CE - 110010315000202206092011SENTENCIA20230419104739

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A” Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Bogotá D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023) Radicado: 11001-03-15-000-2022-06092-01 Accionante: COMPLEJO GANADERO Y FRIGORÍFICO DE ARAUCA FRICOARAUCA S.A. Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B Y OTRO Tema: Tutela contra providencia judicial / Derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia / medio de control de controversias contractuales / incumplimiento del requisito de inmediatez / defecto fáctico / defecto sustantivo / desconocimiento del precedente / restablecimiento del equilibrio económico del contrato Sentencia de segunda instancia La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la sentencia del 9 de febrero de 2023 mediante la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró improcedente la presente acción constitucional. I. ANTECEDENTES La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia formulada por la parte accionante se fundamenta en los siguientes:ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-06092-01 Accionante: FRIGOARAUCA S.A.

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

1. HECHOS La accionante presentó medio de control de controversias contractuales contra el municipio de Arauca con el fin de que se declarara el incumplimiento del contrato de arrendamiento número 003 del 14 de mayo de 2007 suscrito entre la sociedad Metropolitana de Carnes Procesos y Derivados Metrocarnes S.A. y dicho municipio, el cual posteriormente fue cedido a la parte actora. En consecuencia de lo anterior, solicitó la liquidación o el restablecimiento del equilibrio económico del contrato y que se condenara al municipio demandado a pagar los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Arauca a través de sentencia del 6 de noviembre de 2014, negó las pretensiones encaminadas a declarar el incumplimiento del contrato y ordenó la liquidación judicial del contrato acusado. Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la accionante interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado que, por medio de providencia del 18 de noviembre de 2021, confirmó lo resuelto por el a quo y condenó en costas a la parte demandante, con fundamento en que no se demostró que el municipio de Arauca hubiese incumplido con las obligaciones del contrato y tampoco se acreditó el desequilibro económico del mismo. 2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN La parte accionante indicó que las autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos fundamentales alegados al incurrir en unACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-06092-01 Accionante: FRIGOARAUCA S.A.

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

defecto fáctico por no realizar una correcta valoración de las pruebas allegadas al proceso, porque «(…) no hizo una valoración integral de la prueba, y que, por el contrario hizo una valoración selectiva y superficial de las que soportaban sus planteamientos, dejando de paso de analizar pruebas irrefutables de los incumplimientos de la administración, que lo(sic) hubiere permitido generar la convicción necesaria para proferir una sentencia condenatoria.» Asimismo, señaló que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en un defecto sustantivo al sostener que «(…) toda vez que la afirmación establecida por la Sección Tercera en su sentencia es a todas luces apartada de la razonabilidad jurídica y a los postulados normativos y jurisprudenciales referentes a las obligaciones contractuales y a la interpretación del contrato, toda vez que las partes, a través de la cláusula citada con anterioridad, estipularon que la obligación sería exigible de forma inmediata una vez se suscribiera el contrato.(…)». De igual forma, considera que en las providencias judiciales atacadas se configura un desconocimiento del precedente, al omitir varios pronunciamientos del Consejo de Estado que establecen las reglas para proceder con el restablecimiento del desequilibro económico del contrato con fundamento en la teoría de la imprevisión. 3. PRETENSIONES Con fundamento en lo anterior, solicitó: « 1. Se proteja mi derecho fundamental de debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política. 2. Que en tal virtud,

se revoque en su integridad y queden sin efectos las sentencias de primera y segunda instancia emitidas por el Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca Sala de Decisión -oraly el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección TerceraACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-06092-01 Accionante: FRIGOARAUCA S.A.

