Está acreditado que radicó reclamación administrativa ante la personería municipal solicitando el pago de las cesantías reconocidas en la

1 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05989 00. 2 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05989 00. 2 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05989 00.Radicación: 11001 03 15 000 2022 05989 01

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mencionada resolución, así como el de la sanción moratoria por el no pago de las mismas3.

Informó que, a través de apoderado, presentó demanda en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Ciénaga y la personería municipal con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto o presunto , producto del silencio administrativo, que negó la reclamación realizada4.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta que, en sentencia del 25 de noviembre de 2021, concedió parcialmente las pretensiones.

Sostuvo que, inconforme con la decisión, las partes presentaron recurso de apelación y el Tribunal Administrativo del Magdalena revocó la sentencia de primera instancia y declaró probado de oficio el medio exceptivo de ineptitud sustantiva de la demanda .

El accionante manifestó que “(…) el Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena desconoce el precedente judicial al respecto y continúa haciendo alusión a la figura “ineptitud sustantiva de la demanda” contrario

El accionante manifestó que “(…) el Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena desconoce el precedente judicial al respecto y continúa haciendo alusión a la figura “ineptitud sustantiva de la demanda” contrario sensu de lo que ha indicado el Honorable Consejo de Estado, el cual, sostiene que la alusión a dicha figura constituye actualmente una imprecisión que debe ser superada (…)” 5.

Argumentó que el tr ibunal “(…) vulneró flagrantemente el derecho a la administración de justicia del suscrito al emitir una sentencia inhibitoria que constituye una antítesis de la función judicial, la cual, debe estar dirigida a resolver de fondo los conflictos que surgen e n una sociedad, pues en aplicación de los artículos 228 y 229 de la Constitución, los jueces

3 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05989 00. 4 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05989 00. 5 Ibídem.Radicación: 11001 03 15 000 2022 05989 01

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tienen la obligación de adoptar decisiones de fondo en los asuntos materia de proceso; y sólo en casos excepcionales en los que el juez tenga certeza que no hay otra alternativa procederá con la inhibición” 6.

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tienen la obligación de adoptar decisiones de fondo en los asuntos materia de proceso; y sólo en casos excepcionales en los que el juez tenga certeza que no hay otra alternativa procederá con la inhibición” 6.

Alegó que “(…) el Tribunal yerra y desconoce que en Sentencia de Unificación, la Corte Constitucional dirimió el conflicto que presupone la aplicabilidad de la sanción moratoria incluida en la ley 50 de 1990 respecto a cesantías anualizadas y la ley 244 de 1995 respecto a cesantías definitivas (…)”7.

Anotó que “(…) se evidencia con diamantina claridad que el actor precisó la norma aplicable a su situación fáctica, debido a que (i) El suscrito ya no estaba vin culado al Municipio, tal y como indica el expediente del proceso, mi desempeño como Personero Municipal de Ciénaga, Magdalena fue durante el período comprendido entre el 1 de marzo del año 2012 hasta el 29 de febrero del año 2016, razón por la cual, ya no era aplicable la consignación de la cesantía del año 2015 al fondo sino debía ser entregado directamente al ex trabajador del ente administrativo, acción que jamás desplegó la Personería. (ii) Se emitió la Resolución nro. 006 de fecha 29 de febrero del año 2016 con el certificado de disponibilidad presupuestal 0013-16 que reconoció y liquidó debidamente el auxilio de cesantías correspondiente al año 2015 . (ii) Existió una solicitud del interesado presentada a la Personería Municipal de Ciénaga el 16 de noviembre de 2017 solicitando el pago del valor correspondiente a la

cesantías correspondiente al año 2015 . (ii) Existió una solicitud del interesado presentada a la Personería Municipal de Ciénaga el 16 de noviembre de 2017 solicitando el pago del valor correspondiente a la cesantía del año 2015, la cual, no fue contestada y originó el acto ficto o presunto que se sometió al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho” 8.

Concluyó que, “con la de cisión adoptada por el Honorable Tribunal Administrativo del Magdalena (…) se vulneran flagrantemente los

6 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05989 00. 7 Ibídem. 8 Ibídem.Radicación: 11001 03 15 000 2022 05989 01

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derechos constitucionales fundamentales AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (TERCERA EDAD), PROTECCIÓN DEL ADULTO MAYOR Y SUP REMACÍA DE LOS DERECHOS SUSTANCIALES SOBRE LOS FORMALES del suscrito, toda vez que, (i) no existe error alguno en la citación de la norma aplicable para la contabilidad de la sanción moratoria debido a que la sanción determinada por la ley 244 de 1995 es la que acaece cuando el trabajador ha quedado cesante como es mi caso, puesto que a partir de ese instante

para la contabilidad de la sanción moratoria debido a que la sanción determinada por la ley 244 de 1995 es la que acaece cuando el trabajador ha quedado cesante como es mi caso, puesto que a partir de ese instante la obligación que se origina no es la de consignar la cesantía en un fondo, sino la de entregarla al trabajador junto con las demás prestaciones y salarios a que tenga derecho2 (sic) (ii) El supuesto fáctico sobre el cual ha recaído la reclamación siempre ha sido uno y ha sido inmodificable a lo largo del proceso: la administración se negó rotundamente a pagar al actor el valor correspondiente a las cesantías del año 2015 una vez finalizó la relación laboral”9 (Mayúsculas y negrillas del escrito de tutela) .

