CE - 110010315000202206146011SENTENCIA20230509143153

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06146-01

Accionante: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A” Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – SE CONFIRMA EL FALLO IMPUGNADO – Se declara improcedente por inboservancia del requisito general de procedibilidad atinente a la inmediatez en el caso sub judice

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante, a través de apoderado judicial, en contra del fallo de tutela de 23 de febrero de 2023, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, por conducto de apoderado judicial, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales «[…] al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional y de la seguridad

conducto de apoderado judicial, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales «[…] al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional y de la seguridad jurídica […]», cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 7 de abril de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A” , en el interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 11001-23-42-000-2006-0607901.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por la parte accionante, los hechos y razones que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relató que el señor Pablo José Acuña Fergusson laboró al servicio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de la Contraloría General de la República, desde el 15 de enero de 1974 hasta el 31 de julio de 1992 y, adicionalmente, del 7 de junio de 1996 hasta el 8 de octubre de 1998.2

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06146-01

Accionante: Colpensiones

2.2. Comentó que, mediante la Resolución Nro. 018719 del 15 de julio de 2004 , el extinto Instituto de Seguros Sociales (ISS) reconoció pensión de vejez en favor del señor Pablo José Miguel Acuña Fergusson, en cuantía de $2.017.805 , efectiva a

extinto Instituto de Seguros Sociales (ISS) reconoció pensión de vejez en favor del señor Pablo José Miguel Acuña Fergusson, en cuantía de $2.017.805 , efectiva a partir del 04 de abril de 2003 ; prestación económica que fue liquidada tenie ndo en cuenta lo establecido en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

2.3. Mencionó que con ocasión de un fallo de tutela proferido el 13 de julio de 2006, por el Juzgado Quince Penal del Circuito de Bogotá, se le ordenó al extinto ISS reconocer y pagar la pensión de vejez, aplicando estrictamente las disposiciones contenidas en la Ley 33 de 1985.

2.4. Indicó que, en cumplimiento de la orden de tutela, el ISS profirió la Resolución Nro. 031783 del 8 de agosto de 2006, estableciendo una mesada pensio nal por valor de $2.461.322, efectiva desde el 04 de abril de 2003, junto con el pago del retroactivo respectivo.

2.5. Señaló que, posteriormente, por medio de la Resolución Nro. 019533 del 9 de mayo de 2007, se modificó la Resolución 031783 del 08 de agosto d e 2006, en el sentido de Iiquidar la pensión del señor Acuña Fergusson de acuerdo con el ingreso base de cotización reportado por la entidad empleadora para el último año de servicios; elevando la cuantía de la mesada pensional a $4.160.828 y efectiva desde el 4 de marzo de 2003.

2.6. Manifestó que, teniendo en cuenta que el amparo constitucional concedido en

de servicios; elevando la cuantía de la mesada pensional a $4.160.828 y efectiva desde el 4 de marzo de 2003.

2.6. Manifestó que, teniendo en cuenta que el amparo constitucional concedido en su momento fue de carácter transito rio, el señor Pablo José Acuña Fergusson demandó, en ejercicio del medio de control de nulidad y resta blecimiento del derecho, al extinto ISS y pretendiendo la nulidad de los siguientes actos administrativos: Resoluciones Nros. 018719 del 15 de julio de 2004, 002429 del 26 de enero de 2005 y 000481 del 27 de marzo de 20061.

2.7. Indicó que de la causa ordinaria incoada le correspondió conocer, en primera instancia, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A”2; corporación judicial que, mediante sentencia censurada del 7 de abril de 20113, resolvió acceder a las pretensiones de la demanda impetrada.

2.8. Puso de presente que el proceso ordinario se resolvió a la luz de la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado , vigente para la época; esto es, la sentencia de unificación del 4 de agosto de 20104.

