CE - 110010315000202206231011SENTENCIASENTENCIA20230309181942

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06231-01

Demandante: Martha Isabel Villamizar Rojas

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2022-06231-01

Demandante MARTHA ISABEL VILLAMIZAR ROJAS

Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN E Temas Acción de tutela. Tutela contra providencia judicial . Defecto sustantivo y por desconocimiento del precedente. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Reliquidación pensión docente.

Requisitos de procedencia: relevancia constitucional. Aplicación precedente de unificación para el sector docente, sentencia Sala Plena del Consejo de Estado del 25 de abril de 2019.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación interpuesta por Martha Isabel Villamizar Rojas contra la sentencia del 16 de diciembre de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, que resolvió: “SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela respecto de las inconformidades relacionadas con el defecto sustantivo y la condena en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

“SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela respecto de las inconformidades relacionadas con el defecto sustantivo y la condena en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DENEGAR el amparo solicitado en cuanto al desconocimiento del precedente judicial alegado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 23 de noviembre de 2022 1, la señora Martha Isabel Villamizar Rojas, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: “PRIMERO: Comprobado como están los elementos axiológicos para la prosperidad de la acción, respetuosamente solicito SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN E – de fecha 02 de septiembre del 2022, media nte la cual se confirma la sentencia del 04 de mayo de 2022 proferida por el Juzgado Veintiséis (26) Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Segunda, la cual NEGÓ LA

RELIQUIDACIÓN PENSIONAL.

1 Fecha de radicación al correo de tutelas en línea.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06231-01

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Demandante: Martha Isabel Villamizar Rojas

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: Como consecuencia de lo ant erior, solicito, respetuosamente al Honorable CONSEJO DE ESTADO se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN E a proferir sentencia de fondo ordenando al FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a reliquidar la p ensión de la señora MARTHA ISABEL VILLAMIZAR ROJAS, incluyendo TODOS los factores salariales devengados en especial LA PRIMA DE NAVIDAD, PRIMA DE SERVICIOS Y PRIMA

ESPECIAL.

TERCERO: Así mismo ordenar al pago de las cotizaciones al sistema de seguridad soc ial de los factores salariales que se tengan en cuenta para liquidar el IBL, sobre las cuales no se efectuaron los respectivos aportes al sistema de seguridad social.

CUARTO: Que se revoque lo concerniente a la condena en costas decretadas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN E de fecho 02 de septiembre de 2022.

QUINTO: Solicito cordialmente a su distinguida Sala oficiar al Juzgado Veintiséis (26) Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Segunda para que allegue en su integralidad (sic) 11001-33-35-026-2020-00086-01, en dado caso de que el expediente administrativo haya sido devuelto al despacho de origen”.

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

en su integralidad (sic) 11001-33-35-026-2020-00086-01, en dado caso de que el expediente administrativo haya sido devuelto al despacho de origen”.

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. La señora Martha Isabel Villamizar Rojas se desempeña como docente desde el 8 de febrero de 1993 hasta la fecha. 2.2. Mediante la Resolución Nro. 1396 del 4 de marzo de 2016 el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, ordenó el reconocimiento y pago a la accionante de la pensión de jubilación a partir del 21 de noviembre de 2015. 2.3. El 26 de marzo de 2019 la accionante solicitó: (i) el reajuste de su pensión de jubilación con la totalidad de los factores salariales devengados tales como las primas de servicio, navidad y especial, (ii) frente a los factores con respecto a los que no se hubieran hecho los descuentos de seguridad social, pidió se hicieran y, (iii) se reintegraran los descuentos efectuados por concepto de salud aplicados en las mesadas adicionales desde el momento en que adquirió el estatus pensional y el reconocimiento y pago de la prima de mitad de año. 2.4. El 10 de marzo de 2020 pidió se realizaran los descuentos por concepto de seguridad social frente a los factores sobre los que no se habían efectuado los mismos, lo que se negó por la administración mediante Oficio S -2020-50900 del 17 de marzo de 2020. 2.5. Mediante la Resolución Nro. 7132 del 21 de diciembre de 2020, el Fondo de

mismos, lo que se negó por la administración mediante Oficio S -2020-50900 del 17 de marzo de 2020. 2.5. Mediante la Resolución Nro. 7132 del 21 de diciembre de 2020, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio reajustó la pensión de jubilación de la actora con algunos de los factores solicitados y negó lo relacionado con la solicitud de devolución y suspensión de los descuentos realizados en las mesadas adicionales. 2.6. Por lo anterior, la señora Martha Isabel Villamizar Rojas en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó a la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de que se declarara: (i) la nulidad del acto que reliquidó la pensión de jubilación y negó el reintegro y suspensión de los descuentos por concepto de salud en las mesadas adicionales de junio y diciembre, (ii) laRadicado: 11001-03-15-000-2022-06231-01

