CE - 110010315000202206124011SENTENCIA20230508121717

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-06124-01

Demandante: Jair Zapata Mosquera

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-06124-01

Accionante: Jair Zapata Mosquera

Accionados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro.

Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial, mediante la cual se sancionó disciplinariamente al aquí accionante. Incumplimiento del requisito general de subsidiariedad, con respecto al supuesto desconocimiento del artículo 90 de la Ley 734 de 2002; y ausencia de los defectos invocados, frente a los demás argumentos de disenso planteados por el accionante.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la sentencia proferida el 23 de enero de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante la cual negó el amparo solicitado p or el señor Jair Zapata Mosquera.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

Segunda, Subsección B, mediante la cual negó el amparo solicitado p or el señor Jair Zapata Mosquera.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, el señor Jair Zapata Mosquera promovió demanda en orden a que se tutele su derecho fundamental al debido proceso, y, en consecuencia, ordenar a quien corresponda abstenerse de cumplir la sentencia proferida el 27 de abril de 2022 por2

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la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el proceso disciplinario con radicado 76001-11-02-000-2018-00997-01, hasta que se resuelva la presente acción constitucional.

1.1.2. Hechos de la solicitud

Del escrito de tutela se extraen los siguientes hechos:

1. El señor Jeferson Ararat Vargas presentó queja disciplinaria en contra del abogado Jair Zapata Mosquera, debido a que los honorarios que cobró superaron la participación de los clientes, pues recibió, por parte del Ministerio de Defensa Nacional, en cumplimiento de la sentencia proferida en un proceso de reparación directa a favor del quejoso y otros, la suma de $ 172.523.824, pero solo les consignó a estos últimos el 50 % de lo reconocido como perjuicios, esto es, 44.660.000,

directa a favor del quejoso y otros, la suma de $ 172.523.824, pero solo les consignó a estos últimos el 50 % de lo reconocido como perjuicios, esto es, 44.660.000, manteniendo en su poder la otra mitad otorgada por este concepto más el 100 % de los intereses reconocidos, para un total de $ 127.863.824, monto que, en criterio del quejoso, es desproporcionado.

1. El 6 de noviembre de 2019 el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria 1, sancionó al aboga do precitado con suspensión del ejercicio de la profesión por el término de treinta y seis meses y multa de ochenta salarios mínimos legales mensuales vigentes, al encontrarlo responsable, a título de dolo, de la falta prevista en el ordinal 2.° del artícu lo 35 de la Ley 1123 de

2007.

1. Por lo anterior, el disciplinado interpuso recurso de apelació n y el 27 de abril de 2022 la Comisión Nacional de Disciplina Judicial negó la solicitud de nulidad y prescripción formulada por aquel y, adicionalmente, con firmó el proveído de primera instancia.

1.1.3. Fundamentos de derecho

1 Hoy Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca.3

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En sentir del accionante, en las sentencias del 6 de noviembre de 2019 y del 27 de abril de 2022, las autoridades accionadas incurrieron en los siguientes defectos:

1. Defecto fáctico, porque (i) no tuvieron en cuenta que el contrato de prestación de servicios profesionales en el que se pactaron sus honorarios, no ha sido invalidado por autoridad judicial alguna ni por mutuo acuerdo, por lo que se entiende ajustado al ordenamiento jurídico y su acatamiento no involucra una conducta censurable en el ámbito disciplinario, (ii) no practicaron el testimonio del señor Jorge Lizcano, (iii) no corrieron traslado del Informe Pericial de Medicina Legal núm. DSVC -GCPF-06352010 s uscrito por el médico psiquiatra Gustavo Ballesteros Castañeda; y (iv) de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, operó la prescripción de la acción disciplinaria, debido a que la presunta falta derivada del mencionado negocio jurídico se config uró al momento de su celebración, esto es, el 7 de diciembre de

2001.

