CE - 110010315000202205997011SENTENCIA20230317094819

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05997-01

Actor: José Alberto León

junio de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado co n el número único de radicación 68679-33-33-751-2015-00250-02, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, present ó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Municipio de Contratación - Santander, con el fin de que se declarara el reconocimiento de una relación laboral entre ellos, desde el 15 de agosto de 2001 al 3 de enero de 2008 . Precisó que, como consecuencia, se condenara a la entidad i) al pago de cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y vacaciones por todo el tiempo laborado; ii) el pago de la indemnización por despido injustificado ; iii) cotizaciones a pensión ; y iv) la indemnización moratoria.

4. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil, mediante sentencia de 26 de octubre de 2016 , resolvió negar las pretensiones de la demanda.

5. El Tribunal Administrativo de Santander , mediante sentencia de 7 de jun io de

2022, resolvió:

“[…] Primero: Revocar la sentencia proferida, en el proceso de la referencia, por el

demanda.

5. El Tribunal Administrativo de Santander , mediante sentencia de 7 de jun io de

2022, resolvió:

“[…] Primero: Revocar la sentencia proferida, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Tercero Administrativo de San Gil el veintiséis (26) de octubre de dos mil dieciséis (2016), y en su lugar,

Segundo: Declarar la nulidad del Oficio No. DSA-193-10 del 15.04.2010, expedido por el municipio de Contratación.

Tercero. Declarar que entre el señor José Alberto León y el municipio de Contratación, existió una relación laboral, subyacente en contratos de prestación de servicios, cuya vigen cia comprende del 16.08.2001 al 31.12.2002, y una relación subyacente en intermediación efectuada por una cooperativa, entre el 01.01.2004 al 31.12.2004.

Cuarto. Declarar probada la excepción de prescripción de las acreencias laborales a que tendría derecho el aquí demandante respecto de la relación laboral, subyacente3

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05997-01

Actor: José Alberto León

en los contratos de prestación de servicios, y, en la intermediación efectuada por una cooperativa, salvo los aportes a pensiones a cargo del municipio aquí demandado.

Quinto. Condenar al municipio de Contratación, a título de restablecimiento del derecho, efectuar el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones, por el tiempo trabajado por el demandante bajo la modalidad de contratos

Quinto. Condenar al municipio de Contratación, a título de restablecimiento del derecho, efectuar el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones, por el tiempo trabajado por el demandante bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, y de intermediación laboral explicitado en e l acápite de consideraciones de este proveído, estos son, los comprendidos entre el 16.08.2001 al 31.12.2002, y del 01.01.2004 al 31.12.2004, pago que deberá hacer directamente al respectivo Fondo de Pensiones que informe el señor José Alberto León, estar afiliado, tomando como referente para ello, el valor de los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios y entre la cooperativa y el demandante, siempre y cuando ésta última, no haya hecho el pago de aportes a pensiones.

Parágrafo: El demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al sistema general de Seguridad Social en pensiones durante el tiempo que duró su vinculación y, en el evento de no haberlo hecho o existir diferencia en su contra, deberá pagar o completar, según sea el caso, el porcentaje que le correspondía como trabajador.

Sexto. Negar las demás pretensiones […]”.

5.1 Como fundamento de su decisión consideró lo siguiente:

“[…] 1. Los servicios de “Auxiliar de Matadero”, prestados por el aquí demandante, son inherentes al servicio público de matadero municipal de animales para abasto público. El Consejo de Estado, en sentencia con Radicación: 2003 -00634 del 04 de junio de 2015, enseña que, “la actividad de los mataderos, es un servicio público del orden municipal, y corresponde a las autoridades municipales garantizar los

público. El Consejo de Estado, en sentencia con Radicación: 2003 -00634 del 04 de junio de 2015, enseña que, “la actividad de los mataderos, es un servicio público del orden municipal, y corresponde a las autoridades municipales garantizar los derechos de quienes concurren al desarrollo de dicha actividad, bien sea en condición de productores, comerciantes o de consumidores finales. De acuerdo con el Art.365 constitucional, la actividad de sacrificio de animales de abasto público, lleva consigo una típica actividad de prestaciones efectiva a la colectividad y que puede ser prestada por la entidad pública y por los particulares habilitados por la Ley.

