CE - 110010315000202206115011SENTENCIA20230303121621

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06115-01

Demandante: Edgar Hernando Vallejo Castillo y otro

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-06115-01

Demandante: EDGAR HERNANDO VALLEJO CATILLO Y OTRO

Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Temas: Derecho de petición

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugna ción presentada por los s eñores Edgar Hernando Vallejo Castillo y Ja iro Orla ndo Torres S ánchez contra la sentencia del 15 de diciembre de 2022, dictada por el Consejo de Es tado, Sección Quinta, que resolvió:

“PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de los accionantes para que la Dirección General de la Policía Nacional responda los puntos 1º y 2º de la

resolvió:

“PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de los accionantes para que la Dirección General de la Policía Nacional responda los puntos 1º y 2º de la solicitud de 6 de septiembre de 2022, dentro de los diez días siguientes a la notificación de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de la acción de tutela promovida por los señores Edgar Hernando Vallejo Castillo y Jairo Orlando Torres Sánchez, en lo que atañe a los puntos 3º, 4º, 5º y 6º de la petición que los motivó a presentar este mecanismo constitucional.

TERCERO: NEGAR la tute la formulada por la parte actora en lo qu e refiere al presidente y a la Presidencia de la República.”

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

Los señores Edgar Hernando Vallejo Castillo y Jairo Orlando Torres S ánchez, en nombre propio, interpusieron acción de tutela contra la Presidencia de la República y e l presidente de la República , por considerar vulnerado el derecho fundamental de petición. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERA. Se ampare el derecho fundamental de PETICION y cualquier otro del mismo rango que se determine violado, como consecuencia de no recibir respuesta al DERECHO DE PETICION de fecha 06 de septiembre de 2022, radicado en la Presidencia de la Republica confo rme lo acredita el señor Vladimir Fernández Andrade; Secretario Jurídico de la Presidencia, en su comun icación OFI”” -

00101717/GFPU 1301000

SEGUNDA. Se ordene a la Presidencia de la República, representada por el

Andrade; Secretario Jurídico de la Presidencia, en su comun icación OFI”” -

00101717/GFPU 1301000

SEGUNDA. Se ordene a la Presidencia de la República, representada por el Presidente Gustavo Petro Urrego, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la Sentencia, produzca la respuesta o acto pretermitido.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06115-01

Demandante: Edgar Hernando Vallejo Castillo y otro

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

TERCERA. Se ordene a la Presidencia de la República, representada por el Presidente Gustavo Petro Urrego, que una vez produzca la decisión definitiva e n el asunto en cuestión, remita a su despacho, copia de la respuesta con las formalidades de ley, so pena de las sanciones de ley por desacato a lo ordenado por sentencia de Tutela.”

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Los señores Edgar Hernando Vallejo Castillo y Jairo Orlando Torres S ánchez presentaron de recho de pet ición ante la Presidencia de la República el 6 de septiembre de 202 2, en el que solicit aron que se resolvieran l as siguientes preguntas:

«Primera: Solicitamos que el señor Presidente nos indique si existe algun a norma

septiembre de 202 2, en el que solicit aron que se resolvieran l as siguientes preguntas:

«Primera: Solicitamos que el señor Presidente nos indique si existe algun a norma contraria a la Ley 1801 de 2016 “Código de Seguridad y Convivencia”, la Ley 599 de 2000, (junto con sus reformas) “Código Penal” y la Ley 1098 de 2006 “Código de la Infancia y la Adolescencia” que prohíba “perseguir” como dice usted o no obligue al personal uniformados de la Policía Nacional requerir a los jóvenes, que se encuentren en los parques, vías o demás espacios públicos, cuando con sus comportamientos materialicen conductas contrarias a la convivencia, delitos o contravenciones, afectando con esto a la comunidad en general.

Segunda: Solicitamos que el señor Presidente, nos expida copias de los reglamentos y acciones apropiadas que existan o que haya expedido para garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana, en las que tenga dispuesto que la policía no “persiga a los jóvenes en los parques” pese a que sean sorprendidos cometiendo conductas contrarias a la convivencia, delitos o contravenciones y que le permitan a los uniformados de la Policía y en especial usted como la máxima autoridad de policía en su calidad de Presidente de la República, al igual que todos los ciudadanos, ignorar el estado de derecho y por tanto a las disposiciones dictadas por el Congreso de la Republica en ejercicio del poder de policía, conforme lo contempla la ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Policía y Convivencia”

Tercera: Solicitamos que el señor Presidente, nos explique cómo deben responder los policías ante los organismos de control y judiciales, cuando omitan su deber funcional

“Código Nacional de Policía y Convivencia”

Tercera: Solicitamos que el señor Presidente, nos explique cómo deben responder los policías ante los organismos de control y judiciales, cuando omitan su deber funcional y prevariquen al no captura r a aquellas personas que están violando el Código Penal con relación al artículo 315, al cual hizo referencia en su discurso, cuando señalo: “desde cuando un campesino que cosecha hoja de coca es un criminal, si lo que es, es un simple campesino [sic] …”

Cuarta: Solicitamos que el señor Presidente, nos aclare como se va a desarrollar la seguridad humana, contrariando la función policial que compete a los uniformados de la Policía Nacional con fundamento en el orden legal vigente.

