CE - 110010315000202206037011SENTENCIA20230519124442

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06037-01 y [acumulados]

Demandante: Jaime Antonio Echeverri Mosquera y otros

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-06037-01

Demandante: JAIME ANTONIO ECHEVERRI Y [ACUMULADOS] 1

Demandado: CONSEJO DE ESTADO , SALA DIECISIETE ESPECIAL DE

DECISIÓN

Temas: Tutela contra providencia judicial. Contra control inmediato de legalidad– Requisitos generales de procedibilidad .

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la providencia del 3 de febrero de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Secci ón Tercera, Subsección A, que resolvió:

“PRIMERO. - DECLARAR improcedente, por falta de legitimación en la causa por activa,

Tercera, Subsección A, que resolvió:

“PRIMERO. - DECLARAR improcedente, por falta de legitimación en la causa por activa, las acciones de tutela promovidas por Jaime Antonio Echeverri Mosquera, Yohana Estefany López Palomeque, Yuleiby Mendoza Valencia, Helvin Arley Palacios Hudgson, Jesús Mena Córdoba, Yodeiny Perea Aguilar, Simón Arnolio Moreno Murillo, Lilia Duque Serna, Patricia García Blandón, Claribel Murillo Murillo, Leodanny Parra Andrade, José Eulides Murillo Martínez, Yaciris Machado Mosquera, Yenny Del Carmen Hinestroza Machado, María Hipólita Mosquera Palacios, Ency Cirley Córdoba Arenas, Luz Eneida Murillo Rivas, Alexandra Caicedo Valois, Jesús Jhonnyer Cuesta Salazar, Flor Matilde Hinestroza Perea, Dorys Cirley Córdoba Mena Maira Alcira Murillo Viveros, Esmirna Mena Cuesta, Yerlin Ariel Palacios Palacios, Emilson Mosquera González, Yaison Armando Tamayo Mosquera, Exehomo González Bermúdez, Yeiner Stiwar Perea García, Zally Zulema Hoyos Mosquera, Wilmar Enrique Casas Mena y Amparo Becerra Martínez contra la Sala Diecisiete Especial de Decisión del Consejo de Estado.

(…)”.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor Jaime Antonio Echeverri Mosquera y otros2 interpusieron acción de tutela contra la Sala Diecisiete Especial de Decisión del Consejo de Estado , por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia . En consecuencia, formul aron las siguientes pretensiones:

contra la Sala Diecisiete Especial de Decisión del Consejo de Estado , por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia . En consecuencia, formul aron las siguientes pretensiones:

1 Yohana Estefany López Palomeque, Yuleiby Mendoza Valencia, Helvin Arley Palacios Hudgson, Jes ús Mena Córdoba, Yodeiny Perea Aguilar, Simón Arnolio Moreno Murillo, Lilia Duque Serna, Patricia Garc ía Blandón, Claribel Murillo Murillo, Leodanny Parra Andrade, Jos é Eulides Murillo Mart ínez, Yaciris Machado Mosquera, Yenny Del Carmen Hinestroza Machado, Mar ía Hipólita Mosquera Palacios, Ency Cirley C órdoba Arenas, Luz Eneida Murillo Rivas, Alexandra Caicedo Valois, Jes ús Jhonnyer Cuesta Salazar, Flor Matilde Hinestroza Perea, Dorys Cirley Cordoba Mena Maira Alcia Murillo Viveros, Esmirna Mena Cuesta, Yerlin Ariel Palacios Palacios, Emilson Mosquera González, Yaison Armando Tamayo Mosquera, Exehomo González Bermúdez, Yeiner Stiwar Perea García, Zally Zulema Hoyos Mosquera, Wilmar Enrique Casas Mena, Amparo Becerra Martínez. 2 [Ver, pie de página número 1].Radicado: 11001-03-15-000-2022-06037-01 y [acumulados]

Demandante: Jaime Antonio Echeverri Mosquera y otros

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jaime Antonio Echeverri Mosquera y otros

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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«PRIMERO: CONCEDER el amparo de mis derechos constitucionales fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso.

