CE - 110010315000202206093001SENTENCIAAMPARA20230202150306

Demandante: Jesús Carmelo López Benítez Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-06093-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-06093-00

Demandante: JESÚS CARMELO LÓPEZ BENÍTEZ

Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Tema: Tutela de fondo – derecho de petición.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela promovida por el señor Jesús Carmelo López Benítez , en nombre propio contra el presidente y la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Corporación Nacional para el Desarrollo del Chocó (Codech ocó), la Policía Nacional, el Ejército Nacional - Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta “Titan” y el

Nacional para el Desarrollo del Chocó (Codech ocó), la Policía Nacional, el Ejército Nacional - Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta “Titan” y el Comando de Policía del Chocó , de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1 .º del numeral 2.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, mo dificado por el Decreto 333 del 6 de abril de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

El señor Jesús Carmelo López Benítez, en nombre propio, ejerció acción de tutela1 con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso , a la propiedad privada, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia , que estimó vulnerados con ocasión del trámite de una

1 La acción de tutela se presentó el 16 de noviembre de 2022 a través de la aplicación de recepción de tutelas y habeas corpus de la Rama Judicial.Demandante: Jesús Carmelo López Benítez Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-06093-00

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licencia ambiental a favor del señor José Darlinton Agualimplia Mosquera en un área desc rita en el Contrato de Concesi ón Minera HCA -082, el cual ya no está vigente en atención a una orden judicial, y en unos terrenos que están por fuera del título colectivo o sin contar con los propietarios, a través de certificaciones o avales

área desc rita en el Contrato de Concesi ón Minera HCA -082, el cual ya no está vigente en atención a una orden judicial, y en unos terrenos que están por fuera del título colectivo o sin contar con los propietarios, a través de certificaciones o avales de un consejo comunitario que no son los titulares del derecho de propiedad de los terrenos afectados.

En consecuencia, el demandante solicitó:

“PRIMERO: CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales de DERECHO DE PETICION - DEBIDO PROCESO - PROPIEDAD PRIVADAIGUALDAD - ACCESO A LA ADMINSITRACION DE JUSTICIA de JESUS

CARMELO LOPEZ BENITEZ (…).

SEGUNDO: ORDENAR, GUSTAVO PETRO URREGO Presidente de

Colombia IRENE VELEZ TORRES Ministra de Medio Ambiente (sic) RODRIGO NEGRETE MONTES Director de la Autoridad Naciona l de Licencias Ambientales ARNOL RINCON LOPEZ Director Regional de Codechoco; que en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas contadas desde la notificación de la providencia, abstenerse de tramitar licencia ambiental a favor del señor JOSE DARLINTON AGUALIM PIA MOSQUERA por estos aspectos importantes: (1) Tiene como fundamento y el área descrita en el contrato de concesión minera No. HCA -082, contrato que no existe por sentencia judicial (2) Está tramitando Licencia Ambiental, en los terrenos arribas antes de scriptos; terrenos que están por fuerza de título colectivo o no cuenta con la autorización de los propietarios, ósea utilizando certificaciones o avales de consejo comunitarios que no son pertenecientes,

arribas antes de scriptos; terrenos que están por fuerza de título colectivo o no cuenta con la autorización de los propietarios, ósea utilizando certificaciones o avales de consejo comunitarios que no son pertenecientes, debido a que los predios cancelan su propio impuest o (3) La licencia ambiental tiene como fin financiar grupos al margen de la ley.

TERCERO: CONMINAR GUSTAVO PETRO URREGO Presidente de

Colombia IVAN VELASQUEZ GOMEZ Ministro de Defensa HENRY ARMANDO SANABRIA CVELY Director de la Policía Nacional LUIS MAURICIO OSPINA GUTIERREZ Comandante del Ejército Nacional COMANDANTE DE POLICIA DE CHOCO - COMANDANTE DE LA FUERZA TAREA CONJUNTA TITAN, solicito a quien corresponde se sirva ordenar si mas omisión alguna la destrucción de las maquinarias que están ejerci endo minería ilegal, con financiamientos de grupos al margen de la ley y que utilizan como permisos el contrato de concesión minera HCA -082 que no existe por orden judicial, y el trámite de licencia ambiental certificado por “codechoco”, trámite que no lo autoriza para ejercer minería, utilizan esta documentación como estrategia para disuadir o impedir los operativos y continuar con sus explotación minera ilegal en mis terrenos ubicado en Nóvita corregimiento San Lorenzo T ancundo y Sus Tributarios Tapacundo cito, Platanares y Opogodocito. Según el Decreto 2235 de 2012. Omisiones que están generándome un perjuicio irremediable.

