CE - 110010315000202206017001SENTENCIADECLARAIM20221207142814

Demandante: Elsi Piedad Ortiz Álvarez

Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca Rad: 11001-03-15-000-2022-06017-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-06017-00

Demandante: ELSI PIEDAD ORTIZ ÁLVAREZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA

Tema: Tutela contra providencia judicial – sanción moratoria por no pago oportuno de las cesantías

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala en primera instanc ia la acción de tutela promovida por la señora Elsi Piedad Ortiz Álvarez contra el Tribunal Administrativo del Cauca, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1 .º del numeral 2 .º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decr eto 333 del 6 de abril de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

La señora Elsi Piedad Ortiz Álvarez, mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela 1 con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a l

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

La señora Elsi Piedad Ortiz Álvarez, mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela 1 con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a l debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad, así como de los principios de la primacía de la realidad sobre las formalidades.

La parte actora estimó vulneradas las referidas garantías constitucionales con ocasión de la sentencia del 12 de ma yo de 2022, mediante la cual se confirmó el fallo del 18 de diciembre de 2020 dictado por el Juzgado Noveno Administrativo

1 La acción de tutela se prese ntó el 11 de noviembre de 2022 a través de la ventanilla virtual con solicitud número 5266.Demandante: Elsi Piedad Ortiz Álvarez

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del Circuito Judicial de Popayán que negó las pretensiones de la demanda interpuesta en ejercicio del medio de control de nulidad y r establecimiento del derecho, expediente identificado con el número de radicación 19001333300920190014100/01.

En consecuencia, la demandante pretendió:

“Sírvase Honorables Magistrados, TUTELAR los derechos fundamentales de mis poderdantes al debido proce so, igualdad, acceso efectivo a la administración de justicia, a los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades y entre otros que se pudieran ver vulnerados dentro de las

mis poderdantes al debido proce so, igualdad, acceso efectivo a la administración de justicia, a los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades y entre otros que se pudieran ver vulnerados dentro de las sentencias judiciales a la que se refiere la presente acción.

En consecuencia, y con el ánimo de proteger los derechos conculcados por el accionado, se ordene al TRIBUANAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA; dejar SIN EFECTO la Sentencia Nro. 055 de segunda instancia de fecha 12 de mayo de 2022, mediante la cual se resolvió el rec urso de apelación interpuesto contra la Sentencia Nro. 173 del 18 de diciembre de 2020 emitida por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Popayán, que negó el reconocimiento de la sanción moratoria por no pago oportuno de la cesantías a mi m andante, ordenar al TRIBUANAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA que emita una nueva sentencia siguiendo los principios establecidos por la hermenéutica constitucional en materia laboral aquí citados, así, como los demás lineamientos que establezca la H. Corpora ción al fallar la presente acción de tutela.” (Sic para toda la cita).

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

2. Hechos

De las sentencias dictadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 19001333300920190014100/01 se constató:

La señora Elsi Piedad Ortiz Álvarez estuvo vinculada al Municipio de Almaguer en calidad de docente mediante contratos de prestación de servicios del 1.° de enero de 1994 hasta el 12 de diciembre de 2002.

La señora Elsi Piedad Ortiz Álvarez estuvo vinculada al Municipio de Almaguer en calidad de docente mediante contratos de prestación de servicios del 1.° de enero de 1994 hasta el 12 de diciembre de 2002.

Interpuso una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para que le fueran reconocidas las prestaciones sociales a las que tenía derecho en virtud de un contrato realidad, proceso que fue resuelto por el Juzgado Quinto Administrativo de Popayán mediante fallo del 26 de octubre de 2011. En la providencia mencionada se condenó al Municipio de Almaguer al encontrarse probada la existencia de un contrato laboral.

Posteriormente, el 30 de mayo de 2013 presentó una solicitud ante el Municipio de Almaguer con el fin que se materializara el pago de las prestaciones sociales y deDemandante: Elsi Piedad Ortiz Álvarez

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la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías definitivas.

Sin embargo, el Municipio no resolvió la solicitud presentada y, en consecuencia, se configuró el silencio administrativo negativo.

En atención a lo anterior, interpuso dos demandas, una mediante la acción ejecutiva para el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y la otra, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, par a que se declare el derecho a la sanción moratoria y su correspondiente cancelación ,

ejecutiva para el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y la otra, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, par a que se declare el derecho a la sanción moratoria y su correspondiente cancelación , procesos que fueron de conocimiento del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Popayán.

