CE - 110010315000202206199011SENTENCIA20230302144212

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-06199-01

Accionante: JULIO FREDYS DUMAR RUIZ, ACTUANDO COMO

AGENTE OFICIOSO DEL SEÑOR JULIO CÉSAR

PADILLA PÉREZ

Accionado: MAGISTRADA A CARGO DEL DESPACHO 016 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Tema: Tutela contra providencia judicial / violación de la Constitución / proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la sentencia del 16 de diciembre de 2022 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que negó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

El señor Julio Fredys Dumar Ruiz, actuando como agente oficioso del señor Julio César Padilla Pérez , solicitó la protección de los derechos fundamentales a la administración de justicia y defensa en condicionesACC IÓN DE TUT EL A

El señor Julio Fredys Dumar Ruiz, actuando como agente oficioso del señor Julio César Padilla Pérez , solicitó la protección de los derechos fundamentales a la administración de justicia y defensa en condicionesACC IÓN DE TUT EL A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -06199 -01

Accionante: Julio César Padilla Pér ez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

2 de igualdad de persona en situación de discapacidad mental , con sustento en los siguientes supuestos fácticos que la Sala de Decisión identificó como relevantes en el sub examine:

1. HECHOS

La Universidad de Antioquia instauró medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad contra el señor Julio Cesar Padilla Pérez, el cual correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Antioquia que, mediante providencia del 4 de febrero de 2022, resolvió admitir la demanda.

El 28 de julio de 2022, la pareja sentimental del señor Julio Cesar Padilla Pérez informó a la autoridad judicial accionada que aquél era una persona de 73 años que se encontraba desde hace un tiempo absolutamente imposibilitado para expresar su voluntad, motivo por el cual inició proceso de adjudicación de apoyo judicial en el Juzgado Cuarto de Familia de Medellín bajo el radicado 05001-31-10-004-202200439-00. P or consiguiente, solicitó la suspensión del proceso

cual inició proceso de adjudicación de apoyo judicial en el Juzgado Cuarto de Familia de Medellín bajo el radicado 05001-31-10-004-202200439-00. P or consiguiente, solicitó la suspensión del proceso contencioso administrativo hasta tanto se decidiera el trámite referido a fin de poder presentar la contestación en el medio de control y ejercer su derecho de defensa.

No obstante lo expuesto, la magistrada del Tribunal Administrativo de Antioquia negó la petición formulada mediante auto del 26 de agosto de 2022.ACC IÓN DE TUT EL A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -06199 -01

Accionante: Julio César Padilla Pér ez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

3

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La parte accionante manifestó que la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia de continuar con el trámite de la demanda presentada en su contra viola los derechos fundamentales invocados en protección, toda vez que se encuentra imposibilitado para ejercer su derecho de defensa hasta tanto el Juzgado Cuarto de Familia de Medellín resuelva el proceso de adjudicación judicial de apoyos para la realización de actos jurídicos.

3. PRETENSIONES

La parte accionante pidió lo siguiente:

«1. Se reconozca sus derechos fundamentales de ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DERECHO A LA DEFENSA Y

3. PRETENSIONES

La parte accionante pidió lo siguiente:

«1. Se reconozca sus derechos fundamentales de ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DERECHO A LA DEFENSA Y

CONDICIONES DE IGUALDAD EN PERSONA DISCAPACITADA MENTAL.

2. Se conceda la medida provisional deprecada, y se ordene al Tribunal Administrativo de Antioquia, Despacho 16 suspen der de manera inmediata del proceso con radicado 05001233300020210213300 hasta tanto se tome una decisión en esta acción de tutela.

3. Se decrete la nulidad del proceso a partir del auto que ordena notificar o seguir adelante con la notificación.

4. Ordenar tanto al Tribunal Administrativo de Antioquia Despacho 16 como al Ministerio Público, vigilar y proteger los derechos y garantías fundamentales de JULIO CESAR PADILLA PÉREZ en situación de discapacidad».

4. TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto del 25 de no viembre de 2022, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado admitió la acción de la referencia y ordenó notificar al despacho 016 del Tribunal Administrativo de Antioquia como accionado y a la Universidad deACC IÓN DE TUT EL A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -06199 -01

Accionante: Julio César Padilla Pér ez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

4

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

4 Antioquia como tercero interesado, para que se pronunciaran sobre los hechos que originaron la solicitud constitucional. Adicionalmente, negó la medida provisional pedida consistente en la suspensión del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado en contra del accionante, por cuanto consideró que no se evidenció un perjuicio irremediable, la decisión contra la que dirige la tutela fue proferida por la autoridad judicial competente de tal manera que está revestida de legalidad y no se advirtió en esa instancia procesal que se le impidiera el acceso a la administración de justicia, toda vez que aún no había fenecido el término para intervenir en las diligencias ordinarias.