2. D efecto sustantivo, puesto que desconocieron los artículos (i) 1602 y 2184 del Código Civil, que prevén que los contratos son ley para las partes, pues no se tuvo en cuenta que sus honorarios se sufragaron en cumplimiento de lo pactado el 7 de diciembre de 2001 con sus poderdantes, convenio que era de obligatoria observancia

Código Civil, que prevén que los contratos son ley para las partes, pues no se tuvo en cuenta que sus honorarios se sufragaron en cumplimiento de lo pactado el 7 de diciembre de 2001 con sus poderdantes, convenio que era de obligatoria observancia (por no ser invalidado por autoridad judicial alguna o por mutuo acuerdo) y que lo habilitaba a devengarlos sin consecuencias disciplinarias; (ii) 134 del Código General del Proceso , en razón a que no se constituyó en debida forma el litisconsorcio necesario, dado que se omitió convocar a las demás personas que le concedieron mandato judicial para incoar la acción de reparación directa en la que se impuso la condena de la que recibió el 50%; y (iii) 18 de la Ley 446 de 1998, pues el expediente disciplinario 76001 -11-02-000-2018-00997-00 no se decidió conforme al orden de ingreso al despacho.

3. Defecto procedimen tal absoluto, puesto que no se cumplió la formalidad de «ratificación de la queja bajo la gravedad de juramento», como lo exige el artículo 90 de la Ley 734 de 2002.

1.2. Actuación procesal4

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El 23 de noviembre de 2022, el despacho sustanciador de primera instancia admitió la acción de la referencia en contra de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca y,

El 23 de noviembre de 2022, el despacho sustanciador de primera instancia admitió la acción de la referencia en contra de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca y, adicionalmente, vinculó al señor Jeferson Ararat Vargas , como tercero interesado en el resultado del proceso. En consecuencia, les otorgó un término de dos (2) días, para que rindieran informe sobre los hechos expuestos en el escrito de tutela.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca

El magistrado Luis Hernando Castillo Restrepo solicitó declarar improcedente el amparo invocado, al considerar que no es cierto que en el trámite disciplinario se hubiese generado algun a irregularidad que causara un perjuicio irremediable a los derechos y garantías fundamentales del señor Jair Zapata Mosquera como investigado.

Para el efecto, afirmó que no se cumple el requisito general de subsidiariedad, puesto que los argumentos empleados por el accionante, para fundamentar el defecto fáctico y sustantivo, no son más que el deseo de anteponer su criterio sobre el convencimiento que ambas instancias tuvieron de la prueba acopiada en la actuación, apreciación sobre la que no es dable volver en sede de tutela.

En todo caso, manifestó que el peticionario falta a la verdad, al asegurar que era un deber del quejoso ampliar la queja disciplinaria, comoquiera que el parágrafo del artículo 66 de la Ley 1123 de 2007 no impone una obligación, sino que solo

deber del quejoso ampliar la queja disciplinaria, comoquiera que el parágrafo del artículo 66 de la Ley 1123 de 2007 no impone una obligación, sino que solo contempla la posibilidad de concurrir al proceso disciplinario a ampliar la queja bajo la gravedad de juramento, por lo que es una disposición meramente facultativa.

En cuanto a los demás reparos del señor Zapata M osquera, sostuvo que en la sentencia del 6 de noviembre de 2019, confirmada de forma íntegra por el superior funcional, se expusieron todas las razones para proferir la decisión censurada, por lo que el mecanismo de amparo no es el escenario para volver sobre ella, modificarla o5

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aclararla, en la medida en que fue expedida con apego al debido proceso y el respeto a los derechos y garantías del allí disciplinado.

1.3.2. Comisión Nacional de Disciplina Judicial

La magistrada Diana Marina Vélez Vásquez solicitó negar por improcedente la acción de la referencia, debido a que el peticionario centró la discusión en aspectos que ya había presentado en el recurso de apelación y en la solicitud de nulidad, los cuales fueron analizados y resueltos por esa jurisdic ción, por lo que lo pretendido por aquel es utilizar la acción de tutela como si se tratara de una tercera instancia, para reabrir el debate jurídico ya zanjado en el proceso disciplinario.

fueron analizados y resueltos por esa jurisdic ción, por lo que lo pretendido por aquel es utilizar la acción de tutela como si se tratara de una tercera instancia, para reabrir el debate jurídico ya zanjado en el proceso disciplinario.

Adicionalmente, manifestó que el accionante no cumple con la carg a argumentativa suficiente para demostrar en qué aspecto puntual esa corporación contrarió abiertamente los mandatos constitucionales y tampoco acreditó la satisfacción del requisito general de inmediatez, comoquiera que la sentencia cuestionada fue notificada el 17 de mayo de 2022 y la acción de tutela fue interpuesta el 17 de noviembre de igual anualidad , esto es, superior al término previsto como razonable para ese efecto.

