CE - 110010315000202206119011SENTENCIA20231019162839

Demandante: Selva Góngora Villa Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2022-06119-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-06119-01

Demandante: SELVA GÓNGORA VILLA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Temas: Tutela contra providencia judicial – relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 16 de enero de 20231, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B mediante la cual declaró improcedente el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 17 de noviembre de 2022 al buzón web de recepción de tutelas y habeas corpus de la Rama Judicial, la señora Selva Góngora Villa , actuando a través de apoderado judicial, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo d e Santander, con el fin de que sean

buzón web de recepción de tutelas y habeas corpus de la Rama Judicial, la señora Selva Góngora Villa , actuando a través de apoderado judicial, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo d e Santander, con el fin de que sean amparados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

2. La actora consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión del fallo proferido por la autoridad demandada el 18 de mayo de 202 2, mediante el cual confirmó la sentencia dictada por el Juzgado 11 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con radicado 68001-33-33-011-2019-0012900/01, presentada por la actora contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía

Nacional.

1 El expediente ingresó al despacho para fallo de segunda instancia el 9 de octubre de 2023.Demandante: Selva Góngora Villa Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2022-06119-01

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1.2. Pretensión

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

se conceda el amparo de tutela solicitado por la Señora SELVA GÓNGORA VILLA, se ordene “Dejar sin Efectos” la sentencia de segunda instancia

fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

se conceda el amparo de tutela solicitado por la Señora SELVA GÓNGORA VILLA, se ordene “Dejar sin Efectos” la sentencia de segunda instancia precitada y se emita sentencia que la sustituya, según los argumentos expuestos por el Honorable CONSEJO DE ESTADO y la Accionante en la presente acción, observando el precedente jurisprudencial fijado por el H.

CONSEJO DE ESTADO.2

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. La señora Góngora Villa pertenece a la etnia cubeo del Resguardo Indígena del Vaupés. El 18 de enero de 1993 ingresó a la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander para recibir formación como oficial de la Policía Nacional. El 5 de noviembre de 1995 fue nombrada oficial en el grado de subteniente y el 1.º de junio de 2014 ascendió al grado de teniente coronel. A lo

largo de su carrera desempeñó sus funciones en los departamentos de Vaupés, Cauca, Valle del Cauca, Meta, Magdalena y Santander.

5. Durante el desempeño de sus funciones en los años de servicio, informó en distintas ocasiones a los mandos correspondientes sobre supuestas actuaciones al margen de la ley por parte de agentes de policía.

6. El 3 de octubre de 2018, sesionó la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional , con el fin de recomendar ante el Gobierno

margen de la ley por parte de agentes de policía.

6. El 3 de octubre de 2018, sesionó la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional , con el fin de recomendar ante el Gobierno Nacional el retiro de personal de oficiales de la institución por motivos de solicitud propia, llamamiento a calificar servicios, disminución de la capacidad sicofísica y voluntad del gobierno.

7. Con ocasión de tal sesión , se levantó el Acta 010-APROP-GRURE-3.22 del 3 de octubre de 2018 por medio de la cual se recomendó el retiro de personal por llamamiento a calificar servicios, dentro de quienes se encontraba la señora Góngora Villa. Se estableció que el llamamiento a calificar servicios era una causal de terminación normal de la situación administrativa laboral de un uniformado y no requería motivación, pues se encontraba respaldada por la ley. A su vez, se indicó que la accionante tenía 24 años, 10 meses y 28 días de servicio, por lo que se hacía acreedora de una asignación mensual de retiro y, por tanto, se recomendaba por unanimidad su retiro.

2 Transcripción del texto original con posibles errores.Demandante: Selva Góngora Villa Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2022-06119-01

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8. A través de la Resolución 7904 del 7 de noviembre de 2018, el Ministerio de Defensa Nacional decidió el retiro por llamamiento a calificar servicios de la señora

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8. A través de la Resolución 7904 del 7 de noviembre de 2018, el Ministerio de Defensa Nacional decidió el retiro por llamamiento a calificar servicios de la señora Góngora Villa, con fundamento en la recomendación de la Junta Asesora y en la certificación del 16 de octubre de 2018, suscrita por el jefe del Área de Procedimientos de Personal de la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, según la cual, la actora tenía más de 15 años de servicio. Aquel acto administrativo fue notificado el 13 de noviembre de 2018.