SEGUNDO: Disponer que se deje sin efectos la Sentencia del H. CONSEJO DE ESTADO,

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SALA DIECISIETE DE DECISIÓN dentro del CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD Exp. No. 11001 -03-15-000-2021-04664-00, Magistrado Ponente Dr. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS , por medio del cual se efectuó el control inmediato de legalidad del Decreto 1754 del veintidós (22) de diciembre de dos mil veinte (2020), “Por el cual se reglamenta el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, en lo relacionado con la reactivación de las etapas de reclutamiento, aplicación de pruebas y periodo de prueba en los procesos de selección para proveer los empleos de carrera del régimen general, especial y específico, en el marco de la Emergencia Sanitaria” , dictado por el presidente de la República con la firma del ministro de Justicia y del Derecho y el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública.

y específico, en el marco de la Emergencia Sanitaria” , dictado por el presidente de la República con la firma del ministro de Justicia y del Derecho y el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública.

TERCERO: Disponer que en el plazo que a bien se considere prudente se profiriera la providencia de reemplazo, en la que no se vulneren los derechos fundamentales que se piden amparar, para lo cual la declaratoria de nulidad del Decreto 1754 del veintidós (22) de diciembre de dos mil veinte (2020), habría de tener efectos ex tunc , a fin de que los ciudadanos que se vieron afectados con la reanudación de los concursos de méritos en medio del ESTADO DE EMERGENCIA bajo el principio de la confianza legítima y en garantía al derecho de acceder a la administración de justicia puedan, si a bien lo tienen, ejercer los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho o reparación direct a, según corresponda.

CUARTO: Disponer la compulsa de copias a las autoridades competentes para que se investigue el PREVARICATO POR ACCIÓN de los funcionarios que expidieron el Decreto 1754 del 22 de di ciembre de 2020, y el PREVARICATO POR OMISIÓN de los funcionarios que expidieron el Decreto 1754 del 22 de diciembre de 2020 al OMITIR su remisión al H.

Consejo de Estado para su revisión».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020 y Decreto 1754 del 22 de diciembre de 2020

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020 y Decreto 1754 del 22 de diciembre de 2020

La parte actora señaló que el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, por el cual se adoptaron med idas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y estableció medidas para la protección laboral de los contratistas de prestación de servicios en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica generada por la propagación del Covid-19.

Indicó que e l artículo 14 del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020 estableció que, para garantizar la participación en los concursos, sin discriminación de ninguna índole y hasta tanto permaneciera vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, se aplazarían las etapas de reclutamiento o de aplicación de pruebas en los procesos de selección que se estuvieran adelantando para proveer los empleos de carrera del régimen general, especial y específico.

Que, e n desarrollo del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1754 de l 22 de diciembre de 2020, “Por el cualRadicado: 11001-03-15-000-2022-06037-01 y [acumulados]

Demandante: Jaime Antonio Echeverri Mosquera y otros

3

Demandante: Jaime Antonio Echeverri Mosquera y otros

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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se reglamenta el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, en lo relacionado con la reactivación de las etapas de reclutamiento, aplicación de pruebas y periodo de prueba en los procesos de selección para proveer los empleos de carrera del régimen general, especial y específico, en el marco de la Emergencia Sanitaria”.

Que, en cumplimiento del artículo 136 del CPACA, el 4 de agosto de 2021 la Sala Diecisiete Especial de Decisión del Consejo de Estado avocó , de oficio, el conocimiento del control de legalidad inmediato del Decreto 1754 de 22 de 2020 que declaró ilegal por sentencia del 3 de junio de 2022, notificada el 29 de junio de 2022.

Que en la sentencia estableció que, durante la vigencia del acto demandando surtió efectos y que, para evitar que las situaciones jurídicas que se consolidaron bajo su amparo se vieran afectadas con la decisión, en virtud de la confianza legítima , que los efectos de la declaratoria de nulidad operarían únicamente hacia el f uturo o ex nunc.

Convocatoria número 1325 de 2019 y otros

Los accionantes manifestaron que participaron en la Convocatoria 1325 de 2019,

los efectos de la declaratoria de nulidad operarían únicamente hacia el f uturo o ex nunc.

Convocatoria número 1325 de 2019 y otros

Los accionantes manifestaron que participaron en la Convocatoria 1325 de 2019, por medio de la cual se adelantó el proceso de selección para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Gobernación del Chocó, correspondiente a la “Territorial 2019”.