Ahora, frente al caso en concreto, aseguró que la Comisión no vulneró los derechos fundamentales del señor Jair Zapata Mosquera , puesto q ue le permitió ejercer su derecho de contradicción , solicitar pruebas y agotar el recurso de apelación , el cual, conforme al principio de limitación, fue resuelto en debida forma, por lo que el hecho de que las decisiones hayan sido contrarias a los intereses de aquel no las convierte en un defecto sustancial o procedimental, sino que, todo lo contrario, son el cumplimiento de los deberes constitucionales y legales encomendados a esa jurisdicción.

1.4. Sentencia impugnada

El 23 de enero de 2023 , la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó el amparo solicitado, con fundamento en los siguientes argumentos:6

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Estado negó el amparo solicitado, con fundamento en los siguientes argumentos:6

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1. La providencia cuestionada no incurrió en defecto fáctico, comoquiera que la falta disciplinaria por la que el accionante fue sancionado no está condicionada a la validez del contrato de prestación de servicios, pues esta se configura cuando un abogado acuerd a, exige u obtiene una contraprestación económica mayor a la participación de sus poderdantes, es decir, en el evento en que aquel devengue un valor superior al que le corresponde a estos, postulado que se colmó en los hechos debatidos en el expediente dis ciplinario, dado que el tutelante recibió $ 127.863.824 como honorarios, mientras que sus poderdantes recibieron $ 44.660.000 como compensación por el daño antijurídico que originó la demanda ordinaria.

1. Adicionalmente, en relación con el fenómeno jurídico de la prescripción, no se estructuró la causal precitada, puesto que la sanción se impuso al demandante por obtener honorarios desproporcionados, hecho que sucedió después del 31 de enero de 2018, dado que en esa fecha el Ministerio de Defensa Nacional, a través de Resolución 510, reconoció y autorizó el pago de la condena impuesta en el proceso ordinario dentro del que aquel actuó como abogado del quejoso y de sus familiares,

de 2018, dado que en esa fecha el Ministerio de Defensa Nacional, a través de Resolución 510, reconoció y autorizó el pago de la condena impuesta en el proceso ordinario dentro del que aquel actuó como abogado del quejoso y de sus familiares, de manera que la actuación procesal que int errumpe la prescripción debió surtirse antes del 31 de enero de 2023, lo cual acaeció, porque la sentencia de primera instancia se emitió el 6 de noviembre de 2019 y fue notificada el 20 de enero de 2020.

1. De igual forma, las autoridades accionadas ta mpoco incurrieron en defecto sustantivo, porque (i) los artículos 1602 y 2184 del Código Civil no tenían incidencia en la configuración de la falta por la que fue sancionado el demandante, (ii) los artículos 134 del C ódigo General del Proceso y 90 de la Le y 734 de 2002 no fueron invocados en el asunto disciplinario 76001 -11-02-000-2018-00997-00 y las autoridades accionadas no se pronunciaron sobre estos ni tampoco de las situaciones que regulan, lo que impide analizarlos en este trámite constitucional; y

(iii) no se acreditó la desatención del artículo 18 de la Ley 448 de 1998 , comoquiera que el demandante no demostró que el asunto disciplinario seguido en su contra se haya decidido con antelación a otros procesos que ingresaron al respectivo despacho de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

1.5. Impugnación7

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despacho de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

1.5. Impugnación7

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La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia, para lo cual insistió en los cargos sobre el defecto fáctico. Adicionalmente, manifestó que las autoridades accionadas desconocieron el parágrafo del artículo 90 de la Ley 734 de 2002, comoquiera que el quejoso tenía el deber de ratificar la queja bajo la gravedad de juramento; y no aplicaron el artículo 61 del Código General del Proceso , puesto que no se constituyó en debida forma el litisconsorcio necesario, dado que no se convocaron a las demás personas que le concedieron mandato judicial para instaurar la demanda de reparación directa.