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3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co nulidad del oficio que negó los descuentos respectivos sobre factores frente a los que no se hubieran efectu ado los mismos (iii) la nulidad del acto ficto negativo frente a una petición relacionada con el reconocimiento y pago de la prima de mitad de año . En consecuencia, pidió se ordenara: (i) se realizaran los descuentos sobre los factores solicitados y se hi ciera el respectivo aporte

negativo frente a una petición relacionada con el reconocimiento y pago de la prima de mitad de año . En consecuencia, pidió se ordenara: (i) se realizaran los descuentos sobre los factores solicitados y se hi ciera el respectivo aporte al FOMAG, (ii) se liquidara la pensión con la inclusión de la totalidad de los factores devengados en el año anterior al estatus pensional, (iii) se reintegraran los valores cancelados por concepto de salud sobre las mesadas adicionales de julio y diciembre y se suspendiera tal descuento y, (iv) se ordenara el reconocimiento y pago de la prima de medio año. 2.7. En primera instancia correspondió conocer el asunto con la radicación Nro. 11001-23-35-026-2021-00086-00, al Juzgado Veintiséis Administrativo de Bogotá, que, en sentencia del 4 de mayo de 2022, negó las pretensiones de la demanda. Sostuvo que de acuerdo con la reciente posición jurisprudencial del Consejo de Estado, no era posib le ya que los descuentos por aportes a salud de las mesadas pensionales adicionales que recibían los docentes pensionados afiliados al FOMAG, inclusive en el caso de la pensión de invalidez, eran procedentes de acuerdo con los señalado en el artículo 8º, inciso 2º de la Ley 91 de 1989 en armonía con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, en virtud del cual el valor del aporte que efectúan los docentes pensionados había sido equiparado al previsto para el régimen general en el artículo 204 de la Ley 100 de 19 93 y la Ley 797 de 2003, esto es, en el 12% o en el porcentaje que señalaran las normas que lo modificaran o adicionaran.

equiparado al previsto para el régimen general en el artículo 204 de la Ley 100 de 19 93 y la Ley 797 de 2003, esto es, en el 12% o en el porcentaje que señalaran las normas que lo modificaran o adicionaran. Frente a la prima de mitad de año, dijo que la demandante, hoy accionante, no estaba cobijada por la excepción establecida en el parágrafo 6º del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005, ya que su pensión se había causado con posterioridad al 31 de julio de 2011 y era una pensión superior a 3 salarios mínimos mensuales. De la reliquidación pensional pretendida, dijo que no había luga r a acceder a esta pretensión de tomar como base la totalidad de los factores devengados en el año anterior al estatus pensional y menos aún ordenar que se hicieran aportes sobre factores que no estaban enlistados en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 y, advirtió que si bien la prima de vacaciones estaba incluida en la liquidación de la pensión en razón de una doceava, así como la bonificación mensual y eran factores no enlistados en la mencionada ley 62, lo cierto era que se trataba de un derecho adquirid o y en esa medida era una situación jurídica consolidada por lo que no podía modificarse en ese sentido. 2.8. La anterior decisión se apeló por la parte demandante, hoy tutelante. Correspondió conocer al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que, en sentencia del 2 de septiembre de 2022 <<notificada por correo electrónico el 7 de septiembre de 2022>> , confirmó la decisión del a quo y condenó en costas a la parte vencida.