Indicaron que, en aplicación del Decreto 1754 de 2020, algunos de ellos ejercían labores mediante la modalidad de teletrabajo.

Que, en el año 2021, en medio de la emergencia sanitaria, se reanudó el concurso de méritos en contravía de lo dispuesto en la sentencia C-242 de 2020.

Los señores Jaime Antonio Echeverri Mosquera y Simón Arnolio Morane Murillo manifestaron que al momento de la ocurrencia de los hechos padecía n enfermedades como “hipertensión arterial, asma bronquial y obesidad mórbida ” e hipertensión arterial, respectivamente, sin embargo, no aportaron documentos que sustentaran sus afirmaciones.

El señor José Eulides Murillo Martínez dijo que desde el año 2019 padece de dolor lumbar y “neurolisis foraminal”, sin embargo, no explicó de qué manera el diagnóstico descrito tienen que ver con los alegatos propuestos en el escrito de tutela.

La señora María Hipólita Mosquera Palacios aportó las decisiones adoptadas en el trámite de la tutela con radicado número 270014003001202200739 - 00/01, que

La señora María Hipólita Mosquera Palacios aportó las decisiones adoptadas en el trámite de la tutela con radicado número 270014003001202200739 - 00/01, que interpuso en contra de la Gobernación de Chocó . En ese proceso solicitó la protección del derecho fundamental de petición, en un asunto relacionado con el acto administrativo que finalizó su nombramient o en provisionalidad en la entidad.

El señor Exehomo González Bermúdez allegó documento en el que acreditó que el 22 de abril de 2022 obtuvo un reporte positivo en una prueba de Covid realizada con ocasión de un contagio masivo que se presentó en la Gobernación de Chocó y manifestó que un mes después fue obligado a presentar la prueba escrita del concurso de méritos que se celebró en el marco de la Convocatoria 1325 de 2019.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06037-01 y [acumulados]

Demandante: Jaime Antonio Echeverri Mosquera y otros

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial demandada incurrió en los defectos por desconocimiento del precedente judicial y por violación directa de la Constitución.

En cuanto al defecto por desconocimiento del precedente indico que el Consejo

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial demandada incurrió en los defectos por desconocimiento del precedente judicial y por violación directa de la Constitución.

En cuanto al defecto por desconocimiento del precedente indico que el Consejo de Estado no tuvo en cuenta los parámetros establecidos por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia C -242 de 2020, que declaró la exequibilidad del artículo 14 del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

A su juicio, la Sala Especial de Decisión Diecisiete af ectó la confianza legítima generada por la declaratoria de exequibilidad del artículo 14 del Decreto 491 de 2020 al darle efectos hacia futuro a la sentencia de nulidad proferida en el proceso de control inmediato de legalidad porque en la sentencia C -242 de 2020 se estableció que la suspensión de las convocatorias objeto de discusión solo se levantaría una vez se superara el estado de emergencia sanitaria y , de paso, se desestimó la solicitud de la CNSC de permitir la organización de pruebas o exámenes individuales o virtuales que no implicaran el contacto social.

Igualmente, consideran desconocido el derecho a la igualdad de las personas que no pudieron presentar las pruebas para el acceso a cargos públicos en medio de la pandemia, debido a que, al reactivarse las convocatorias en medio del estado de emergencia, no pudieron inscribirse o presentarlas para acceder a cargo públicos , se vieron sometidas al período de prueba cuando debían estar en etapa de inducción y en algunos otros casos fueron removi das de su cargo por cuenta de algunas convocatorias que debían estar suspendidas y que fueron reanudadas a

se vieron sometidas al período de prueba cuando debían estar en etapa de inducción y en algunos otros casos fueron removi das de su cargo por cuenta de algunas convocatorias que debían estar suspendidas y que fueron reanudadas a pesar de ser contrarias al artículo 14 del Decreto 491 de 2020.

Agregaron que la decisión adoptada impidió a las personas afectadas acudir al juez natural en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, así como la posibilidad de ejercer el medio de control de reparación directa.

En relación con el defecto por violación directa de la Constitución señalaron que la decisión que los efectos de la nulidad del Decreto 1754 de 2020 debían ser a futuro vulneró los principios de eficiencia y eficacia que rigen el servicio público, la garantía de la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos consagrados en los artículos 53 y 125 de la Constitución Política.

