CE - 110010315000202205996011SENTENCIA20230223152454

Demandantes: Elvira Esther Alsendra Díaz y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena Radicado: 11001-03-15-000-2022-05996-01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-05996-01

Demandantes: ELVIRA ESTHER ALSENDRA DÍAZ Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

Temas: Tutela contra providencia judicial – confirma parcialmenteimprocedente por no superar el requisito de la subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia proferida en primera instancia el 14 de diciembre de 2022 por la Sección Primera del Consejo de Estado . En esta providencia se negaron las pretensiones de la acción de tutela , por no encontrar configurado el cargo propuesto.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. Las señoras Elvira Esther Alsendra Díaz, Ivette Milena Rojas Alsendra,

Carolina Esther Rojas Alsendra, Gala Astrid Sánchez Alsendra, Ángela María

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. Las señoras Elvira Esther Alsendra Díaz, Ivette Milena Rojas Alsendra, Carolina Esther Rojas Alsendra, Gala Astrid Sánchez Alsendra, Ángela María Sánchez Alse ndra y los señores Elder Ramiro González Díaz, Jesús David

Rojas Alsendra, Edwin Alonso Rojas Alsendra, Dubis Sánchez Alsendra, Miguel Enrique Sánchez Alsendra y Justo Pastor Sánchez Alsendra actuando por conducto de apoderado judicial , instauraron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Magdalena. Con la solicitud de amparo pretende n que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

2. La transgresión de los derechos constitucionales men cionados se la adjudican a la sentencia dictada por la autoridad judicial accionada el 2 3 de febrero de 2022, dentro del medio de control de reparación directa con radicado N. ° 47001-33-33-007-2016-00090-011. En la decisión reprochada se revocó el fallo d e primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, y en su lugar, las negó.

1 Presentado por los accionantes contra la E.S.E. Hospital Universitario Julio Méndez.Demandantes: Elvira Esther Alsendra Díaz y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena Radicado: 11001-03-15-000-2022-05996-01

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1.2. Pretensiones

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1.2. Pretensiones

3. La parte actora solicitó lo siguiente:

1. Se Amparen los derechos fundamentales de la señora ELVIRA ESTHER ALSENDRA DÍAZ y su famili a al debido proceso, correcta administración de justicia y en consecuencia se deje sin efecto la sentencia de segunda instancia, de fecha 23 de febrero de 2022 dictada por el Tribunal Administrativo del

Magdalena.

2. Y en consecuencia se Ordene al Tribun al Administrativo del Magdalena que emita una Sentencia de reemplazo valorando bajo el principio de la sana critica las pruebas que fueron omitidas en la sentencia de segunda instancia, realizando una apreciación crítica y rigurosa de la lex - artis, guía d e práctica clínica del Ministerio de Salud, confrontándola y ponderándolas con las demás pruebas obrantes en el plenario. (Sic a todo el texto).

1.3. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la

referencia, de la siguiente manera:

5. El 17 de diciembre de 2012 la señora Elvira Alsendra Díaz acudió a consulta médica por ginecología y obstetricia en la E.S.E. Hospital Universitario Fernando Troconis (hoy E.S.E. Hospital Universitario Julio Méndez). El médico que la valoró, le dia gnóstico “leimioma intramural del útero ”. El 19 de mayo de 2014, luego de asistir nuevamente a consulta tras presentar un dolor pélvico

que la valoró, le dia gnóstico “leimioma intramural del útero ”. El 19 de mayo de 2014, luego de asistir nuevamente a consulta tras presentar un dolor pélvico crónico, fue diagnosticada con “desgarro perineal GLL y Miomatosis/Adenomiosos”.

6. Por lo anterior, le practicaron cirugía de histerectomía abdominal el 26 de junio de 2014. El 28 de junio siguiente, la paciente le informó a su médico tratante que desde el día anterior presentaba “distención abdominal, flatulencias con cólico abdominal y ausencia de deposiciones”. Pese a el lo, el galeno la examinó y al no advertir ninguna anormalidad le dio de alta.