Segunda, Subsección E, que, en sentencia del 2 de septiembre de 2022 <<notificada por correo electrónico el 7 de septiembre de 2022>> , confirmó la decisión del a quo y condenó en costas a la parte vencida. Teniendo en cuenta el recurso de apelación presentado, delimitó el problema jurídico a dos aspectos puntuales: de un lado, lo relacionado con la reliquidación pensional pretendida por la actora y, de otro, lo relacionado con el reconocimiento y pago de la prima de medio año.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06231-01

Demandante: Martha Isabel Villamizar Rojas

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Con respecto al primer asunto, esto es, la reliquidación pensional , citó la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 25 de abril de 2019 que definió el alcance de la subregla fijada en la sentencia del 28 de agosto de 2018 sobre los factores que debían incluirse en la liquidación de la mesada pensional bajo la Ley 33 de 1985, norma aplicable al personal docente vinculado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y, explicó que la tesis planteada en la sentencia del 4 de agosto de 2010 fue recogida. En ese sentido, anunció que los factores que pretendía fueran incluidos en la liquidación pensional, no estaban enlistados en la Ley 62 de 1985 y no estaban acreditadas las cotizaciones a los mismos, de manera que no se cumplía con lo señalado en una de las subreglas de unificación y por tanto no podía

liquidación pensional, no estaban enlistados en la Ley 62 de 1985 y no estaban acreditadas las cotizaciones a los mismos, de manera que no se cumplía con lo señalado en una de las subreglas de unificación y por tanto no podía accederse a esta pretensión. De la prima de mitad de año, indicó que n o tenía derecho a la misma al no cumplir con los supuestos para su reconocimiento que era que la persona hubiere consolidado su derecho con anterioridad a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 o para los que causaron su derecho entre el 26 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2011, siempre que se acreditara que recibían una prestación inferior a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

3. Fundamentos de la acción La accionante consideró que la decisión proferida el 2 de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 11001 -23-35026-2021-00086-00/01, incurrió en los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente jurisprudencial, por las razones que se exponen a continuación. 3.1. Defecto sustantivo. dijo que el caso se resolvió con la inapropiada aplicación de la Ley 812 de 2003 y en contra de los postulados constitucionales como lo era el artículo 53 de la Constitución Política en el que se hacía mención al principio de favorabilidad en la que, de acuerdo con la situación fáctica, había de optarse por lo que fuera más benéfico para el trabajador o sus beneficiarios.

era el artículo 53 de la Constitución Política en el que se hacía mención al principio de favorabilidad en la que, de acuerdo con la situación fáctica, había de optarse por lo que fuera más benéfico para el trabajador o sus beneficiarios. 3.2. Defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial. Sostuvo que no se tuvo en cuenta la sentencia del 9 de abril de 2014, del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, expediente Nro. 25000 -23-25-000-201000014-01, con ponencia del doctor Gustavo Gómez Aranguren, en la que se determinó que era procedente el descuento de los aportes correspondientes a los factores dada la omisión de la administración y que esto no impedía el reconocimiento de los mencionados co nceptos para efectos pensionales, ya que estos podían ser descontados por la entidad al momento del reconocimiento prestacional. También pidió se tuviera en cuenta la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010 en la que se estudiaba con suficiencia lo relacionado con la inclusión de la totalidad de los factores devengados y que se debía aplicar por favorabilidad e igualmente que se aplicara la sentencia del 9 de abril de 2014 de esta misma Corporación.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06231-01

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Dijo que no podía aplicarse a su caso la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018, por tratarse de personal docente que

www.consejodeestado.gov.co Dijo que no podía aplicarse a su caso la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018, por tratarse de personal docente que estaba excluido de estas reglas. 3.3. Finalmente, se refirió a la condena en costas y manifestó que la cuantía de las mismas en materia laboral, debía fijarse teniendo en cuenta la posición de los sujetos procesales, esto es, si se trataba del empleador, del trabajador o del jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escas os recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. Por auto del 25 de noviembre de 2022 el juez de tutela de primera instancia admitió la demanda de tutela, ordenó notificar a las partes accionante, accionada y, ordenó la vinculación como tercero con interés a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, a la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá y al Juzgado Veintiséis Administrativo de Bogotá, quien emitió la decisión de primera instancia en el proceso ordinario. 4.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, se pronunció e indicó que la tutela era improcedente en la medida que lo pretendido por la parte actora era revivir el debate agotado tanto en sede administrativa como judicial y, que no se acreditaba un perjuicio irremediable que eventualmente, permitiera revisar su situación concreta.