2.9. Esgrimió que la providencia enjuiciada de fecha 7 de abril de 2011, en su sentir, incurrió en un supuesto defecto material o sustantivo , en tanto que: «[…]

1 Y, a título de restablecimiento del derecho, solicitó la reliquidación de la pensión de vejez con fundamento en la Ley 33 de 1985; calculando el ingreso base de liquidación con todos los factores salariales devengados en el último año de servicios.

1 Y, a título de restablecimiento del derecho, solicitó la reliquidación de la pensión de vejez con fundamento en la Ley 33 de 1985; calculando el ingreso base de liquidación con todos los factores salariales devengados en el último año de servicios. 2 Bajo el radicado núm. 11001-23-42-000-2006-06079-01. 3 Y notificada por edicto el 13 de abril de 2011. 4 Estimó el Tribunal accionado que debía accederse a la reliquidación pensional solicitada, teniendo en cuen ta la totalidad de los factores salariales devengados por el demandante, en un monto de hasta el 75% y se indicó también que, de no haberse hecho los aportes, acorde con lo indicado en la sentencia de unificación mencionada, debían hacerse los respectivos descuentos por tal concepto, para no desfinanciar el sistema.3

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06146-01

Accionante: Colpensiones

desconoció el alcance del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 con las reglas fijadas por la Corte Constitucional en la sentencia C-168 de 1995 y C-596 de 1997, según las cuales, el régimen de transición solo incluye : (i) edad, (ii) tiempo y (iii) monto (tasa de reemplazo) […]».

2.10. Anotó, a su vez, que la decisión cuestionada incidía en un aparente desconocimiento del precedent e jurisprudencial , debido a que : «[…] se desconocieron las sentencias C -168 de 1995, C -596 de 1997, C -258 del 07 de

desconocimiento del precedent e jurisprudencial , debido a que : «[…] se desconocieron las sentencias C -168 de 1995, C -596 de 1997, C -258 del 07 de mayo de 2013, SU-230 de 29 de abril de 2015, SU -427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU -631 de 2017, SU -023 de 2018, SU -068 de 2018, T-109 de 2019 y T-619 de 2019 de la Corte Constitucional, que señalan de manera expresa que el IBL no hace parte del régimen de transición […]».

2.11. Destacó que , igualmente, la sentencia censurada del 7 de abril de 2011 cometió una violación directa de la Constitución Política; por cuanto, a su juicio, se transgredieron los artículos 29 y 229 de la Carta Superior y, además, el Acto Legislativo 01 de 2005.

2.12. Finalmente, agregó que el proveído dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A”5, en su criterio, constituía un potencial «[…] abuso palmario del derecho […]», por tres razones:

[…] (i) Se produjo un incremento irrazonable de la mesada pensional del 189% del valor de la mesada pensional confront ada con la liquidación de la mesada que en derecho le correspondería, esto es, calculando el IBL con base en el promedio de los factores salariales devengados durante los últimos 10 años de servicio y no con fundamento en la aplicación ultractiva del régim en de transición. Ello, como producto de la errónea interpretación del artículo 36 de

promedio de los factores salariales devengados durante los últimos 10 años de servicio y no con fundamento en la aplicación ultractiva del régim en de transición. Ello, como producto de la errónea interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el desconocimiento del precedente de las altas Cortes, que derivó en un perjuicio a las finanzas del Estado y, con ello, del sistema pensional.

(ii) El abuso del derecho se hacía evidente en el cálculo de la reserva actuarial en el que se hacía ostensible la diferencia de la mesada y lo que a futuro representaba para el Sistema General de Pensiones.

(iii) La Corte Constitucional, en la sentencia SU-427 de 2016, indicó que, ante casos de abuso palmario del derecho, como ocurre en este caso, se habilitaba el uso del mecanismo de la acción de tutela […].