9. El 12 de febrero de 2019, el director general de la Policía Nacional expidió la Resolución 441 mediante la cual reconoció y ordenó el pago de la asignación mensual de retiro de la demandante, en cuantía equivalente al 87% del sueldo básico de la actividad para el grado y partidas legalmente computables.

10. El 26 de abril de 2019, la señora Górgona Villa interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad del acta de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional 010-APROP GRUPE-3.22 del 3 de octubre de 2018 y de la Resolución 7904 del 7 de noviembre de 2018.

11. Alegó que se violó «la proporción de las decisiones discrecionales» pues, como representante de una minoría de especial protección , fue retirada discrecionalmente sin que mediara censura alguna a su conducta en el

de 2018.

11. Alegó que se violó «la proporción de las decisiones discrecionales» pues, como representante de una minoría de especial protección , fue retirada discrecionalmente sin que mediara censura alguna a su conducta en el cumplimiento de sus funciones. Arguyó que el retiro se produjo cuando faltaban 4 meses para «ser estudiada su trayectoria profesional para ascenso al grado siguiente, el de coronel» . Añadió que dicho acto tuvo lugar después de haber informado de distintas irregularidades que, a su juicio, llevaron a cabo distintos agentes de la institución.

12. Mediante sentencia d el 23 de septiembre de 2021 , el Juzgado 11

Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga negó las pretensiones de la demanda, pues consideró que el retiro de la accionante por llamamiento a calificar servicios se encontraba debidamente motivado . Agregó que no se acreditó que dicho acto se hubiera utilizado como una herramienta de persecución por razones de discriminación o abuso de poder.

13. Sostuvo que el acto administrativo de retiro contó con el concepto previo de la Junta Asesora del Minister io de Defensa para la Policía Nacional y, a su vez, la señora Górgona Villa contaba con el término mínimo exigido para ello , esto es, 15 años de servicios. Afirmó que no se probó ningún acto de discriminación por su condición étnica que hubiera motivado la decisión de la administración y destacó que esta situación , por sí misma, «no otorga garantía de permanencia en la institución hasta los grados de mayor jerarquía». Agregó que « sus calidades como

condición étnica que hubiera motivado la decisión de la administración y destacó que esta situación , por sí misma, «no otorga garantía de permanencia en la institución hasta los grados de mayor jerarquía». Agregó que « sus calidades como persona y profesional» tampoco brindaban tal estabilidad.Demandante: Selva Góngora Villa Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2022-06119-01

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14. Consideró que el hecho de que la actora estuviera próxima a cumplir el término mínimo para ascenso al grado de coronel, no puede entenderse como una limitación para el ejercicio de la facultad , en cabeza del Gobierno Nacional y/o el director general de la Policía Nacional , para el retiro por llamamiento a calificar servicios. Lo anterior, puesto que la única exigencia para ello era la concurrencia de requisitos legales los cuales, en el asunto, estaban satisfechos.

15. Inconforme con lo anterior, la señora Góngora Villa presentó recurso de apelación y argumentó que hubo una indebida valoración de las pruebas ante la falta de un estudio integral y armónico. Insistió en que no se tuvo en cuenta su condición como integrante y representante de una minoría étnica, aunado a que se descartó su integridad profesional, trayectoria y hoja de vida en la institución.

16. Expuso que era claro que la demandante tenía méritos para ser ascendida al grado de coronel una vez fuese estudiada su trayectoria profesional y que se

descartó su integridad profesional, trayectoria y hoja de vida en la institución.

16. Expuso que era claro que la demandante tenía méritos para ser ascendida al grado de coronel una vez fuese estudiada su trayectoria profesional y que se descartó el hecho de que el retiro tuviera lugar a 4 meses de dicho examen. Agregó que las pruebas allegadas al proceso eran pertinentes, conducentes y útiles para acreditar la existencia de una prueba indiciaria que no permitía concluir la legalidad del retiro, pues estaba demostrado que la desvinculación se dio por las denuncias que sobre las irregularidades presentó.

17. Mediante sentencia del 18 de mayo de 2022 , el Tribunal Administrativo de Santander confirmó el fallo de primera instancia al considerar que se acreditó que, al momento de su retiro, la señora Góngora Villa contaba con más de 15 años de servicio en la Policía Nacional, por lo que resultaba acreedora de su pensió n. A su vez, sostuvo que la resolución cuestionada cumplió con el requisito formal que la norma exige, pues estuvo precedida de la autorización que dio la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional.