CUARTO: REQUERIR a GUSTAVO PETRO URREGO Presidente deDemandante: Jesús Carmelo López Benítez

generándome un perjuicio irremediable.

CUARTO: REQUERIR a GUSTAVO PETRO URREGO Presidente deDemandante: Jesús Carmelo López Benítez Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-06093-00

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Colombia ALFONZO PADRA GIL “Ministro del Interior” conforme a las anteriores ra zones solicito la SUSPENSIÓN de la personería jurídica del Consejo Comunitario de Condoto - Iro. Representado Legalmente por el señor MARCELO TORRES; por auspiciar certificados y avales para que realicen minería ilegal, criminal con fines de financimientos de grupos al margen de la ley; dichos avales se dan especialmente en mis terrenos.

QUINTO: EXIGIR al señor FRANCISCO BARVOSA “Fiscal General de la Nación” que designe un fiscal especializado contra la minería ilegal adscrito a la dirección de la ciudad d e Bogotá, para que investigue todos los hechos de corrupción y los delitos que se están cometiendo con ocasión a la solicitud de Licencia Ambiental, a favor de los señor JOSE DARLINTON AGUALIMPIA MOSQUERA y otras personas indeterminadas en los terreno de Nóvita, y que tiene como fundamento y área descrita el contrato de concesión minera No.

HCA-082 que se encuentra en revisión jurídica en la corporación autónoma regional para el desarrollo sostenible “Codechoco.”

SEXTO: CONMINAR al señor FRANCISCO BARBOSA “Fiscal General de la

HCA-082 que se encuentra en revisión jurídica en la corporación autónoma regional para el desarrollo sostenible “Codechoco.”

SEXTO: CONMINAR al señor FRANCISCO BARBOSA “Fiscal General de la Nación” investigue a los señores MARCERO TORRES “Representante Legal del Consejo Comunitario de Condoto - Iro” GUILLERMO COLAGELO Y OTRAS PERSONAS INDETERMINADAS por los delitos de amenaza (1) Además le expreso que cualquier atentado contra mi integridad estas son las responsables.

SEPTIMO: REQUERIR a la señora MARGARITA CABELLO BLANCO “Procuradora General de la Nación” iniciar investigación disciplinaria desde la ciudad de Bogotá en contra los funcionarios que están tramitando licen cia ambiental y permiso de explotación minera en favor del señor JOSE DARLINTON AGUALIMPIA MOSQUERA mis terrenos ubicados en Nóvita

corregimiento San Lorenzo Tapacundo y Sus Tributos Tapacundocito, Platanares y Opogodocito.

OCTAVO: PREVENIR, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - MINISTERIO DE DEFENSA - MINISTERIO DEL INTERIOR - MINISITERIO DE MINAS Y

ENERGÍA. MINISTRERIO DEL MEDIO AMBIENTE (sic) - AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES “ANLA” - FISCALÍA GENEERAL DE LA NACIÓN - PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓ NCORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSOTENIBLE DEL CHOCO “CODECHOCO - POLICÍA NACIONALEJÉRCITO NACIONAL - COMANDANTE DE LA FUERZA DE TAREA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSOTENIBLE DEL CHOCO “CODECHOCO - POLICÍA NACIONALEJÉRCITO NACIONAL - COMANDANTE DE LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA TITAN “CHOCO” para que no vuelva a incurrir en las omisiones que dieron lugar a la presentación de esta acción.” (Sic para toda la cita).

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

2. Hechos

Afirmó que el 19 de octubre de 2022 radicó una solicitud ante la Presidencia de laDemandante: Jesús Carmelo López Benítez Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-06093-00

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República, los Ministerios del Interior, de Defensa, de Minas y Energía, de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales , la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, el Comandando de Policía del Chocó y el Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Titan “Chocó”.