La autoridad judicial mencionada, mediante providencia del 18 de d iciembre de 2020 dirimió en primera in stancia el proceso 190013333009201900141400, interpuesto en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sentencia en la cual negó las pretensiones de la demanda bajo el entendido de que, c uando la indemnización por las acreenc ias se desprende de una condena judicial, no puede predicarse una sanción por mora porque a los valores reconocidos se le imputan una serie de intereses moratorios y corrientes y se aplica la fórmula para la indexación al momento del pago.

Contra esa deci sión, la parte actora interpuso el recurso de apelación, el cual fue dirimido por el Tribunal Administrativo del Cauca, autoridad judicial que, mediante sentencia del 12 de mayo de 2022, confirmó la providencia recurrida.

El tribunal demandado explicó que en el caso de la señora Ortiz Álvarez no se cumplen los presupuestos de la Ley 244 de 1995 , dado que esta regula los términos del pago oportuno de las cesantías para los servidores públicos, calidad que no se le otorg ó a la demandante cuando se declaró la existencia del contrato realidad, por tanto, la sanción prevista en esa norma no resulta aplicable.

La demandante precisó que a la fecha no le han sido canceladas las prestaciones sociales a las que tiene derecho.

realidad, por tanto, la sanción prevista en esa norma no resulta aplicable.

La demandante precisó que a la fecha no le han sido canceladas las prestaciones sociales a las que tiene derecho.

3. Sustento de la vulneración

Señaló que es necesaria la intervención del juez de tutela en el caso en estudio para garantizar la prevalencia de los principios consagrados en la Constitución Política, esto es, la flagrante violación de los derechos al debi do proceso, a la igualdad, a la vida d igna y de acceso a la administración de justicia en atención al desconocimiento del precedente judicial de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Explicó que también se reúnen los de más requisitos adjetivos de procedibi lidad porque no se cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para atacar laDemandante: Elsi Piedad Ortiz Álvarez

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decisión dictada por el tribunal demandado y porque la solicitud de amparo se ha interpuesto dentro de un término razonable.

Sostuvo que s e incurrió en una violación directa a la Constitución al negar el reconocimiento de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías por vulneración a lo dispuesto en los artículos 2.°, 13, 25 y 53 de la Constitución Política referidos a la pr otección especial al derecho al trabajo y a la igualdad y a

por vulneración a lo dispuesto en los artículos 2.°, 13, 25 y 53 de la Constitución Política referidos a la pr otección especial al derecho al trabajo y a la igualdad y a los principios de equidad, favorabilidad, progresividad y la primacía de la realidad sobre las formalidades al escoger la tesis más lesiva para el trabajador.

Indicó que, al momento de la interpo sición de la demanda, el Municipio de Almaguer no ha hecho efectivo el pago ordenado con lo cual se ha afectado la cancelación oportuna del salario y, entre otros, de las cesantías.

Expuso que la sentencia atacada desconoció lo establecido en la sentencia T-777 de 2008 que consideró que las cesantías deben pagarse completa y oportunamente a los trabajadores, puesto que, de lo contrario, se vuln eran sus derechos fundamentales.

Señaló que el fallo dictado por la autoridad judicial demandada vulner ó su derecho a la igualdad porque le impidió el pago de l a sanción moratoria establecida en la ley por no haberse cancelado, oportunamente, las cesantías, esto de conformidad con lo establecido en la Ley 244 de 1995, la cual busca proteger al trabajador ante la indolencia del empleador en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Alegó que el Tribunal Administ rativo del Cauca incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria al desconocer que en este caso debía aplicar el principio de la p rimacía de la realidad sobre las formalidades puesto que sí le asiste el derecho a la sanción por mora en el pago de las cesantías.

4. Trámite de la solicitud de amparo

principio de la p rimacía de la realidad sobre las formalidades puesto que sí le asiste el derecho a la sanción por mora en el pago de las cesantías.

4. Trámite de la solicitud de amparo

Mediante auto del 17 de noviembre de 2022 , se admitió la solicitud de tutela y se ordenó notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Cauca.

Además, se ordenó la vinculación del juez Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Popayán y del alcalde del Municipio de Almaguer - Cauca.