5. INTERVENCIONES

5.1. La magistrada del despacho 016 del Tribunal Administrativo de Antioquia pidió que se declarara la improcedencia de la acción de la referencia por falta de relevancia constitucional o en su lugar se negaran sus pretensiones, p or cuanto señaló que no incurrió en irregularidades en el trámite del proceso puesto en su conocimiento, y por consiguiente, no vulneró los derechos invocados en protección. En ese sentido, aseguró que «pretender que se declare la nulidad de unas actuaciones procesales válidamente desarrolladas o procurar la suspensión un proceso hasta que se definan los apoyos en el proceso de familia supone invertir la presunción de capacidad que precisamente le garantiza la Constitución y la ley al señor J ulio César Padilla Pérez».

procurar la suspensión un proceso hasta que se definan los apoyos en el proceso de familia supone invertir la presunción de capacidad que precisamente le garantiza la Constitución y la ley al señor J ulio César Padilla Pérez».

5.2. La Universidad de Antioquia, a través de apoderada1, solicitó su desvinculación del trámite constitucional con sustento en que no es

1 Ana María Salazar AguilarACC IÓN DE TUT EL A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -06199 -01

Accionante: Julio César Padilla Pér ez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

5 la entidad llamada a satisfacer las peticiones elevadas en el escrito de tutela.

6. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado a través de sentencia del 16 de diciembre de 2022 negó el amparo solicitado , pues afirmó que «no se advierte que las providencias reprochadas incurran en vicio o defecto alguno, puesto que, se reitera, en el sub lite no se da algún supuesto para que sea procedente ordenar la suspensión del proceso, la que, valga anotar, no resulta necesaria si se tiene en cuenta que el actor, en principio y de acuerdo con el artícu lo 6º de la Ley 1996 de 2019, cuenta con la capacidad legal para comparecer a ese asunto, y, en todo caso, una vez se decida el proceso de

cuenta que el actor, en principio y de acuerdo con el artícu lo 6º de la Ley 1996 de 2019, cuenta con la capacidad legal para comparecer a ese asunto, y, en todo caso, una vez se decida el proceso de adjudicación de apoyos para la realización de actos jurídicos que se adelanta ante el Juzgado Cuarto (4º) de Familia de Medellín, se determinará si es dable que se le designe un apoyo formal para nombrar apoderado, lo que, se insiste, en ningún momento limita el ejercicio de sus derechos de contradicción y defensa, máxime cuando el término para contestar la demanda siquiera ha iniciado».

7. IMPUGNACIÓN

La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia , con el propósito que se revocara y , en su lugar , se accediera al amparo requerido, pues insistió en los argumentos que fundamentaron la tutela y además, resaltó «que hay una total incoherencia puesto que para ejercitar la tutela está justificado en su imposibilidad de defenderse y es dable impetrarla con la intervención de agente oficioso, pero en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho lo pue de hace rACC IÓN DE TUT EL A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -06199 -01

Accionante: Julio César Padilla Pér ez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

6 porque tiene capacidad legal , es decir, no es posible que para

Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

6 porque tiene capacidad legal , es decir, no es posible que para una actuación jurídica esté con imposibilidad de defenderme y pueda utilizar un agente oficioso y para otra actuación jurídica tenga capacidad legal y no requiera el apoyo que establec e la Ley 1996 de 2019 en su artículo 38, lo que la misma ley contempla y es que si no está posibilitado para manifestar su voluntad, requerirá de un apoyo judicial y no en la mitad del proceso o al final, sino en el momento oportuno que se deba intervenir».

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de tutela, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo 080 de 2019, en cuanto dispone que «las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».

2. PROBLEMAS JURÍDICOS

Como fue indicado en la primera instancia, si bien en el presente asunto el señor Julio César Padilla Pérez solicitó la suspensión del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado en su contra por la Universidad de Antioquia, lo cierto es que con dicha inconformidad en realidad se controvierten son las decisiones judiciales del 26 de agosto

nulidad y restablecimiento del derecho iniciado en su contra por la Universidad de Antioquia, lo cierto es que con dicha inconformidad en realidad se controvierten son las decisiones judiciales del 26 de agosto y del 11 de octubre de 2022 proferidas por el despacho 16 del TribunalACC IÓN DE TUT EL A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -06199 -01

Accionante: Julio César Padilla Pér ez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

7 Administrativo de Antioquia que resolvieron negar la petición de suspensión elevada por la parte accionante, pues a su juicio no consideró que se encontraba absolutamente imposibilitado para expresar su voluntad en razón de lo cual está en curso un proceso de adjudicación de apoyo judicial en el Juzgado Cuarto de Familia de Medellín.