Y, es claro que, al ser prestado este servicio público directamente por el municipio, ello entraña per se una actividad de control y vigilancia sobre el personal que coadyuva en su funcionamiento existiendo por ello, una subordinación de la persona natural a su servicio, por lo menos, en el cumplimiento estricto de los protocolos o medidas sanitarias que debe cumplir el lugar, para garantizar al consumidor el origen y calidad del producto ofrecido.

El obj eto de las órdenes de prestación de servicios que fueron decretadas como prueba documental por la primera instancia, reseñadas en esta providencia en el acápite III denominado “Decisiones relevantes asumidas en la Audiencia Inicial”, literalmente pactan co mo obligación del contratista: ¨prestar sus servicios de desempeño como auxiliar de matadero del municipio de Contratación, para lo cual abrirá y cerrará las instalaciones y hará el respectivo aseo y coadyuvará con el control del sacrificio de ganado mayor y menor, lo mismo que el pesaje de ganado¨.

Cabe anotar que, estos contratos, son valorados por la Sala como documentos

del sacrificio de ganado mayor y menor, lo mismo que el pesaje de ganado¨.

Cabe anotar que, estos contratos, son valorados por la Sala como documentos públicos, por ser expedidos por un funcionario público y aceptados por el municipio demandado como suyos.4

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05997-01

Actor: José Alberto León

2. El lugar de trabajo o de desempeño de las obligaciones pactadas, lo fue, las instalaciones del matadero público del municipio de Contratación, bajo el cumplimiento de un horario, sujeto a las necesidades del servicio propio para el matadero público. Así lo manifiestan en forma unívoca, las declaraciones de los señores Marco Tulio Vera Mesa, Martha Inés León Mancipe, Jorge Eliécer García Cruz y Oscar Villamizar, así como el mismo demandante al rendir el interrogatorio, declaraciones todas que fueron reseñadas en la sentencia de primera instancia, sin que hubieren sido objeto de tacha que afecten su credibilidad o imparcialidad, siendo coherente cada declaración en sí misma y, además, contestes unas con otras en su contenido, al afirmar que, la jornada de t rabajo del aquí demandante iniciaba a las 2:30 a.m. cuando empezaba a llegar la gente que trabajaba en el matadero hasta las 4:00 pm., de lunes a domingo, tal y como se reseña en la sentencia de primera instancia.

3. Si bien, no se acreditó la existencia de un empleo par como Auxiliar de Matadero en la planta de personal del municipio demandado, frente al que se pudiera realizar un estudio de igualdad en el modo de prestación de funciones, puesto que, la prueba testimonial recaudada muestra que, el aquí d emandante era el único que se

en la planta de personal del municipio demandado, frente al que se pudiera realizar un estudio de igualdad en el modo de prestación de funciones, puesto que, la prueba testimonial recaudada muestra que, el aquí d emandante era el único que se desempeñaba como auxiliar de matadero, lo cierto es que, en los ítems inmediatamente anteriores a éste, se muestran hechos indicadores que sirven como prueba indiciaria en este proceso, para la declaratoria de contrato realida d, al estar el demandante ejecutando la prestación del servicio en forma permanente, aparejado con el carácter también permanente propio del servicio público de matadero municipal de animales para abasto público, el cual quedó establecido, se prestaba todos los días, incluidos los domingos […]”.

[…]

“[…] Así, se tiene que, la vinculación mediante los p lurales contratos de prestación de servicios, regulados por la Ley 80, entre el municipio de Contratación y el señor José Alberto León; como también e l servicio prestado por el aquí demandante por intermediación de la C ooperativa de Trabajo Asociado, materializan una verdadera relación laboral, entre el demandante y el municipio demandado, durante los periodos comprendidos: a) Entre el 16.08.2001 al 31.12.2002, y, b) Entre el 01.01.2004 al 31.12.2004, existiendo solución de continuidad durante todo el año 2003, trayendo ello como consecuen cia que el demandante tenga derecho al pago de las prestaciones sociales dejadas de percibir entre el 16.08.2001 al 31.12.2002, y el 01.01.2004 al 31.12.2004, liquidadas conforme al valor pactado como honorarios en los contratos suscritos que fueron probados en este proceso.