Quinta: Solicitamos que el señor Pr esidente, nos indique si existe algún estudio donde se distinga las características de cada unidad de policía, se establezca cual es el número de personal que requiere para cumplir la función asignada por la constitución y cual es número de pers onal mascul ino y fe menino que deben integrarlas.

Sexta: Solicitamos que el señor Presidente, nos indique si existe algún estudio donde se establezca técnica, económica y procedimentalmente, la forma en que se va a permitir que todos los uniformados de la Policía Nacional, puedan llegar a la cúspide, teniendo en cuenta que la institución por la naturaleza de su función, requiere distribuir tareas jerarquizadas, lo cual ha sido reconocido por la Corte Constitucional, cuando ha manifestado al respecto: “con fundamento e n la fun ción que desempeña la fuerza pública… se aplica un mecanismo de renovación dentro de la línea jerárquicaRadicado: 11001-03-15-000-2022-06115-01

manifestado al respecto: “con fundamento e n la fun ción que desempeña la fuerza pública… se aplica un mecanismo de renovación dentro de la línea jerárquicaRadicado: 11001-03-15-000-2022-06115-01

Demandante: Edgar Hernando Vallejo Castillo y otro

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

institucional que busca garantizar la dinámica de la carrera de los uniformados… relevo natural dentro del esquema piramidal de man do… atendiendo necesidades de servicio que en todo caso estará sujeto a las vacantes…” SU 091 de 2016. »

Mediante comunicación nro. OFI””-00101717/GFPU 1301000 del 13 de septiembre de 2022, el secretario jurídico de la Presidencia les informó que trasladó la petición a la Policía Nacional. Sin embargo, a la fecha de interposición de la presente tutela no se había dado respuesta a la solicitud.

3. Argumentos de la acción de tutela

Los actor es seña laron que , “por mandato constitucional, las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas, en su vida, honra, biene s, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, así como también, es un derecho de todo ciudadano, participar en las d ecisiones que afectan la vida económica,

y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, así como también, es un derecho de todo ciudadano, participar en las d ecisiones que afectan la vida económica, administrativa, cultural, la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo ”.

Aunado a ello, aseguraron que , las a utoridades accionadas han vul nerado los artículos 23 de la Consti tución Polí tica y 13 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo, porque se superó el término legal previsto de 15 días, desde la presentación de la petición, sin haber obtenido respuesta.

Que acorde con el artículo 1 3 de la Ley 1437 de 2011, tienen dere cho a requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, entre otros, y tales solicitudes deben resolverse dentro de los 15 días siguientes a su recepción.

4. Oposición

El Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional – Jefatura Nacional del Servicio de Policía – Grupo de Asuntos Jurídicos solicitó que se dec larara la carencia actual del objeto por hecho superado, dentro de la pres ente acción de tutela, por lo siguiente:

Indicó que mediante comunicaciones oficiales GS -2022-039052-DIRAF y GS2022-039084-DIRAF el Director Administrativo y Financiero junto con el Contador General de la Polic ía Na cional dieron respuesta de fondo a cada un a de las preguntas formuladas en el derecho de petición.

Que, acorde con la jur isprudencia Constitucional desarrollada al respecto, se evidencia que la presente acci ón de tutela no es proce dente, toda vez que n o se

preguntas formuladas en el derecho de petición.

Que, acorde con la jur isprudencia Constitucional desarrollada al respecto, se evidencia que la presente acci ón de tutela no es proce dente, toda vez que n o se vulneró el derecho de petici ón invocado y para ello, obra el antecede nte de la actuación administrativa del caso, ajustado a derech o.

La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República pidió que se declar e improcedente la acción de tutela de la referencia y, como consecuenc ia, se desvincule al Depa rtamento Administrativo de la Presidencia de la República del referido trámite.

Señaló que el derecho de petición al que se refieren los señores Edg ar Hernando Vallejo Castillo y Jairo Orlando Torres Sánchez ya fue contestado de manera claraRadicado: 11001-03-15-000-2022-06115-01

Demandante: Edgar Hernando Vallejo Castillo y otro

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

y de fondo , y por lo tanto no hay lugar a una intervención de fondo del juez constitucional.