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales de COLPENSIONES al debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia e igualdad ante la ley, orientados a la defensa del patrimonio público y a la protección del principio de sostenibilidad financiera; en consideración a que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, incurrió en

5 Bajo el radicado núm. 11001-23-42-000-2006-06079-01.4

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Accionante: Colpensiones

violación directa a la Constitución, desconocimiento del precedente

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06146-01

Accionante: Colpensiones

violación directa a la Constitución, desconocimiento del precedente jurisprudencial y defecto sustantivo, en la sentencia proferida el 07 de abril de 2011, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado No. 11001-23-42-000-2006-06079-00.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS de manera definitiva la sentencia proferida el 07 de abril de 2011, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 11001-23-42-000-2006-06079-00, teniendo en cuenta que la decisión allí adoptada es contraria a la normatividad y a la jurisprudencia constitucional fijada en la materia. En su lugar, SE ORDENE al despacho accionado, proferir nueva decisión subsanando los yerros alegados en la presente tutela […].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, a través de l consejero sustanciador del proceso y mediante aut o de 16 de diciembre de 2022, admitió la presente acción de tutela.

V. INTERVENCIONES

5. Efectuadas las notificaciones a la autoridad judicial accionada y a la parte vinculada, se advierte que se allegaron los siguientes informes:

5.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A”, por conducto de uno de los magistrados que integra la Sala,

vinculada, se advierte que se allegaron los siguientes informes:

5.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A”, por conducto de uno de los magistrados que integra la Sala, rindió informe en el que solicitó negar el amparo deprecado por el actor, en tanto que la decisión judicial enjuiciada se encuentra debidamente m otivada y respaldada en la normativa aplicable al caso.

5.2. Argumentó que , para fundamentar las decisiones judiciales, los jueces son autónomos e independientes dentro de la órbita de sus competencias y, en sus providencias, gozan de la potestad de valorar las pruebas allegadas al proceso de acuerdo a las reglas de la sana crítica y según los parámetros de la lógica y la experiencia. También advirtió que la acción de tutela no se podía convertir en una instancia adicional para que las partes reabrieran discusi ones procesales y jurídicas.

5.3. Por último, resaltó que , en el caso sub examine , la sentencia enjuiciada fue proferida el 7 de abril de 2011 y que, a la fecha de la presentación de este amparo constitucional, había transcurrido un lapso inexplicablemente ex tenso que permitía inferir que no comportaba tal gravedad como la que se acusaba ; por lo que, en tal estado de cosas, no se cumplía a cabalidad con el requisito general de procedibilidad atinente a la inmediatez.

5.4. El señor Pablo José Acuña Fergusson, en su calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, presentó informe en el que señaló que no se

procedibilidad atinente a la inmediatez.

5.4. El señor Pablo José Acuña Fergusson, en su calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, presentó informe en el que señaló que no se cumplía con el principio de la inmediatez; teniendo en cuenta que la sentencia5

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06146-01

Accionante: Colpensiones

acusada data de 7 de abril de 2011 y la tutela se presentó el 18 de noviembre de 2022, es decir, luego de transcurridos once (11) años.

5.5. Indicó, además, que la decisión cuestionada no fue objeto de recursos ni solicitudes de revisión en todo ese tiempo y que , las consideraciones hechas por la entidad para justificar estas omisiones no eran comprensibles, ya que la actual administradora de pensiones llevaba más de 10 años de operación; de manera que la decisión estaba debidamente ejecutoriada y había hecho tránsito a cosa juzgada.

5.6. Concluyó su intervención, afirmando qu e: «[…] claramente se puede observar que la acción de t utela impetrada por COLPENSI ONES, para dejar sin efecto la sentencia citada, no está llamada a prosperar ya que carece de los requisitos de INMEDIATEZ y SUBSIDIARIEDAD, y no se encuentra demostrado el ABUSO PALMARIO DEL DERECHO ni el impacto que en el futuro produce mi mesada en el Sistema General de Pensiones y en la Seguridad Social. Por lo tanto, solicito respetuosamente a la Honorable Consejera proceda a rechazarla […]».