01.01.2004 al 31.12.2004, liquidadas conforme al valor pactado como honorarios en los contratos suscritos que fueron probados en este proceso.

Frente a los periodos restantes, pretendidos, es decir, del 01.01.2003 al 31.12.2003, y del 01.01.2005 al 03.01.2008, se negará la existencia de la figura contrato realidad, que tal y como se explicitó atrás, constituyó el objeto de este litigio.

En consecuencia, se revocará la sentencia proferida el 26.10.2016 por el señor Juez tercero de lo Cont encioso Administrativo d el Circuito de San Gil, y en su lugar, se declarará la nulidad del acto aquí acu sado: Oficio No. DSA -193-10 del 15.04.2010, expedido por el municipio de Contratación (Pág. 37 archivo digital 001), tal y como se dirá en la parte resolutiva de esta sentencia […]”.

[…]

“[…] Ha de precisar la Sala que, la prescripción extintiva no es dable aplicarla frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época , mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del5

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05997-01

Actor: José Alberto León

mencionado fenómeno, por tener el car ácter de emolumentos econ ómicos temporales […]”.

[…]

Actor: José Alberto León

mencionado fenómeno, por tener el car ácter de emolumentos econ ómicos temporales […]”.

[…]

“[…] Como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto acusado u Oficio No. DSA-193-10 del 15.04.2010, se condenará al municipio de Contratación, a pagar las cotizaciones correspondientes a l sistema de seguridad social – pensiones, por el tiempo laborado por el demandante a su servicio, bajo la modalidad de contratos de prestación de servi cios regulados por la Ley 80 de 1993 y bajo la intermediación efectuada por la cooperativa de trabajo asociado tantas veces citada, estos son: Los tiempos c omprendidos entre el 16.08.2001 al 31.12.2002, y del 01.01.2004 al 31.12.2004, este último periodo, siempre y cuando la Cooperativa no haya hecho el pago de aportes a pensiones por su asociado, señor José Alberto León, con base en el trabajo por él realizado en el municipio. Este pago se hará directamente a l respectivo Fondo de Pensiones que informe el señor José Alberto León, estar afiliado, tomando como ingreso base de cotización o IBC pensional, el valo r de los honorarios pactados en los contratos correspondientes. El demandante de berá acreditar las cotizaciones que él realizó al sistema general de Seguridad Social en pensiones durante el tiempo que duró su vinculación y, en el event o de no haberlo hecho o existir diferencia en su contra, deberá pagar o completar, según sea el caso, el porcentaje que a él le correspondía hacer. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela1:

el porcentaje que a él le correspondía hacer. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela1:

“[…] PRIMEROTutelar a mi prohijado los DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, AL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS, A LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMALIDADES, AL ACCESO A LA JUSTICIA, A LA SEGURIDAD SOCIAL Y POR CONEXIDAD EL

DERECHO A LA VIDA.

SEGUNDO.- De manera consecuente DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia sustitutiva proferida el siete (07) de junio de 2.022 por el Tribunal Administrativo de Santander, con ponencia de la Magistrada SOLANGE BLANCO VILLAMIZAR dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento de derecho en Contrato Realidad, con Nº de expediente 686793333751-2015-00250-00, Y, en su defecto, ordenar al Honorable Tribunal emitir una nueva sentencia donde se ajuste a las consideraciones del Honorable Consejo de Estado declarando que los hechos y pruebas dan cuenta que los extremos temporales de la relación laboral que existió entre el señor JOSE ALBERTO LEÓN y el MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN, fueron desde el 15 de agosto de 2001 hasta el 03 de enero de 2008, sin solución de continuidad, hecho que quedó acreditado en la primera instancia.

