CE - 110010315000202206040011SENTENCIA20230501235833

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-06040-01

Demandante: Luis Fernando Machado Quiroz

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá D. C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-06040-01

Demandante: Luis Fernando Machado Quiroz

Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar

Temas: Privación injusta de la Libertad / defecto s, fáctico y desconocimiento del precedente jurisprudencial.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala las impugnaciones presentadas por el Tribunal Administrativo del Cesar y la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A , proferida el 3 de febrero de 2023 , que accedió al amparo solicitado por el accionante.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, el señor Luis Fernando Machado Quiroz, promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y reparación integral.2

el señor Luis Fernando Machado Quiroz, promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y reparación integral.2

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06040-01

Demandante: Luis Fernando Machado Quiroz

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Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se deje sin efectos el fallo proferido en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Cesar en el proceso con radicado 20001-33-33-001-2017-00367-01 y, en consecuencia, se le ordene a la mencionada autoridad judicial proferir una nueva sentencia en la que corrija los defectos en ella contenidos.

1.1.2. Los hechos

El accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

1. Por intermedio de apoderado judicial, instauró demanda junto con su grupo familiar en el medio de control de reparación directa contra la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, por los daños sufridos con ocasión de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto por 9 años y 5 días, en la que solicitaron la indemnización de los perjuicios causados por este hecho, cuyo conocimiento correspondió en primera instancia al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar , el cual mediante sentencia del 20 de febrero de 2019 , accedió parcialmente a sus pretensiones.

1. El fallo en mención fue recurrido por la Fiscalía General de la Nación, por lo que

mediante sentencia del 20 de febrero de 2019 , accedió parcialmente a sus pretensiones.

1. El fallo en mención fue recurrido por la Fiscalía General de la Nación, por lo que el 19 de mayo de 2022 , el Tribunal Administrativo del Cesa r revocó la sentencia apelada y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

1.1.3. Los defectos invocados

En sentir de la parte accionante, el fallo del 19 de mayo de 2022 , proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar incurrió en las siguientes causales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales:

1. Defecto fáctico, por cuanto tuvo como probado que el señor Machado Quiroz estaba en la obligación de soportar la privación injusta de la libertad, pese a que se acreditó que la conducta era atípica y, por tanto, prevalecía la presunción de inocencia.3

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1. Decisión sin motivaci ón, en atención a que el Tribunal accionado se abstuvo de justificar, con razones fácticas y jurídicas, que el demandante estaba en la obligación de soportar el daño.

1. Desconocimiento del precedente, comoquiera que omitió aplicar la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 28 de agosto de

de soportar el daño.

1. Desconocimiento del precedente, comoquiera que omitió aplicar la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 28 de agosto de 2014, dentro del proceso con radicado 68001-23-31-000-200202548-01 (36149),1 en la que se establece n los eventos en los cuales resulta aplicable la responsabilidad objetiva del Estado por privación injusta de la lib ertad, dentro de los cuales se encuentra que el sindicado no haya cometido el punible por el que se le acusa, como sucede en el presente caso, en el que se precluyó la investigación por atipicidad de la conducta.

1. Violación directa de la Constitución, por vulneración del derecho fundamental al debido proceso, derivada del desconocimiento de la cosa juzgada, el juez natural y la presunción de inocencia.

1.2. Actuación Procesal

1.2.1. Mediante auto del 16 de noviembre de 2022, fue admitida la acción de tutela y, en consecuencia, se ordenó notificar del proveído a los magistrados del Tribunal Administrativo del Cesar, como demandados y se les confirió el término de dos días para que rindieran informe sobre los hechos objeto de la acción.

En condición de terceros interesados en las resultas del proceso , se vinculó al fiscal general de la Nación, a la directora ejecutiva de Administración Judicial y a las demás personas que, junto con el accionante, conformaron el extremo activo en el medio de control de reparación directa radicado 20001-33-33-001-2017-00367-01, para que dentro del término de dos días realizaran el respectivo pronunciamiento.

control de reparación directa radicado 20001-33-33-001-2017-00367-01, para que dentro del término de dos días realizaran el respectivo pronunciamiento.

De igual forma, se ordenó al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar, remitir el expediente del proceso de reparación directa identificado con el

1 Toda vez que la sentencia del año 2018 con radicado No. 2011-00235-01 (46947) fue dejada sin efecto mediante fallo proferido en una acción de tutela.4

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radicado 20001-33-33-001-2017-00367-00 y, finalmente, se requirió al accionante para que suministrara los nombres completos y las direcciones (físicas o de correo electrónico) en las que aquellos demandantes podían ser notificados.

1.2.2. Mediante memorial el accionante indicó que los vinculados que fueron demandantes, son sus familiares y todos podían ser notificados a la dirección electrónica juanseseva@gmail.com.

