CE - 110010315000202206110011SENTENCIA20230523160521

Radicación: 11001 03 15 000 2022 06110 01

Accionante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2022 06110 01

Accionantes: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA

Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de relevancia constitucional cuando de lo expuesto por la parte actora no se advierte la afectación del núcleo esencial de los derechos fundamentales invocados.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) contra el fallo de tutela de primera instancia dictado el 10 de febrero de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Dirección Regional Guajira, por intermedio de apoderad a judicial, solicitó el amparo de los

Tercera, Subsección C.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Dirección Regional Guajira, por intermedio de apoderad a judicial, solicitó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, que estimó vulnerados con ocasión de la sentencia del 21 de septiembre de 2022 dictada por el Tribunal Administrativo de la Guajira, que revocó el fallo del 14 de agosto de 2020 proferido por el Juzgado 2° Administrativo Mixto de Riohacha, y en su lugar, accedió parcialmente aRadicación: 11001 03 15 000 2022 06110 01

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las pretensiones de la demanda de reparación directa instaurada por el señor Máximo Uriana y otros contra la entidad aquí accionante1.

Como hechos que antecedieron a la acción de tutela, el ICBF expuso que los señores Máximo Uriana y otros2 promovieron contra esa entidad y contra la Nación – Ministerio de Defensa, una acción de reparación directa buscando obtener la reparación de los perjuicios ocasionados por la muerte de la menor Y.U.I., indígena de catorce (14) años, perteneciente a la comunidad wayuu, que fue violada y asesinada el 25 de febrero de 2015, hechos que supuestamente tuvieron lugar como consecuencia de las omisiones y la negligencia de las entidades demandadas.

a la comunidad wayuu, que fue violada y asesinada el 25 de febrero de 2015, hechos que supuestamente tuvieron lugar como consecuencia de las omisiones y la negligencia de las entidades demandadas.

Señaló que el asunto correspondió al Juzgado 2° Administrativo Mixto de Riohacha, despacho que, mediante sentencia del 14 de agosto de 2020 , denegó las pretensiones de la demanda , al considerar que las entidades accionadas no incumplieron con su objeto misional y que el día en que sucedieron los hechos no tenían posición de garantes frente a la menor.

La entidad advirtió que los demandantes del proceso ordinario apelaron la anterior providencia y, mediante fallo del 21 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo de La Guajira la revocó, al considerar que el ICBF sí tenía posición de garante frente a la menor de edad, por lo que el daño le era atribuible . Sin embargo, señaló que los padres de la víctima también habían incurrido en graves omisiones frente a su deber de cuidado, por lo que declaró la concurrencia de culpas.

A juicio de la entidad demandante, la providencia cuestionada incurrió en defecto fáctico por falta de valoración y errónea valoración de las pruebas testimoniales, aunque no explicó cómo se configuró tal defecto y ni siquiera mencionó a ningún testigo en concreto.

Sostuvo que la autoridad judicial demandada “dividió la prueba documental” y efectuó una valoración probatoria manifiestamente

1 El proceso se tramitó bajo el radicado 44-001-33-40-002-2015-00288-01.

Sostuvo que la autoridad judicial demandada “dividió la prueba documental” y efectuó una valoración probatoria manifiestamente

1 El proceso se tramitó bajo el radicado 44-001-33-40-002-2015-00288-01. 2 Ousiria Ipuana Uriana, Luz Divina Uriana Ipuana, Maximiliano Uriana Ipuana, Carlos Uriana Ipuana, Yairis Uriana Ipuana, Ana Beya Uriana Ipuana, Liliana Uriana Ipuana y María Isabel Uriana Ipuana.Radicación: 11001 03 15 000 2022 06110 01

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irrazonable, lo que la llevó a concluir equivocadamente que la entidad había incumplido con sus competencias e incurrido en una falla en el servicio, desconociendo que el hecho dañoso fue causado por personas ajenas a la entidad , es decir, que se configuró la causal eximente de responsabilidad de hecho de un tercero, la cual rompe el nexo causal.

Dijo que la sentencia t ampoco tuvo en cuenta que las actuaciones del ICBF se basaron en l os lineamientos técnicos que rigen el proceso de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes , particularmente, de los que pertenecen a una comunidad indígena , es decir, con enfoque diferencial. Explicó que tales lineamientos , en concordancia con los artículos 70, 119 y 156 de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y Adolescencia) , establecen que, cuando se

decir, con enfoque diferencial. Explicó que tales lineamientos , en concordancia con los artículos 70, 119 y 156 de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y Adolescencia) , establecen que, cuando se sospeche de la vulneración o amenaza de derechos de esa población, las entidades deben coordinar y articular con la aut oridad tradicional, todas las acciones de protección, respetando siempre la jurisdicción indígena.