Señaló que el memorial se refería a la oposición dentro del trámite de la licencia ambiental p resentada por el señor José Darlinton Agualimplia Mosquera en el Municipio de Nóvita – Chocó -, de acuerdo con la sentencia 018 del Juzgado Penal del Circuito de Istmina y confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de

ambiental p resentada por el señor José Darlinton Agualimplia Mosquera en el Municipio de Nóvita – Chocó -, de acuerdo con la sentencia 018 del Juzgado Penal del Circuito de Istmina y confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó.

Explicó que el término para contestar ya feneció y aún no ha recibido ninguna respuesta de fondo.

Sostuvo que las denuncias y oposiciones a la explotación en el sector han sido reiterativas porque afectan el medio ambiente y sus tierras y que, pese a que otros territorios sí se hacen operativos sin previa acusación, al parecer las autoridades se están beneficiando de las extracciones y por eso no realizan ningún procedimiento para detenerlos

3. Sustento de la vulneración

Indicó que la petición radicada el 19 de octubre de 2022 no ha sido resuelta, sin tener en cuenta que los términos para lo procedente se encuentran vencidos con lo cual se está n vulnerando sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso, a la propiedad priv ada, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.

Explicó que en la solicitud es una oposición que es r eiterada porque, pese a que existe maquinaria pesada y se realizan trabajos que está n acabando con el medio ambiente, no se practican operativos para detener las excavaciones y en lugares como Certegui, Cantón de San Pablo, Rio Quito, Cabi entre otros, se ejecutan visitas sin previa denuncia.

Aclaró que en sus tierras, sobre las cuales paga impuestos, no se presenta ninguna intervención de las autoridades para evitar la explotación de unos yacimientos mineros que tienen como fin “financiar grupos al margen de la ley”.

Aclaró que en sus tierras, sobre las cuales paga impuestos, no se presenta ninguna intervención de las autoridades para evitar la explotación de unos yacimientos mineros que tienen como fin “financiar grupos al margen de la ley”.

Expuso que con las actuaciones y omisiones de las entidades demandadas se evidencia que “posiblemente miembros de las fuerzas públicas se estén beneficiando de los yacimientos mineros de mis tierras y como consecuencia se abstienen de realizar operativos”.Demandante: Jesús Carmelo López Benítez Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-06093-00

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4. Trámite de la solicitud de amparo

Mediante auto del 24 de noviembre de 2022, se admitió la solicitud de tutela y se ordenó notificar al presidente de la República y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia, a los ministros de Defensa Nacional, del Interior, de Minas y Energía y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al director general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), al fiscal general de la Nación, a la procuradora general de la Nación, al director general de la Corporación Nacional para el Desarrollo del Chocó (Codechocó), al director general de la Policía Nacional, al comandante del Ejército Nacional - Fuerza de Tarea Conjunta “Titan” y al comandante de la Policía del Chocó.

Además, se ordenó la vinculación del señor José Darlinton Agualimpia Mosquera y

de la Policía Nacional, al comandante del Ejército Nacional - Fuerza de Tarea Conjunta “Titan” y al comandante de la Policía del Chocó.

Además, se ordenó la vinculación del señor José Darlinton Agualimpia Mosquera y del señor Marcelo Torres, representante legal del Consejo Comunitario de Condoto – Iró, comunicación que debía ser realizada por el medio más expedito y eficaz.

Igualmente, se ordenó la publicación de un aviso en la página web del Consejo de Estado.

5. Argumentos de defensa

5.1. Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Chocó

El apoderado judicial de Codechocó rindió el informe solicitado en los siguientes términos:

Indicó que en respuesta a la solicitud elevada por el señor López Benítez el 19 de octubre de 2022 se le explicó que la entidad autorizada para la suscripción de contratos de concesión minera es la Agencia Nacional de Minería.

Expuso que , de acuerdo con el certificado de registro minero , expedido por la Gerencia de Catastro y Regist ro Minero de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación de la Agencia Nacional de Minería, el expediente HCA -082 tiene una vigencia del 11 de enero de 2013 al 10 de enero de 2043 y su titular es la sociedad Ulloa Recursos Naturales S.A.S.

Añadió que no es potestativo de esa entidad entrar a suspender el trámite administrativo de licencia ambiental sin que se encuentren debidamente acreditadas alguna de las razones establecidas taxativamente en la ley.

Precisó que, en el caso en estudio, se presenta una carencia actual de objeto por

administrativo de licencia ambiental sin que se encuentren debidamente acreditadas alguna de las razones establecidas taxativamente en la ley.