Que, en aras de garantizar el derecho funda mental de p etición de los tutelantes, mediante el oficio OFI22 -00102064 / GFPU 13010000 del 13 de septiembre de 2022, les informó sobre el traslado de la comunicación por competencia a la

mediante el oficio OFI22 -00102064 / GFPU 13010000 del 13 de septiembre de 2022, les informó sobre el traslado de la comunicación por competencia a la Policía Nacional.

Aseguró, que no se ha n vulnerado los derechos fundamentales de la parte accionante, toda vez que dio una contestación de fondo y dentro del término legal y oportuno que se dio a la solicit ud presentada.

Que, en relación con las funciones, competencias y facultades asignadas al Presidente y a la Presidencia de la República, no existe ninguna actuación u omisión por la que se hayan vulnerado sus derechos fundamentales, y por lo tanto las pretensiones relacionadas con ellas se deben negar.

5. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 15 de diciembre de 2022, amparó el derecho fund amental de petici ón de los actores, para que la Dirección General de la Policía Nacional responda los puntos 1º y 2º de la s olicitud de 6 de septiembre de 2022, den tro de los diez días siguientes a la notificación de esta providencia ; decl aró la care ncia actual de o bjeto respe cto de las dem ás preguntas formuladas en la solicitud y negó la tutela en lo que refiere al presidente y a la Presidencia de la República.

Afirmó que, la Presidencia de la República no vulneró el derecho de petición de los actores. Que si bien, la solicitud se radicó ante dicha entidad, de manera acertada, remitió el documento a la Dirección General de la Policía Nacional para que diera respuesta, toda vez que, las seis pre guntas que formularon hacían referencia a las funciones de esta entidad, a la forma en cómo se cumplen según las normas que

remitió el documento a la Dirección General de la Policía Nacional para que diera respuesta, toda vez que, las seis pre guntas que formularon hacían referencia a las funciones de esta entidad, a la forma en cómo se cumplen según las normas que los rigen, sus integrantes por dependencia y, en general, otras cuestiones directa e intrínsecamente relacionadas con esta autoridad.

Señaló que, los oficios mediante los cuales la Policía Nacional dio respuesta a la petición de los t utelantes se enviaron a los correo s electrónicos que proporcionaron los actores para ese efecto, el 25 de noviembre de 2022.

Estableció un paralelo entre l os in terrogantes formul ados en la petición y las respuestas dadas por la P olicía Nacional y encontró que, las respuestas dadas a las preguntas 1 y 2 no fueron claras ni de fondo .

Lo anterior, porque consideró que , los petic ionarios pretendían que se les informara si existe alguna norma que “prohíba perseguir a los jóvenes” por parte de los uniformados de la Policía , pero la entidad no aclaró si ello ocurre o no, sino que se limitó a manifestar que la Corte Constitucional dec laró ine xequible el precepto que prohibía el consumo de sustancias psicoactivas y alcohólicas en espacios públicos. Que, si bien explicó que es su deber garantizar la seguridad y buena convivencia ciudadana como uno de los fines esenciales del Estado y deb erRadicado: 11001-03-15-000-2022-06115-01

Demandante: Edgar Hernando Vallejo Castillo y otro

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Edgar Hernando Vallejo Castillo y otro

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

institucional fijado por la Con stitución, no respondió el cuestionamiento en concreto.

Que en esa medida, debía ampararse el derecho fundamental de petición de los actores, para que la Dirección General de la Policía Nacional manif estara si existe alguna regul ación que “prohíba perseguir a los jóvenes” que se encuentren infringiendo la ley en espacios públicos.

Aunado a ello, p recisó que, “(…) de resultar afirmativa la anteri or pregunta, en los términos del segundo punto de la solicitud, la entidad deb erá apor tar las respectivas copias de los reglamentos, leyes o manuales que contengan dichas prohibiciones.”

Frente a l as pre guntas 3, 4, 5 y 6, conc luyó que la Pol icía Nacional brind ó respuesta de forma clara y de fondo , razón por la que frente a esos pu ntos se había configurado la carencia actual de objeto por hecho sup erado.