VI. FALLO IMPUGNADO

el Sistema General de Pensiones y en la Seguridad Social. Por lo tanto, solicito respetuosamente a la Honorable Consejera proceda a rechazarla […]».

VI. FALLO IMPUGNADO

6. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante fallo de tutela del 23 de febrero de 2023 , resolvió declarar improcedente el amparo constitucional deprecado por la parte actora, luego de considerar que no se habían satisfecho a cabalidad los requisitos generales de procedibilidad relativos a la subsidiariedad y a la inmediatez.

7. En lo que concierne al requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela, y para el caso concreto, el juez de primera instancia indicó lo siguiente:

[…] el análisis del requisito de subsidiariedad no se agota en la simple exigencia de la interposición del RECURSO ORDINARIO DE APELACIÓN , sino que también debe examinarse a partir del agotamiento de los mecanismos extraordinarios de defensa judicial con que contó la entidad de pensiones, en este caso del RECURSO DE REVISIÓN previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

[…]

Para el caso de Colpensiones, por el Decreto 1203 del 28 de septiembre de 2012 se suprimió el ISS y se dispuso su liquidación y, posteriormente la Corte Constitucional mediante sentencia T-744 del 18 de diciembre de 2015, declaró superado el estado de cosas inconstitucionales en la transici ón entre el ISS y Colpensiones. Sin embargo, deja claro la Sala que la oportunidad para presentar el respectivo recurso es un aspecto que, eventualmente, deberá ser analizado por el juez natural.

superado el estado de cosas inconstitucionales en la transici ón entre el ISS y Colpensiones. Sin embargo, deja claro la Sala que la oportunidad para presentar el respectivo recurso es un aspecto que, eventualmente, deberá ser analizado por el juez natural.

Por lo demás, al ser un asunto en el que se alega el reconocimiento de una pensión con ABUSO DEL DERECHO , el mecanismo judicial idóneo para cuestionar el reconocimiento de la pensi ón es el RECURSO DE REVISIÓN contemplado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y no la acción de tutela […].6

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06146-01

Accionante: Colpensiones

8. Por otra parte, y en lo relativo al incumplimiento del principio de la inmediatez, para el sub lite , la Sección Cuarta anotó que este tampoco se encontraba

satisfecho por las siguientes razones:

[…] Esta Sala considera que, aun atendiendo a las especiales circunstancias administrativas por las que pasó Colpensiones, en su calidad de sucesora procesal del I.S.S., en el caso concreto no se encuen tra razonable la demora de la entidad en la interposición de la acción de tutela.

Se destaca que aún en consideración de un tratamiento diferencial en el análisis de los requisitos de procedencia de la acción de tutela, se estima desproporcionado que sólo hasta el 18 de noviembre de 2022, se hubiera interpuesto la acción de amparo para exponer inconformidades contra una sentencia proferida el 7 de abril de 2011.

[…]

desproporcionado que sólo hasta el 18 de noviembre de 2022, se hubiera interpuesto la acción de amparo para exponer inconformidades contra una sentencia proferida el 7 de abril de 2011.

[…]

Es claro que no se puede exigir a Colpensiones que acudiera a la jurisdicción constitucional dentro de los 6 meses siguientes a la notificación del fallo, de conformidad con la tesis unificada de esta Corporación, pero aun teniendo como punto de partida, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional el momento en que se declaró la extinc ión del estado de cosas inconstitucional mediante la sentencia T -744 de 2015, esto es el 18 de diciembre de 2015, el lapso de 6 años y 11 meses para interponer la acción de tutela se estima excesivo y deja sin sustento la alegada inminencia del daño y urge ncia en la protección de derechos presuntamente vulnerados.