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada en la ventanilla virtual de esta Corporación el 10 de noviembre de 2022 y correspondió por reparto a la Sección Cuarta que, por auto del 15 de noviembre de 2022 10, la admitió y dispuso notificar al Tribunal Administrativo del Magdalena como parte accionada y al Juzgado Tercer o Administrativo de Santa Marta y al municipio de Ciénaga – personería municipal – como terceros interesados11.

9 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05989 00. 10 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05989 00.

10 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05989 00. 11 Esta orden se cumplió el 17 de noviembre de 2022. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05989 00.Radicación: 11001 03 15 000 2022 05989 01

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Igualmente, requirió al Tribunal Administrativo del Magdalena para que allegara copia digital del expediente radicado con el nro. 47001-33-33003-2018-00203-01; sin embargo, el tribunal no lo remitió y guardó silencio frente al escrito de tutela.

3.2. El Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta remitió vía correo electrónico12 el expediente ordinario radicado con el nro. 47001-33-33003-2018-00203-01, pero no se pronunció respecto a los hechos de la tutela.

3.3. El municipio de Ciénaga – personería municipal – guardó silencio.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 7 de diciembre de 2022, dispuso lo siguiente13:

“[…] 1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 7 de diciembre de 2022, dispuso lo siguiente13:

“[…] 1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del señor Álvaro Enrique Pérez Suescún, por las razones expuestas en la presente sentencia.

2. Dejar sin efectos la sentencia del 29 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena. En consecuencia, ordenar al Tribunal Administrativo del Magdalena que, dentro de los 20 días siguientes a la notificación de esta providencia, adopte una decisión de fondo sobre el recurso de apelación planteado en el proceso ordinario a la luz del régimen jurídico que le resulte aplicable […]”. [Negrilla en la sentencia]

Para dilucidar el asunto , enlistó de manera general los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial y, luego de ello, descendió directamente al análisis de los defectos . Al efecto explicó14:

12 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso c on radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05989 00. 13 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05989 00. 14 Ibídem.Radicación: 11001 03 15 000 2022 05989 01

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14 Ibídem.Radicación: 11001 03 15 000 2022 05989 01

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“[…] Problema jurídico

Mediante el ejercicio de la presente acción la parte actora cuestiona la sentencia del 29 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por considerar que incurrió en los defectos por violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente judicial, sin embargo, de la lectura de los argumentos en que sustenta dichos cargos, es posible advertir que la inconformidad radica en la indebida aplicación e interpretación de la Ley 244 de 1995 y de la Ley 50 de 1990, pues a juicio del actor, las pretensiones se dirigieron a obtener el pago de las cesantías definitivas previstas en la Ley 244 de 1995 y no en la Ley 50 de 1990, como lo sostuvo el tribunal demandado, lo cual se enmarca en la configuración de un defecto sustantivo por indebida aplicación de la norma.

Al tiempo que, el actor alega que la decisión cuestionada dio prevalencia a las formalidades sobre los derechos sustanciales, en tanto, el tribunal revocó la decisión de primera instancia por haber solicitado el reconocimiento con fundamento en la Ley 244 de 1995 y no en la Ley 50 de 1990.

De acuerdo con lo anterior, corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Magdalena, en la sentencia del 29 de

solicitado el reconocimiento con fundamento en la Ley 244 de 1995 y no en la Ley 50 de 1990.

De acuerdo con lo anterior, corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Magdalena, en la sentencia del 29 de junio de 2022, incurrió en los defectos sustantivo y procedimental, al declarar probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, con el argumento que “el actor reclamó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por no pago de las cesantías definitivas, conforme con la Ley 244 de 1995, cuando lo procedente era dar aplicación a la sanción consagrada en la Ley 50 de 1990, por la consignación tardía del auxilio de las cesantías”, pues, a juicio de la autoridad judicial demandada, era la aplicable para el auxilio de cesantías parciales del año 2015. (…) En el presente caso se configuran los defectos invocados por la parte actora, en tanto que, para resolver el caso sometido a su conocimiento, era necesario que la autoridad judicial demandada se pronunciara con respecto a lo solicitado por el actor, al margen de que accediera o no a las pretensiones de la demanda, pues, contrario a lo afirmado por la autoridad judicial demandada y conforme al sustento fáctico expuesto por el actor, la pretensión del demandante siempre fue clara y se dirigió a obtener «el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no pago de las cesantías definitivas correspondientes al año 2015».