TERCERO: Consecuente con lo anterior, deberá procederse a reconocer las prestaciones sociales que se causaron desde el 15 de agosto de 2001 hasta el 03 de

quedó acreditado en la primera instancia.

TERCERO: Consecuente con lo anterior, deberá procederse a reconocer las prestaciones sociales que se causaron desde el 15 de agosto de 2001 hasta el 03 de enero de 2008, toda vez que no operó el fenómeno pres criptivo, así como también

1 Transcripción literal del texto de la solicitud de amparo.6

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05997-01

Actor: José Alberto León

los aportes a la seguridad social en pensiones durante dicho periodo laboral y demás pretensiones hechas en el libelo demandatorio inicial […].”

7. El actor en su escrito de tutela indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en un i) defecto fáctico, en la causal de ii) violación directa de la Constitución y en un iii) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.

Actuación

8. El Despacho sustanciador de la Sección Quinta del Consejo de Estado , mediante auto de 12 de enero de 2023 : i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Santander; y iii) vinculó, al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil y al Municipio de ContrataciónSantander en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindiera informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

9. El Municipio de Contratación - Santander señaló lo siguiente:

“[…] En nuestra condición de vinculados a la acción de tutela de la refere ncia

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

9. El Municipio de Contratación - Santander señaló lo siguiente:

“[…] En nuestra condición de vinculados a la acción de tutela de la refere ncia queremos ratificar nuestra posición en el sentido de oponernos a que por vía de tutela se desconozca la firmeza jurídica y la ejecutoria material de las decisiones judiciales que ya han hecho tránsito a cosa juzgada y que como en el presente caso y con el debido respeto que el actor nos merece, se pretende llevar inc luso la situación a que por vía de tutela se logre declaraciones y condenas y/o el reconocimiento de pretensiones que fueron debidamente debatidas en la instancias y jurisdicciones competentes en su debido momento . En el caso jurisdiccional contencioso que ocupa esta tutela, tanto la primera como la segunda instancia a la luz de la sana crítica y siguiendo la ritualidad procesal vigente se tomó la decisión que en derecho corresponde; pero vemos hoy un insistente afán a través de esta acción pública que pretende equivocadamente usar dicho vehículo para resolver asuntos que ya fueron resueltos en otro procedimiento […]”.

10. El Tribunal Administrativo de Santander consideró lo siguiente:

“[…] E l proceso de la referencia fue devuelto de manera física con sentencia de segunda instancia al juzgado de origen el día veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Así mismo, se informa que una vez revisado el aplicativo SAMAI se tiene que mediante sentencia de segunda instancia proferida por el H Consejo de Estado bajo radicado 11001 -03-15-000-2022-00100-01 se or denó a esta

se tiene que mediante sentencia de segunda instancia proferida por el H Consejo de Estado bajo radicado 11001 -03-15-000-2022-00100-01 se or denó a esta Corporación “DÉJASE sin efectos la sentencia proferida el 22 de julio de 2021 dentro7

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05997-01

Actor: José Alberto León

del proceso de nulidad y restablecimiento d el derecho No. 68679 -33-33-751-201500250-02 y, en su lugar, ORDÉNASE al Tribunal Administrativo de Santander a que, en el término de diez (10) días, profiera una nueva decisión en la que se atiendan las consideraciones de la parte motiva de esta decisión’’. Por lo que, el 25 de mayo de 2022 se realizó registro de proye cto y el 08.06.2022 se profirió nuevamente sentencia de segunda instancia siendo notificada el 10.06.2022 […]”.

11. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil remitió el enlace para consultar el proceso 68679-33-33-751-2015-00250-00.

La sentencia impugnada

12. La Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia, en primera instancia, el 9 de febrero de 2023, por medio de la cual resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLARAR improcedente la acci ón de tutela en relación con el defecto fáctico invocado por el señor José Alberto León, así como en lo referente al presunto incumplimiento de las órdenes impar tidas por el Consejo de Estado,

defecto fáctico invocado por el señor José Alberto León, así como en lo referente al presunto incumplimiento de las órdenes impar tidas por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B” en el fallo de 26 de abril de 2022.