[…]

De manera que, en el caso concreto, no se observa que el estado de cosas inconstitucional por el que pasó Colpensiones, sea argumento suficiente para aceptar como razonable que la tutela se haya interpuesto más de 6 años después y tampoco, que se pretenda justificar la tardanza en la presente acción, con el argumento de ser la pensión una obligación de tracto sucesivo cuyo “perjuicio para el sistema” permanece en el tiempo, pues como se ha explicado ampliamente y lo reconoce incluso la misma entidad en su escrito de tutela, el fundamento de la tardanza fundamentalmente tuvo que ver con la especial situación que atravesaron las cajas de previsión y, por eso, el trato diferenciado es lo que m arcaba la pauta para establecer el momento

su escrito de tutela, el fundamento de la tardanza fundamentalmente tuvo que ver con la especial situación que atravesaron las cajas de previsión y, por eso, el trato diferenciado es lo que m arcaba la pauta para establecer el momento en el que, finalmente, al asumirse por las nuevas entidades, en este caso Colpensiones la defensa de los intereses de la misma administradora, debía desplegarse una actuación activa en los trámites judiciales correspondientes, de manera que, se entiende como no superado este término […]. (Negrillas por fuera del texto)

9. Con todo lo anterior, el a quo arribó a la conclusión consistente en que: «[…] Por las razo nes expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela de la referencia , por no cumplir a cabalidad con los requisitos generales de procedibilidad de este mecanismo constitucional contra providencias judiciales, específicamente los de subsidiariedad e inmediatez […]». (Destaca la Sala)7

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06146-01

Accionante: Colpensiones

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

10. El apoderado judicial de la parte actora impugnó el fallo de primera instancia, luego de reiterar los argumentos expuestos en el escrito inicial de la tutela incoada.

11. Igualmente, la parte impugnante expuso, entre otros, que se debía flexibilizar el requisito de la inmediatez, por los siguientes motivos:

[…] en el caso sub examine se advierte claramente que la sentencia proferida el 07 de abril de 2011 por el Tribunal accionado, objeto de la presente acción,

requisito de la inmediatez, por los siguientes motivos:

[…] en el caso sub examine se advierte claramente que la sentencia proferida el 07 de abril de 2011 por el Tribunal accionado, objeto de la presente acción, ordenó la reliquida ción de una pensión de vejez, prestación económica de tracto sucesivo que se encuentra actualmente activa en la nómina de pensionados de esta Entidad, lo que per se decanta en una afectación continua, permanente y actual , cumpliéndose con uno de los criter ios señalados por la jurisprudencia antes citada, que hace claro el cumplimiento del REQUISITO DE INMEDIATEZ en el presente caso, en el entendido de que “el juez de tutela no debe contar el término desde el momento en el que la vulneración o amenaza inició hasta la fecha de presentación de la tutela, sino que debe tomar en cuenta el tiempo por el que esta se prolongó”.

[…]

Dicho esto, es importante destacar que en el presente asunto se relativiza el presupuesto de INMEDIATEZ para la procedencia de la ac ción de amparo , esto, por cuanto se acusa la sentencia proferida el 07 de abril de 2011 de violar derechos fundamentales de Colpensiones por desconocimiento del precedente y violación directa de la Carta política, d efectos que se verificaron en la decisión de la sentencia y en su motivación, originado en la orden de reliquidación pensional a favor del señor Pablo José Miguel Acuña Fergusson, teniendo en cuenta para la liquidación del IBL el 75% del promedio mensual devengado en el último año de servicios. E llo, como producto de una interpretación inadecuada del artículo 36 de la ley 100 de 1993,

teniendo en cuenta para la liquidación del IBL el 75% del promedio mensual devengado en el último año de servicios. E llo, como producto de una interpretación inadecuada del artículo 36 de la ley 100 de 1993, contraviniéndose el precedente jurisprudencial establecido por la Corte Constitucional, órgano encargado de la guarda de la Constitución y las leyes, quien había fijado para dicha época la hermenéutica de la norma en sentencia con efectos erga omnes.

