CE - 110010315000202206153011SENTENCIASENTENCIA20230511165952

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06153-01

Demandante: Diana María Quintero Velásquez

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2022-06153-01

Demandante DIANA MARÍA QUINTERO VELÁSQUEZ

Demandado COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE CALDAS Temas Tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de procedibilidad de la acción. La relevancia constitucional. Proceso disciplinario contra auxiliar de la justicia. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación interpuesta por la señora Diana María Quintero Velásquez contra la sentencia de 20 de enero de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B que dispuso lo siguiente: «PRIMERO. - NEGAR el amparo de tutela solicitado por la señora Diana María Quintero Velásquez, a través de apoderado, contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caldas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

Velásquez, a través de apoderado, contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caldas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 18 de noviembre de 20221, la señora Diana María Quintero Velásquez interpuso acción de tutela, mediante apoderado judicial , contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caldas , por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: «PRIMERA. Que se tutele el derecho al DEBIDO PROCESO que le está siendo vulnerados (sic) a la señora DIANA MARÍA QUINTERO VELÁSQUEZ. SEGUNDA. Como consecuencia de lo anterior, se revoque la providencia del 30 de septiembre de 2021, proferida por la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE CALDAS mediante la cual se declaró disciplinariamente responsable a la señ ora DIANA MARÍA QUINTERO VELÁSQUEZ en calidad e auxiliar de justicia y como consecuencia se sancionó a la misma con multa de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2015 e inhabilidad para ejercer empleo público, función pública, prestar servicios a cargo del Estado o contratar con el Estado por un año y la providencia del 27 de julio de 2022, proferida por la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, mediante la cual se confirmó la sentencia de primera instancia».

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confirmó la sentencia de primera instancia».

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2. Hechos Del expediente, se advierte como hechos relevantes los siguientes: 2.1. La señora Diana María Quintero Velásquez fue designada como secuestre en el proceso de sucesión del causante Rafael Fonseca López, el cual se tramitó ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Chinchiná. 2.2. Las herederas del causante Rafael Fonseca López, al no estar de acuerdo con el informe final de gestión rendido por la señora Diana María Quintero Velásquez, promovieron proceso verbal sumario de rendición de cuentas.

El Juzgado Segundo Civil Municipal de Pereira conoció en primera instancia el asunto, bajo el radicado Nro. 2016-00382. Mediante sentencia proferida en audiencia de 5 de marzo de 2019 dicha autoridad dispuso lo siguiente: «PRIMERO: Declarar que la señora Diana María Quintero Velásquez sí está obligada a rendir cuentas a favor de las demandantes Martha Lucía Ospina López y María Liliana Fonseca Grajales, así como de la señora María Cristina Fonseca de López (fallecida).

SEGUNDO: Declarar que después de efectuadas las cuentas aritmé ticas y valores que se demostró haber recibido y erogado, resulta un saldo a favor de las demandantes y a cargo de la demandada por valor de $616.030, suma que deberá pagar a las señoras Fonseca y Ospina

demostró haber recibido y erogado, resulta un saldo a favor de las demandantes y a cargo de la demandada por valor de $616.030, suma que deberá pagar a las señoras Fonseca y Ospina dentro del término de tres días seguidos al de hoy.

TERCERO: Se condena en costas a la demandada. Se fijan como agencias en derecho la suma de $90.000. A petición del apoderado de la demandada se aclara que las agencias en derecho se fijan sobre el valor de la condena, por eso las costas las pagará en un 10 0% la señora Quintero». 2.3. En auto de 14 de marzo de 2019, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Pereira compulsó copias del proceso a la Sala Jurisdiccional de Disciplina de Caldas. Y, en virtud de la compulsa de copias, se inició investigación disciplinaria en contra de la tutelante, bajo el radicado 17001-11-02-000-201900129-00/01. 2.4. Mediante providencia del 30 de septiembre de 2021, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caldas declaró disciplinariamente responsable a la señora Diana María Quintero Velásquez, como auxiliar de la justicia, «por la infracción al deber previsto en el artículo 55 numeral 1 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con los artículos 47 y 51 de la Ley 1564 de 2012 y 20 y 397 de la Ley 599 de 2000, lo que es constitutivo de falta disciplinaria gravísima a título de dolo, al tenor del artículo 196 de la Ley 734 de 2002». Como consecuencia de dicha declaratoria, sancionó a la señora