Además, la medida que aplicó, esto es, ubicar a la menor en su medio familiar, no resultó arbitraria, sino que tuvo como fundamento el numeral 3º del artículo 53 de la Ley 1098 de 2006 , y fue el resultado del análisis del conjunto de intervenciones interdisciplinarias que permitió establecer que era necesaria para el restablecimiento del derecho.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. El magistrado del Tribunal Administrativo de La Guajira, ponente de la sentencia del 21 de septiembre de 2022, sostuvo que tal decisión se emitió luego de efectuar el análisis crítico del material probatorio , en concordancia con los postulados normativos y jurisprudenciales que han sido aplicados en casos similares.

Alegó que la tutela es improcedente porque la argumentación relativa al defecto fáctico en el que presuntamente incurrió el tribunal no cumple con los requisitos decantados por la jurisprudencia constitucional, pues no seRadicación: 11001 03 15 000 2022 06110 01

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señala en qué consistió la indebida valoración en la que presuntamente incurrió el tribunal al expedir la sentencia objeto de reproche.

En todo caso, en la providencia cuestionada se estudiaron en conjunto las pruebas arrimadas al proceso y a éstas se les otorgó el valor que conforme a la ley y a la jurisprudencia les correspondía, análisis que llevó al tribunal a concluir que el ICBF no cumplió con el deber legal de adoptar todas las medidas a su alcance para restablecer los derechos de la menor fallecida.

Además, la tutela se basa en apreciaciones subjetivas de la entidad demandante, la cual solo busca acceder a una tercera instancia en la que se discuta nuevamente una situación que ya fue decidida con efectos de cosa juzgada. En esa línea, destacó que los argumentos de la solicitud de amparo son los mismos que quiso hacer valer en el trámite ordinario.

Con todo, sostuvo que la providencia discutida no incurrió en ninguna de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, ni vulneró los derechos fundamentales invocados por la entidad accionante.

2.2. Los demandantes del proceso de reparación directa intervinieron a través de apoderado judicial y señalaron que los argumentos de la demanda carecen de sentido y que descontextualizan los hechos, pues citan apartes incompletos del “material procesal”, sin seguir un hilo conductor que permita comprender el contenido de la acción de tutela.

demanda carecen de sentido y que descontextualizan los hechos, pues citan apartes incompletos del “material procesal”, sin seguir un hilo conductor que permita comprender el contenido de la acción de tutela.

Dijeron que, si bien la demanda de tutela sostiene que el ICBF cumplió con los protocolos establecidos en la normativa aplicable para lograr el restablecimiento de los derechos de la menor y evitar otras vulneraciones, particularmente, que ordenó remitir el caso al centro zonal de Manaure para que se realizara el seguimiento y se dieran las orientaciones a nivel psicosocial, lo cierto es que esto nunca se probó en el proceso.

2.3. El teniente coronel del Grupo de Asuntos Jurídicos de la Secretar ía General del Ministerio de Defensa – Policía Nacional, citó en extensoRadicación: 11001 03 15 000 2022 06110 01

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los argumentos de la sentencia cuestionada y sostuvo que el tribunal encontró acreditado que el ICBF no adoptó las medidas necesarias para evitar el daño que sufrió la menor, teniendo en cuenta que en el momento de los hechos tenía respecto de ésta la posición de garante.

Arguyó que esa entidad adujo que, luego de la valoración por psicología que se realizó a la menor, se ordenó remitirla al centro zonal del municipio de Manaure, pero no probó el cumplimiento de tal mandato, y que las actuaciones que dispuso llevar a cabo no fueron las más acertadas,

que se realizó a la menor, se ordenó remitirla al centro zonal del municipio de Manaure, pero no probó el cumplimiento de tal mandato, y que las actuaciones que dispuso llevar a cabo no fueron las más acertadas, incurriendo en incuria y dando lugar al daño que finalmente se produjo.

Por último, argumentó que en este caso no se configura una situación de urgencia que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante fallo de 10 de febrero de 202 3, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, declaró la improcedencia del amparo al considerar que al juez constitucional no le corresponde revisar ni evaluar la interpretación efectuada por el juez natural del asunto. En tal sentido, la tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario, ni es un escenario para que la parte desfavorecida por una decisión proponga “una mejor solución” al caso.

Agregó que, de todos modos, no se advertía que la decisión cuestionada en este caso fuera caprichosa o arbitraria , por lo que no ameritaba la intervención del juez de amparo.

IV. IMPUGNACIÓN

4.1. La apoderada de la Oficina Asesora Jurídica de la Dirección General del ICBF alegó que el fallo de primera instancia no analizó ninguno de los argumentos formulados en la tutela en relación con los defectos en que incurrió la sentencia del 21 de septiembre de 2022, y se limitó a hacer unRadicación: 11001 03 15 000 2022 06110 01

argumentos formulados en la tutela en relación con los defectos en que incurrió la sentencia del 21 de septiembre de 2022, y se limitó a hacer unRadicación: 11001 03 15 000 2022 06110 01

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resumen de lo ocurrido en el proceso ordinario, de la solicitud de amparo y de la contestación, por lo que incurrió en una incongruencia.