1.3. Intervenciones

1.3.1. De la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar

El director ejecutivo seccional de administración judicial de Valledupar solicitó desvincular a la entidad de la acción tutelar, comoquiera que no está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental invocado , pues no

Valledupar

El director ejecutivo seccional de administración judicial de Valledupar solicitó desvincular a la entidad de la acción tutelar, comoquiera que no está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental invocado , pues no tiene dentro de sus funciones conminar al magistrado ponente para que cambie el criterio jurídico aplicado a la decisión judicial cuestionada; por tanto, carece de legitimación en la causa por pasiva.

1.3.2. De la Fiscalía General de la Nación

A través de memorial, la señora Pilar Amparo Romero Guarnizo , en calidad de profesional experto de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación, intervino para requerir que se declare la improcedencia del amparo solicitado, por cuanto: i) el accionante no da cuenta de por qué a pesar de existir otro mecanismo judicial idóneo para ventilar la controversia objeto de esta acción, no hizo uso de los recursos con los que cuenta para obtener la garantía de los derechos alegados; ii) no sustentó las causales específicas de procedibilidad para que la acción de tutela sea procedente; iii) pretende retrotraer actuaciones procesales y; iv) se configura temeridad.5

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1.3.3. El Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar aportaron al proceso el expediente digital surtido en cada instancia.

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1.3.3. El Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar aportaron al proceso el expediente digital surtido en cada instancia.

1.4. Sentencia impugnada

La Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, a través de sentencia del 3 de febrero de 2023 , amparó los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del accionante; en consecuencia, dejó sin efectos la providencia proferida el 19 de mayo de 2022 por el Tribunal Administrativo del Cesar, autoridad judicial que, en el término de treinta (30) días, contado a partir de la notificación del proveído, debe proferir una decisión de reemplazo en la que se tenga en cuenta lo allí señalado, con fundamento en los siguientes argumentos:

1. Se configura el defecto fáctico puesto que el Tribunal, en su análisis, incurrió en un desatino al limitar la responsabilidad por privación injusta de la libertad a aspectos referidos a la legalidad de la medida de aseguramiento y a la supuesta fundamentación de las sentencias penales condenatorias, con la cual desconoció que no solo existió su imposición, sino la ejecución efectiva de la pena de prisión —por más de nueve años— como consecuencia de una sentencia condenatoria que, posteriormente, fue infirmada; lo cual hacía relevante que se examinaran los hechos y las pruebas que dieron lugar a la preclusión de la investigación por atipicidad de la conducta del condenado.

1. La valoración probatoria realizada por la corporación accionada fue fraccionada ,

dieron lugar a la preclusión de la investigación por atipicidad de la conducta del condenado.

1. La valoración probatoria realizada por la corporación accionada fue fraccionada , caprichosa e irracional, comoquiera que se apartó: a) de la realid ad fáctica y jurídica de lo ocurrido en todo el proceso penal, b) del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado en materia de privación injusta de la libertad y, c) del contenido q ue sobre esos aspectos ha abordado la Corte Constitucional.

1. No resulta razonable que se afirme que lo importante es la legalidad y razonabilidad de la medida de aseguramiento o que la sentencia condenatoria estuviera soportada en las piezas documentales que existían para ese momento, sin tener en cuenta que se aportó como prueba la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema6

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de Justicia, que dejó sin efectos la sentencia condenatoria y que dio lugar a la preclusión de la investigación por atipicidad del delito de homicidio, en lo concerniente a la autoría del señor Machado Quiroz; por tanto, la autoridad judicial accionada tenía el deber de valorar dicha decisión, pues la demanda se fundó en: a) la libertad derivada de la decisión adoptada en la acción de revisión y b) la nueva resolución de calificación del mérito con decisión de preclusión por atipicidad ante la falta de autoría inicialmente atribuida a aquel.

de la decisión adoptada en la acción de revisión y b) la nueva resolución de calificación del mérito con decisión de preclusión por atipicidad ante la falta de autoría inicialmente atribuida a aquel.

1. Era imprescindible la valoración de esas pruebas, aunado a que se limitó a analizar la responsabilidad bajo la falla del servicio, como si fuera el único título de imputación existente, sin fijarse, en la eventual aplicación o valoración de títulos propios del régimen de responsabilidad objetiva, a partir del desenlace que se derivó del resultado de la acción de revisión.

1. Es claro el defecto fácti co en el fallo cuestionado porque no tuvo en cuenta que la Sentencia SU 072 de 2018 no supuso la eliminación o desconocimien to absoluto de las pruebas sino que su análisis dependerá de las particularidades de cada caso; en consecuencia, el Tribunal debió tener en cuenta el contenido de las decisiones penales y dejó de ponderar la incidencia de la decisión de la acción de revisión y la preclusión de la investigación en la definición del carácter antijurídico del daño.