Anunció que la sentencia se ciñó a las normas y a la jurisprudencia vigente y

en sede administrativa como judicial y, que no se acreditaba un perjuicio irremediable que eventualmente, permitiera revisar su situación concreta. Anunció que la sentencia se ciñó a las normas y a la jurisprudencia vigente y aplicable al caso concreto, por lo que no había lugar a aplicar precedentes anteriores no vigentes como era el caso de la sentencia del 4 de agos to de 2010. Frente a los descuentos en salud, dijo que no era procedente aplicar las normas que prohibían realizarlos en las mesadas adicionales al personal docente, ya que estas cobijaban a los pensionados del régimen general o regidos por la Ley 100 de 1 993, lo que no era el caso de la actora como docente afiliada al FOMAG. 4.3. El Juzgado Veintiséis Administrativo de Bogotá, indicó en el informe presentado que la decisión de instancia fuera arbitraria o contraria a derecho y que, por el contrario, se habían garantizado los derechos fundamentales de las partes, en especial el debido proceso. Así, concluyó que el juzgado no vulneró derecho fundamental alguno a la accionante. 4.4. La Ministerio de Educación, rindió informe en el que manifestó que no tenía injerencia alguna en el presente asunto constitucional, ya que se estaban cuestionando providencias judiciales que gozaban de total autonomía, que no se advertía un perjuicio irremediable y, finalmente, consideró que no le asistía legitimación en la causa por pasiva razón por la que pidió ser desvinculado de la presente acción. 4.5. La Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, se pronunció en el sentido de indicar que la presente acción era improcedente al buscar en la

la presente acción. 4.5. La Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, se pronunció en el sentido de indicar que la presente acción era improcedente al buscar en la tutela una instancia adicional para discutir asp ectos relacionados con laRadicado: 11001-03-15-000-2022-06231-01

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co reliquidación pensional que ya habían sido definidos y que esta instancia constitucional no era el escenario para revivir las discusiones, máxime cuando se contó con todas las garantías procesales.

5. Providencia impugnada En sentencia del 16 de diciembre de 2022, el Consejo de Estado, Sección Primera, declaró improcedente el amparo constitucional en relación con el defecto sustantivo y la condena en costas y, negó la tutela en relación con el defecto por desconocimiento del precedente.

Frente al defecto sustantivo consideró que no cumplía con el requisito de relevancia constitucional, ya que presentaba una inconformidad que no fue puesta de presente por la actora en la oportunidad idónea para ello, esto es, en el escrito del recurso de impugnación, de tal forma que el Tribunal no tuvo la oportunidad de pronunciarse al respecto y que, en ese sentido, mal haría el juez constitucional en entrar a analizar aspectos que no fueron objeto de debate dentro de la providencia acusada. En cuanto a la inconformidad relacionada con la condena en costas, sostuvo que la solicitud de amparo carecía de relevancia constitucional, ya que esto era un asunto

aspectos que no fueron objeto de debate dentro de la providencia acusada. En cuanto a la inconformidad relacionada con la condena en costas, sostuvo que la solicitud de amparo carecía de relevancia constitucional, ya que esto era un asunto de contenido económico derivado de un debate estrictamente normati vo y de interpretación judicial. De otra parte, en relación con el defecto por desconocimiento del precedente advirtió que la providencia del tribunal dejó claro que no le asistía el derecho a la actora a que se incluyeran dentro de la liquidación de su mesada pensional la totalidad de los factores percibidos ya que sobre estos no se habían efectuado los correspondientes aportes y que, además, no estaban taxativamente previstas en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 de manera que se fundamentó la decisión en la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019, por medio de la cual se fijó como regla para liquidar las pensiones del personal docente vinculado con anterioridad a la Ley 812 de 2003 que los factores salariales a tener en cuenta eran solo aquellos enlistados en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 y sobre los cuales se hubieran efectuado los respectivos aportes. De otro lado, dijo que el tribunal sostuvo que, de conformidad con el Acto Legislativo 001 de 2005, únicamente tenían derecho al reconocimiento de la mesada de medio año las personas que hubiesen causado su pensión antes del 31 de julio de 2011 y siempre que se acreditara que la prestación era inferior a 3 SMLMV, de manera que, para el a quo la autoridad judicial accionada al analizar las pru ebas allegadas al proceso, encontró que la actora había consolidado su estatus pensional hasta el 21