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

Subsección B con fechas 6 de noviembre de 2014 y 18 de noviembre de 2021 respectivamente, con ocasión del medio de control de controversias contractuales con radicado 81-001 -2333-0032013-0007000 iniciado por mi representado contra el Municipio de Arauca. 3. Que como consecuencia de la pretensión anterior se ordene el Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca Sala de Decisión -oralemitir nueva sentencia en el marco del medio de control de controversias contractuales, dentro del proceso con radicado 81-001 -2333-003-2013-0007000 iniciado por la sociedad Complejo Ganadero y Frigorífico de Arauca FRIGOARAUCA S.A. contra el Municipio de Arauca, garantizando el derecho fundamental al debido proceso y sin incurrir en los errores expuestos». (Sic en toda la cita). 4. INTERVENCIONES Mediante auto del 2 de diciembre de 2022 se admitió la acción de tutela de la referencia y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Arauca y a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado como accionados y al municipio de Arauca y a la sociedad Metropolitana de Carnes Procesos y Derivados Metrocarnes S.A. como terceros interesados en las resultas del proceso. 4.1. La Sección Tercera del Consejo de Estado, a través del consejero ponente de la decisión cuestionada, manifestó que no participaría en el trámite de la acción de tutela ni como parte ni como tercero interesado y que acataría lo dispuesto en la sentencia que resuelva el presente proceso 4.2. El

Tribunal Administrativo de Arauca solicitó que se declare improcedente la presente acción de tutela por cuanto no se ha materializado ninguna vulneración a los derechos fundamentales alegados y tampoco cumple con los requisitos de procedencia, ya que lo que pretende la parte accionante con la acción de tutela es convertirla en una tercera instancia.ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-06092-01 Accionante: FRIGOARAUCA S.A.

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

De igual forma, manifestó que las providencias atacadas se ajustaron plenamente a derecho de acuerdo con la normatividad del asunto y la jurisprudencia aplicable, por lo tanto, no incurre en ninguno de los defectos alegados por la parte accionante. Adicionalmente indicó que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de inmediatez, dado que la misma fue presentada el 16 de noviembre del 2022 y la sentencia de segunda instancia fue notificada a las partes el 14 de diciembre de 2021, es decir que la parte accionante radicó la acción de tutela 11 meses después de haber conocido la decisión de la autoridad judicial accionada. Finalmente precisó que los argumentos expuestos por la parte accionante que causaron la presunta demora para radicar la acción de tutela no son suficientes, pues desde el momento en que tuvo conocimiento de la sentencia de segunda instancia pudo instaurar la solicitud de amparo teniendo en cuenta el carácter excepcional que tiene la misma. 5. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA La Sección Cuarta del Consejo de Estado a través de sentencia de 9 de febrero de 2023 rechazó por improcedente el amparo invocado por no acreditarse el requisito de inmediatez, dado que no logro comprobar i) la existencia de un motivo válido para la actividad del accionante; ii) si la inactividad injustificada podría causar una lesión de derechos fundamentales de terceros de llegarse a adoptar una decisión en sede de tutela; y iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados. 6. IMPUGNACIÓN La parte accionante recurrió el fallo de primera instancia y manifestó que el juez constitucional no puede desconocer las pruebas aportadasACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-06092-01 Accionante: FRIGOARAUCA S.A.

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

a la presente acción de tutela, en las que se evidencia que los apoderados judiciales que lo representaban en el proceso ordinario no informaron a tiempo sobre la existencia del fallo de segunda instancia, puesto que solamente tuvieron conocimiento de la decisión hasta el 19 de mayo de 2022, cuando por comunicación a través de la aplicación de mensajería “whatsapp”, les fue indicado el número de radicado del proceso y pudieron consultar directamente el estado del mismo, por lo que estima que sí hubo un motivo válido para la inactividad de interponer la solicitud de amparo. Al efecto, manifestó que, inclusive, interpuso queja disciplinaria contra los apoderados en dicho proceso en agosto de 2022 la cual cursa en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, de lo cual aportó copia. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.º del Decreto 2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto». Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o vulneración de los derechos fundamentales, por la acción u omisión deACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-06092-01 Accionante: FRIGOARAUCA S.A.

