CE - 110010315000202206054011SENTENCIA20230224140156

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06054-01

Demandante: Elver Ramírez Picón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-06054-01

Demandante: ELVER RAMÍREZ PICÓN

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN

“B”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Requisito de inmediatez

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por el señor Elver Ramírez Picón , mediante apoderada judicial, contra la sentencia de 12 de diciembre de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “ A”, dentro de la acción de tutela en la que declaró su improcedencia por el incumplimiento de los presupuestos de inmediatez y relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El actor relató que , por fallo disciplinario de 25 de agosto de 2009 , el Jefe de

relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El actor relató que , por fallo disciplinario de 25 de agosto de 2009 , el Jefe de Control Interno Disciplinario Interno del Departamento de Policía del Magdalena impuso una sanción en su contra consistente en siete meses de suspensión entre el 1 de octubre de 2009 y 1 de mayo de 2010 . Agregó que dicha deci sión se ejecutó por medio de la Resolución No. 02932 de 29 de septiembre de 2009.

Afirmó que, como consecuencia de esa decisión, en el periodo de suspensión dejó de devengar por concepto de salario la suma de $15.058.064, más lo correspondiente a primas de navidad, de servicio y vacacional.

Manifestó que el 20 de febrero de 2015 , la Procuraduría General de la Nación revocó el fallo disciplinario porque encontró que se desconocieron los principios de tipicidad, legalidad y congruencia.

Mencionó que el 28 de febrero de 2015 radicó una petición ante la Dirección General de la Policía Nacional dirigida a que se declarar a la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución No . 02932 de 29 de septiembre de 2009 y , como consecuencia, se ordenara el desembolso de l os salarios y demás factores salariales dejados de percibir durante el periodo en que se ejecutó la sanción disciplinaria.

Indicó que a través de oficio No. 075849/INSGE-ASJUR-38.10 de 16 de marzo de 2015, la Jefe de Asuntos Jurídicos de la Inspección General de la Policía nacional

disciplinaria.

Indicó que a través de oficio No. 075849/INSGE-ASJUR-38.10 de 16 de marzo de 2015, la Jefe de Asuntos Jurídicos de la Inspección General de la Policía nacional requirió al actor para que aportara copia aut éntica del fallo de revocatoria directaRadicado: 11001-03-15-000-2022-06054-01

Demandante: Elver Ramírez Picón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 proferido por la Procuraduría General de la Nación , a lo que agregó que, posteriormente, mediante oficio No. 0142484/INSGE-ASJUR-38.10 de 21 de mayo de 2015, le indicaron que ese documento había sido solicitado directamente.

Sostuvo que por medio de la Resolución No . 05321 de 1 de diciembre de 2015 , la Policía Nacional resolvió su situación jurídica, en el sentido de declarar el decaimiento del acto administrativo respecto de la Resolución No . 02932 de 29 de septiembre de 2009 y dispuso que se realizaran “los trámites correspondientes para la actualización de los registros en el SIATH Y SIJUR de la sanción disciplinaria que le fue impuesta al señor ELVER RAMÍREZ PICÓN”.

Afirmó que en el citado acto administrativo, la Policía Nacional no se pronunció sobre la petición del actor dirigida al reembolso de los emolumentos dejados de percibir durante el periodo en que se materializó la sanción disciplinaria y el

Afirmó que en el citado acto administrativo, la Policía Nacional no se pronunció sobre la petición del actor dirigida al reembolso de los emolumentos dejados de percibir durante el periodo en que se materializó la sanción disciplinaria y el reconocimiento del tiempo de servicio prestado y antigüedad dentro del escalaf ón del nivel ejecutivo y a que se diligenciara nuevamente el formulario de seguimiento.

Manifestó que el 7 de enero de 2016 formuló una reclamación administrativa ante la Po licía Nacional , en la que reiteró las peticiones sobre las cuales no hubo pronunciamiento, la cual fue resuelta en forma negativa por oficio No. S -2016020346 SEGEN ARJUR-15.1 de 27 de enero de 2016.

Expuso que, en ejercicio del medio de contro l de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó a la Policía Nacional con el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales se negó la referida petición.

Adujo que, en primera instancia, por sentencia de 2 de agosto de 2018 el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda , decisión que fue objeto de recurso de apelación.

Finalmente, aseveró que la Sección segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado por sentencia de 17 de marzo de 2022 revocó l a decisión de pri mera instancia y, en su lugar, declaró probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por tratarse de un asunto que no era susceptible de control judicial.

2. Fundamentos de la acción

El actor considera presentó acción de tutela con el fin de que el juez constitucional

demanda por tratarse de un asunto que no era susceptible de control judicial.