siempre que se acreditara que la prestación era inferior a 3 SMLMV, de manera que, para el a quo la autoridad judicial accionada al analizar las pru ebas allegadas al proceso, encontró que la actora había consolidado su estatus pensional hasta el 21 de noviembre de 2015, momento en el cual cumplió los requisitos de edad y tiempo de servicios, de tal forma que no cumplía con los requisitos establecidos para ser exceptuado en las modificaciones introducidas por el Acto Legislativo 001 de 2005. En este orden de ideas, concluyó que la interpretación y aplicación de la sentencia acusada se fundamentó en la posición jurisprudencial vigente, fijada en las sentencias de unificación del 28 de agosto de 2018 y 25 de abril de 2019, por lo que el criterio establecido en la sentencia de 4 de agosto de 2010 ya no era un parámetro válido para el efecto, como erradamente lo pretendía la actora. Del presunto desconocimiento de la sentencia del 9 de abril de 2014, proferida por la Sección Segunda, radicación Nro. 20001 -23-31-000-2011-00142-01, conRadicado: 11001-03-15-000-2022-06231-01

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ponencia del doctor Luis Rafael Vergara Quintero, indicó que allí se analizó una situación fáctica distinta al presente caso, razón por la que no podía hablarse de un desconocimiento del precedente en ese sentido.

6. Impugnación La parte actora impugnó la decisión. Reiteró los argumentos presentados en el

situación fáctica distinta al presente caso, razón por la que no podía hablarse de un desconocimiento del precedente en ese sentido.

6. Impugnación La parte actora impugnó la decisión. Reiteró los argumentos presentados en el escrito de tutela en relación con la reliquidación de la pensión de jubilación, insistiendo en que, por principio de favorabilidad consagrado constitucionalmente en el artículo 53 de la Constitución Política, debía darse aplicación a la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010. Insistió que no podía, so pretexto de la sostenibilidad del sistema, desconocer los derechos de quienes tenían derecho a que se reliquidara su pensión con la totalidad de los factores salariales devengados, previo descuento de los aportes que no se hubieren efectuado.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 2, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judi ciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales.

Así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Por esto, la

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales.

Así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Por esto, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales 3 y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta. Si no se cumplen todos los requisitos generales y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales la acción no será procedente. De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 5 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso.

2 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”. 3 CONSEJO DE ESTADO. Sección Cuarta. Sentencia del 23 de abril de 2014. Expediente No. 11001 -03-15000-2013-02625-00. C.P. Jorge Octavio Ramírez R. 4 Corte Constitucional. Sentencia T-760 de 2010 5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo

4 Corte Constitucional. Sentencia T-760 de 2010 5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06231-01

Demandante: Martha Isabel Villamizar Rojas

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico Teniendo en cuenta los antecedentes del caso y el escrito de impugnación, corresponde a la Sala analizar , si le asistió razón al juez de tutela de primera instancia en declarar improcedente la solicitud de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional en relación con el defecto su stantivo y de negar el amparo solicitado en relación con el defecto por desconocimiento del precedente, frente a la providencia del 2 de septiembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 11001 -23-35Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 11001 -23-35026-2021-00086-00/01.

De considerar que este requisito sí fue satisfecho, teniendo presente que el escrito de impugnación solamente se refirió al presunto defecto por desconocimie nto del precedente al insistir en que por principio de favorabilidad debió aplicarse el precedente de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010, corresponderá analizar si la providencia cuestionada incurrió en este defecto y dio una incorrecta aplicación al precedente en relación con los factores a tener en cuenta en la reliquidación pensional del personal docente, debiendo aplicar el mencionado precedente, por favorabilidad.

4. El requisito de relevancia constitucional y su análisis en el caso concreto 4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria . Su labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. En ningún modo aquel puede inmiscuirse en los asuntos propios del juez natural.

Con base en esta premisa, uno de los requisitos generales para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales es que el asunto sea de evidente relevancia constitucional. Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que son de relevancia constituciona l y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de

relevancia constitucional. Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que son de relevancia constituciona l y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T –248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o n