En ese orden de ideas, la Sala de Decisión considera que en el sub examine se trata de una tutela contra providencias judiciales, respecto de las cuales, conforme las razones que sustentan la acción constitucional, se depreca la configuración de un defecto fáctico y una violación directa de la Constitución, porque se alegó la transgresión de los derechos de debido proceso y defensa del señor Julio César Padilla Pérez por cuenta del despacho 16 del Tribunal Administrativo de Antioquia al continuar con el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho sin tener en cuenta que se había informado que aquél se

los derechos de debido proceso y defensa del señor Julio César Padilla Pérez por cuenta del despacho 16 del Tribunal Administrativo de Antioquia al continuar con el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho sin tener en cuenta que se había informado que aquél se encontraba imposibilitado para actual en él conforme las pruebas que se aportaron con la solicitud de suspensión que se presentó.

En esa línea de ideas, de acuerdo con lo señalado, la Sala de Decisión advierte que el problema jurídico en esta instancia se circunscribe a responder si:

• ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:

• ¿El despacho 16 del Tribunal Administrativo de Antioquia , al expedir la s providencias del 26 de agosto y 11 de octubre deACC IÓN DE TUT EL A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -06199 -01

Accionante: Julio César Padilla Pér ez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

8 2022, incurrió en un defecto fáctico y una violación directa de la Constitución y por consiguiente, vulneró los derechos fundamentales invocados en protección por el accionante?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: i) la acción de tutela contra las providenc ias judiciales, ii) los requisitos generales de procedibilidad, i ii) el defecto fáctico y la

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: i) la acción de tutela contra las providenc ias judiciales, ii) los requisitos generales de procedibilidad, i ii) el defecto fáctico y la violación de la Constitución y iv) el caso concreto.

3. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLE AL

CASO

3.1. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional vigente2 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le impone.

2 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05. 3 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001 -03-15-000-2009-0132801(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.ACC IÓN DE TUT EL A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -06199 -01

Accionante: Julio César Padilla Pér ez

Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -06199 -01

Accionante: Julio César Padilla Pér ez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

9

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jur isdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaborac ión jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e indepen dencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualqu ier evento para su interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentre n al alcance de quien demande el

sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentre n al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devinoACC IÓN DE TUT EL A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -06199 -01

Accionante: Julio César Padilla Pér ez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

10 en la vulneración de derechos; y (vi) q ue no se trate sentencias de tutela.

En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales especiales, indicando que la acción constitucional resulta procedente únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error

actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error inducido, (iv) de cisión sin motivación, (v) violación directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.

3.1.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.

(i) La presente pretensión de amparo sí es de marcada relevancia constitucional, en la medida en que se contrae a establecer de manera central si el despacho 16 del Tribunal Administrativo de Antioquia con las providencias del 26 de agosto y 11 de octubre de 2022 incurrió en la violación de los derechos de la parte accionante de acceso a la administración de justicia y a la defensa en condiciones de igualdad en persona discapacitada mental;

(ii) se agotaron todos los medios de defensa porque contra la providencia reprochada no procedía recurso alguno;

(iii) cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que la interposición de la acción se dio en un lapso «razonable y proporcionado» por cuanto las providencias discutidas se profiri eron el 26 de agosto y 11 deACC IÓN DE TUT EL A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -06199 -01

Accionante: Julio César Padilla Pér ez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o

Accionante: Julio César Padilla Pér ez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

11 octubre de 2022 y la tutela se presentó el 22 de noviembre de 2022;

(iv) de encontrarse probado el defecto alegado este tiene la vocación de vulnerar las garantías fundamentales invocadas en protección;

(v) se identificaron los hechos que sustentan la acción y los derechos que se consideran transgredidos en razón a la actuación de la parte accionada, motivo por el cual este requisito se encuentra cumplido, y

(vi) no se trata de una tutela contra tutela toda vez que la decisión reprochada fue proferida dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

3.2. Del defecto fáctico

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte Constitucional4 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa5, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, compr ende las omisiones en la valoración de pruebas

valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, compr ende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez.