Consideran que, con la determinación de establecer que los efectos de la declaratoria de nulidad operarían únicamente desde el momento en que se profirió la sentencia de 3 de junio de 2022, la autoridad judicial demandada no tuvo en cuenta la “acción prevaricadora” del Presidente de la República, el Ministro de Justicia y del Derecho y el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, al expedir de manera injustificada un acto administrativo ilega l.

Que además no se tuvo en cuenta que los citados funcionarios incumplieron el deber legal consagrado en el inciso segundo del artículo 20 de la Ley 137 de l 2 de junio de 19943 y el artículo 136 del CPACA, que les imponía la obligación de remitir

deber legal consagrado en el inciso segundo del artículo 20 de la Ley 137 de l 2 de junio de 19943 y el artículo 136 del CPACA, que les imponía la obligación de remitir

3 Por la cual se regulan los Estados de Excepción en Colombia.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06037-01 y [acumulados]

Demandante: Jaime Antonio Echeverri Mosquera y otros

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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el Decreto 1754 de 2020 a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su expedición .

Finalmente, afirmaron que la autoridad judicial accionada validó la aplicación de una norma ilegal al proferir la decisión de nulidad después del 30 de junio de 2022, fecha en la que el Gobierno Nacional puso fin a la emergencia sanitaria.

4. Trámite Previo

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en auto del 21 de noviembre de 2022 , admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la autoridad judicial

demandada. Además, avocó conocimiento de las acciones de tutela 11001 -03-15000-2022-06038-00, 11001 -03-15-000-202206055-00, 11001 -03-15-000-20220608400 y 11001 -03-15-000-2022-06086-00, ordenó admitirlas y acumularlas al proceso 11001-03-15-000-2022-06037-00.

Asimismo, m ediante los autos de l 21 de noviembre 4, 23 de noviembre 5, 28 de noviembre6, 2 de diciembre7, 7 de diciembre8, 9 de diciembre9, 12 de diciembre10 y 16 de diciembre11 de 2022 avocó conocimiento de las demás acciones de tutela y ordenó admitirlas y acumularlas al proceso 11001-03-15-000-2022-06037-00.

En atención a que algunas demandas fueron admitidas antes del trámite de acumulación, mediante los autos de l 1712, 1813 y 2514 de noviembre de 2022, expedidos por la Sección Primera del Consejo de Estado y del 23 de noviembre de 202215, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, se vinculó a la Presidencia de la República, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Departamento Administrativo de la Función Pública como terceros interesados en el resultado del proceso.

5. Oposición

La Sala Diecisiete Especial de Decisió n del Consejo de Estado rindió informe en el que solicitó declarar improcedente el amparo invocado porque los accionantes no demostraron el interés que le s asiste para actuar, pues, no acreditaron que

La Sala Diecisiete Especial de Decisió n del Consejo de Estado rindió informe en el que solicitó declarar improcedente el amparo invocado porque los accionantes no demostraron el interés que le s asiste para actuar, pues, no acreditaron que hayan hecho parte de algún proceso de selección o que se encontraban en el correspondiente periodo de prueba en alguno de los cargos ofertados y tampoco manifestaron que acudían al trámite de tutela en calidad de agente oficioso de un aspirante.

4 11001-03-15-000-2022-06037-00, 11001 -03-15-000-2022-06038-00, 11001 -03-15-000-2022-06055-00, 11001 -03-15-000-202206084-00 y 11001-03-15-000-2022-06086-00. 5 11001-03-15-000-2022-06045-00. 6 11001-03-15-000-2022-06259-00. 7 11001-03-15-000-2022-06070-00, 11001 -03-15-000-2022-06072-00, 11001 -03-15-000-2022-06120-00, 11001 -03-15-000-202206160-00, 11001-03-15-000-2022-06163-00, 11001-03-15-000-2022-06244-00, 11001-03-15-000-2022-06251-00, 11001-03-15-0002022-06260-00 y 11001-03-15-000-2022-06274-00. 8 11001-03-15-000-2022-06252-00, 11001 -03-15-000-2022-06121-00, 11001 -03-15-000-2022-06229-00, 11001 -03-15-000-202206239-00, 11001-03-15-000-2022-06268-00 y 11001-03-15-000-2022-06304-00. 9 11001-03-15-000-2022-06039-00, 11001-03-15-000-2022-06258-00 y 11001-03-15-000-2022-06395-00. 10 11001-03-15-000-2022-06117-00. 11 11001-03-15-000-2022-06046-00, 11001 -03-15-000-2022-06228-00, 11001 -03-15-000-2022-06246-00, 11001 -03-15-000-202206277-00 y 11001-03-15-000-2022-06292-00. 12 11001-03-15-000-2022-06039-00. 13 11001-03-15-000-2022-06117-00. 14 11001-03-15-000-2022-06246-00. 15 11001-03-15-000-2022-06046-00.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06037-01 y [acumulados]