constitutivo de falta disciplinaria gravísima a título de dolo, al tenor del artículo 196 de la Ley 734 de 2002». Como consecuencia de dicha declaratoria, sancionó a la señora Diana María Quintero Velásquez con la multa de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes del año 2015 e inhabilidad para ejercer empleo público, función pública, prestar servicios a cargo del Estado o contratar con el Estado por un año. 2.5. La señora Diana María Quintero Velásquez interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Y mediante providencia de 27 de julio de 2022, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la sentencia apelada.

3. Fundamentos de la acción Tras argumentar que se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, la parte actora sostuvo que, al proferir laRadicado: 11001-03-15-000-2022-06153-01

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3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sentencia de 27 de julio de 2022, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial incurrió en los defectos fáctico, sustantivo , y violación directa de la Constitución , por las razones que se expondrán a continuación. 3.1. Defecto fáctico: La parte actora sostuvo que se incurrió en ese defecto, porque no se allegó prueba idónea que demuestre la exis tencia de falta disciplinaria gravísima a título de dolo, de conformidad al numeral 1 del artículo 55 de la Ley 734 de 2002. Manifestó que el análisis probatorio realizado en

porque no se allegó prueba idónea que demuestre la exis tencia de falta disciplinaria gravísima a título de dolo, de conformidad al numeral 1 del artículo 55 de la Ley 734 de 2002. Manifestó que el análisis probatorio realizado en ambas instancias disciplinarias se basó en la decisión proferida por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Pereira, en el marco del proceso de rendición de cuentas. Asimismo, censuró que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caldas y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial hayan basado su decisión en el tipo penal de pecu lado por apropiación, consagrado en el artículo 397 de la Ley 599 de 2000, pese a que no existe sentencia proferida por parte de juez penal que la condene por ese delito. Por esto, consideró que esa circunstancia viola su derecho fundamental al debido proc eso y los principios constitucionales a la legalidad y al juez natural, puesto que se realizó una imputación y juzgamiento de un tipo penal sin las observancias propias del juicio penal y sin que las autoridades disciplinarias funjan como juez natural para efectuar tal reproche penal. Sostuvo que en la sentencia proferida en el proceso de rendición de cuentas se le ordenó rendir cuentas a favor de las demandantes y se declaró la obligación de pagar el saldo a favor de aquellas. Sin embargo, en ningún momento se dispuso que aquella cometió algún tipo de delito ni que incurrió en apropiación indebida de dineros. De otra parte, sostuvo que las autoridades disciplinarias «no buscaron o recolectaron pruebas que permitieran demostrar la inexistencia de falta disciplinaria, y se partió desde el inicio de la investigación disciplinario bajo la teoría según la cual había cometido

De otra parte, sostuvo que las autoridades disciplinarias «no buscaron o recolectaron pruebas que permitieran demostrar la inexistencia de falta disciplinaria, y se partió desde el inicio de la investigación disciplinario bajo la teoría según la cual había cometido peculado por apropiación ». Lo cual en su criterio vulnera los principios de presunción de inocencia e investigación integral. 3.2. Defecto sustantivo: La parte actora sostuvo que las autoridades accionadas incurrieron en ese defecto «al inaplicar la excepción de inconstitucionalidad del artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, toda vez que no corresponde a la COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL, conocer de los procesos disciplinarios en contra de los auxiliares de justicia ». Para sustentar su postura, transcribió el salvamento de voto del magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial Carlos Arturo Ramírez Vásquez, en el cual se explicaron las razones por las cuales él considera que tal Corporación no tiene competen cia para resolver las faltas disciplinarias cometidas por auxiliares de la justicia. Entre las razones expuestas en el salvamento, se encuentra la derogación del artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 que disponía lo siguiente «además de lo previsto en la Constitución Política la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de los Consejos Seccionales según el caso, examinará la conducta y sancionará las faltas de los auxiliares de Justicia ». Este precepto fue derogado por el artículo 70 de la Ley 1952 de 2019 y en su lugar tal competencia se le asignó a la Procuraduría General de la Nación.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06153-01

artículo 70 de la Ley 1952 de 2019 y en su lugar tal competencia se le asignó a la Procuraduría General de la Nación.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06153-01