5. Argumentos de defensa e intervenciones

Pese a haber sido debidamente notificado s, la parte demandada y los vinculadosDemandante: Elsi Piedad Ortiz Álvarez

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guardaron silencio2.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo e stablecido por el Decreto 2591 de 1991 3 y el numeral 2 .° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 20154, modificado por el Decreto 333 del 6 de abril de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Problema jurídico

En el asunto bajo estudio, corresponde a la Sala determinar si la autoridad judicial

de abril de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Problema jurídico

En el asunto bajo estudio, corresponde a la Sala determinar si la autoridad judicial demandada vulner ó los derechos fundamentale s invocados por la parte demandante al incurrir en la violación directa a la Constitución, en el desconocimiento del pre cedente de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en un defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas allegadas al proceso.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales; ii) estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de encontrarse superados, se estudiará iii) el fondo del asunto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 20125, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciale s6, y en ella concluyó:

“…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del

2 Notificaciones que se puede n verificar en el índice 8 https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001031500 0202206017001100103

2 Notificaciones que se puede n verificar en el índice 8 https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001031500 0202206017001100103 3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.” 4 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del D erecho.” 5 Sala Plena del Consejo de Estado. Exp. No. 11001 -03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutelaImportancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. M.P. María Elizabeth García González. 6 El recuento de esos criterios se encuentra de página s 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.Demandante: Elsi Piedad Ortiz Álvarez

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pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se h a advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judicial es que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.” 7 (Negrilla fuera de texto)

fondo, cuando se esté en presencia de providencias judicial es que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.” 7 (Negrilla fuera de texto)

Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es ne cesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental , observando al efecto los parámetros fijad os hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento jurisprudencialmente …”. En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional c ontra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia 8 a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– y cuáles i mpiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto – procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate

procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado; iii) inmediatez y iv) relevancia constitucional.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parám etros, corresponderá a la Sala adentrarse

7 Ibídem. 8 Entre otras en las T-949 del 16 de octubre de 2003, T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.Demandante: Elsi Piedad Ortiz Álvarez

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en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requ erirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresió n sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una

incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva

2.4.1. Tutela contra una providencia de la misma naturaleza

No se trata de una tutela contra una decisión de igual naturaleza, puesto que la providencia que censura la parte actora fue profe rida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió la señora Elsi Piedad Ortiz Álvarez contra el Municipio de Almaguer , identificado con el radicado número 19001333300920190014100/01.

2.4.2. Inmediatez

De igual manera, en el p resente asunto se cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que la sentencia enjuiciada se dictó el 12 de mayo de 2022, la cual quedó ejecutoriada el 25 del mismo mes y año, de conformidad con lo establecido en la constancia de ejecutoria allegada co n el expediente aportado por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Popayán.

En tales condiciones, como la solicitud de tutela se presentó el 11 de noviembre de 2022, se evidencia que, entre la fecha de ejecutoria de la decisión acusada y la presentación del escrito de tutela que ahora se analiza, tra nscurrió un término que se considera razonable.

de 2022, se evidencia que, entre la fecha de ejecutoria de la decisión acusada y la presentación del escrito de tutela que ahora se analiza, tra nscurrió un término que se considera razonable.

2.4.3. Subsidiariedad

Respecto a la subsidiariedad, la Sala encuentra que la demandante no dispone de otros medios de defensa judicial ordinarios para censurar el proveído proferido por la aludida autoridad judici al, en t anto que la sentencia del 16 de agosto de 2022 desató el recurso de apelación debidamente interpuesto.

La Sala destaca que tampoco son procedentes los recursos extraordinari os de revisión o de unificación de jurisprudencia porque sus fun damentos n o seDemandante: Elsi Piedad Ortiz Álvarez

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encuadran en las reglas de procedencia de estos.

2.4.4. Relevancia constitucional

Para el caso en concreto, la Sala anticipa qu e declarará la improcedencia de la acción consti tucional, dado que el asunto no satisface el requisito de relevancia constitucional, en tanto que no cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 20229.

2.4.4.1. Sentencia SU-215 de 2022 de la Corte Constitucion al – unificación de criterios en materia de relevancia constitucional

Constitucional en la Sentencia SU-215 de 20229.