Demandante: Jaime Antonio Echeverri Mosquera y otros

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jaime Antonio Echeverri Mosquera y otros

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Expresó que en el trámite del control inmediato de legalidad se notificó al director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al Presidente de la República, al Ministro de Justicia y del Derecho y al Director del Departamento Administrativo de la Función Pública y se ordenó la fijación del aviso sobre la existencia del proceso en la Secretaría General y en la página web de la entidad, con el propósito de que cualquier ciudadano interv iniera. Que los demandantes no intervinieron en dicho trámite y que, por ende, no se encuentran legitimados para cuestionar la decisión que se profirió.

Aseguró que la parte actora plantea una afectación de derechos fundamentales en un debate estrictamente normativo, sin que al juez constitucional le corresponda pronunciarse al respecto, pues lo que pretende la accionante supera el alcance de la acción de tutela en contra de decisiones judiciales.

6. Intervención de los terceros interesados

El Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado solicito negar la acción de tutela por considerar que no se acreditó que la expedición de la sentencia cuestionada desconociera derechos fundamentales o el precedente establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-242 de 2020, que, por el contrario, el fallo

acción de tutela por considerar que no se acreditó que la expedición de la sentencia cuestionada desconociera derechos fundamentales o el precedente establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-242 de 2020, que, por el contrario, el fallo proferido resultó razonable, bajo los principios de autono mía judicial.

Destacó que la acción de tutela no es un escenario para reabrir debates concluidos por una autoridad judicial, pues este mecanismo es subsidiario y no puede ser utilizado como una instancia adicional para la resolución de asuntos que ya fuer on objeto de pronunciamiento por parte del juez natural de la causa.

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República solicitó declarar improcedente la acción de tutela, porque los ac tores no probaron la existencia de un perjuicio irremediable que faculte al juez constitucional a intervenir para adoptar las medidas de protección solicitadas .

A su juicio, las demandas interpuestas se fundan en apreciaciones subjetivas de los actores y manifestó que no existe algún hecho u omisión atribuible a la entidad, respecto del cual pueda predicarse una afectación de los derechos fundamentales invocados, por lo que pidió declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva.

El Ministerio de Justicia y del Derecho consideró que la autoridad judicial demandada no incurrió en los defectos alegados, porque, contrario a lo manifestado por la parte actora, en diferentes partes del fallo hizo referencia expresa a la sentencia supuestamente desconocida, por lo cual, considera que las afirmaciones de las demandas carecen de veracidad.

En relación con el defecto por violación directa de la Constitución manifestó que las afirmaciones allí contenidas no encuentra n respaldo argumentativo ni probatorio

sentencia supuestamente desconocida, por lo cual, considera que las afirmaciones de las demandas carecen de veracidad.

En relación con el defecto por violación directa de la Constitución manifestó que las afirmaciones allí contenidas no encuentra n respaldo argumentativo ni probatorio alguno, por lo que solicitó negar el amparo solicitado.

7. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A , en sentencia del 3 de febrero de 2023, declaró improcedente la acción de tutela por falta de legitimaciónRadicado: 11001-03-15-000-2022-06037-01 y [acumulados]

Demandante: Jaime Antonio Echeverri Mosquera y otros

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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en la causa por activa, toda vez que los actores no probaron la materialización de una afectación subjetiva o individual de los derechos fundamentales al debido proceso o de acceso a la administración de justicia, ni acreditaron su calidad de agentes oficiosos o de representantes legales para actuar en representación de las personas presuntamente afectadas con la decisión acusada .