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Una segunda razón para considerar que no se tiene competencia frente a las actuaciones de los auxiliares de la justicia es que el Acto Legisla tivo 02 de 2015 reformuló la jurisdicción disciplinaria. En este se creó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y se le asignó la atribución de ejercer el control disciplinario de empleados, funcionarios judiciales y abogados. Sin embargo, a esta no s e le asignó competencia alguna respecto de los auxiliares de la justicia. Y precisó que, si bien por medio de acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura se determinó que la Comisión de Disciplina Judicial debía recibir los asuntos que conocía la Sala D isciplinaria, esto no implica que tales actos administrativos hayan creado una competencia disciplinaria adicional respecto de auxiliares de la justicia para esta nueva Corte, «máxime cuando en rigores de teoría constitucional general del proceso, crear competencias, suponerlas o inferirlas por virtud de un acto administrativo, constituye un exabrupto para violar el principio de reserva legal, llevándose de paso al debido proceso en punto del principio de legalidad». En tercer lugar, en el salvamento de vo to se dispuso que «la reforma que trajo la Ley 2094 de 2021 incluyó dentro de los alcances de la facultad jurisdiccional disciplinaria a los

En tercer lugar, en el salvamento de vo to se dispuso que «la reforma que trajo la Ley 2094 de 2021 incluyó dentro de los alcances de la facultad jurisdiccional disciplinaria a los “particulares disciplinables conforme a esta ley” (Art. 239) lo que ha llevado a algunos sectores a postular, que por esa vía quedó reafirmada la extinta competencia para conocer de auxiliares de la justicia, pero se olvida que conforme a la propia ley, dicha competencia está en cabeza de la Procuraduría General de la Nación de manera cerrar y expresa (numerus clausus) » En suma, la parte actora sostuvo que «por lo indicado en el salvamento de voto del Magistrado de la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, Carlos Arturo Ramírez Vásquez, que se configuró defecto sustancial al inaplicase (sic) la excepción de inconstitucionalidad del artículo 41 de la Ley 1474 de 2011». 3.3. Violación directa de la Constitución: La parte actora manifestó que las autoridades accionadas violaron el mandato constitucional del debido proceso y las garantías que este último abarca, puesto qu e incurrieron (i) en defecto fáctico al fundar sus decisiones sin el apoyo probatorio requerido y (ii) en defecto sustantivo al haber inaplicado la excepción de inconstitucionalidad del artículo 41 de la Ley 1474 de 2011. Finalmente, la parte actora solicitó lo siguiente como medida provisional: «1. Se suspenda provisionalmente los efectos de la sentencia de fecha 30 de septiembre de 2021 proferida por la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE CALDAS

Finalmente, la parte actora solicitó lo siguiente como medida provisional: «1. Se suspenda provisionalmente los efectos de la sentencia de fecha 30 de septiembre de 2021 proferida por la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE CALDAS y confirmada mediante providencia del 27 de julio de 2022 proferida por la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL dentro del proceso disciplinario con radicado

17001110200020190012900, investigada: DIANA MARÍA QUINTERO VELÁSQUEZ.

En consecuencia,

2. Se ordene a la oficina de Registro y Control de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN abstenerse d e inscribir la inhabilidad para ejercer empleo público, función pública, prestar servicios a cargo del Estado o contratar con el Estado por un año, a que fue sancionada la señora DIANA MARÍA QUINTERO VÁSQUEZ, hasta que se resuelva la acción de tutela interpuesta en contra de la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE CALDAS Y COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, por la violación del derecho fundamental al debido proceso de la señora QUINTERO

VÁSQUEZ».