2. Fundamentos de la acción

El actor considera presentó acción de tutela con el fin de que el juez constitucional acceda a la protección de los derechos fundamentales al debido proceso , de acceso a la administración de justicia, igualdad y el principio de seguridad jurídica, con la sentencia de 17 de marzo de 2 022 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B” . Concretamente, adujo que se configuraron los siguientes defectos:

• Defecto sustantivo . Al respecto, señaló que se aplicó una interpretación errónea del artículo 127 de la Ley 734 de 2022, en tant o consideró que si bien es cierto que el acto administrativo que resuelve la revocatoria directa no revive los términos para controvertir judic ialmente el fallo disciplinario , ello no tiene injerencia en el presente asunto por cuanto la demand a de nulidad y restablecimiento del derecho no se dirige contra esa dec isión, es decir, no se discute la legalidad o ilegalidad de los fallos disciplinarios.

Precisó que lo que se controvirtió a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho surgió después del fallo de revocatoria directa y se relaciona con las consecuencias de esa decisión que la Policía Nacional materializó en los actos administrativos demandados, esto es , laRadicado: 11001-03-15-000-2022-06054-01

Demandante: Elver Ramírez Picón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

Demandante: Elver Ramírez Picón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 Resolución No. 05321 de 1 de diciembre de 2015 y del oficio No. S-2016020346 SEGEN-ARJUR-15.1 de 27 de enero de 2016.

• Desconocimiento del precedente judicial . Concretamente, se refirió a la sentencia proferida en el proceso radicado bajo el No. 68001-23-33-0002015-01143-01 que abordó un caso de contornos similares al suyo, en el que se accedi ó a las pretensiones de la demanda relativas al pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir durante el periodo en que se materializó una sanción disciplinaria que fue revocada en el trámite de revocatoria directa.

• Defecto procedimental absoluto . Al respecto , también adujo que la sentencia de segunda instancia es incongruente por cuanto abordó aspectos que no fueron objeto del recurso de apelación, ni se trató de aspectos analizados en la decisión recurrida, desconociendo el artículo 320

del Código General del Proceso.

Además, señaló que se desconoció que la etapa para resolver las excepciones que atacan aspectos formales del proceso se resuelven en la audiencia inicial, conforme con lo estable cido en el num eral 6 del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:

“PRIMERO. Solicito declarar procedente la presente acción constitucional de tutela,

180 de la Ley 1437 de 2011.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:

“PRIMERO. Solicito declarar procedente la presente acción constitucional de tutela, invocada por el señor ELVER RAMÍREZ P ICÓN en contra del Tribunal Administrativo de Santander y el Alto Tribunal Consejo de Estado, SALA DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “B”.

SEGUNDO. Tutelar los derechos fundamentales [a la] administración de justicia, debido proceso, derecho a la igualdad frente a la ley y la jurisprudencia del señor ELVER RAMÍREZ PICÓN mayor de edad, identificado con la C.C. No (…).

TERCERO: Revocar las sentencias proferidas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DE SANTANDER, radicado [6]8001233300020160090500 –CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CON TENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “B”. Radicado 6800123330002016-00905-01(257-2019).

CUARTO: En consecuencia, de lo anterior conceder en su integridad las pretensiones de la demanda.

4. Pruebas relevantes

Obran en el expediente los siguientes documentos:

• Copia de la sentencia de 18 de agosto de 2018 , proferida por el Tribunal

Administrativo de Santander.

• Copia de la sentencia 17 de marzo de 2022 , dictada por el Consejo de

Estado, Sección Segunda, Subsección “B”.

5. Trámite procesal

Por auto de 18 de noviembre de 2022 , la Sección Tercera, Subsección “A” del

Estado, Sección Segunda, Subsección “B”.

5. Trámite procesal

Por auto de 18 de noviembre de 2022 , la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada, así como al Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, como tercero interesado en el resultado del trámite constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06054-01

Demandante: Elver Ramírez Picón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 La Secretaría General de est a Corporación libró los oficios de notificación electrónica Nos. 121420 a 121423 de 23 de noviembre de 2022, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión1.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”

El Magistrado ponente de la decisión cuestionada rindió el informe sobre la acción de tutela y al respecto manifestó lo siguiente: “en lo que conci erne a los hechos sobre los cuales s e fundamenta me atengo a lo que se demuestre durante el trámite, y en cuanto dice relación con los motivos de inconformidad con la providencia de 17 de marzo del año en curso proferida dentro del referido a sunto, somos d el criterio que las razones que le sirvieron de fundamento están consignadas en sus motivaciones, las que deben dar suficiente cuenta de aquellas”.