7. El 12 de julio de 2014 la señora Alsendra acudió a urgencias médicas a la Clínica de la Mujer . Ello, tras presentar dolor abdominal. Inicialmente fue tratada con dipirona y buti lbromuro, pero al persistir las molestias el médico ordenó la realización de una ecografía pélvica. Posteriormente, fue valorada por el ginecobstetra, quien le diagnóstico absceso de cúpula vaginal. Por ello, quedó en hospitalización.

8. Tras persistir los síntomas, el cirujano general ordenó una “laparotomía exploratoria”. Este examen está indicado “para diagnosticar una enfermedad abdominal no precisable por otros métodos o cuando hay una lesión en el abdomen causada por una herida con arma de fuego o cort ante…”. Allí se encontró que la señora Elvira sufrió una “perforación de víscera hueca” duranteDemandantes: Elvira Esther Alsendra Díaz y otros

Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena

encontró que la señora Elvira sufrió una “perforación de víscera hueca” duranteDemandantes: Elvira Esther Alsendra Díaz y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena Radicado: 11001-03-15-000-2022-05996-01

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el procedimiento de histerectomía, la cual conllevó a “una peritonitis que necrosó parte del epiplón mayor”.

9. Durante su estancia en la Clínica de la Mujer, que ocurrió del 13 al 14 de julio de 2014, la paciente fue diagnosticada con “choque séptico de origen intrabdominal, con síndrome disfunción multiorgánico secundario”. Por ello, tuvo que ser sometida a un segundo procedimiento que fue controlado en unidad de cuidados intensivos.

10. Por lo anterior, los accionantes presentaron demanda de reparación directa contra la E.S.E. Hospital Universitario Julio Méndez. Esto, con el fin de que se le declarara administrativa y patrimonialmente responsable de los perjuicios a ellos causados por la indebida observación de un adecuado tratamiento que le generó a la señora Alsendra heridas y “disminución de su capacidad laboral”.

11. En sentencia de 21 de abril de 2020, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En ese sentido, declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial de la E.S.E. accionada, pero no concedió la totalidad de los montos

del Circuito Judicial de Santa Marta accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En ese sentido, declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial de la E.S.E. accionada, pero no concedió la totalidad de los montos reclamados por concepto de perjuicios. Al respecto, expuso que las historias clínicas aportadas daban cuenta de que las lesiones padecidas por la señora Elvira Alsendra devinieron de una mala praxis médica.

12. La anterior decisión fue apelada por el extremo accionado. Del recurso conoció el Tribunal Administrativo del Magdalena, que el 22 de febrero de 2022, resolvió revocar la sentencia recurrida y negar integralmente las pretensiones.

Precisó que para el momento en el que fue dada de alta la señora Alsendra , la sintomatología que presentaba no era señal de anormalidad, teniendo en cuenta el procedimiento por el que había pasado.

13. Refirió que el historial clínico da cuenta que pese a que persistieron las molestias padecidas, la señora Elvira acudió a urgencias a la Clínica de la Mujer 14 días después de la ci rugía. A juicio del Tribunal, esa circunstancia empeoró la salud de la actora. Adicionalmente, las lesiones internas no eran fácilmente detectables y se camuflaron con los síntomas propios de las pacientes que son sometidas a una cirugía de histerectomía.

14. En consecuencia, c oncluyó que, aunque existió un daño antijurídico, no le es atribuible a la demandada. Esto, porque no encontró acreditada la falla del servicio médico.

1.4. Sustento de la vulneración

le es atribuible a la demandada. Esto, porque no encontró acreditada la falla del servicio médico.

1.4. Sustento de la vulneración

15. A juicio de la parte actora, la providencia enjuiciada adolece de defecto fáctico. Lo anterior, con base en que no fue valorada integralmente la historia clínica aportada al expediente. Cuestionó que se haya aceptado que lasDemandantes: Elvira Esther Alsendra Díaz y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena Radicado: 11001-03-15-000-2022-05996-01

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perforaciones intestinales pueden generarse tras una histerectomía, pero haya desestimado que el término de hospitalización, según las reglas de la lex artis para estos casos, fuera de 5 a 7 días.

16. Sostuvo que la E.S.E. debió adoptar medidas preventivas que evitaran someter a la señora Alsendra a complicaciones y alteraciones a su sal ud.