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. En auto de 22 de noviembre de 2022, se admitió la acción de tutela interpuesta por la señora Diana María Quintero Velásquez contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caldas; seRadicado: 11001-03-15-000-2022-06153-01

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co vinculó al Juzgado T ercero Promiscuo de Familia de Chinchiná, al Juzgado Segundo Civil Municipal de Pereira y a las señoras María Liliana Fonseca Grajales, Martha Lucía Ospina López y Lina María Fonseca Ospina ; se negó la medida provisional solicitada ; y se dispuso efectuar l as demás las notificaciones correspondientes. 4.2. El Juzgado Segundo Civil Municipal de Pereira indicó que, en efecto, adelantó el proceso de rendición provocada de cuentas promovida por las señoras María Liliana Fonseca Grajales, Martha Lucía Ospina López y Lina María Fonseca Ospina, contra Diana María Quintero Velásquez , por la administración que ejerció como auxiliar de la justicia (secuestre), respecto de los bienes relictos dejados en la sucesión de Rafael Fonseca López, en el proceso sucesorio tramitado en el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Chinchiná. Informó que la conclusión a la cual arribó era que la hoy tutelante tenía la obligación de rendir cuentas a sus demandantes; y que, con fundamento en los cálculos aritméticos realizados, existía una suma a favor de las actoras, por lo cual se le ordenó a la señora Quintero Velásquez proceder a su pago. Agregó que como la conducta asumida por la auxiliar de la justicia podría constituir una falta disciplinaria, ordenó compulsar copias con destino a la autoridad competente. Finalmente, manifestó que no le resultaba extraña la decisión tomada por las

Agregó que como la conducta asumida por la auxiliar de la justicia podría constituir una falta disciplinaria, ordenó compulsar copias con destino a la autoridad competente. Finalmente, manifestó que no le resultaba extraña la decisión tomada por las autoridades disciplinarias, en tanto que la ocurrencia del hecho ya estaba comprobada desde el proceso de rendición de cuentas. 4.3. La Secretaría del Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Chinchiná informó que en el municipio no existe el juzgado tercero promiscuo de familia, únicamente el Juzgado Promiscuo de Familia de Chinchiná. Asimismo, informó que en este despacho se tramitó el proceso de sucesión del causante Rafael Fonseca López y que el expediente no se encuentra digitalizado y está ubicado en el archivo central. 4.4. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial argumentó que la tutela interpuesta es improcedente a falta del re quisito de relevancia constitucional, pues lo pretendido por la parte actora, por una parte, es revivir las alegaciones propias de las instancias disciplinarias a modo de una tercera instancia; y por la otra, tratar de imponer su visión del asunto y la forma en la que considera el juez disciplinario debió absolverla. Sin embargo, sostuvo que de considerar que sí se cumple el requisito de relevancia constitucional, lo cierto es que ninguno de los defectos propuestos se configura. En sus palabras, en la provi dencia atacada «se explicó de manera detallada, la competencia de la Comisión para conocer del asunto lo que desvirtúa el defecto sustantivo, y hubo pronunciamiento sobre las pruebas obrantes en el diligenciamiento, así

detallada, la competencia de la Comisión para conocer del asunto lo que desvirtúa el defecto sustantivo, y hubo pronunciamiento sobre las pruebas obrantes en el diligenciamiento, así como frente a los reparos sobre la l egalidad y culpabilidad en la actuación en contra de la auxiliar de la justicia, lo que descarta el defecto sustantivo». Más detalladamente sobre los cargos formulados por la parte actora, sostuvo que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial conserva la competencia para investigar y sancionar a los auxiliares de la justicia, puesto que el parágrafo del artículo 257A constitucional previó «Una vez posesionados, la Comisión NacionalRadicado: 11001-03-15-000-2022-06153-01

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de Disciplina Judicial asumirá los procesos disciplinarios de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura». Dentro de los procesos adelantados por la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura estaban los derivados del artículo 41 de la Ley 1474 de 2011. Explicó que, si bien existe un magistrado disidente, esto no conlleva v ulneración de derecho alguno a la accionante, pues la Sala mayoritaria sentó su postura en la providencia atacada y el salvamento de voto únicamente refleja la disparidad de criterio que precisamente no fue acogido por toda la Corporación, tanto así que en el presente asunto existió una ponencia derrotada sobre el tema.