6. Impugnación

Los señores Edgar Hernando Vallejo Castillo y Jairo Orlando Torres Sánchez impugnaron el fallo de primera inst ancia, porque, a su juicio, la entidad llamada a resolver su dere cho de petición es la Preside ncia de la Repúbl ica y Dirección General de la Policía Nacional.

impugnaron el fallo de primera inst ancia, porque, a su juicio, la entidad llamada a resolver su dere cho de petición es la Preside ncia de la Repúbl ica y Dirección General de la Policía Nacional.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la tutela se origina a partir de las aseveraciones que hizo el Presidente de la República , el día 19 de agosto de 2022, en el discurso de la posesión del Mayor General Henry Armando Sanabria Cely como Director General de la Policía Nacional .

Que contrario a lo manifestado por el a quo, el propósito de la petición “(…) no se trata de una mera relación con las normas, sin o que esta íntimamente relacionado con las aseveraciones que se hace en un discurso dirigido a la comunidad y el principio de legitima confianza en sus gobernantes, que debe integrar a la comunidad para la protección de sus derechos y libertades, individua les y colectivas; de manera que las actuaciones de sus gobernantes deben ser previsibles y jurídicamente seguras que brinden certidumbre y confianza para no inducir a comportamientos ambiguos que afectan un bien jurídico protegido como es la debida pacificación social, la convivencia pacífica. ”

Señaló que las peticiones deben resolverse de f orma clara, precisa y congruente con lo pedido, sin evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito de la solicitud, sin que sea un impedimento que se d é respuesta adicional relacionada con el interés de los peticionarios.

Indicó que el fallo de primera in stancia no era claro, porque negó la tutela respecto del Presidente y la Pre sidencia de la República, “cuando es el mismo Presidente

relacionada con el interés de los peticionarios.

Indicó que el fallo de primera in stancia no era claro, porque negó la tutela respecto del Presidente y la Pre sidencia de la República, “cuando es el mismo Presidente quien hace asevera ciones, disponiéndose que sea otro el que responde, de manera que las actuaciones que se obvia su responsabilidad, mas cuando las actuaciones d e sus gobernantes deben ser previsibles y jurídicamente seguras que brinden certidumbre y confianza para no induc ir a comportamientos ambiguosRadicado: 11001-03-15-000-2022-06115-01

Demandante: Edgar Hernando Vallejo Castillo y otro

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

que afectan un bien jurídico protegido como es la debida pacificación social, la convivencia pacífica”.

Insistió en que “(…) no se trata de reabrir una nueva polémica sino de solicitar que se confronte la Derecho de PETICION que se s ustenta en las aseveraciones que hace el propio presidente Gustavo Petro en el discurso cuyo link se incluyo en el Derecho de PETICION del cual se solicita su protección en el escrito de la

TUTELA.”

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. La acción de tutela y derecho de petición

Derecho de PETICION del cual se solicita su protección en el escrito de la

TUTELA.”

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. La acción de tutela y derecho de petición

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo impetrado, siempre que esté acreditada la razón para conferir la tutela.

El artículo 23 C.P. prev é que el derecho de petición es fundamental y faculta a toda persona para presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades y a obtener una respuesta oportuna, clara, precisa, de fondo y congruente con lo solicitado.

El derecho a recibir una respuesta de fondo implica que la autoridad que recibió la solicitud, según su competencia, se pronuncie completa y detalladamente sobre todos los asuntos expuestos por el solicitante. La autoridad cuestionada no puede responder con ev asivas o con raz ones que no guarden relación con los temas planteados en la solicitud.

Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que el derecho de petición:

“No se satisface con una respuesta meramente formal, sino que es necesaria una

responder con ev asivas o con raz ones que no guarden relación con los temas planteados en la solicitud.

Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que el derecho de petición:

“No se satisface con una respuesta meramente formal, sino que es necesaria una verdadera resolución acerca de lo planteado, de modo que se defina de fondo el asunto sometido a consideración de la autoridad, desde luego sobre la base de que ella sea competente. Pero además debe distinguirse entre el derecho que tiene el peticionario a la respuesta , en virtud de l a garantía constitucional, y el desarrollo interno que, en las dependencias de la Administración, tenga el curso de la petición formulada. En efecto, si la petición busca que la autoridad actúe en el ámbito de sus atribuciones o deberes, cumple su función obrando de inmediato, pero eso no la libera de su obligación de informar al peticionario sobre lo actuado y acerca de los resultados de la actividad emprendida”1.

1 Sentencia T-178-00, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06115-01

Demandante: Edgar Hernando Vallejo Castillo y otro

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

El derecho de petición, en concreto, comprende los siguientes elementos: (i) la posibilidad de formular solicitudes respetuosas ante las autoridades públicas o los

El derecho de petición, en concreto, comprende los siguientes elementos: (i) la posibilidad de formular solicitudes respetuosas ante las autoridades públicas o los particulares, según sea el caso; (ii) la garantía de que se entregue respuesta oportuna, es decir, en las oportunidades que prevé el ordenamiento jurídico; (iii) la respuesta de fondo o contestación material, esto es, la decisión que, en el ámbito de su competencia, debe entregar el destinatario de la petición, sin importar que la decisión sea o no favorable al solicitante; (iv) la comunicación oportuna de lo decidido y, (v) la falta de competencia para pronunciarse sobre la totalidad o parte de la petición presentada no significa que el destinatario quede exento de pronunciarse.