6.2. Respuesta de la Policía Nacional

somos d el criterio que las razones que le sirvieron de fundamento están consignadas en sus motivaciones, las que deben dar suficiente cuenta de aquellas”.

6.2. Respuesta de la Policía Nacional

El Jefe del Área Jurídica de la Secretaría General de la entidad pidió que se declare improcedente la acción de tutela , teniendo en cuenta que no cumple el presupuesto de la inmediatez, toda vez que la sentencia cuestionada se notificó el 17 de marzo de 2022 y la solicitud de amparo se radicó el 15 de novie mbre de 2022, es decir , superado el término de seis meses fijado por la jurisprudencia constitucional como plazo razonable para promover acciones de tutela contra providencias judiciales.

Con todo, adujo que no se vulneraron los derechos fundamentales in vocados por el actor, pues la decis ión cuestionada se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico, particularmente, a lo establecido en el artículo 127 de la Ley 734 de 2002 que sobre los efectos del acto que revoca dire ctamente un fallo disciplinario establece una proh ibición expresa para la reviviscencia de los términos para el ejercicio de las acciones contencioso -administrativas, para interponer recursos administrativos o aplicar el silencio administrativo.

De acuerdo con ello, señaló que el deman dante dejó vencer e l plazo legal para promover el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , y con la reclamación administrativa pretendía revivir los términos. En este punto, también adujo que la autoridad judicial accionada no incurrió en des conocimiento d el precedente judicial por cuanto la sentencia que alega como desconocida tiene

reclamación administrativa pretendía revivir los términos. En este punto, también adujo que la autoridad judicial accionada no incurrió en des conocimiento d el precedente judicial por cuanto la sentencia que alega como desconocida tiene efectos inter partes y no resulta procedente exigir la extensión de sus efectos al demandante.

Finalmente, señaló que no se encuentra acreditado el riesgo de un perjuicio irremediable, toda vez que el actor percibe una asignación de retiro, por lo que no está en riesgo el mínimo vital.

7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado por sentencia de 12 de diciembre de 2022, resolvió declarar improcedente la acción de tutela por no cumplir con los presupuestos de inmediatez y relevancia constitucional.

1 El accionante, la autoridad judicial demandada y el tercero interesado fueron notificados a la s siguientes d irecciones de correo electrónico: tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co, notificacion.tutelas@policia.gov.co, sgtadminstd@notificacionesrj.gov.co, ventanillatriadmsan@cendoj.ramajudicial.gov.co, sectribadm@cendoj.ramajudicial.gov.co.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06054-01

Demandante: Elver Ramírez Picón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 En primer término, señaló que no se cumple el requisito de la inmediatez, toda vez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 En primer término, señaló que no se cumple el requisito de la inmediatez, toda vez que la demanda se presentó superado el plazo de se is meses fijado por la jurisprudencia constitucional para formular acción de tutela contra providencias judiciales, en tanto la demanda fue radicada el 15 de noviembre de 2022, es decir, transcurridos seis (6) meses y siete (7) días después de que se entiende notificada la providencia de segunda instancia cuestionada (5 de mayo de 2021).

En segundo término, adujo que el presente asunto carece de relevancia constitucional porque el actor emplea el mecanismo de protección constitucional para reabrir el debate superado en el proceso ordinario . Para tal efecto, evidenció que en la acción de tutela se reiteraron los argumentos del recurso de apelación , lo que respaldó con la transcripción de algunos apartes de la solicitud de amparo, del recurso de apelación y de la providencia cuestionada.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el actor impugnó el fallo de primera instancia , a través de su apoderada judicial, bajo los siguientes argumentos:

En relac ión con el requisito de la inmediatez aseveró el artículo 86 de la Constitución Política no establece un término para interponer la acción de tutela , a lo que agregó que aunque en los c asos en que se controvierte una providencia

En relac ión con el requisito de la inmediatez aseveró el artículo 86 de la Constitución Política no establece un término para interponer la acción de tutela , a lo que agregó que aunque en los c asos en que se controvierte una providencia judicial se h a establecido un plazo de seis meses para tal efecto, el mismo no puede apl icarse de manera estricta , en tanto deben tenerse en cuenta circunstancias especiales como es el hecho de que el demandante lleva siete años buscando que, como a otros uniformados en condiciones similares a la suya, le reconozcan los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir durante el tiempo en que se ejecutó una sanción disciplinaria que fue re vocada ulteriormente por la Procuraduría General de la Nación.