Resulta evidente que la omisión de la autoridad judicial demandada condujo a que se materializara la vulneración del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia del señor

correspondientes al año 2015».

Resulta evidente que la omisión de la autoridad judicial demandada condujo a que se materializara la vulneración del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia del señor Pérez Suescún, en la medida en que, para efectos prácticos, la decisión fue inhibitoria.Radicación: 11001 03 15 000 2022 05989 01

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Así las cosas, correspondía al Tribunal Administrativo del Magdalena resolver el recurso de apelación propuesto por la parte demandante, pues, cualquiera que fuera el presupuesto normativo para resolver el caso, lo cierto es que, la aplicación de ninguna de ellas podía conducir a una decisión inhibitoria, sino que, en aras de garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia, el asunto debía estudiarse de fondo, bien para acceder o negar.

Lo anterior porque, lo procedente, más allá de determinar el régimen de cesantías aplicable, era que el Tribunal demandado verificara si en el caso objeto de estudio se efectuó un pago tardío o no de las cesantías reclamadas por el actor, pues, se insiste, al margen del régimen al que perteneciera el demandante, tal circunstancia no presupone que la administración quede automáticamente eximida de la penalidad económica que se creó en contra del empleador por el retardo en el pago de las cesantías […]”. [Negrillas en la providencia]

5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN

de la penalidad económica que se creó en contra del empleador por el retardo en el pago de las cesantías […]”. [Negrillas en la providencia]

5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN

Inconforme con el fallo de primera instancia , el tribunal accionado lo impugnó con fundamento en lo siguiente 15:

“[…] 1. La providencia no efectúa un análisis de los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales. Se trata de una providencia sin motivación frente a dichos requisitos.

En efecto, la Corte Constitucional en sentencia C-590 de 2004, estableció los requisitos de procedibilidad para las tutelas contra providencias judiciales, estableciéndose unos generales y otros específicos, esa línea jurisprudencial ha sido consolidada y pacífica, incluso todas las secciones del Consejo de Estado la han acogido, de hecho la sentencia impugnada hace alusión a los requisitos generales de procedencia, los enuncia, sin embargo, no los analiza para el caso concreto; luego la sentencia sobre este punto carece de motivación, pues es necesario que se superen todos los requisitos generales para adentrarse en el análisis de los requisitos específicos.

2. No se realizó un análisis concienzudo de las particularidades del caso en estudio, tal como quedó plasmado tanto en la sentencia de calenda veintinueve (29) de julio de dos mil veintidós (2022), dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el número 47-001-3333-003-2018-00203-01, como en el escrito responsivo del trámite de la presente acción tutelar.

del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el número 47-001-3333-003-2018-00203-01, como en el escrito responsivo del trámite de la presente acción tutelar.

15 Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05989 00.Radicación: 11001 03 15 000 2022 05989 01

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Al respeto, huelga iterar que, en la actuación sub iuris, a juicio del suscrito, no se incurrió en ningún defecto susceptible de ser estudiado en sede de acción de tutela, habida consideración de que la Agencia Judicial que presido, aplicó el lineamiento jurisprudencial aplicable, analizó concienzudamente los elementos fácticos y probatorios obrantes en el proceso radicado con el número 47-0013333-003-2018-00203-01; como en efecto quedó así plasmado en las consideraciones de la sentencia de fecha veintinueve (29) de julio del hogaño en la cual se precisó que a través de la Resolución nro. 006 del 29 de febrero de 2016, el señor ALVARO ENRIQUE PÉREZ SUESCUN en su último día como personero del Municipio de Ciénaga, se reconoció un auxilio de cesantías definitivo correspondiente a la anualidad de 2015, indicando en la parte motiva del acto administrativo que, tal reconocimiento se efectuaba

SUESCUN en su último día como personero del Municipio de Ciénaga, se reconoció un auxilio de cesantías definitivo correspondiente a la anualidad de 2015, indicando en la parte motiva del acto administrativo que, tal reconocimiento se efectuaba de conformidad con el Decreto Ley 1160 1947, esto es, como si se tratara de un auxilio de cesantías bajo el régimen de retroactividad.