Adicionó que a raíz de la perforación en la que desencadenó su cirugía, fue sometida a una hospitalización bajo pronóstico reservado en la unidad de cuidados intensivos. A partir de ello, tuvo una recuperación lenta, dolorosa y que le produjo ansiedad, decaimiento, estreñimiento, reflujo gástrico, hipertensión, vómitos y cansancio.

17. Aseveró que la mala praxis a la que fue sometida “por poco acaba con su vida”, la cual no ha podido llevar con normalidad desde entonces por los

hipertensión, vómitos y cansancio.

17. Aseveró que la mala praxis a la que fue sometida “por poco acaba con su vida”, la cual no ha podido llevar con normalidad desde entonces por los ataques de ansiedad, dolor abdominal e inflamación.

18. Reprochó que los médicos tratantes no hubiesen establecido en la historia clínica los días en los que tendría controles posteriores, así como el no haber observado la “Guía Práctica Clínica N. ° 45 de 2014”, en la que se establecen los días de hospitalización que deben soportar las mujeres que son sometidas a una histerectomía.

1.5. Trámite de primera instancia

19. Por auto de 16 de noviembre de 2022, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió esta solicitud de amparo . En con secuencia, ordenó no tificar en calidad de accionado al Tribunal Administrativo del Magdalena.

20. Adicionalmente, vinculó en calidad de terceros con interés a la E.S.E.

Hospital Universitario Julio Méndez y al Jugado Séptimo Administrativo de l Circuito Judicial de Santa Marta.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo del Magdalena

21. Refirió que los actores no lograron demostrar que la atención médica brindada por la E.S.E. hubiese sido por fuera de los términos médicos establecidos. Asimismo, encont ró que la perforación intestinal padecida por la señora Alsendra era una complicación propia de este tipo de procedimientos.

22. Añadió que ante la falta de elementos que permitieran extraer la responsabilidad de la demandada, no pudo ser otra la decisión qu e revocar la

señora Alsendra era una complicación propia de este tipo de procedimientos.

22. Añadió que ante la falta de elementos que permitieran extraer la responsabilidad de la demandada, no pudo ser otra la decisión qu e revocar la sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones. En ese sentido, manifestó que no vulneró ninguno de los derechos deprecados por la parte actora.Demandantes: Elvira Esther Alsendra Díaz y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena Radicado: 11001-03-15-000-2022-05996-01

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1.6.2. E.S.E. Hospital Universitario Julio Méndez

23. Señaló que la acción de tutela es impr ocedente porque los accionantes deben acudir primeramente a ejercer el recurso extraordinario de revisión. No obstante, solicitó que se le desvincule de este trámite porque carece de legitimación en la causa por pasiva.

1.6.3. El Juzgado Séptimo Administr ativo del Circuito Judicial de Santa Marta fue debidamente notificado del auto admisorio de la tutela, pero guardó silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia

24. En providencia de 14 de diciembre de 2022 , la Sección Primera del Consejo de Estado negó la protección de los derechos fundamentales invocados.

25. Luego de transcribir in extenso la sentencia ordinaria enjuic iada, expuso que no se configuró el defecto fáctico. Refirió que la historia clínica fue valorada

invocados.

25. Luego de transcribir in extenso la sentencia ordinaria enjuic iada, expuso que no se configuró el defecto fáctico. Refirió que la historia clínica fue valorada de forma detallada y que, si bien existió un daño antijurídico con ocasión a una complicación quirúrgica, esto no implica que haya sido responsabilidad de la E.S.E. Indicó que la señora Alsendra fue intervenida conforme a la literatura médica consultada y que su procedimiento le podía generar dolo res como los que manifestó en su posoperatorio, siendo algo normal.

26. Aseveró que era común que tras una histerectomía se presentaran complicaciones por lesión del intestino, sin que ello pudiera atribuirse a una mala praxis. De otro lado, explicó que la l esión no era fácilmente identificable, pero si la paciente hubiera acudido al servicio de urgencias de forma oportuna, el traumatismo pudo haber sido corregido. En ese sentido, señaló que la valoración probatoria efectuada por la autoridad reprochada era a dmisible y razonable.