18. Expuso que en el proceso no existía prueba que permitiera concluir que su retiro se hubiera dado como consecuencia de las denuncias que presentó la accionante por presuntas irregularidades en la institución, por lo que no se comprobó una desviación de poder. En tal sentido, afirmó que la interesada no cumplió con la carga requerida para acreditar la configuración del vicio de poder argüido.

19. Indicó que la «excelente trayectoria y las múltiples condecoraciones y

cumplió con la carga requerida para acreditar la configuración del vicio de poder argüido.

19. Indicó que la «excelente trayectoria y las múltiples condecoraciones y felicitaciones que tuvo» la demandante, no limitan el ejercicio de la facultad discrecional de retiro, debido a que « esta decisión no representa una sanción por un mal comportamiento, sino una herramienta válida que permite el relevo en la línea de la jerarquía de la fuerza pública». Al respecto, agregó:

En tal medida, y por virtud de dicha prerrogativa, el nominador tiene la potestad de ascender a unos miembros de la fuerza y retirar a otros por razones de necesidad y de conveniencia, con independencia de la excelente hoja de vida que tenga el uniformado.Demandante: Selva Góngora Villa Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2022-06119-01

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Así lo ha reiterado la Sección Segunda del Consejo de Estado, al indicar que el buen desempeño en el servicio no otorga una estabilidad absoluta y no limita la facultad discrecional, pues el cabal cumplimiento de las funciones es connatural al ejercicio de la labor.

20. A su vez, argumentó que el hecho de que el retiro de la señora Górgona Villa se diera faltando unos meses de cumplirse el plazo para que fuera llamada en ascenso, esto no desvirtuaba la presunción de legalidad del acto administrativo,

pues:

se diera faltando unos meses de cumplirse el plazo para que fuera llamada en ascenso, esto no desvirtuaba la presunción de legalidad del acto administrativo, pues:

el proceso de ascenso está sometido a una condición, esto es, el concepto favorable que previamente emita la Junta Asesora del Ministerio de Defensa, que adelante los cursos de ascenso necesarios, entre otros requisitos -artículo 21 del Decreto Ley 1791 de 2000 -, sobre los que no se tenía certeza si la demandante los cumplía o los iba a cumplir.

21. Por último, señaló que del material probatorio no se evidenciaba que el retiro hubiera tenido lugar por su condición étnica. A su vez, condenó en costas de segunda instancia a la parte actora, en virtud del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el numeral 1.º del artículo 365 del Código General del

Proceso.

22. El 25 de mayo de 2022, la demandante allegó la siguiente solicitud al interior

del proceso:

solicito aclare la sentencia de segunda instancia en el sentido de que no se condene en costas de segunda instancia a la parte actora SELVA GÓNGORA VILLA, además que es una Accionante en condición de “Mujer”, y se suma su condición de pertenecer a una “Minoría Étnica”, la comunidad indígena “Cubeo”, esgrimiendo así la protección de sus derechos laborales.

23. Mediante auto del 14 de diciembre de 2022 3, el Tribunal Administrativo de Santander negó la solicitud, dado que la condena en costas de segunda instancia se fundamentó en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y en la jurisprudencia del

23. Mediante auto del 14 de diciembre de 2022 3, el Tribunal Administrativo de Santander negó la solicitud, dado que la condena en costas de segunda instancia se fundamentó en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y en la jurisprudencia del Consejo de Estado que ha tratado la modificación introducida por la Ley 2080 de

2021. A su vez, consideró que la solicitud de aclaración era improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 285 del Código General del Proceso.

1.4. Sustento de la vulneración

24. La parte actora expuso que el Tribunal Adm inistrativo de Santander , al confirmar la sentencia proferida por el Juzgado 11 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, incurrió en defecto fáctico.

25. Alegó que la sentencia de segunda instancia fue proferida:

sin valorar debidamente el acervo probatorio, confirma la decisión de primera instancia, siendo la realidad fáctica de los hechos de la demanda demostrada

3 Esta providencia fue proferida con posterioridad a la presentación de la acción de tutela.Demandante: Selva Góngora Villa Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2022-06119-01

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mediante el cúmulo probatorio allegado y desconsiderando la insistencia que se le tuvo que realizar a la parte demandada para el allegamiento de pruebas que estaban en sus archivos, así como el desconocer el análisis cuidadoso que

mediante el cúmulo probatorio allegado y desconsiderando la insistencia que se le tuvo que realizar a la parte demandada para el allegamiento de pruebas que estaban en sus archivos, así como el desconocer el análisis cuidadoso que realizó la parte actora de la información allegada por la entidad demandada

26. Arguyó que n o se tuvo en cuenta su condición como integrante y representante de una minoría étnic a y que fue retirada discrecionalmente sin que mediara censura alguna a su conducta en el cumplimiento de sus funciones.