1. El Tribunal Administrativo del Cesar no podía justificar su decisión exclusivamente en las decisiones penales previas y su razonabilidad, como si se tratara de un juicio exclusivo de error judicial o de responsabilidad por falla del servicio. Es más, la decisión de la acción de revisión le restó valor a la fundamentación de las sentencias penales de las cuales se concluye que se condenó con testimonios de oídas y de referencia.

Con independencia de ello, lo cierto fue que la decisión de la Corte Suprema de Justicia determinó que el demandante no cometió el hecho que condujo a su privación de la

referencia.

Con independencia de ello, lo cierto fue que la decisión de la Corte Suprema de Justicia determinó que el demandante no cometió el hecho que condujo a su privación de la libertad por más de nueve años; motivo por el cual, al retrotraerse la investigación penal, la Fiscalía 66 Especializada de Bucaramanga, mediante Resolución del 22 de junio de 2015 (Radicado 1655), ordenó la preclusión de la investigación.7

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1. También es diáfano el defecto fáctico porque se hace referencia a la decisión de la acción de revisión y a la resolución de preclusión, en desconexión de las particularidades del caso, en tanto no se examinaron, lo cual desemboca, además, en el desconocimiento del precedente jurisprudencial, porque, bien podría surgir la posibilidad de aplicar el régimen de responsabilidad objetivo, de conformidad con la sentencia SU -072 de 2018. En este caso, el valor probatorio se le asignó casi de manera exclusiva a la supuesta legalidad de la medida de aseguramiento y a la fundamentación de una condena que fue revisada y retirada del ordenamiento jurídico.

1. La autoridad judicial accionada no está obligada a em itir una condena bajo el régimen de responsabilidad objetivo. No. Su deber consiste en aplicar la jurisprudencia vigente, pero bajo el entendido de que en esos pronunciamientos se establece que es

1. La autoridad judicial accionada no está obligada a em itir una condena bajo el régimen de responsabilidad objetivo. No. Su deber consiste en aplicar la jurisprudencia vigente, pero bajo el entendido de que en esos pronunciamientos se establece que es factible analizar la responsabilidad estatal desde la persp ectiva de un título de imputación objetivo, por ejemplo, en aquellos eventos en los que la atipicidad objetiva de la conducta constituye el fundamento de la decisión absolutoria o de la preclusión de la investigación.

1. Así las cosas, la nueva decisión deberá valorar y determinar el alcance probatorio y su incidencia en los diferentes títulos de imputación aplicables a la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad respecto de los siguientes documentos: a) la providencia d el 5 de septiembre de 2012, mediante la cual se declaró próspera la acción de revisión promovida por el señor Luis Fernando Machado Quiroz, en la que se dejaron sin efectos las sentencias de instancia y se dispuso su libertad inmediata y la reanudación del proceso penal para que se calificara nuevamente el mérito de la instrucción y, b) la Resolución del 22 de junio de 2015, emanada de la Fiscalía 66 Especializada de Bucaramanga, adscrita a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, por medio de la cual precluyó la investigación a favor del demandante, por atipicidad de la conducta.

1.5. Impugnación

1.5.1. Del Tribunal Administrativo del Cesar8

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Demandante: Luis Fernando Machado Quiroz

1.5. Impugnación

1.5.1. Del Tribunal Administrativo del Cesar8

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La magistrada Doris Pinzón Amado, presidente de la Corporación, solicitó revocar el fallo de tutela del 3 de marzo de 2023 y, en su lugar, se niegue el amparo solicitado por el accionante. Para el efecto, manifestó como razones de inconformidad las siguientes:

1. La sentencia cuestionada, de acuerdo con el material probatorio allegado al expediente evidenció que, si bien el señor Luis Fernando Machado Quiroz fue absuelto, lo cierto es que no se podía decir que la medida de aseguramiento fuera dictada obviando las formalidades legales exigibles para la época, lo cual impide que pueda calificarse como injusta la privación de la libertad.

1. Tampoco se puede afirmar que los fallos objeto de revisión por parte de la Corte Suprema de Justicia se hubiesen dictado sin fundamento probatorio, pues «el recurso se fundó precisamente en pruebas producidas o allegadas con posterioridad a la producción de dichas sentencias».

1. La Corporación hizo claridad, con las transcripciones de las piezas procesales, que no se buscaba afectar la inmutabilidad de la providencia penal que resolvió precluir la investigación en favor del demandante, decisión que gozaba de efectos de cosa juzgada, lo que se pretendió en la segunda instancia fue fundamentar que la privación

no se buscaba afectar la inmutabilidad de la providencia penal que resolvió precluir la investigación en favor del demandante, decisión que gozaba de efectos de cosa juzgada, lo que se pretendió en la segunda instancia fue fundamentar que la privación de la libertad no tenía el carácter de injusta, arbitraria, desproporcionada, ni mucho menos ilegal.