salvamento de voto únicamente refleja la disparidad de criterio que precisamente no fue acogido por toda la Corporación, tanto así que en el presente asunto existió una ponencia derrotada sobre el tema. Sobre la falta gravísima a título de dolo, indicó que la misma Ley 734 de 2002 en el artículo 55 clasifica el tipo de infracción. En consecuencia, la conclusión a la cual se llegó estuvo fundada en el principio de legalidad. Y añadió que lo previsto en el numeral 1º del citado artículo hace referencia a «los llamados tipos disciplinarios en blanco o abiertos, que se cerró con la norma del tipo penal contenida en el artículo 397, que exige la demostración de la “conducta tipificada objetivamente en la ley como delito sancionable a título de dolo”». Al respecto, hizo alusión a la Sentencia C -720 de 2006, en la cual se explicó lo siguiente: «La disposición atacada [art. 48.1, CDU, aquí art. 55.1, ib.] obliga al 'juez disciplinario' a verificar en la legislación penal si la conducta que ha dado lugar al proceso está descrita objetivamente o tipificada, para posteriormente establecer dentro del proceso a su cargo si la misma conducta fue cometida con dolo o culpa, con el propósito de imponer la respectiva sanción atendiendo a lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 734 de 2002 - Código Disciplinario Único-». Finalmente, en relación con la calificación de la culpabilidad, sostuvo que tanto en sede de primera instancia como de segunda se explicaron las razones para considerar que se encontraban demostrados los aspectos integrantes del dolo: conocimiento y voluntad. Aseguró que la auxiliar de la justicia conocía sus

en sede de primera instancia como de segunda se explicaron las razones para considerar que se encontraban demostrados los aspectos integrantes del dolo: conocimiento y voluntad. Aseguró que la auxiliar de la justicia conocía sus labores y deberes, especialmente el de poner a disposición del juzgado los dineros recibidos, previo descuento de los gastos aprobados para la correcta protección y conservación del bien puesto bajo su cuidado. En consecuencia, al no poner a disposición del juzgado una suma de dinero y al no presentar una cuenta clara del gasto equivalente al monto faltant e, encaminó su actuar a una apropiación injustificada. Por lo expuesto, reiteró que la solicitud de amparo se sustenta en típicos alegatos de instancia; y que la decisión proferida se motivó debidamente y fue producto de la valoración conjunta, razonada e integral de las pruebas existentes y de las garantías procesales del trámite disciplinario. Todo lo cual llevó a concluir que la tutelante no procedió a «entregar todo el dinero correspondiente por su gestión, mismo que se encuentra en su patrimonio» . Por ende, concluyó que todo lo expuesto por la accionante no es más que su visión particular de cómo considera se le debió absolver. 4.5. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caldas desestimó la argumentación de la tutelante respecto a la supuesta ausencia de caudal probatorio que permitiera determinar la responsabilidad disciplinaria, pues la tutelante estuvo en total libertad de solicitar y aportar pruebas durante las etapas previst as. Por lo tanto, manifestó que aquella no puede pretender revivir términos ya precluidos a través del mecanismo de la acción de tutela ni

tutelante estuvo en total libertad de solicitar y aportar pruebas durante las etapas previst as. Por lo tanto, manifestó que aquella no puede pretender revivir términos ya precluidos a través del mecanismo de la acción de tutela ni convertir a esta última en una tercera instancia, a fin de adelantar un debateRadicado: 11001-03-15-000-2022-06153-01

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co finalizado. Además, manifestó que valo ró cada una de las pruebas obrantes en el expediente y que, justamente, basó su decisión en estas. E indicó que el hecho de que el resultado del proceso disciplinario fuera adverso a los intereses de la accionante no implica que la decisión proferida carez ca de legalidad. En cuanto al argumento consistente en que se sancionó disciplinariamente a la accionante por la comisión de una conducta punible pese a que aquella no había sido condenada penalmente, manifestó que la jurisdicción disciplinaria tiene total autonomía frente a la jurisdicción penal. Por ende, la razón por la cual se sancionó disciplinariamente a la señora Quintero Velásquez fue que, en criterio de la Sala, se llegó a la certeza de la comisión de una falta disciplinaria gravísima de su parte. Respecto a la presunta concurrencia de un defecto sustantivo por la inaplicación de la excepción de inconstitucionalidad del artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 y la falta de competencia de la Comisión de Disciplina Judicial

