CE - 110010315000202206240011SENTENCIA20230508173532

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06240-01

Demandante: HERMANN GUSTAVO GARRIDO PRADA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN

PRIMERA, SUBSECCIÓN A

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Se satisfacen las causales genéricas para su examen en la forma señalada por el a quo / DEFECTO SUSTANTIVO - Se configura por cuanto la autoridad judicial accionada hizo una interpretación irrazonable de la reserva para el acceso a información pública, con lo cual limitó de manera injustificada el ejercicio de ese derecho.

La Sala decide1 la impugnación interpuesta por el accionante contra la sentencia del 27 de febrero de 202 3, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la cual se negó la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 23 de noviembre de 2022 , el señor Hermann Gustavo Garrido Prada interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primero, Subsección A, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de acceso a la información pública, de acceso a la administración de justicia y al debido proceso,

acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primero, Subsección A, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de acceso a la información pública, de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, con ocasión de la providencia dictada el 27 de octubre de 2022, en la que se resolvió el recurso de insistencia con radicado 25001-23-41-000-2022-01260-00. Formuló las siguientes pretensiones (se transcriben textualmente):

1 Se advierte que, el 12 de abril de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06240-01

Demandante: Hermann Gustavo Garrido Prada

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A Sentencia de tutela de segunda instancia

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PRIMERO: CONCEDER el amparo de mis derechos constitucionales

fundamentales DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y AL

DEBIDO PROCESO.

SEGUNDO: Disponer que se deje sin efectos la sentencia del H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN A, emitida el veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022), dentro del RECURSO DE INSISTENCIA Exp. No. 25000-23-41-000-2022-01260-00, con ponencia del H. Magistrado FELIPE ALIRIO SOLARTE MAYA , y en su lugar, ordenar que el plazo de 10 días se profiriera la providencia de reem plazo, en la

ponencia del H. Magistrado FELIPE ALIRIO SOLARTE MAYA , y en su lugar, ordenar que el plazo de 10 días se profiriera la providencia de reem plazo, en la cual se INTERPRETE adecuadamente el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, vale decir, sin hacer extensiva la reserva a otras materias no contempladas por el Legislador, como lo serían los EJES TEMÁTICOS que sirven de insumo para elaborar las PRUEBAS ESCRITAS en los concursos de méritos adelantados por la CNSC.

1.2. Hechos

Del escrito de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los siguientes hechos jurídicamente relevantes:

El señor Hermann Gustavo Garrido Prada solicitó a la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, entre otros puntos, (i) que le informaran cuáles eran los ejes temáticos suministrados por el municipio de El Copey, Cesar, y la propia CNSC como insumo para el concurso de méritos de la Convocatoria 1268 de 2019, y (ii) que se le entregaran los documentos de trabajo coordinado entre aquellas entidades, en los que constara la definición de tales ejes.

La CNSC negó la petición porque consideró que, de acceder a lo pretendido por el actor, se vulneraban los principios de «confidencialidad y resguardo de la información»; también porque los ejes temáticos fueron publicados (https://www.foxisco.com/consulta_ejes_tematicos/) en la guía de orientación al aspirante, cuya consulta es exclusiva para los participantes admitidos, calidad que no ostenta el peticionario.

(https://www.foxisco.com/consulta_ejes_tematicos/) en la guía de orientación al aspirante, cuya consulta es exclusiva para los participantes admitidos, calidad que no ostenta el peticionario.

Por lo anterior, el señor Garrido Prada interpuso recurso de insistencia, con fundamento en que se trataba de información pública que debía ser suministrada por la entidad y que la respuesta no se fundó en una norma legal que diera cuenta de la reserva.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A , al que correspondió conocer del recurso de insistencia, mediante providencia del 27 de octubre de 2022 resolvió: «DECLÁRASE bien denegada la solicitud de información que formuló HERMANN GUSTAVO GARRIDO PARRA en el numeral 12 del derechoRadicación: 11001-03-15-000-2022-06240-01

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3 de petición que radicó ante la Comisión Nacional del Servicio Civil».

1.3. Argumentos de la tutela

El señor Hermann Gustavo Garrido Prada sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo por interpretación errónea o irrazonable del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, toda vez que la reserva que allí se consagra se refiere a las pruebas que se apl icarán para efectos del concurso, y no a los ejes temáticos suministrados como insumo para la convocatoria.

Afirmó que el Tribunal estableció por «vía jurisprudencial» una reserva no

pruebas que se apl icarán para efectos del concurso, y no a los ejes temáticos suministrados como insumo para la convocatoria.

Afirmó que el Tribunal estableció por «vía jurisprudencial» una reserva no contemplada por el legislador, para el que sólo se encuentra restringido el acceso a las pruebas aplicadas o a utilizarse en los procesos de selección, y no a los ejes temáticos.