Lo anterior, a la luz de los pronunciamientos del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, de acuerdo con los cuales la sentencia absolutoria o resolución de preclusión no son ya título suficiente para probar todos los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad y para descartar las eventuales causales de exoneración de responsabilidad, o para demostrar la antijuridicidad del daño irrogado.

1. Al desconocer lo anterior, la sentencia impugnada niega la independencia y autonomía del juez natural de la responsabilidad adminis trativa y la primacía del derecho sustancial, ya que su decisión quedaría atada única y exclusivamente a la decisión de la jurisdicción penal.9

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1. En el proceso se encontró acreditado que la actuación desplegada por la Fiscalía General de la Nación en el proceso penal correspondió al ejercicio del ius puniendi, convirtiéndose entonces, la imposición de la medida de aseguramiento y la posterior condena, en una carga que el accionante razonablemente debía soportar, pues para

General de la Nación en el proceso penal correspondió al ejercicio del ius puniendi, convirtiéndose entonces, la imposición de la medida de aseguramiento y la posterior condena, en una carga que el accionante razonablemente debía soportar, pues para ese momento existían serios indicios y reales señalamientos, te stimonios e información que permitían inferir su participación en los hechos que se investigaban.

1.5.2. De la Fiscalía General de la Nación

En el escrito de impugnación la Fiscalía General de la Nación peticionó que se revoque la providencia proferida por el juez constitucional de primera instancia, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. La autoridad judicial accionada falló de conformidad con el precedente sentado por la Corte Constitucional en sentencia de unificación SU -072 de 2018 ; el Consejo de Estado, valoró las pruebas que fueron allegadas al proceso contencioso administrativo, además, analizó que no basta con demostrar que hubo condena sino que se debe demostrar que el daño fue antijurídico ; por tanto, la parte accionante no ac reditó la configuración del defecto fáctico al no satisfacer la carga probatoria que hace procedente la acción de tutela contra providencias judiciales

1. Pese a que la parte tutelante alega indebida valoración probatoria, se observa que la decisión ata cada, no desbordó los criterios de proporcionalidad inherentes a la adopción de este tipo de fallos, toda vez que el Tribunal Administrativo del Cesar decidió el asunto puesto a su consideración bajo los criterios establecidos para el efecto.

1. La parte accionante pretende retrotraer, a través de la solicitud de amparo, etapas

decidió el asunto puesto a su consideración bajo los criterios establecidos para el efecto.

1. La parte accionante pretende retrotraer, a través de la solicitud de amparo, etapas procesales de un asunto que ya surtió su trámite, para establecer confusión y proyectar que se transgreden derechos fundamentales, lo cual es inconcebible por el carácter subsidiario que acompaña el mecanismo constitucional y por cuanto en ningún momento en el escrito de tutela se demuestra vulneración a derecho fundamental alguno.10

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2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el inciso 2, artículo 25 del Acuerdo n.º 080 de 20192, según el cual «Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por la Sección Tercera, Subsección A de esta corporación de fecha 3 de febrero de 2023.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los

Tercera, Subsección A de esta corporación de fecha 3 de febrero de 2023.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedencia para controvertir la providencia del 19 de mayo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar en el medio de control de reparación directa radicado 20001-33-33-001-2017-00367-01. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida providencia se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso , acceso a la administración de justicia e igualdad del accionante, por configurarse los defectos, fáctico y desconocimiento del precedente jurisprudencial.

2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un mecanismo a través del cual t oda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos

2Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.11

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resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública».

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resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció, en sus artículos 11, 12 y 40, la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales ejecutoriadas. Estos artículos, posteriormente fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, en sentencia C -543 de 1992 , al considerarse que atentaban contra los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, además de trasgredir la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por la Constitución.

Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad, de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.

En este entendido, la jurisprudencia constitucional 3 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, desarrollando diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590 de 20054, en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales

judicial, desarrollando diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590 de 20054, en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar su procedencia una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedibilidad las siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir

3 T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T -382 de 2001, T -1031 de 2001, T -441 de 2003, T -462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. 4 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.12

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del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; (v) que la parte actora identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos transgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza «excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales espe cíficas de procedibilidad, aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente, (viii) violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales, vicios o defectos.

El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012 5, unificó su

hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales, vicios o defectos.

El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012 5, unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.

Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de agosto de 20146 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de

5 Consejo de Estado , Sala Plena de lo Contencioso Administra