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. 2. Problema jurídico De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el problema jurídico se circunscribe a responder si: • ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad contra providencias judiciales? De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si: • ¿La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con la expedición de la providencia del 18 de noviembre de 20211 mediante la cual confirmó el fallo que negó las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de controversias contractuales con radicado núm. 81001-23-33-000-2013-00070-00/01, incurrió en un defecto sustantivo, un defecto fáctico y un desconocimiento del precedente y, por consiguiente, en la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia de la parte accionante? Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) los requisitos de procedibilidad;y solo de encontrarse procedente iii) defecto fáctico, iv) defecto sustantivo, v) desconocimiento del precedente y vi) el caso concreto.\ 1 La sala debe precisar que aunque también se cuestiona la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, esta sala centrará el análisis en la sentencia de segunda instancia por ser la que puso fin al proceso.ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-06092-01 Accionante: FRIGOARAUCA S.A.

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional vigente2 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le impone. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para

2 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05. 3 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-06092-01 Accionante: FRIGOARAUCA S.A. www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica; y (vi) que no se trate sentencias de tutela. En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales especiales, indicando que la acción resulta procedente únicamente en aquellos eventos en los cuales se vean afectados derechos fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente. 3.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-06092-01 Accionante: FRIGOARAUCA S.A.

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 3.1.1. En efecto, esta Sala de Subsección considera que los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados se encuentran plenamente individualizados. 3.1.2. Asimismo, se encuentra que la sentencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional. 3.1.3. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como consecuencia de un defecto sustantivo y un defecto fáctico en que presuntamente incurrió la autoridad judicial demandada. 3.1.4. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el juez constitucional tiene la obligación de verificar si la solicitud de amparo fue presentada o no dentro de un término prudencial, dependiendo de la situación fáctica de cada caso particular4. Para determinar si la acción de tutela ha sido presentada de forma oportuna y se ha cumplido el requisito de inmediatez, la Corte Constitucional ha señalado que deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: i) si existe un motivo válido para la inactividad del accionante, (ii) si a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del accionante permanece, y (iii) si la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante5

4 Corte Constitucional, Sentencia SU-332 de 2019. 5 Corte Constitucional, Sentencia T-038 de. 2017.ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-06092-01 Accionante: FRIGOARAUCA S.A. www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

Así las cosas, contrario a lo indicado por el juez de primera instancia, la Sala advierte que en el caso objeto de estudio la parte accionante sí manifestó un motivo válido para justificar la inactividad en el ejercicio de la acción, toda vez que, según lo señaló, su apoderada no le informó en momento alguno sobre la expedición de la sentencia de segunda instancia y solamente pudo conocer de la misma el 19 de mayo de 2022 cuando esta, a través de un mensaje enviado por “whatsapp” le suministró el número del radicado del proceso para facilitar su consulta. Además, de ello aportó copia al plenario, así como de la queja disciplinaria que radicó de manera posterior contra los profesionales del derecho que habían asumido su representación en dicho proceso. Por tanto, aunque las conversaciones allegadas únicamente dan cuenta de que el 19 de mayo de 2022 le fue suministrado el número de radicado del proceso y ello, por sí solo no demuestra que en esa fecha tuvo conocimiento de la sentencia, esta Sala tendrá como válido dicho argumento para justificar la tardanza en la interposición del amparo, en aplicación de los principios de buena fe y lealtad procesal. En ese sentido, se observa que la interposición se dio en un lapso «razonable y proporcionado», ya que la providencia cuestionada se profirió el 18 de noviembre de 2021 y fue notificada mediante correo electrónico el 14 de diciembre del mismo año, sin embargo, el accionante tuvo conocimiento de la misma el 19 de mayo de 2022 y la acción de tutela se presentó el 16 de noviembre de 2022. Por lo anterior, se procederá a revocar la sentencia de primera instancia y,

en su lugar, realizar el estudio de fondo de la acción de tutela en cuestión a efectos de identificar si se incurrió en la vulneración de los. derechos fundamentales alegados.ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-06092-01 Accionante: FRIGOARAUCA S.A.