Sostuvo que el retiro se produjo faltando 4 meses para «ser estudiada su trayectoria profesional para ascenso al grado siguiente, el de coronel». Añadió que dicho acto tuvo lugar después de haber informado de distintas irregularidades que, a su juicio, llevaron a cabo algunos agentes de la institución.

27. A su vez, en relación con la condena en costas impuesta por la autoridad judicial accionada, manifestó que se desconoció «de plano la vigencia y favorabilidad de la Ley 2028 de 202 1, cuando de ninguna forma se evidencia falta de fundamento para demandar o temeridad en los hechos de la demanda». Agregó que no se acreditó que la demanda carecía de fundamento legal y, por tanto, esta sanción era «un evidente abuso» en su contra.

1.5. Admisión de la demanda

28. El magistrado ponente de la decisión de primera instancia, mediante auto del 21 de noviembre de 202 2: i) admitió la demanda; ii) ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Santander; y, iii) vinculó, en calidad de terceros con interés, a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y al Juzgado 11 Administrativo Oral

Administrativo de Santander; y, iii) vinculó, en calidad de terceros con interés, a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y al Juzgado 11 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Ministerio de Defensa, Policía Nacional

29. Por medio de mensaje de datos enviado el 30 de noviembre de 2022 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la institución solicitó que se negaran las pretensiones de la acción de tutela, toda vez que no se acreditó una vulneración de derechos fundamentales ni perjuicios inminentes que posibiliten la intervención del juez de tutela.

30. Sostuvo que el acto administrativo cuestionado goza del principio de legalidad, pues se fundamentó en la realidad de la profesional de policía . Agregó que el hecho de que hubiera contado con un alto desempeño policial no impedía que se ejerciera la facultad de retiro por llamamiento a calificar servicios.

31. Indicó que no se acreditó la existencia de una desviación de poder ni se comprobó que el acto de retiro se hubiera dado como represalia después de que la accionante hubiera informado sobre presuntas irregularidades ocurridas en la

institución.Demandante: Selva Góngora Villa Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2022-06119-01

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32. Manifestó que la Policía Nacional no estigmatiza a sus miembros por razones

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32. Manifestó que la Policía Nacional no estigmatiza a sus miembros por razones étnicas ni de ninguna índole y, por tanto, alegar la condición indígena con el objetivo de ser reintegrada es contrario a la figura de llamamiento a calificar servicios, pues esta busca la renovación de la pirámide institucional.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Santander

33. A través de memorial enviado el 1.º de diciembre de 2022 al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado, la autoridad judicial demandada arguyó que no se cumplieron los requisitos que habilitan la interposición de la tutela contra providencia judicial y, en consecuencia, no deben estudiarse los requisitos especiales de procedibilidad en este tipo de procesos. Lo anterior, puesto que lo pretendido por la parte actora es reabrir un debate jurídico y probatorio ya zanjado.

34. Afirmó que la decisión que adoptó se fundamentó en la naturaleza del cargo desempeñado por la señora Gó ngora Villa, en la causal de retiro aplicada, en el cumplimiento de los requisitos formales exigidos por la norma y en la valoración de las pruebas aportadas. Añadió que el fallo censurado se dictó de conformidad con la jurisprudencia pacífica aplicable al caso en concreto.

35. A pesar de haber sido debidamente notificado, el Juzgado 11

Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga guardó silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia

35. A pesar de haber sido debidamente notificado, el Juzgado 11

Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga guardó silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia

36. Por medio de fallo proferido el 16 de enero de 2023, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela al no encontrar superado el requisito de relevancia constituciona l y al no identificar razonablemente los hechos que generan la vulneración alegada.

37. Precisó que la parte actora no esbozó «argumento alguno que determine que el asunto tiene relevancia constitucional ni la relación causa - efecto en que hace consistir la vulneración alegada, en especial, la afectación de ius fundamentales».