Explicó las tres modalidades de restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que incluye el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD), esto es: (i) la de ubicación inicial, (ii) la de apoyo y fortalecimiento a la familia o red vincular y (iii) la de acogimiento, y dijo que en este caso se adoptó una medida mixta. En este orden, contra las conclusiones de la providencia cuestionada, sostuvo que a la menor se le respetaron los derechos desde el enfoque diferencial y fue entregada a su entorn o familiar, decisión que no fue tomada de manera arbitraria, sino que es el resultado del análisis del conjunto de intervenciones interdisciplinarias.

Finalmente, advirtió que la menor perdió la vida mientras se encontraba bajo custodia de sus familiares, por lo que es desproporcionado que ahora ellos pretendan una indemnización del Estado.

4.2. La apoderada de la Dirección Regional Guajira del ICBF argumentó que el Tribunal Administrativo de la Guajira incurrió en defecto fáctico por haber hecho una interpretación irrazonable de los elementos

ellos pretendan una indemnización del Estado.

4.2. La apoderada de la Dirección Regional Guajira del ICBF argumentó que el Tribunal Administrativo de la Guajira incurrió en defecto fáctico por haber hecho una interpretación irrazonable de los elementos de juicio aportados por la entidad para acreditar las actuaciones surtidas frente al restablecimiento de los derechos de la menor Y.U.I.

Al respecto, advirtió que la entidad se vio en dificultades para cumplir con esa finalidad, debido a las acciones de sus padres, quienes desatendieron las obligaciones que les impone el artículo 10 de la Ley 1098 de 2006, al no avisar oportunamente que la niña se había evadido de la comunidad, lo que pudo haberse presentado desde antes del 23 de febrero de 2015. Por lo tanto, en este caso se configuró el hecho de un tercero, que exime de responsabilidad a la administración.

Dijo que el tribunal analizó la responsabilidad del ICBF desde la perspectiva de la violencia de género, estudio que no atiende a la realidad del asunto, pues el daño fue ocasionado por un tercero que perpetró elRadicación: 11001 03 15 000 2022 06110 01

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delito de homicidio contra la menor. Entonces, luego de explicar los conceptos de daño e imputación, advirtió que en este caso se configuró la causal eximente de responsabilidad de hecho de un tercero, que rompe el nexo causal.

delito de homicidio contra la menor. Entonces, luego de explicar los conceptos de daño e imputación, advirtió que en este caso se configuró la causal eximente de responsabilidad de hecho de un tercero, que rompe el nexo causal.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

5.2. HECHOS

5.2.1. Máximo Uriana y otros 3 promovieron demanda de reparación directa contra el ICBF y la Nación – Ministerio de Defensa, con el fin de obtener la reparación de los perjuicios ocasionados por la muerte de la menor Y .U.I., indígena de catorce ( 14) años, perteneciente a la comunidad wayuu, que fue violada y asesinada el 25 de febrero de 2015.

5.2.2. Mediante sentencia del 14 de agosto de 2020, el Juzgado Segundo Administrativo Mixto de Riohacha denegó las pretensiones de la demanda, al considerar que las entidades accionadas no incumplieron con su objeto misional, pues el día en que sucedieron los hechos no tenían posición de garantes respecto de la menor.

Administrativo Mixto de Riohacha denegó las pretensiones de la demanda, al considerar que las entidades accionadas no incumplieron con su objeto misional, pues el día en que sucedieron los hechos no tenían posición de garantes respecto de la menor.

5.2.3. Los demandantes del proceso ordinario apelaron la anterior providencia y, mediante fallo del 21 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo de La Guajira la revocó, al considerar que el ICBF sí tenía

3 Ousiria Ipuana Uriana, Luz Divina Uriana Ipuana, Maximiliano Uriana Ipuana, Carlos Uriana Ipuana, Yairis Uriana Ipuana, Ana Beya Uriana Ipuana, Liliana Uriana Ipuana y María Isabel Uriana Ipuana.Radicación: 11001 03 15 000 2022 06110 01

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posición de garante frente a la menor de edad, por lo que el daño sí le era atribuible. Sin embargo, consideró que los padres de la víctima también habían incurrido en graves omisiones frente su deber de cuidado, por lo que declaró la concurrencia de culpas.

5.2.4. El ICBF interpuso acción de tutela contra la anterior providencia, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

5.3. ANÁLISIS DE LA SALA

5.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de

considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

5.3. ANÁLISIS DE LA SALA

5.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios constituc ionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

5.3.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al determinar los requisitos gener ales y especiales de procedencia de la tutela contra decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación 4, indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.