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

3.2. DEL DEFECTO FÁCTICO De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte Constitucional6 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse: a. Una dimensión negativa7, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. b. Una dimensión positiva8, que se presenta generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido, toda vez que: «[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar al 6 Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567

de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras. 7 Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía. 8 Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-06092-01 Accionante: FRIGOARAUCA S.A.

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos probatorios»9. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto. 3.3. Del defecto material o sustantivo: De conformidad con la jurisprudencia constitucional10, el defecto material o sustantivo se origina en primer momento cuando la autoridad judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia, fundamenta su decisión en normas que son inexistentes o inconstitucionales11, es decir, se da en los casos en que la autoridad judicial se basa en, “(i) una norma no aplicable al caso, ya sea, porque la norma,(a) no es pertinente de aplicación, (b) se empleó cuando fue derogada y como consecuencia perdió su vigencia, (c) es inexistente, (d) ha sido declarada contraria a la Constitución, (e) está vigente y es constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó, (ii) su interpretación no se encuentra dentro del margen de interpretación razonable o es errada, (iii) no se da aplicación a las sentencias con efecto Erga Omnes, que son aquellas de aplicación general, (iv) la norma aplicada se torna injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución, y finalmente, (v) cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no previsto en la disposición”12.

9 Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa. 10 Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-567 de 2015, entre otras. 11 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño. 12 Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-06092-01 Accionante: FRIGOARAUCA S.A. www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

En segundo momento, el defecto material o sustantivo se origina cuando en la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción evidente y grosera entre la decisión y los fundamentos que la explican. En este orden de ideas, se produce cuando la decisión “(vi) se funda en una hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con omisión del análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii) cuando desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en concreto,(viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende afecta derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de argumentación se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una manifiesta violación de la Constitución”13. Este defecto, se presenta ante situaciones excepcionales, por lo que se debe demostrar que la decisión judicial es irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues de no ser así, la acción de tutela resultaría improcedente14. 3.4. Desconocimiento del precedente En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no solamente la igualdad ante la ley sino también la igualdad de protección y trato por parte de las autoridades y específicamente la igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por parte de las autoridades judiciales, preservándose de esta manera la seguridad jurídica y con ella la certeza en los jueces van a decidir los casos iguales de la misma forma15. 13 Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos. 14 Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger. 15 Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698

Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos. 14 Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger. 15 Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-06092-01 Accionante: FRIGOARAUCA S.A.

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

En ese sentido, el precedente judicial16 es la figura jurídica que sirve como dispositivo de preservación de la confianza de la ciudadanía en el ordenamiento, pues no solo hace previsibles las consecuencias jurídicas de sus actos sino también materializa la igualdad en la aplicación del derecho17. En ese orden sentido, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto sentido18. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de Derecho que guían al juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad”19. Por otra parte, ha precisado que puede predicarse la existencia de un precedente, cuando “(i) los hechos relevantes que definen el asunto pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan un caso del pasado; (ii) la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado constituye la pretensión del caso presente; y (iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una 16 En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional precisó que precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”. 17 MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius

que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”. 17 MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012, vol. 18, no 1, p. 249-266. 18 Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 19 Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-06092-01 Accionante: FRIGOARAUCA S.A.

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”20. No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien sean estos verticales u horizontales21, siempre y cuando cumplan con (i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les impone el deber de señalar una justificación razonable, seria, suficiente y proporcionada, en la que manifiesten las razones por las cuales se apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que, en palabras de la misma Corte, se portegen el carácter dinámico del derecho y los principios de autonomía e independencia que caracterizan la labor judicial22. 4. Caso concreto En el presente asunto , se decide la acción de tutela instaurada por la sociedad Frigoar