Igualmente, afirmó que aquellas autoridades desconocier on las causales 1 a, 2a, y 3a del artículo 98 de la Ley 1123 de 2007, toda vez que (i) la competente para conocer el debate disciplinario era la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, debido a que la Resolución núm. 510 del 31 de enero de 2018 fue expedida por el Ministerio de Defensa Nacional en Bogotá ; (ii) se pretermitió la práctica de la prueba testimonial del señor Jorge Lizcano y no se corrió traslado del Informe Pericial de Medicina Legal núm. DSVC -GCPF-0635-2010 suscrito por el médico p siquiatra

testimonial del señor Jorge Lizcano y no se corrió traslado del Informe Pericial de Medicina Legal núm. DSVC -GCPF-0635-2010 suscrito por el médico p siquiatra Gustavo Ballesteros Castañeda y (iii) se incurrieron en irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, d e acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019 2, según el cual «las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».

2 Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.8

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2.2. Cuestión previa

Antes de plantear el problema jurídico, se aclara que el análisis del presente asunto se centrará únicamente en la decisión adoptada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al ser la autoridad que puso fin al proceso disciplinario, en tanto que confirmó la sentencia emitida por el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria.

Disciplina Judicial, al ser la autoridad que puso fin al proceso disciplinario, en tanto que confirmó la sentencia emitida por el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar , en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedencia para controvertir la sentencia del 27 de abril de 2022, proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el proceso disciplinario con número de radicado 76001-11-02-000-2018-00997-01. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si se configur aron los defectos fáctico y sustantivo y, por ende, si se vulneró el derecho fundamental al debido proceso del accionante.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional 3 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la sentencia C-590 de 20054, en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo u na vez cotejada la validez de su interposición

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia

vez cotejada la validez de su interposición

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia

3 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. 4 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.9

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constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios or dinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que orig inó la vulneración; iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) qu e la parte actora

que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) qu e la parte actora identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza «excepcional».

En igual sentido, se fijaron como causales específicas de procedibilidad, aquellos defectos o errores en los cuales puede incurrir la decisión cuestionada, los cuales consisten en : (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente, (viii) violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales, vicios o defectos.

2.5. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia

2.5.1. El caso bajo estudio goza de relevancia constitucional, toda vez que el debate gira en torno a la presunta vulneración de l derecho fundamental al debido proceso , pues, en criterio del accionante, la litis fue resuelta sin un adecuado análisis

2.5.1. El caso bajo estudio goza de relevancia constitucional, toda vez que el debate gira en torno a la presunta vulneración de l derecho fundamental al debido proceso , pues, en criterio del accionante, la litis fue resuelta sin un adecuado análisis probatorio y normativo, eventos que de encontrarse acreditados conducirían a considerar lesionado el derecho fundamental de aquel.

2.5.2. La exigencia de s ubsidiaridad será analizada de manera puntual en el acápite de «Análisis del caso concreto» comoquiera que debe determinarse si el accionante agotó el mecanismo de defensa judicial que tenía a su alcance para plantear el10

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reparo que hoy expone en esta sede, con respecto a la aplicación del artículo 90 de la Ley 734 de 2002.

2.5.3. Se cumple la exigencia de inmediatez, por cuanto la providencia objeto de censura fue notificada el 17 de mayo de 2022 y la acción de tutela fu e remitida al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estad o el 17 de noviembre de igual anualidad , esto es, en el término de los seis meses previstos jurisprudencialmente como plazo prudencial para el ejercicio de la tutela en contra de providencias judiciales.

2.5.4. En el presente asunto no se cuestiona una irregularidad procesal, sino el hecho de realizarse un estudio del caso sin un adecuado análisis probatorio.

providencias judiciales.

2.5.4. En el presente asunto no se cuestiona una irregularidad procesal, sino el hecho de realizarse un estudio del caso sin un adecuado análisis probatorio.

2.5.5. En el escrito de tutela se identificaron razonablemente los hechos y argumentos con fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales.

2.5.6. La acción de tutela no discute una sentencia de la misma naturaleza , puesto que la providencia que pretende controvertirse fue proferida dentro del trámite de un proceso disciplinario.