27. Por último, aclaró que la presunta falta de fijar los días de control en la historia clínica y la falta de observar la “Guía Práctica Clínica N. ° 45 de 2014 ” no fueron aspectos puestos de presente en el proceso ordinario.

1.8. Impugnación2

28. Inconforme con lo decidido por el juez constitucional de primer grado, la parte actora solicitó que se revoque, y en su lugar, que se acceda al amparo.

Indicó que si la perforación intestinal era un riesgo propio de la histerectomía , la

parte actora solicitó que se revoque, y en su lugar, que se acceda al amparo. Indicó que si la perforación intestinal era un riesgo propio de la histerectomía , la señora Elvira Alsendra no tenía por qué asumirlo. De otro lado, consideró que se le debió informar previo a la realización del procedimiento y mediante

2 La sentencia de primera instancia se notificó por c orreo electrónico el 17 de noviembre de 2022 y la impu gnación se envió por el mismo medio a la Secretaría General del Consejo de

Estado.Demandantes: Elvira Esther Alsendra Díaz y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena Radicado: 11001-03-15-000-2022-05996-01

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consentimiento informado por escrito para que ella tuviera la oportunidad de decidir si se sometía al riesgo de comprometer un órgano.

29. Reiteró que fue un error darla de alta en tan corto tiempo y por su estado de salud, de conformidad con la “Guía Práctica Clínica N. ° 45 de 2014”.

30. Insistió en que “la mala praxis médica” que consistió en la falta del médico trat ante de informarle a la señora Elvira sobre los riesgos a los que sería sometida, son los que concretan la falla en el servicio.

31. Por último, solicitó que se tenga en cuenta el salvamento de voto de uno de los magistrados de la Sala reprochada.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

31. Por último, solicitó que se tenga en cuenta el salvamento de voto de uno de los magistrados de la Sala reprochada.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

32. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado el 14 de diciembre de 2022. Lo an terior, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

33. En este punto se aclara que el e studio se centrará en los argumentos expuestos en la impugnación. Asimismo, que no se examinará lo relativo a que el salvamento de voto del fallo censurado no fuera tenido en cuenta por el a quo y la presunta falta del médico tratante de informar a la seño ra Alsendra Díaz sobre los riesgos que conllevarían la realización de la histerectomía a través de un consentimiento previo . Ello, por no haberse planteado esas afirmaciones desde el escrito inicial de tutela.

34. Así, dado que frente a esos dos argumentos se les privó la posibilidad de ejercer su derecho de defensa a los demás integrantes del litigio, no se hará pronunciamiento alguno al respecto. Esto permite dar prevalencia al debido proceso y a los principios de defensa y contradicción.

35. De otro lado, se n egará la solicitud de desvinculación formulada por la

pronunciamiento alguno al respecto. Esto permite dar prevalencia al debido proceso y a los principios de defensa y contradicción.

35. De otro lado, se n egará la solicitud de desvinculación formulada por la E.S.E. Hospital Universitario Julio Méndez, la cual formuló con el argumento de que carece de legitimación por pasiva. Ello, dado que fue vinculad a en calidad de tercero con interés, atendiendo a que fue la entidad contra la que se formuló la demanda de reparación directa que suscitó esta acción constitucional.Demandantes: Elvira Esther Alsendra Díaz y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena Radicado: 11001-03-15-000-2022-05996-01

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2.3. Legitimación en la causa

36. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas

(pasiva).

37. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que los tutelantes conformaron el extremo accionante del proceso de reparación directa con radicado N. ° 47001-33-33-007-2016-00090-01. Por tanto, son titulares de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de ju sticia que reclama n. En consecuencia, goza n de legitimación en la causa por activa.

titulares de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de ju sticia que reclama n. En consecuencia, goza n de legitimación en la causa por activa.

38. Por otro lado, la Sala evidencia que el Tri bunal Administrativo del Magdalena se encuentra legitimado en la causa por pasiva , por ser el operador judicial que profirió la sentencia reprochada.