Al respecto, se precisó en la sentencia controvertida, que al encontrarse el señor ALVARO ENRIQUE PÉREZ SUESCUN vinculado a la personería del MUNICIPIO DE CIÉNAGA hasta la data del 29 de febrero de 2016, mal podría haberse reconocido un auxilio de cesantías correspondiente a la anualidad de 2015 de manera definitiva, ello por la potísima circunstancia de que aún se encontraba vinculado, y que lo que conforme al ordenamiento legal correspondía era el reconocimiento de dicha prestación de forma anualizada, vale decir, efectuarse la respectiva consignación en el fondo de cesantías elegido por el trabajador, sin obviar que, tampoco procedería su reconocimiento bajo el régimen retroactivo, pues las vinculaciones laborales a partir del 1 de enero de 1997 únicamente se rigen por el régimen anualizado de cesantías, yerro en el que incurrió la Personería Municipal de Ciénaga bajo las actuaciones del propio demandante, quien se autoreconoció (sic) dicha prestación a través de la Resolución nro. 006 del 29 de febrero de 2016 y omitió su consignación en término, de manera que no estaba cesante como se afirma en el escrito de tutela de la referencia.

dicha prestación a través de la Resolución nro. 006 del 29 de febrero de 2016 y omitió su consignación en término, de manera que no estaba cesante como se afirma en el escrito de tutela de la referencia.

Así las cosas, me permito indicar que también se estableció en la sentencia proferida que la sanción moratoria eventualmente acaecida en razón de la consignación tardía del auxilio de cesantías anualizado en favor del señor ALVARO ENRIQUE PÉREZ SUESCUN es aquella contemplada en la Ley 50 de 1990 y no, como así lo solicitó el referido demandante tanto en sede administrativa como en judicial, huelga precisar, la contenida en la Ley 244 de 1995, la cual se causa por el pago tardío del auxilio de cesantías definitivas; argumentos bajos los cuales se consideró en la sentencia que se encontraba configurada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, como quiera que no se acreditó que el señor PÉREZ SUESCUN haya acudido a la administración para solicitar el reconocimiento y pago de la respectiva sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990, la cual, se reitera, sería la procedente para el auxilio de cesantías parciales para la anualidad de 2015, a la que eventualmente tendría derecho, situación bajo laRadicación: 11001 03 15 000 2022 05989 01

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cual, mal podría esta jurisdicción abordar el estudio de su procedencia, habida cuenta que ello violentaría el principio de congruencia, a más de vulnerar los derechos al debido proceso y defensa y contradicción de los entes encausados, quienes no han tenido ni dentro del trámite administrativo, ni en sede judicial, la oportunidad de pronunciarse frente a tal pedimento […]” [Mayúsculas, negrillas y subrayado en el escrito de impugnación]

Por auto del 17 de enero de 2023 se concedió la impugnación16 y la misma fue asignada por acta de reparto el 27 de enero de 202317.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación de conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 18, en concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201519, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 20, así como con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12 de marzo de 201921 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12 de marzo de 201921 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

16 Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05989 00. 17 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05989 01. 18 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”. 19 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2. 20 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto

1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela". 21 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.Radicación: 11001 03 15 000 2022 05989 01

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6.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente 22:

6.2.1. El señor Álvaro Enrique Pérez Suescún , actuando por conducto de apoderado, promovió demanda bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pretendiendo lo siguiente 23:

“[…] Que se declare la nulidad del acto administrativo ficto o presunto negativo derivado de la reclamación radicada el día 16 de noviembre de 2017 por el señor ALVARO ENRIQUE PÉREZ SUESCUN, por medio del cual el MUNICIPIO DE CIÉNAGA negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago extemporáneo de las cesantías.

Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad y a título de restablecimiento del derecho se condene a la parte demandada a reconocer y a pagar a la parte demandante las siguientes sumas de dinero.

A.- La suma de tres millones cuatrocientos treinta y cinco mil

restablecimiento del derecho se condene a la parte demandada a reconocer y a pagar a la parte demandante las siguientes sumas de dinero.

A.- La suma de tres millones cuatrocientos treinta y cinco mil novecientos cincuenta y siete pesos M/L ($3.435.957.00), correspondiente al auxilio de cesantías amparado por la Resolución nro. 006 de fecha 29 de febrero de 2016, que a la fecha no ha sido cancelada por la demandada.

B.- La suma de ochenta y ocho millones ochocientos setenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro pesos con cuarenta centavos M/L ($88.876.754.40), correspondientes a la sanción moratoria que trata el artículo 2 de la ley 244 de 1995, (liquidada a la fecha de la presentación de la demanda); como consecuencia del no pago del auxilio de cesantías del periodo comprendido entre el 1º de enero a 31 de diciembre de 2015, según Resolución No. 006 de fecha 29 de febrero de 2016, debidamente ejecutoriada […]”.

6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta que, en sentencia del 25 de noviembre de

22 Lo que se desprende del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el nro. 47001 33 33 003 2018 00203 00. Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05989 00. 23 Lo que se extrae de la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2021 por el Juzgado

para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05989 00. 23 Lo que se extrae de la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2021 por el Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta. Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03