2.6. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente del proceso disciplinario con número de radicado 76001-11-02-000-2018-00997-00/01, la Sala de decisión establece lo siguiente:

2.6.1. El 7 de diciembre de 2001, los señores Alba Ligia Vargas, María Marleni Vargas, Elvia María Vargas, Irineldo Vargas, Rosa María Vargas , Alba Fory Vargas, Orfa María Vargas de Popo y Jeferson Ararat Vargas suscribieron contrato de prestación de servicios con el accionante, para que este promoviera en su nombre acción de reparación directa contra la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional, encaminada a que se declarara administrativamente responsable de los perjuicios que sufrieron como consecue ncia del atentado perpetrado el 10 de11

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perjuicios que sufrieron como consecue ncia del atentado perpetrado el 10 de11

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noviembre de 2000 contra la sede de la tercera brigada de la referida institución, ubicada en el sur de Cali.

En el negocio jurídico se pactaron como honorarios del profesional del derecho el 50% de la eventual conden a que se impusiera en la demanda contenciosoadministrativa, junto con las sumas que se llegaren a reconocer por concepto de intereses moratorios y costas procesales.

2.6.2. El 25 de mayo de 2018, el señor Jeferson Ararat Vargas presentó queja disciplinaria contra el abogado Jair Zapata Mosquera , comoquiera que este último, en primer lugar, no les d io razón del proceso de reparación directa, por lo que , luego de las investigaciones adelantadas por aquellos, encontraron que desde el 31 de enero de 2018 el G rupo de Reconocimiento y Obligaciones Litigiosas y Jurisdicción Coactiva del Ministerio de Defensa , mediante la Resolución 510, había realizado el pago de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por un valor de $ 172.523.074 ; y, en segundo lugar, el 12 de abril de 2018, en atención a lo anterior, el disciplinado solo les entregó la suma de $ 44.660.000, puesto que, según el contrato de prestación de servicios, a aquel le correspondía la mitad de lo

lo anterior, el disciplinado solo les entregó la suma de $ 44.660.000, puesto que, según el contrato de prestación de servicios, a aquel le correspondía la mitad de lo obtenido en la demanda, más los intereses y costas.

2.6.3. El 6 de noviembre de 2019, el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, declaró disciplinariamente responsable al accionante de la falta endilgada y lo sancionó con suspensió n por treinta y seis meses del ejercicio de la profesión de abogado y multa de ochenta salarios mínimos legales mensuales vigentes , al considerar que los elementos de convicción dan cuenta de que lo consignado en el respectivo contrato de prestación de ser vicios comporta un cobro desproporcionado de honorarios, pues lo que el accionante recibió ($ 127.863.824) supera ampliamente lo que les correspondió a sus mandantes ($ 44.660.000), lo que constituye detrimento de los intereses de ellos.

2.6.4. La anterior decisión fue apelada por el sancionado y el 27 de abril de 2022 la Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó el fallo de primera instancia, al estimar que no se configuró la prescripción de la acción disciplinaria y que en las diligencias no se reprocha la validez del contrato de prestación de servicios12

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profesionales, sino el hecho de que el disciplinado haya obtenido una

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profesionales, sino el hecho de que el disciplinado haya obtenido una contraprestación económica mayor a la que recibieron sus mandantes como indemnización en el respectivo proceso de repara ción directa, lo que comporta trasgresión de los parámetros éticos dentro de los cuales debe ejercerse la abogacía.

2.7. Análisis del caso en concreto

2.7.1. Sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela

La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de este medio de amparo, ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones ordinarias que se encaminan, igualmente, a la defensa de los derechos que no se pueden pasar por alto.

Por ello, el ordinal primero del artículo 6.º del Decreto 2591 de 1991 establece como causal de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable».

La jurisprudencia de la Corte Constitucional 5 reitera que el juez de tutela debe analizar los asuntos que llegan a su conocimiento con observ ancia estricta del carácter subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que s olo tie ne lugar cuando dentro de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo

analizar los asuntos que llegan a su conocimiento con observ ancia estricta del carácter subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que s olo tie ne lugar cuando dentro de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo para proteger objetivamente el derecho que se alegue conculcado.

También es viable el amparo cuando , a pesar de disponer de otro medio de defensa judicial idóneo para proteger su derecho, se acuda a la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá probarse.

5 Corte Constitucional, sentencias T -030 de 2015, T -871 de 1999, T -069 de 2001, T -1268 de