2.4. Problema jurídico

39. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora, las pruebas incorporadas al expediente , la intervención allegada en el trámite del proceso y el escrito de impugnación, corresponde a esta Sala decidir si confirma, modifica o revoca el fallo del 14 de diciembre de 2022 de la Sección Primera del Consejo de Estado. Para el efecto, se resolverán los siguientes

cuestionamientos:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales?

40. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala

analizará lo siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo d el Magdalena vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de los accionantes, al dictar la sentencia de 23 de febrero de 2022, por no observar la “Guía Práctica Clínica N. ° 45 de 2014, según la cual tras una histerectomía se deben prescribir de 5 a 7 días de hospitalización y la pres unta mala praxis con la que se llevó a cabo la cirugía, y así, incurrir en un defecto fáctico?

41. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes

con la que se llevó a cabo la cirugía, y así, incurrir en un defecto fáctico?

41. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto , (iii) requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela respecto a la providencia controvertida, y finalmente, (iv) el caso concreto.Demandantes: Elvira Esther Alsendra Díaz y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena Radicado: 11001-03-15-000-2022-05996-01

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2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

42. La Sala Plena de lo Con tencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 2012 3. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema4. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales5.

43. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 6. En esta sentencia se e stablecieron seis requisitos adjetivos de procedencia 7 y ocho

acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 6. En esta sentencia se e stablecieron seis requisitos adjetivos de procedencia 7 y ocho defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial8.

3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 5 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.” 6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 7 Los seis criterios adjetivos establ ecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance d e la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere inter puesto en un término razonable y proporcionado a parti r del hecho que

iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere inter puesto en un término razonable y proporcionado a parti r del hecho que originó la vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que af ecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actor a identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que e sto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 8 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profiri ó́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actu ó́ completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáct ico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstituci onales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión q ue afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos

toma de una decisión q ue afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dic ho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la

Constitución.Demandantes: Elvira Esther Alsendra Díaz y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena Radicado: 11001-03-15-000-2022-05996-01

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44. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunt o y determinar si se configuran los defectos especiales, la Sala determina rá si se superan los

siguientes requisitos generales de procedencia:

1. que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela, ii) inmediatez, iii) subsidiariedad, iv) relevancia constitucional, v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

45. De modo que, de no o bservarse el cumplimiento de uno de estos

1. subsidiariedad, iv) relevancia constitucional, v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

45. De modo que, de no o bservarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se

requerirá:

1. que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea d e tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,

1. que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

46. Es importante recalcar que la acción de tutela no pue de ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por eje mplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

47. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto concurren los requisit os de procedibilidad. En caso de encontrarlos su perados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.6. Estudio del requisito general de la subsidiariedad

48. De la redacción del artículo 86 de la Constitución Política y de las normas que lo desarrollan consagradas en el D ecreto Ley 2591 de 1991, se desprende el carácter subsidiario de la acción de tutela, en cuanto procede únicamente

48. De la redacción del artículo 86 de la Constitución Política y de las normas que lo desarrollan consagradas en el D ecreto Ley 2591 de 1991, se desprende el carácter subsidiario de la acción de tutela, en cuanto procede únicamente cuando el afectado no tenga otro medio de defensa judicial, salvo que s e utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

49. El carácter residual o supletorio obedece a la necesidad de preservar las competencias atribuidas a las diferentes autoridades judiciales en desarrollo de la independencia y auto nomía de la actividad judicial, en los que igualmente se deben salvaguardar derechos de rango convencional y constitucional, sin que esta acción pueda convertirse en un mecanismo alternativo, paralelo o complementario de los procedimientos judiciales “ diluyéndose esta exigencia únicamente cuando el juez constitucional encuen tre que se configura unDemandantes: Elvira Esther Alsendra Díaz y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena Radicado: 11001-03-15-000-2022-05996-01

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perjuicio irremediable que exige para el restablecimiento de los derechos involucrados la adopción de medidas inmediatas, imponiéndose en este evento la tutela co mo mecanismo transitorio mientras la autoridad judicial competente decide de fondo la acción correspondiente”9.

50. En consideración al requisito de subsidiariedad, en principio, teniendo en cuenta que contra la decisión de primera instancia del 2 1 de abril