Señaló que extender la reserva a materias no definidas en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 desconoce el precedente judicial contenido en la sentencia C-037 de 1996, en la que la Corte Constitucional, respecto de las pruebas en los concursos de méritos para cargos en la Rama Judicial , precisó que aquella se refiere a los exámenes que se van a practicar.

Finalmente, relacionó algunas providencias de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en las que solicitó la misma información respecto de otros municipios y se acogieron las peticiones en el marco del recurso de insistencia.

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 28 de noviembre de 2022, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la demanda de tutela contra la Subsección A de la Sección Primera d el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , como parte demandada, y ordenó vincular a la Comisión Nacional del Servicio Civil, como tercero con interés.

2.1. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca expuso que la tutela no puede ejercerse para provocar decisiones

con interés.

2.1. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca expuso que la tutela no puede ejercerse para provocar decisiones adicionales a las dictadas por los jueces de conocimiento.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06240-01

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4 En cuanto al defecto sustantivo alegado, dijo que la reserva de los ejes temáticos se encuentra en la ley, puesto que se trata del insumo para la construcción de las pruebas, amén de que la información es de público conocimiento para los admitidos en el proceso de selección, los cuales pueden consultarla a través de la platafor ma con el usuario y clave de acceso; que, además, como el accionante no ostenta dicha condición, «existe una restricción al derecho fundamental al acceso a la información pública con sustento en la ley».

2.2. La CNSC expuso que la tutela debía declararse improcedente, toda vez que el demandante no acreditó la «ocurrencia de un fraude que se hubiere presentado en el trámite» del recurso de insistencia.

De otra parte, insistió en que lo pretendido por el actor «vulnera el principio de confidencialidad y resguardo de la información, en virtud a que dicha información solo debe ser conocida por las personas que necesitan conocerla y que han sido autorizadas para ello».

Finalmente, señaló que los ejes temáticos son el componente que sirve de sustento a la construcción de las pruebas, y que no se dejaron de publicar, sino que el acceso sólo está autorizado para los aspirantes admitidos.

autorizadas para ello».

Finalmente, señaló que los ejes temáticos son el componente que sirve de sustento a la construcción de las pruebas, y que no se dejaron de publicar, sino que el acceso sólo está autorizado para los aspirantes admitidos.

3. Fallo impugnado

La Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, mediante fallo del 27 de febrero de 2023, negó la solicitud de amparo2.

Como sustento de la decisión, el a quo, luego de dar por satisfechos los requisitos generales de procedencia de la tutela, sostuvo que no se configuró el defecto sustantivo alegado, puesto que fue acertado el razonamiento del Tribunal, en cuanto a que la reserva legal consagrada en el numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, es extensible a los ejes temáticos porque son el insumo con el que se construyen y diseñ an las pruebas escritas; temas a los que tienen acceso las personas admitidas en el proceso de selecci ón, condición que , de hecho, no fue acreditada por el demandante.

2 Según consta en auto del 7 de febrero de 2023, el proyecto inicial elaborado por el consejero Alberto Montaña Plata fue derrotado en sesión de sala del 27 de enero de 2023, por lo cual pasó al magistrado que seguía en turno. El ponente inicial salvó el voto.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06240-01

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4. Impugnación

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5

4. Impugnación

La parte actora impugnó el fallo de primer grado. Como sustento, afirmó que el a quo no tuvo en cuenta la sentencia C -037 de 1996, en la que se estudió la constitucionalidad de la reserva de las pruebas para l os concursos de aspirantes a servidores judiciales; tampoco la sentencia C-872 de 2003, que analizó el derecho de los terceros de acceder a la información pública como un mecanismo para ejercer el control sobre la gestión pública.

Cuestionó que no se hubiese pronunciado sobre la violación del derecho a la igualdad, dado que en la tutela se relacionaron otros recursos de insistencia originados en hechos similares, en los que la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las solicitudes de acceso a los ejes temáticos de otros concursos adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Señaló que la providencia impugnada hizo una interpretación irrazonable del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 , con lo cual, de paso, desconoció el parágrafo del artículo 25 de la Ley 14 37 de 2011 , que prohíbe extender la reserva legal a piezas que no estén cobijadas por dicha limitación.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo

estén cobijadas por dicha limitación.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo proferido el 27 de febrero de 2023 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio del cual se negó la solicitud de amparo.

Para ello, en los términos de la impugnación presentada, se examinará si el a quo erró en su razonamiento al desestimar el defecto sustantivo alegado y si, como consecuencia de ello, se deben amparar o no los derechos fundamentales reclamados en la tutela, con ocasión de la providencia dictada el 27 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, en el trámite del recurso de insistencia con radicado 2500-23-41-000-2022-01260-00.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06240-01

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6 La Sala se relevará de hacer un estudio detallado de los requisitos generales de procedencia de tutela, toda vez que comparte el análisis que de ellos se hizo en el fallo impugnado.