Del mismo mod o, señaló que el asunto sí cumple con el presupuesto de la relevancia constitucional, teniendo en cuenta que se busca la protección constitucional del derecho a la igualdad , “pues a otros uniformados en iguales condiciones del accionante les han reconocido y pagado retr oactivamente sus acreencias laborales. Razón por la que no existe base lógica para denegar solo al señor ELVER RAMÍREZ PICÓN el pago de sus acreencias laborales”.

En ese sentido, hizo referencia al concepto de 26 de abril de 2022 , emitido por la Sala de C onsulta y Servicio y Civil del Consejo de Estado 2 que señaló que “la Administración tiene competencia para ordenar el reintegro y pago de los haberes dejados de percibir con ocasión de la revocatoria en firme del fallo disciplinario, sin necesidad de reque rirse la vía judicial, con los límites señalados por la ley y la

Administración tiene competencia para ordenar el reintegro y pago de los haberes dejados de percibir con ocasión de la revocatoria en firme del fallo disciplinario, sin necesidad de reque rirse la vía judicial, con los límites señalados por la ley y la jurisprudencia”. De igual forma, adujo que cuando se revoca directamente un fallo disciplinario no opera el decaimiento del acto administrativo p orque la sanción fue cumplida por un acto de ejecución, por lo que el Ministerio de Defensa Nacional está facultado para que por medio de un acto administrativo restable zca los derechos del disciplinado afectado con la decisión disciplinaria que fue revocada posteriormente. Agregó que se debe tener en cuenta la sentencia SU-354 de 2017 de la Corte Constitucional.

Para terminar , pidió que se revo que la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se ordene “reconocer a favor del señor ELVER RAMÍREZ PICÓN, la protección de sus derechos fundamentales vulnerados por la omisión en el reconocimiento y pago de los haberes correspondientes a 210 días “7 meses”, incluyendo primas, primas de orden público, navidad , prima vacacional y demás

2 M.P. María del Pilar Bahamón. Expediente 2021-00160-00.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06054-01

Demandante: Elver Ramírez Picón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 prestaciones y emolumentos de orden legal dejados de rec ibir dentro de l tiempo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 prestaciones y emolumentos de orden legal dejados de rec ibir dentro de l tiempo de ejecución de la sanción, revocada por ilegal [y] sea reconocido como tiempo de servicio prestado, los siete (07) meses de la suspensión revocada y restituido en el sistema de tiempo y antigüedad dentro del escalafón del Nivel Ejec utivo, as í mismo sea nuevamente calificado el formulario de seg uimiento para la fecha de la sanción, conforme al Decreto 1800 de 2000 y la Resolución Interna que para tal efecto sea aplicable (labores causadas retroactivamente)”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para deci dir el asu nto objeto de impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala, en los términos del escrito de impugnación, determinar si se debe revocar la sentencia de primera instancia proferida el 12 de diciembre de 2022 por la Sección Tercera, Subsec ción “A” del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con los requisitos de inmediatez y relevancia constitucional y, en su lugar, verificado el cumplimiento de los restantes requisitos generales d e procedencia, determinar si la autoridad

declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con los requisitos de inmediatez y relevancia constitucional y, en su lugar, verificado el cumplimiento de los restantes requisitos generales d e procedencia, determinar si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia e igualdad y el principio de seguridad jurídica con la sentencia de 17 de marzo de 2022 al incurrir en los defectos sustantivo, procedimental absoluto y desconocimiento del precedente judicial.

3. Requisito de la inmediatez como presupuesto general de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución P olítica establ ece que “ toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”. Ahora bien, aun cuando la Carta Política hace uso de la expresión “ en todo momento y lugar” , lo que podría dar a entender que la acción de amparo puede solicitarse en cualquier tiempo, sin importar la urgencia, ni la relevancia de los derechos vulnerados, lo único cierto es que se trata de un requisito que se debe valorar en cada caso concreto.

Sin embargo, la Corte Constitucional 3 ha señalado que si bien no es posible establecer un término de caducidad que limite el ejercicio de l a acción de tu tela, ésta no puede presentarse en cualquier tiempo y por lo tanto debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del actor y la presentación de la demanda, en la medid a

ésta no puede presentarse en cualquier tiempo y por lo tanto debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del actor y la presentación de la demanda, en la medid a en que la na turaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una persona, sino también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de los terceros afectados.