SEGUNDO: NEGAR el amparo invocado por el señor José Alberto Leó n, con respecto a los defectos por desconocimiento del precedente y violación directa de la

Constitución […]”.

12.1 Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] En efecto, en las sentencias de unificación se determinó que quien pretenda el reconocimiento de una relación laboral con el Estado, debe reclamar a la administración dentro del término de 3 años contados a partir de la terminación del vínculo, so pena de aplicarse la figura de la prescripción del derecho. Así mismo, en ella se estableció que las reclamaciones sobre los aportes pensionales derivados del contrato realidad están exceptuadas tanto del fenómeno prescriptivo como el de la caducidad del medio de control. Finalmente, se estableció como término de la no solución de continuidad, 30 días c ontados entre la terminación de un contrato y la ejecución del siguiente.

Ahora bien, como en el caso que ocupa a la Sal a el Tribunal Administrativo de Santander solo encontró demostrada la relación l aboral entre las partes por los periodos comprendidos entre el 16 de agosto de 2001 y el 31 de diciembre de 2002 y 1o de enero de 2004 al 31 de diciem bre de 2004, lo correcto es que analizara la prescripción de manera individual, dado que entre los dos periodos existió una interrupción de más de 30 días.

y 1o de enero de 2004 al 31 de diciem bre de 2004, lo correcto es que analizara la prescripción de manera individual, dado que entre los dos periodos existió una interrupción de más de 30 días.

Así mismo, contrario a lo afirmado por el tutelante, la autoridad judicial accionada estaba imposibilitada de realizar el conteo prescriptivo desde el 3 de enero de 2008, pues para esta fecha no encontró demostra da la relación laboral en tre el demandante y el municipio de Contratación (Santande r), con lo cual es razonable que se declarara probada la excepción de prescripc ión de las acreencias laborales pretendidas por el actor, salvo aquellas relaciona das con los aportes a pensiones pues así lo disponen las sentencias de unificación citadas en precedencia. Es decir que, para la Sala el Tribunal Administrativo de Santander realizó una debida8

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05997-01

Actor: José Alberto León

aplicación de las sentencias de unificación de 25 de agosto de 2016 y 9 de septiembre de 2021.

Así las cosas, para la Sala de Decisión no se encuentra configu rado el defecto de desconocimiento del precedente sobre el cua l versa la presunta vulneración invocada, comoquiera que en la providencia de 7 de junio de 2022, el Tribunal Administrativo de Santander aplicó de manera corr ecta las reglas sentadas en las sentencias de unificación, según las cuales en las reclamaciones relacionadas con los aportes a la seguridad social que se deriven de un contrato realidad, no se deben usar las figuras de la caducidad y la prescripción.

sentencias de unificación, según las cuales en las reclamaciones relacionadas con los aportes a la seguridad social que se deriven de un contrato realidad, no se deben usar las figuras de la caducidad y la prescripción.

Finalmente, sobre el defecto de violación directa de la constitución, debe anotarse que la interpretación realizada por Tribunal A dministrativo de Santander está enmarcada en los principios de autonomía e ind ependencia que rigen la fun ción judicial, de cuyas conclusiones no se advierte por e sta Sala de Decisión que sean contrarias a las disposiciones constitucionales, si se tiene en cuenta que el criterio definido en la providencia reprochada, se acompasa con lo previsto en las sentencias de unificación de 25 de agosto de 2016 y 9 de septiembre de 2021. Máxime cuando dentro del expediente no se encuentran acreditadas las condiciones de discapacidad alegadas por el actor […]”.