2.4.4.1. Sentencia SU-215 de 2022 de la Corte Constitucion al – unificación de criterios en materia de relevancia constitucional

A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en primera y segunda instancia por las Seccio nes Quinta y Primera del Consejo de Estado, respectivamente, dentro de una acción de tutela formulada por Producciones R TI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de cierre.

La acción constitucional reprochó las sentencias dictadas dentro de un medio de control de nulidad y restablecimie nto del derecho interpuesto contra las liquidaciones oficiales de revisión expedidas por la DIAN, en las que se incluyó como ingresos gravados la tarifa del IVA por los servicios de producción prestados por RTI S.A.S. y se le sancionó por inexactitud frent e a las declaraciones sobre el impuesto sobre las ventas que presentó por el año gravable 2010.

En el proceso de tutela llevado a cabo por e l Consejo de Estado, la Sección Quinta definió en primera instancia declarar la improcedencia por no encontrar satisfecho el requisito general de procedibilidad de la subsidiariedad, y neg ó otros cargos de la acción constitucional. En segunda instancia, la Sección Primera confirmó integralmente la decisión del a quo.

Se resalta que, al momento de estudiar los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias j udiciales, la Sección Quinta se limitó a examinar la inmediatez, que no se tratara de una acción de tutela contra una decisión de la mis ma naturaleza y la subsidiariedad. En cuanto a la Sección

la acción de tutela contra providencias j udiciales, la Sección Quinta se limitó a examinar la inmediatez, que no se tratara de una acción de tutela contra una decisión de la mis ma naturaleza y la subsidiariedad. En cuanto a la Sección Primera, estudió los 6 requisitos fijados por la Corte Constit ucional. Pese a que los encontró satisfechos todos, salvo el de la s ubsidiariedad frente a uno de los cargos, sobre la relevancia consti tucional determinó que “se invocaron los derec hos fundamentales presuntamente vulnerados”.

La Corte Constitucional, al momento de estudiar los citados requisitos en sede de revisión, enco ntró que la acción de tutela formulada por RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado carecía de relevancia constitucional.

9 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.Demandante: Elsi Piedad Ortiz Álvarez

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En este fallo de unificación la Corte explicó q ue, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzga da, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial:

“el juez de tutela d ebe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionad a señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado

amparo constitucional contra una decisión judicial:

“el juez de tutela d ebe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionad a señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un contr ol oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una provide ncia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de c ierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica , sino que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó q ue la acción de tutela contra providencias jud iciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestio nado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como u na instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas d e interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental para “lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuest ión sea analizada a la luz de la Constitución”.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

“(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la prese rvación de la específica

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

“(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la prese rvación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia ad icional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal10” (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste relevancia constitucional son los siguientes:

“En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún dere cho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico 11; es decir, la cuestión “debe revestir una “cla ra”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.”12

(…)

10 Sentencia SU-573 de 2019. 11 Sentencia SU-103 de 2022. 12 Sentencia SU-103 de 2022.Demandante: Elsi Piedad Ortiz Álvarez

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En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica.

(…)

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En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica.

(…)

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señ alar que “la tutela contra providencias jud iciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no a probl emas de carácter legal .”13 En este orden, se reitera que el examen de relev ancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales”14

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la providen cia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental.

(…)

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela diri gida contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto15, lo que implica verificar que en efecto se haya presen tado una actuación judicial claramente arbitrari a o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversia s doctrinarias o interpretativas de corrección legal16.” (Resaltado de la Sala)

De tal forma, el Alto Tribunal en m ención, luego de abordar los criterios que debe reunir una solicitu d de amparo que reproche una decisión judicial para superar el requisito d e la relevancia constitucional, consideró que el mecanismo de tutela

De tal forma, el Alto Tribunal en m ención, luego de abordar los criterios que debe reunir una solicitu d de amparo que reproche una decisión judicial para superar el requisito d e la relevancia constitucional, consideró que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este postulado, puesto que:

1. No tenía la identidad para interpretar, a plicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental,

1. involucraba un debate eminentemente legal,

1. planteaba una discusión preponderantemente económica y,

1. no cumplía con la carga argumentativa y exp licativa rígida porque no se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.

13 Sentencia SU-103 de 2022. 14 Sentencia SU-128 de 2021. 15 Sentencia SU-573 de 2019. 16 Ibid.Demandante: Elsi Piedad Ortiz Álvarez

Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca Rad: 11001-