En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no

3 Corte Constitucional, sentencia T-123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06054-01

Demandante: Elver Ramírez Picón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 un térm ino de caducid ad. Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en un tiempo prudencial. Por ello, el presupuesto de la inmediatez constituye un requisito para habilitar el estudio de fondo de la acción de tutela, pues se evita “el uso de este mecanismo constitucional como herramienta que consienta la negligencia o indiferencia de los actores, o que propicie la inseguridad jurídica.” 4

La jurisprudencia constitucional ha identificado c inco criterios orientadores para

uso de este mecanismo constitucional como herramienta que consienta la negligencia o indiferencia de los actores, o que propicie la inseguridad jurídica.” 4

La jurisprudencia constitucional ha identificado c inco criterios orientadores para que el juez de tutela pueda determinar 5, en cada caso, si se ha cumplido con el requisito de la inmediatez. Tales criterios se precisaron en la sentencia SU -391 de 20166, así: “(i) La situación personal del pe ticionario: debe analizarse la situación personal del peticionario, pues en determinados casos esta hace desproporcionada la exigencia de presentar la acción de tutela en un término breve; (ii) El momento en el que se produce la vulneración: pueden existir casos de vuln eraciones permanentes a los derechos fundamentales. En estos casos, para analizar la inmediatez el juez de tutela no debe contar el término desde el momento en el que la vulneración o amenaza inició hasta la fecha de presentación de la tutela, sino que debe tomar en cuenta el tiempo por el que esta se prolongó; (iii) La naturaleza de la vulneración: existen casos donde se presenta un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción de tutela y la vulneración de los derechos de los interesados. De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si la demora en la presentación de la tutela guarda relación con la situación de vulneración de derechos fundamentales que alega el peticionario; (iv) La actuación contra la que se dirige la tutela : la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la inmediatez puede variar dependiendo de la actuación que se identifica como vulneratoria de los derechos invocados en la tutela. Específicamente, ha señalado que este análisis debe ser más estricto tratándose

análisis de la inmediatez puede variar dependiendo de la actuación que se identifica como vulneratoria de los derechos invocados en la tutela. Específicamente, ha señalado que este análisis debe ser más estricto tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales y (v) Los efectos de la tutela: la Corte ha considerado que, aún si se encuentra un motivo que justifique la demora en la interposición de la tutela, el juez debe tener en cuenta l os efectos que esta tendría en los derechos de terceros si se declarara procedente”7

Específicamente, en torno a la verificación de este presupuesto cuando la tutela que se analiza está dirigida contra una providencia judicial, la Sala Plena de esta Corporación median te sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 8 estableció, como regla general, que el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia o providenci a objeto de re proche constitucional, límite temporal que también ha sido acogido por la Corte Constitucional9.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El actor promovió acción de tutela contra la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado para que se protejan los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, igualdad y el principio de seguridad jurídica los cuales consideró vulnerados con la s entencia de 17 de marzo de 2022 , que revocó la de 2 de agos to de 2018 pro ferida por el Tribunal Administrativo de Santander que había negado las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declaró probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda

Administrativo de Santander que había negado las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declaró probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por tratarse de un asunto que no es susceptible de control j udicial, dentr o del

4 Ibídem. 5 Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU 391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia T-246 de 2015 M.P. Martha Victoria S áchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño , sentencia T -158 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T -1110 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 6 Corte Constitucional. M. P. Alejandro Linares Cantillo. 7 Ibídem. 8 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). 9 T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-619 de 2019, M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06054-01

Demandante: Elver Ramírez Picón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la Policía Nacional.

Concretamente, a legó la configuración de las siguientes anomalías: (i) defecto sustantivo, por la interpretación errónea de l artículo 127 de la Ley 734 de 2002 ,

promovió contra la Policía Nacional.

Concretamente, a legó la configuración de las siguientes anomalías: (i) defecto sustantivo, por la interpretación errónea de l artículo 127 de la Ley 734 de 2002 , (ii) el desconocimiento del precedente judicial , particularmente, de la sentencia proferida en el proceso con radicado No. 68001-23-33-000-2015-01143-01, en el que en un caso con contornos similares se accedió a las pr etensiones de la demanda relativas al pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir durante el periodo en que se materializó una sanción disciplinaria que fue revocada en el trámite de revocatoria directa y (ii) defecto procedimental absoluto, al decidir aspectos que no fueron objeto del recurso de apelación y vencida la etapa procesal para decidir sobre la indebida escogencia de la acción.

4.2. En primera instancia, la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el presupuesto de la inmediatez, al evidenciar que entre el momento en que se entiende notificada la sentencia cuestionada –5 de mayo de 2021 -, y la radicación de la acción de tutela -15 de noviembre de 2022 -, transcurrieron más de seis meses , que es el plazo que se ha considerado como razonable para promover este mecanismo de protección constitucional contra providencias judiciales. Tampoco encontró cumplido el requisito de relevancia constitucional porque evidenci ó que el actor pretende reabrir el debate superado en el trámite