Precisó que, en el caso en estudio, se presenta una carencia actual de objeto por hecho superado, ya que la petición radicada por el demandante fue respondida el 29 de noviembre de 2022.

Insistió en que no ha existido una conducta negligente por parte de la entidad y queDemandante: Jesús Carmelo López Benítez Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-06093-00

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no ha vulnerado los derechos fundamentales alegados por el actor.

5.2. Ministerio del Interior

El jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior rindió el informe solicitado en los siguientes términos:

Explicó que la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de la entidad, mediante Oficio 2022 -2-002204-025344 Id: 45744 del 28 de noviembre de 2022 dio respuesta a la petición radicada por el señor López Benítez.

Señaló que en el oficio me ncionado se precisó que, una vez revisada la base de datos de la entidad, se estableció que el ministerio no tenía competencia para suspender la inscripción del Consejo Comunitario Mayor de Condoto - Iró en el Registro Público Único Nacional y que esto sol o podía proceder por decisión judicial.

datos de la entidad, se estableció que el ministerio no tenía competencia para suspender la inscripción del Consejo Comunitario Mayor de Condoto - Iró en el Registro Público Único Nacional y que esto sol o podía proceder por decisión judicial.

Sostuvo que la respuesta fue notificada al correo electrónico kareylole@gmail.com.

Añadió que, dentro de sus competencias, dio respuesta a lo peticionado y, por tanto, solicitó que se declarara la carencia actual de objeto por hecho superado.

5.3. Fiscalía General de la Nación

5.3.1. El director de la Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones de la Fiscalía General de la Nación se pronunció sobre los hechos y pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:

Precisó que, una vez revisada la base de datos de la entidad, se constató que a las denuncias que h izo el señor Jesús Carmelo López Benítez se le asign aron las noticias criminales 270016001099202252643 y 273616001091202250263.

Añadió que el 30 de noviembre de 2022 remitió al correo kareylole@gmail.com respuesta al ciudadano, por lo que solicitó que se le desvinculara del presente trámite judicial.

5.3.2. La Unidad de Defensa Jurídica de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación rindió el siguiente informe:

Explicó que la petición radicada por el señor López Benítez fue remitida el 28 de octubre de 2022 a la Mesa de Control del Grupo de Intervención Temprana del Chocó, entidad competente para resolver el asunto.

Explicó que la petición radicada por el señor López Benítez fue remitida el 28 de octubre de 2022 a la Mesa de Control del Grupo de Intervención Temprana del Chocó, entidad competente para resolver el asunto.

Adujo que, en atención a que el fiscal general no es el competente para resolver laDemandante: Jesús Carmelo López Benítez Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-06093-00

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petición de investigar los presuntos hechos delictivos advertidos p or el demandante, en el caso en estudio se presenta una falta de legitimación en la causa por pasiva y solicitó que así se declarara.

Precisó que la acción de tutela no es el mecanismo procedente para poner en conocimiento hechos constitutivos de delitos relacionados con licencias ambientales para la explotación minera en el Municipio de Nóvita.

5.4. Ministerio de Defensa Nacional – Comando General de las Fuerzas Militares – Ejército Nacional – Batallón de Operaciones Terrestres N.° 25

El ejecutivo y segundo comandante del Batallón Terrestre número 25 del Ejército Nacional presentó un informe en los siguientes términos:

Explicó que todas las peticiones elevadas por el señor López Benítez han sido contestadas y notificadas oportunamente.

Sostuvo que, actualmente, en los Municipios de Nóvita y Condoto se desarrollan operaciones terrestres unificadas en defensa de la soberanía, independencia e integridad del territorio nacional.

contestadas y notificadas oportunamente.

Sostuvo que, actualmente, en los Municipios de Nóvita y Condoto se desarrollan operaciones terrestres unificadas en defensa de la soberanía, independencia e integridad del territorio nacional.

Indicó que en el Municipio de Nóvita se encuentran vigentes las Alertas Tempranas 027 de 2021 y 031 de 2019 y para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo se han incrementado las labores de int eligencia con la finalidad de mitigar los factores de inestabilidad en su área de responsabilidad.

Expuso que todas las acciones adelantadas tienen la finalidad de garantizar la seguridad y la protección de los derechos humanos, por ello se han efectuado patrullajes a fin de contrarrestar las acciones violentas que realizan de manera permanente grupos armados organizados al margen de la ley.