La impugnación

13. El actor impugnó la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de

Estado por las siguientes razones2:

“[…] La sala adhiere la determinación del tribunal accio nado, en el sentido de que para cumplir con el fallo del Consejo de Estado, hubiesen revisado tópicos que no fueron asunto de tutela, y en los que al momento de dictar sentencia de instancia (26 de Octubre de 2.016) y resolver el recurso de alzada (22 de Julio de 2.021) no habían sido objeto de reparo, como es el caso de la PR ESCRIPCIÓN, que tanto el ad quo como el ad quem dieron por demostrado que la rel ación laboral correspondia a la narrada por el actor, ratificada por los testigos , y confesada por la parte demandada,

como el ad quem dieron por demostrado que la rel ación laboral correspondia a la narrada por el actor, ratificada por los testigos , y confesada por la parte demandada, cuando en los alegatos de conclusión transcritos por el juez de primera instancia se lee : MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN , por intermedio de apoderado judicial, indica que de acuerdo con las pruebas se advierte que operó la prescripción de la acción toda vez que la relación contractual culmin ó el 3 de Enero de 2.008 (favor ver sentencia del proceso , primera instancia 26 de octubre de 2.016, acápite de alegatos)

Igualmente la sala del tribunal de Santander al res olver la alzada (22 de Julio de 2.001) a página 11 del escrito del fallo señaló: Fre nte al criterio de continuidad, los testimonios señalaron que el demandante estuv o prestando sus servicios desde mediados del año 2.001 hasta el mandato del señor Oriol Plata , lo que sería para enero del 2.008 .

De lo anterior se concluye que de un lado la sala quinta del Honorable Consejo de Estado adhiere un defecto factico, y de otro lado omitió piezas procesales que daban fe sobre los extremos temporales del contrato […]”.

[…]

2 Transcripción literal del escrito de impugnación.9

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05997-01

Actor: José Alberto León

“[…] Para eludir el cumplimiento de la sentencia const itucional el tribunal se aparta de las consideraciones esbozadas por el Honorable Consejo de Estado en dicho fallo; ya que este no hizo análisis del elemento de la PRESCRIPCIÓN por no estar

“[…] Para eludir el cumplimiento de la sentencia const itucional el tribunal se aparta de las consideraciones esbozadas por el Honorable Consejo de Estado en dicho fallo; ya que este no hizo análisis del elemento de la PRESCRIPCIÓN por no estar solicitado en la acción de amparo , y por estar ya demostrado que frente al elemento de permanencia y continuidad no había discusión, acorde con la transcripción visible en el acápite de cons ideraciones folio 8 , en la que se lee “...3-Frente al criterio de continuidad, l os testimonios señalaron que el demandante estuvo prestando sus servicios desde mediados del año 2.001 hasta el mandato del señor alcalde Ovidio Plata, lo que sería para Enero de 2.008. ..” ; sin embargo , frente a este elemento, de manera torticera el tribunal accionado, modifica este criterio, y además de desconocer la firmeza de lo ya actuado , desconoció las consideraciones del fallo de tutela y el resuelve.

Estaba claro que la parte motiva de la sentencia únicamente había hecho referencia al elemento de la SUBORDINACIÓN , pues fue este el que llevó al señor ALBERTO LEÓN a la reclamación de sus derechos fundamentales por medio de la acción de AMPARO constitucional.

Por estas razones, de la manera más respetuosa me aparto del criterio de la sala al refrendar la acción del tribunal de Santander cuan do para cumplir con el fallo se apartó de las consideraciones y el resuelve del fallo d e tutela emitido el 26 de abril de 2.022, en los que no se tocó el tema de la prescri pción, por lo que se reitera no había sido reparado por ningún juez […]”.

apartó de las consideraciones y el resuelve del fallo d e tutela emitido el 26 de abril de 2.022, en los que no se tocó el tema de la prescri pción, por lo que se reitera no había sido reparado por ningún juez […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 3, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20214 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20185 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 6, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

15. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales

3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 5 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 5 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.10

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05997-01

Actor: José Alberto León

fundamentales, cuando hayan s ido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

16. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.

17. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso ; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igu aldad; v) marco normativo y jurisprudencial del derec ho fundamental al trabajo ; vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia ; vii) marco normativo y

fundamental a la igu aldad; v) marco normativo y jurisprudencial del derec ho fundamental al trabajo ; vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia ; vii) marco normativo y jurisprudencial del derecho a la seguridad social ; viii) marco normativo y jurisprudencial del derecho a la vida, ix) procediendo posteriormente a resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se