[…]

Así las cosas, dado que la sentencia atacada decantó en un posible abuso del derecho, que de plano es contrario a los fines de la norma que le fue aplicada , y ate ndiendo que conjuntamente se desatiende el precedente de la Corte Constitucional, es claro que el presupuesto de INMEDIATEZ se flexibiliza en el caso sub examine, pues esta carga procesal debe ceder ante la necesidad de que se salvaguarde el erario público y el interés general […]. (Subrayas por fuera del texto original)

12. Respecto de la subsidiariedad, expuso, en síntesis, lo siguiente:

[…] COLPENSIONES no interpuso el RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN dentro del término perentorio, en contra de la senten cia proferida por el Tribunal, dada la situación de fuerza mayor en la que se hallaba, por cuanto, para dicho momento, esta entidad se encontraba atravesando un estado de cosas inconstitucionales, que implicaba, en parte, la falta de capacidad estructural para realizar una defensa oportuna y efectiva de los procesos ordinarios.8

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06146-01

Accionante: Colpensiones

capacidad estructural para realizar una defensa oportuna y efectiva de los procesos ordinarios.8

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06146-01

Accionante: Colpensiones

Por otro lado, es evidente que NO existe otro medio de defensa que permita cesar de manera urgente e inmediata la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de Justicia de Colpensiones, restando únicamente la presente vía constitucional para lograr su amparo efectivo y evitar un perjuicio irremediable a las arcas del Estado, al sistema pensional y con ello a los miles de beneficiarios del mismo.

[…] Descendiendo al sub judice , las finanzas públicas más específicamente los recursos de la Seguridad Social se encuentran ante un inminente peligro de daño Iusfundamental, denominado PERJUICIO IRREMEDIABLE, representado en el pago de una me sada pensional excesiva liquidada de manera indebida, esto, de cara a lo dispuesto en la jurisprudencia inobservada por el Despacho accionado.

En definitiva, es evidente que estamos ante un PELIGRO IRREMEDIABLE de daño a las finanzas del Sistema Pensional, de modo que, se activa la subregla de excepción consagrada en el artículo 86 superior y 6 del Decreto 2591 de 1991, siendo por tanto procedente la presente acción de tutela de manera transitoria, pues si bien existe otro medio de defensa idóneo, lo cier to es que dicho mecanismo judicial no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable a las arcas del Estado y del sistema pensional, razón por la cual, se propone la presente acción para la protección transitoria de los derechos

dicho mecanismo judicial no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable a las arcas del Estado y del sistema pensional, razón por la cual, se propone la presente acción para la protección transitoria de los derechos fundamentales de esta En tidad y de la sostenibilidad financiera del sistema, como garante de la universalidad y del derecho a la seguridad s ocial de todos los Colombianos […]. (Subrayas por fuera del texto original)

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

13. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación, en virtud de lo previsto en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19916, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015 7, m odificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de

20218.

VIII.2. Problemas jurídicos

14. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado o revocado9, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se deberá determinar:

6 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». 7 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".

es así, se deberá determinar:

6 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». 7 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho". 8 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 9 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.9

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06146-01

Accionante: Colpensiones

b) Si la sentencia de 7 de abril de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A”, en el interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 11001-23-42-000-2006-06079-01, vulneró los derechos fundamentales de la parte actora, al haber incurrido en un supuesto defecto material o sustantivo, en un aparente desconocimiento del precedente jurisprudencial y en una posible violación directa de la Constitución Política.

15. Con el fin de resolver esto s problemas jurídicos, se harán previamente algunos planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a (ii) resolver el c aso concreto rela cionado con los defectos

planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a (ii) resolver el c aso concreto rela cionado con los defectos alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

16. En sentencia de 31 de julio de 2012 10, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

17. Ahora bien, la sentencia C -590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

18. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el p roceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el p roceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

19. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providenc ia judicial11, la sentencia C -590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin

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