El desconocimiento de cualquiera de esos elementos trae como consecuencia la vulneración del derecho de petición.

2. Problema jurídico

En los términos del escrito de impugnación, la Sala deb e determinar si se encuentran vulnerados los derechos fundamentales invocados por los actores porque la resp uesta ofrecida a la petic ión que elevaron no la resolvió , concretamente, el presidente de la República como lo pretenden los demandantes.

3. Caso concreto

En el presente caso los ac tores pretenden que se or dene a la Presidencia de la República y el presidente de la República dar respuesta de fon do, pr ecisa y congruente al derecho de petición radicado el 6 de se ptiembre de 2022.

En el fallo de primera instancia se negaron las pretensiones de la acci ón de tutela, respecto de la Presidencia de la Repúb lica y el presidente de la República , al

En el fallo de primera instancia se negaron las pretensiones de la acci ón de tutela, respecto de la Presidencia de la Repúb lica y el presidente de la República , al considerar que pese a haberse rad icado la petició n ante ellas, de forma acertada se rem itió para que fue ra resuelta por la P olicía Nacional, porque las preguntas formuladas hacían referencia a las funciones de esta entidad, a la forma como se cumplen según las normas que los rigen, sus in tegrantes por de pendencia y, en general, otras cuestiones directa e intrínsecamente rel acionadas con esta autoridad.

Sin embargo, en el escrito de impugn ación los tutelantes insisten en que la competencia para resolver la petición es de la Presidencia de la República y e l presidente de la República , toda vez que , la misma tuvo origen e n las declaraciones dadas el día 19 de agosto de 2022, en el discurso de la posesión del Director General de la Policía Nacional .

Pues bien, al punto de la falta de competen cia, el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, prevé:

“Artículo 21. Funcionario sin competencia . Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o den tro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comun icará. Los términos p ara decidir o re sponder se contarán a partir del día

del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comun icará. Los términos p ara decidir o re sponder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente”.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06115-01

Demandante: Edgar Hernando Vallejo Castillo y otro

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

Entonces, si el funcionario a quien se dirige la solicitud no es el competente, además de remitirla a quien sí lo es, deberá informa rle tal actuación al interesado, pues de no hacerlo, vulneraría su derecho fundamental de petición .

En el presente asunto, se advierte que, mediante el Oficio OFI22 -00101717/GFPU 131000 del 13 de septiembre de 2022, la Presidencia de la Repúbli ca remitió el derecho de p etición a la Dirección de la P olicía Nacio nal, en los siguientes términos:

«Con fundamento en las funciones que le corresponden a la Policía Nacional, de conformidad con lo establecido en el Decreto 113 de 2022 “Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Defensa Nacional”, se traslada la comunicación del señor Jairo Orlando Torres Sánchez y Otro, del 2 de septiembre de 2022, radicada en el

estructura del Ministerio de Defensa Nacional”, se traslada la comunicación del señor Jairo Orlando Torres Sánchez y Otro, del 2 de septiembre de 2022, radicada en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República el 6 d e septiembre de 2022 y recibida en la Secretaría Jurídica en la misma fecha, mediante la cual solicita se resuelvan unas preguntas relacionadas con la función policial.

El presente traslado se adelanta en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”,1 sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Códi go de Procedimi ento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”,2 el cual dispone que la petición debe ser trasladada a la autoridad competente. »

El anterior oficio se notificó a los actores por correo electrónico de la misma fecha a las direcciones jairotorres5@yahoo.com y CEPCOM14@aol.com.

De lo analizado, la Sala concluye que la remisión efectuada por la Presidencia de la República fue acertada, toda vez que la competencia para responder la solicitud de los actores radica en la Policía Nacional.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el artículo 121 de la Constitución Política prevé que “Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones disti ntas de las que le atribuyen la Constitución y la ley”. Precepto del cual se deriva el princ ipio de competencia reglada, en virtud del que, justamente, a los servidores públicos solo les está permitido efectuar las funciones consagradas en el ordenamiento jurídico.

que le atribuyen la Constitución y la ley”. Precepto del cual se deriva el princ ipio de competencia reglada, en virtud del que, justamente, a los servidores públicos solo les está permitido efectuar las funciones con