38. Consideró que la accionante reiteró los argumentos de orden fáctico y jurídico expuestos en escrito inicial de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y en el recurso de apelación interpuesto en el trámite ordinario. Agregó que no refutó las consideraciones de la sentencia cuestionada e insistió «en la ilegalidad del acto acusado por la causal de falsa motivación».

39. Señaló que la tutelante se limitó a insistir en un examen de legalidad con énfasis en cuestiones de índole probatorio, lo cual ya fue resuelto por el juez natural del asunto. Advirtió que una decisión contraria a los intereses de la demandante no puede entenderse como una vulneración de derechos fundamentales.Demandante: Selva Góngora Villa Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2022-06119-01

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puede entenderse como una vulneración de derechos fundamentales.Demandante: Selva Góngora Villa Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2022-06119-01

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

40. En relación con la inconformidad por la condena en costas de segunda instancia, puso de presente que al momento de presentar la tutela, estaba pendiente de resolverse la solicitud de aclaración presentada por la señora Gó ngora Villa y, por tanto, sostuvo que no podía proferir pronunciamiento al respecto.

41. La sentencia de primera instancia fue notificada por correo electrónico el 1 3 de febrero de 2023.

1.8. Impugnación

42. Mediante memorial remitido el 16 de febrero de 2023, la parte actora impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se accediera a las pretensiones de la demanda.

43. Destacó que en el escrito de tutela enfatizó en «la situación fáctico jurídica de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, porque es allí donde reposa el fundamento para iniciar la acción de tutela».

44. Expuso lo siguiente:

Es evidente la violación al derecho fundamental al “debido proceso” de la actora SELVA GÓNGORA VILLA, por cuanto demostramos que mediante prueba indiciaria con hechos probados, como el que estando a tres o cuatro meses de ser estudiada la trayectoria profe sional de la actora y ser retirada, si no la

SELVA GÓNGORA VILLA, por cuanto demostramos que mediante prueba indiciaria con hechos probados, como el que estando a tres o cuatro meses de ser estudiada la trayectoria profe sional de la actora y ser retirada, si no la superaba, fue retirada pero por retiro de “Llamamiento a calificar servicios”, por cumplir tiempo de servicio y tener derecho a asignación de retiro y concepto de recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía.

45. Indicó que no se tuvo en cuenta las denuncias presentadas por las irregularidades que tuvieron lugar en la institución ni la «excelente trayectoria profesional» de la actora.

46. Puso de presente que el Tribunal Administrativo de Santander la condenó en costas «desconociéndose de plano la vigencia y favorabilidad de la Ley 208 0 de 2021, cuando de ninguna forma se evidencia falta de fundamento para demandar o temeridad en los hechos de la demanda».

47. Señaló que se aplicaron « fundamentos legales que fueron derogados expresamente para el caso », pues «no se incurrió en la causal “cuando se establezca que se presentó la demanda manifiesta carencia de fundamento legal”», dado que ello no se acreditó.

48. Citó textualmente algunos extractos de las siguientes providencias del Consejo de Estado en materia de costas procesales:Demandante: Selva Góngora Villa Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2022-06119-01

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de julio de 2022. Radicado: 15759333300220180020801.4 • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo , Sección Segunda, Subsección A . Sentencia del 20 de septiembre de 2018. M.P .:

William Hernández Gómez. Radicado: 20001-23-33-000-201200222-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. M.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Radicado: 6800123-33-000-2014-00988-01.5 • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 8 de febrero de 2019. M.P.: Carmelo

Perdomo Cuéter. Radicado: 11001-03-15-000-2018-03416-01.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

49. Esta Sal a es competente para resolver la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia 16 de enero de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el

artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

50. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de primera instancia proferida el 16 de enero de 2023, por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, a través de la cual declaró la improcedencia del amparo solicitado, para lo cual se deberán resolver los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial?

51. De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se resolverá el siguiente

problema:

• ¿Vulneró el Tribunal Administrativo de Santander los derechos fundamentales invocados por presuntamente incurrir en defecto fáctico al proferir la sentencia del 18 de mayo de 2022?

4 Sin especificar sala de decisión ni magistrado ponente. 5 Sin especificar fecha en la que fue proferida la providencia.Demandante: Selva Góngora Villa Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2022-06119-01

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52. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizará: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra

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52. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizará: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) requisitos de procedibilidad adjetiva y iii) caso en concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

53. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20126 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 7 y declaró su procedencia.8

54. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

55. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la

adentrarse en la materia objeto del amp