Respecto a la presunta concurrencia de un defecto sustantivo por la inaplicación de la excepción de inconstitucionalidad del artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 y la falta de competencia de la Comisión de Disciplina Judicial para conocer de los procesos di sciplinarios en contra de los auxiliares de la justicia, aseguró que tal jurisdicción sí era competente para la época de los hechos. Al respecto, explicó si bien el artículo 70 de la Ley 1952 de 2019 derogó el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 2, la legisl ación anterior siguió siendo aplicable a los procesos en los que se hubiese proferido pliego de cargos y la providencia estuviese notificada, como ocurrió en el presente caso, en aplicación del artículo 2633 de la Ley 1952 de 2019. Con base en lo expuesto, solicitó negar la acción constitucional interpuesta. 4.6. En auto de 29 de noviembre de 2022, el despacho ponente requirió al abogado que presentó la tutela, para que acreditara la legitimación en la causa por activa para actuar en representación de la señora Diana María Quintero Velásquez. En virtud del requerimiento, el abogado aportó poder especial conferido por la señora Quintero Velásquez, en el cual se lo facultó para la interposición de la presente acción de tutela; y en memorial posterior solicitó que se profiriera fallo de tutela de primera instancia.

5. Providencia impugnada Mediante sentencia de 20 de enero de 2023, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B encontró satisfechos la totalidad de los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

Mediante sentencia de 20 de enero de 2023, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B encontró satisfechos la totalidad de los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. Seguido, desestimó el argumento de la parte actora bajo el cual las autoridades judiciales demandadas sancionaron pese a que no había una prueba idónea que permitiera demostrar la existencia de una falta disciplinaria gravísima a título de dolo, de conformidad con el artículo 55, numeral 1° de la Ley 734 de 2002. Al

2 Ley 1474 de 2011. Artículo 41: «Además de lo previsto en la Constitución Política la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de los Consejos Seccionales según el caso, examinará la conducta y sancionará las faltas de los auxiliares de la Justicia.» 3 Ley 1952 de 2019. Artículo 263: «TRANSITORIEDAD. Los procesos disciplinarios en los que se haya proferido auto de apertura de investigación disciplinaria o de citación a audiencia al entrar en vigencia la presente ley continuarán tramitándose de conformidad con las ritualidades consagradas en el procedimiento anterior. Las indagaciones preliminares que estén en curso al momento de entrada de la vigencia de la presente ley, se ajustarán al trámite previsto en este código».Radicado: 11001-03-15-000-2022-06153-01

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8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co respecto, el juez de tutela sostuvo que la autoridad judicial accionada no halló

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co respecto, el juez de tutela sostuvo que la autoridad judicial accionada no halló prueba alguna en la que se justificaran los gastos descritos por la señora Diana María Quintero, motivo por el cual no había razón para eximirla de responsabilidad. Situación que descarta los argumentos traídos a colación por la tutelante para la configuración del defecto fáctico. Recordó que en la providencia atacada la Comisión Nacional de Disciplina Judicial indicó que el pronunciamiento del Juzgad o Segundo Civil Municipal de Pereira, mediante el cual se encontró que la tutelante no entregó una suma de $616.030 pesos a favor de las herederas, reviste de legalidad. La Comisión de Disciplina también agregó que la parte actora no allegó prueba con la q ue demostrara que la diferencia de dinero se debía a los motivos que en su momento la tutelante alegó, es decir, (i) que su cuenta de ahorros no estaba exenta del cobro de 4x1000; (ii) que requirió de los servicios de un asistente ya que su residencia era en otra ciudad diferente a la de la ubicación del inmueble sobre el cual ejercía administración y; (iii) considerando que las consignaciones se realizaban desde Caldas, y su cuenta bancaria pertenecía a Risaralda, se realizaban descuentos por los dineros ingresados así como la comisión del IVA. En lo atinente al defecto sustantivo, el juez de tutela sostuvo que la autoridad judicial demandada precisó que lo exigido en materia disciplinaria es la realización objetiva

ingresados así como la comisión del IVA. En lo atinente al defecto sustantivo, el juez de tutela sostuvo que la autoridad judicial demandada precisó que lo exigido en materia disciplinaria es la realización objetiva del hecho delictual. En consecuencia, la conducta no está condicionada a la resolución de la situación en la jurisdicción penal. A