4 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).Radicación: 11001 03 15 000 2022 06110 01

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Recientemente, con la sentencia SU-215 de 20225, la Corte Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario de dicha acción y en la espe cialidad tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:

“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar de manera razonable una restricción desproporcionada a los derechos mencionados. […]”.

En este caso, el ICBF solicitó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, pretendiendo que se deje sin efectos la sentencia de septiembre 21 de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de la Guajira, que revocó el fallo de agosto 14 de 2020, proferido por el Juzgado 2° Administrativo Mixto de Riohacha, y en su lugar, accedió a las pretensiones de la demanda de reparación directa promovida en su contra por los señores Máximo Uriana y otros6.

Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello

directa promovida en su contra por los señores Máximo Uriana y otros6.

Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para identificar si la cuestión que se d iscute resulta de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos con respecto al caso concreto.

5.3.1.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional

En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez

5 M. P. Natalia Ángel Cabo. 6 El proceso se tramitó bajo el radicado 44-001-33-40-002-2015-00288-01.Radicación: 11001 03 15 000 2022 06110 01

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constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por

clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional, pues si no lo hace , corre el riesgo de involucrarse en aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia constitucional.

Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.

A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constit ucional. En sentencia SU–573 de 2019 7, el alto tribunal explicó que este requisito persigue tres finalidades:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

7 M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103 de 2022Radicación: 11001 03 15 000 2022 06110 01

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(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso la clave que sirv e al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 8.

5.3.1.3. Las cuestiones de relevancia constitucional

Frente a la primera finalidad señalada, esto es, restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de clara relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, en la sentencia SU-573 de 2019, la Corte explicó que el elemento de la relevancia tiene el siguiente alcance:

“[…] “el caso [debe involucrar] algún debate jurídico que gir[e] en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental”. La

Corte explicó que el elemento de la relevancia tiene el siguiente alcance:

“[…] “el caso [debe involucrar] algún debate jurídico que gir[e] en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental”. La Corte ha sostenido al unísono que la cuestión debe revestir una ‘clara’, ‘marcada’ e ‘indiscutible’ relevancia constitucional, dado que el único objeto de la tutela es la protección efectiva, inmediata y subsidiaria de los derechos constitucionales fundamentales. Por tal razón, es necesario que ‘la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental’. Esto significa que el asunto debe ser trascendente para (i) ‘la interpretación del estatuto superior’, (ii) su aplicación, (iii) desarrollo eficaz y (iv) la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales. Lo anterior, exige al juez ‘indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes’ […]”. [Se destaca].

De lo anterior se desprende que la comprensión que la jurisprudencia constitucional le ha dado a este primer elemento de la relevancia consiste en que la acción de tutela que se promueve contra providencia judicial proponga un debate sobre el contenido, alcance o goce de un derecho fundamental o que el caso concreto, en los términos de l fallo SU-215 de 2022, tenga “entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución

8 Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la

2022, tenga “entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución

8 Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.Radicación: 11001 03 15 000 2022 06110 01

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Política o un derecho fundamental”, pues solo así se podrá establecer que el asunto es evidentemente de naturaleza constitucional. Ello quiere significar que, quien interpone una acción de tutela, debe identificar cuál es el derecho fundamental que estima afectado y explicar los motivos por los cuales considera que la sentencia atacada lo está vulnerando.

En consonancia con lo dicho, la Corte Constitucional, en el fallo SU-573 de 2019, manifestó que “la acreditación de esta exigencia [el requisito de relevancia constitucional], más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo

lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel”. [Se destaca]. Este criterio fue luego reiterado en los fallos SU -128 de 2021 9, SU -103 de 2022 10, y más recientemente en la ya citada sentencia SU-215 de 2022.

En la última de estas sentencias de unificación, en la cual se revisó el fallo de segunda instancia que esta Sala dictó el 20 de agosto de 2021, en el trámite de la acción de tutela formulada por una sociedad contra la sentencia proferida el 4 de marzo de 2021 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por presunta violación de los derechos al debido proceso y acceso efectivo a la administración de justicia, la Corte explicó que la cuestión discutida en esa ocasión no tenía relevancia constitucional toda vez que la parte actora pretendía que el significado de los derechos invocados se tradujera en “una decisión favorable a través de la imposición de una lectura alternativa del litigio que derive en la anulación de las liquidaciones oficiales de revisión qu e profirió la DIAN sin que ello sea un asunto de interés general”.

Además, en un pronunciamiento anterior, esto es, en la sentencia T -422 de 201811, la Corte Constitucional confirmó una decisión de la Sección Primera del Consejo de Estado que había decla rado improcedente la

9 M.P. Cristina Pardo S