Añadió que en el mes de octubre de 2022 en coordinación con la Policía Nacional se realizaron labores de verificaci ón en el Municipio de Nóvita y se encontraron puntos donde se desarrolla explotación de yacimientos mineros. En estos operativos se revisó la documentación y los permisos ambientales y se estableció que los mismos se encuentran en orden.

Precisó que, analizadas las pretensiones del demandante, dicha entidad carece de legitimación en la causa por pasiva, ya que la presunta violación de sus derechos fundamentales no obedece a actuaciones adelantadas por el Batallón Terrestre N.° 25, sino a la autorización de licencias ambientales y de explotación minera.

Aclaró que , si lo pretendido por el demandante es pronunciarse sobre la inconformidad por los actos administrativos proferidos por la Agencia Nacional de

25, sino a la autorización de licencias ambientales y de explotación minera.

Aclaró que , si lo pretendido por el demandante es pronunciarse sobre la inconformidad por los actos administrativos proferidos por la Agencia Nacional de Minería, la acción de tutela no es el mecanismo judicial procedente para ello, puesDemandante: Jesús Carmelo López Benítez Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-06093-00

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cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para el efecto.

Concluyó que la afectación por la inestabilidad de la minería ilegal es una actuación interinstitucional, toda vez que por su complejidad requiere que se articulen las diferentes capacidades del Estado, con el fin de lograr la legalización de los posibles autores materiales e intelectuales, así como estar preparad os para cualquier eventualidad que se pueda presentar en virtud de protestas o manifestaciones de la comunidad.

5.5. Ministerio de Minas y Energía

Mediante apoderada, el Ministerio de Minas y Energía se pronunció en los siguientes términos:

Explicó que esa cartera ministerial recibió 2 peticiones por parte del señor López Benítez radicadas con los números 1 -2022-040260 y 1 -2022-040264 del 12 de octubre de 2022 con el fin de que se suspendiera y se archivara un trámite de licencia ambiental iniciada por el señor José Darlinton Agualimpia en el Municipio

octubre de 2022 con el fin de que se suspendiera y se archivara un trámite de licencia ambiental iniciada por el señor José Darlinton Agualimpia en el Municipio de Nóvita.

Sostuvo que, en atención a que no es la entidad competente para dar respuesta a lo solicitado, remitió la petición a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales mediante Oficio 2-2022-026137 de 2 de noviembre de 2022 y en la misma fecha se le comunicó esta decisión al peticionario.

Añadió que, posteriormente, el 19 de octubre de 2022 , recibió al buzón de Integridad y Transparencia del Ministerio de Minas Energía otra comunicació n y el mismo día se procedió a hacer el traslado correspondiente al Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano dependencia encargada de gestionar y radicar las peticiones, quejas y recursos que llegan a la entidad.

Aclaró que ese buzón es exclusivo para r ecibir reportes relacionados con corrupción, conflictos de interés, cobro de trámites gratuitos y en general, cualquier hecho que vulnere la transparencia en el sector de minas y energía.

Afirmó que con los Oficios 2-2022-028996, 2-2022-08997 y 2-2022-029018 del 29 de noviembre de 2022, se remitió la petición del señor López Benítez a Codechocó y a la Policía Nacional para que estas, en atención a sus funciones, atendieran su solicitud, trámite que fue debidamente notificado al demandante.

Advirtió que, en atención a lo anterior, no existe vulneración alguna por parte de la entidad.

y a la Policía Nacional para que estas, en atención a sus funciones, atendieran su solicitud, trámite que fue debidamente notificado al demandante.

Advirtió que, en atención a lo anterior, no existe vulneración alguna por parte de la entidad.

Solicitó que se declarara la carencia actual de objeto por hecho superado, ya queDemandante: Jesús Carmelo López Benítez Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-06093-00

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los múltiples derechos de petición presentados por el demandante han sido debidamente remitidos a las entidades competentes, trámite que le ha sido comunicado en debida forma.