El a quo precisó que, r evisado el expediente número 11001-03-15-000-202104664-00, pudo establecer que los ac tores no participaron dentro del trámite de

personas presuntamente afectadas con la decisión acusada .

El a quo precisó que, r evisado el expediente número 11001-03-15-000-202104664-00, pudo establecer que los ac tores no participaron dentro del trámite de control inm ediato de legalidad del que fue objeto el Decreto 1754 del 22 de diciembre de 2020, aun cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo, pues, mediante el auto del 4 de agosto de 2021, la Sala Diecisiete Especial de Decisión del Consejo de Estado fij o un aviso en la Secretaría General y en la página web de la Corporación, con la información y los documentos respectivos, con el propósito de que cualquier ciudadano interesado interv iniera. Sin embargo, no se advierte que alguno de los actores haya partic ipado.

Preciso que, si bien los actores afirmaron que participaron en la Convocatoria 1325 de 2019, lo cierto es que no allegaron la documentación que permitiera acreditar dicha afirmación, que, por el contrario, todos los accionantes se limitaron a incluir en los escritos de tutela, a manera de ejemplo, la citación que se hizo por medio de la plataforma SIMO a una aspirante denominada “Angie Patricia Perea Medina”, nombre que no corresponde con alguno de los demandantes vinculados al caso objeto de estudio.

Agregó que los accionantes no demostraron la legitimación para obrar en representación o como agentes oficiosos de todas aquellas personas que “no pudieron presentar las pruebas en medio de la pandemia o se vieron sometidos al período de prueba cuando debían estar en etapa de inducción, e incluso de quienes perdieron el puesto por cuenta de una convocatoria que debía estar suspendida” , ya que en ningún momento acreditaron

pudieron presentar las pruebas en medio de la pandemia o se vieron sometidos al período de prueba cuando debían estar en etapa de inducción, e incluso de quienes perdieron el puesto por cuenta de una convocatoria que debía estar suspendida” , ya que en ningún momento acreditaron obrar en su nombre, g ozar de mandato legal o vocería para tal efecto y , además, no individualizaron y determinar on el número de posibles afectados en favor de quienes se ejerció la protección constitucional.

8. Impugnación

Los accionantes allegaron escritos de impugnación 16 con exactos argumentos al del escrito inicial y aportaron documentos que dan cuenta de su participación en la Convocatoria 1325 de 2019, tales como la citación para la aplicación de la prueba de competencias básicas, funcionales y comportamentales programada para el 3 de junio de 2022 y las constancias de inscripción en el proceso de selección del sistema de información Simo.

Cuestionaron la decisión de declarar la falta de legitimación en la causa por activa, pues consideran que se les impone la obligaci ón de demostrar que se ven afectados con los efectos nocivos del acto administrativo declarado ilegal en el control inmediato, sin entrar a determinar si se vulneraron o no los derechos fundamentales invocados. Agregaron que también se les impone la carga de haber

16 Las impugnaciones concedidas por el a quo y presentadas por los señores: por Patricia Garc ía Blandón, Exehomo Gonz ález

Bermúdez, Simón Moreno Murillo, Yerlin Ariel Palacios Palacios, Claribel Murillo Murillo, Ency Cirley Córdoba Arenas, Yodeiny Perea Aguilar, Leodanny Parra Andrade, Luz Eeneida Murillo Rivas, Wilmar Enrique Casas Mena, Jes ús Mena Córdoba, Doris Córdoba Mena, Yenny del Carmen Hinestroza Machado, Jos é Eulides Murillo Martinez, Jes ús Jhonnyer Cue sta Salazar, Yohana Estefany López Palomeque, Helvin Arley Palacios Hudgson, Esmirna Cuesta Mena, Yaciris Machado Mosquera, Yuleiby Mendoza Valencia, Lilia Duque Serna, Maira Alicia Murillo Viveros y Alexandra Caicedo Valois.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06037-01 y [acumulados]

Demandante: Jaime Antonio Echeverri Mosquera y otros

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

tenido que intervenir en el proceso del que no se enteraron porque las autoridades que expidieron el acto no lo remitieron para que se surt