4 Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras. 5 Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.ACC IÓN DE TUT EL A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -06199 -01

Accionante: Julio César Padilla Pér ez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

12

b. Una dimensión positiva6, que se presenta generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos

y debe ser, de carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables , le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos probatorios»7.

En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

3.3. Violación directa de la Constitución

Frente a este defecto, la Corte Constitucional en repetidas ocasiones ha referido que se origina en la obligación que les asiste a todas las autoridades de velar por el cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4.° de la Carta Política, según el cual la Constitución es norma de normas y en todo caso de incompatibilidad entre esta y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales8.

6 Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. 7 Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa. 8 SU-336 de 2017, Corte Constitucional.ACC IÓN DE TUT EL A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -06199 -01

Accionante: Julio César Padilla Pér ez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o

Accionante: Julio César Padilla Pér ez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

13 La jurisprudencia constitucional también ha sostenido que procede la tutela contra providencias judiciales por violación directa de la Constitución en dos casos: (i) cuando se deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto; o (ii) aplica la ley al margen de los dictados de la Carta:

«En el primer evento (inaplicación ius fundamental), la Corte ha dispuesto que procede la tutela: (i) cuando en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional; (ii) cuando se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata; y (iii) cuando el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución. En el segundo, la jurisprudencia ha afirmado que el juez debe tener en cuenta en sus fallos que la Constitución es norma de normas y, por lo tanto, debe aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a las legales mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad»9.

Aunque, en principio, la violación directa de la Constitución puede tener una relación directa con otras causales especiales de procedencia, como los defectos sustantivos o el desconocimiento del precedente, la fuerza normativa de la constitución (art. 4) implica que esta sea reconocida como una causal independiente.

una relación directa con otras causales especiales de procedencia, como los defectos sustantivos o el desconocimiento del precedente, la fuerza normativa de la constitución (art. 4) implica que esta sea reconocida como una causal independiente.

4. Las personas en situación de discapacidad como sujetos de especial protección constitucional10

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado de manera reiterada que las personas en condición de discapacidad gozan de protección constitucional reforzada11 y ha dicho que dicho escenario «se origina de lo previsto en el artículo 13 de la Carta, en que se establece la obligación de promover las condiciones para que la igual-dad sea real

9 Sentencia T-094 de 2013, T-209 de 2015 y SU-542 de 2016, Corte Constitucional. 10 A propósito consultar la sentencia del 21 de abril de 2022 proferida por esta Subsección en un caso similar dentro del trámite constitucional identificado con el radicado núm. 11001-03-15-000-2022-01613-00. 11 Véanse, entre otras, las Sentencias T-884 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y T-340 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao PérezACC IÓN DE TUT EL A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -06199 -01

Accionante: Julio César Padilla Pér ez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

14

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

14 y efectiva, al mismo tiempo que se dispone proteger de manera especial a las personas que, entre otras razones, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, por su condición física o mental12. Igualmente, los artículos 47, 54 y 68 de la Carta, le imponen al Estado diferentes deberes tendientes a la protección de estas personas, buscando su inclusión plena en la sociedad»13. Al respecto, ha señalado:

«Dogmáticamente, el estudio sobre los derechos de las personas con discapacidad ha tenido distintos acercamientos, hasta la implementación actual del modelo social14, en el que se entiende que la persona con discapacidad no se encuentra marginada o discriminada por razón de una condición física, sensorial o psíquica determinada, sino por las dificultades que enfrenta para su adecuada inclusión social, por la imposición de barreras por parte de la sociedad. Este modelo se dirige a garantizar el mayor nivel posible de autonomía del individuo, haciéndolos partícipes en la toma de decisiones que los afectan15, a través del aforismo: nada sobre nosotros sin nosotros.

Como parte del bloque de constitucionalidad, se destaca la recepción en nuestro ordenamiento jurídico de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada mediante la Ley 1346 de 200916. Este instrumento, que apela a los postulados básicos del modelo social, busca darle prevalencia a las medidas que tienen como propósito disminuir o erradicar las barreras sociales que dificultan la realización del

Discapacidad, aprobada mediante la Ley 1346 de 200916. Este instrumento, que apela a los postulados básicos del modelo social, busca darle prevalencia a las medidas que tienen como propósito disminuir o erradicar las barreras sociales que dificultan la realización del principio de igualdad de oportunidades respecto de las personas con discapacidad17.

12 La norma en cita dispone que: “Artículo 13.- Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. // El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. // El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.” 13 Sentencia 662 de 2017. 14 En la Sentencia T-340 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, se hace un recuento de las distintas escuelas que han existido sobre la materia, resaltando el tránsito desde el modelo de prescindibilida