5.6. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Mediante apoderado judicial, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó su informe con los siguientes fundamentos:

Indicó que la cartera ministerial no ha vulnerado el derecho fundamental de petición del demandante ya que, una vez recibida la solicitud, la remitió a la entidad correspondiente, puesto que las funciones establecidas en la ley para esta entidad se refieren a la formulación de políticas ambientales, expedición de regulaciones, normas y disposiciones referentes a temas ambientales, a la contaminación, a aspectos atmosféricos, al paisaje y a las actividades antrópicas que afectan el ecosistema.

Añadió que, de la lectura de las disposiciones sobre las funciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y de las corporaciones autónomas regionales ,

ecosistema.

Añadió que, de la lectura de las disposiciones sobre las funciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y de las corporaciones autónomas regionales , es factible concluir que las funciones de control y vigilancia ambiental de los municipios son de competencia de las autoridades regionales y de las CAR.

Solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva.

5.7. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales se pronunció sobre los hechos y pretensiones de la demanda, así:

Sostuvo que la entidad, mediante radicado 2022222392-2-000 del 5 de octubre de 2022 profirió una respuesta al señor Jesús Carmelo López Benítez en la cual se le informó que en el Municipio de Nóvita en el Departamento del Chocó, no existía a la fecha licencias ambientales otorgadas por la ANLA.

Aclaró que no es la autoridad competente para atender o ejercer algún tipo de injerencia respecto de los hechos y solicitudes planteadas por el demandante toda vez que no se encuentra dentro de sus funciones.

Advirtió que no se ha presentado ningún tipo de solicitud de licenciamiento relacionada con el predio señalado en los hechos de la demanda.

Señaló que la entidad no es la encargada para conocer del proceso de licenciamiento que presuntamente vulnera los derechos fundamentales del señor López Benítez , pues en su sentir es Codechocó quien determina los proyectos sobre los cuales la Autoridad de Licencias Ambientales tiene competencia paraDemandante: Jesús Carmelo López Benítez Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-06093-00

sobre los cuales la Autoridad de Licencias Ambientales tiene competencia paraDemandante: Jesús Carmelo López Benítez Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-06093-00

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determinar las correspondientes licencias en el sector minero.

Mencionó que, al consultar la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea, no se encontró registro alguno sobre una licencia ambiental o plan de manejo ambiental a nombre del señor José Darlinton Agualimpia Mosquera.

Sostuvo que, igualmente, consultó la Concesión Minera HCA -082 y se arrojó que este no cuenta con instrumento de manejo y control ambiental.

Precisó que ante la ANLA no se adelanta ningún trámite administrativo de licencia, o plan de manejo ambiental en la que el titular sea el señor José Darlinton Agualimpia Mosquera o la Concesión Minera HCA-082.

Puntualizó que el demandante circunscribe la presunta violación de sus derechos fundamentales en el proceso de licenciamiento adelantado por Codechocó, el cual es un proceso reglado y en el que puede intervenir como tercero y exponer sus argumentos, por lo que la acción de tutela es improcedente.

Añadió que, igualmente, puede acudir a la revisión judicial de los actos administrativos, escenario natural para tramitar sus divergencias.

Adujo que en el caso en estudio no se alegó un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela.

administrativos, escenario natural para tramitar sus divergencias.

Adujo que en el caso en estudio no se alegó un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela.

5.8. José Darlinton Agualimpia Mosquera

El señor José Darlinton Agualimpia Mosquera, a través de apoderada judicial, se pronunció sobre la demanda presentada en los siguientes términos:

Expuso que el señor Jesús Carmelo López Benítez, desde hace mucho tiempo, ha manifestado ser dueño de unos predios en los Municipios de Nóvita y Condoto , pero que esto no se encuentra probado ante ninguna autoridad, ya que no se ha aportado el título que lo acredita como tal.

Aclaró que no es cierto que el Contrato de Concesión Minera HCA -082 del año 2012 suscrito por la sociedad Aluviones de Colombia S.A., cedido a Ulloa Recursos Naturales S.A.S., haya perdido sus efectos jurídicos y que, por el contrario, la Agencia Nacional de Minería registró el contrato y se encuentra vigente.

Señaló que si bien el Juzgado Penal del Circuito de Itsmina , mediante providencia del 21 de marzo de 2013, ordenó la inaplicabilidad del referido título, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó , también lo es que ese amparo fue provisional hasta tanto se interpusiera la demanda ordinaria ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, plazo que no se cumplió.Demandante: Jesús Carmelo López Benítez Demandados: Presidencia de la República y otros Radi