2. Análisis de la Sala

2.1. Requisitos generales de procedencia de la tutela

Como se anticipó al delimitar el problema jurídico, esta Sala comparte los argumentos del a quo, en los que sostiene que se cumplieron los requisitos generales de

2.1. Requisitos generales de procedencia de la tutela

Como se anticipó al delimitar el problema jurídico, esta Sala comparte los argumentos del a quo, en los que sostiene que se cumplieron los requisitos generales de procedencia de tutela contra providencia judicial, esto es, la subsidiariedad, por la inexistencia de otros medios para discutir los elementos propuestos; el de inmediatez, porque la tutela se presentó dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la providencia cuestionada; el de relevancia constitucional, porque se cumplió con la carga argumentativa con trascendencia constitucional, sin limitarse a argumentos para suscitar una instancia adicional y, finalmente, porque no se está cuestionando otra sentencia de tutela.

2.2 Del acceso a la información pública y sus limitaciones

El acceso a la información pública es un derecho fundamental consagrado en el artículo 74 de la Constitución Política, que permite a todas las personas solicitar, obtener o acceder a información, documentos y, en general, a todo tipo de datos que reposen en las autoridades, a menos que el legislador consagre sobre alguno de ellos una restricción o prohibición expresa que limite el ejercicio de este derecho3.

Esta prerrogativa se encuentra íntimamente relacionada con el derecho a la información (artículo 20 4 constitucional) y es una especie de ntro del género del

3 En la sentencia C-951 de 2014, la Corte Constitucional señaló que «ningún derecho fundamental es absoluto y, en tal sentido se encuentra limitado por otros, lo que comporta un desarrollo específico de lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución, en la medida en que establece que el derecho de acceso a la información sólo puede ser restringido en unas hipótesis taxativamente señaladas en la

lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución, en la medida en que establece que el derecho de acceso a la información sólo puede ser restringido en unas hipótesis taxativamente señaladas en la Constitución y en la ley». 4 «ARTÍCULO 20. Se garantiza a tod a persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura».Radicación: 11001-03-15-000-2022-06240-01

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7 derecho de petición (artículo 235 superior), amén de su vinculación con el ejercicio de los derechos civiles y políticos que suponen la garantía de «participar en la conformación, ejercicio y control del poder políti co» (artículo 40 de la Constitución Política).

Sobre este particular, la jurisprudencia constitucional ha señalado que «[n]o obstante esa conexión axiológica entre los derechos de petición, de información y de acceso a los documentos públicos, cada derecho tiene una entidad propia y un contenido autónomo discernible »6. Particularmente, en cuanto al derecho de acceso a la información pública ha destacado tres funciones:

(i) «[G]arantiza la participación democrática y el ejercicio de los derechos políticos»7, toda vez que fortalece la formación ciudadana y contribuye a formar

información pública ha destacado tres funciones:

(i) «[G]arantiza la participación democrática y el ejercicio de los derechos políticos»7, toda vez que fortalece la formación ciudadana y contribuye a formar un ciudadano «activo, deliberante, autónomo y crítico” 8 que pueda ejercer un debido control de la actividad del Estado.”9»10. (ii) Sirve de instrumento para ejercer otros derechos constitucionales, en la medida que «que permite conocer las condiciones necesarias para su realización »11, de esta forma el interesado puede exigir y asegurarse de que «que las autoridades y agencias estatales expliquen públicamente las decisiones adoptadas y el uso que le han dado a poder que han delegado en ellos los ciudadanos»12. (iii) Garantiza la transparencia de la gestión pública y se constituye en un mecanismo de control ciudadano de la actividad estatal.

En suma, el derecho de acceso a la información pública es una importante herramienta y garantía de los asociados para informarse, participar en el control del poder público y servir de instrumento para el ejercicio de otros derechos. Dicho de otra forma: este derecho es «un mecanismo esencial para la satisfacción de los principios de publicidad y transparencia de la función pública e instrumento esencial para salvaguardar a las personas de la arbitrariedad estatal»13.

5 «ARTÍCULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales». 6 Corte Constitucional, sentencia C-274 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.

por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales». 6 Corte Constitucional, sentencia C-274 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa. 7 Corte Constitucional, sentencia C-274 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa. 8 Cita original de la providencia: C-053 de 1995, (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). 9 Cita original de la providencia: C-957 de 1999, (M.P. Álvaro Tafur Galvis). 10 Corte Constitucional, sentencia C-274 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa. 11 Ibidem. 12 Ibidem. 13 Ibidem.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06240-01

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8 Entre otras disposiciones, las Leyes 1712 de 2014 y 1437 de 2011 —sustituida en lo pertinente por la Ley 1755 de 2015 — consagran unas excepciones al derecho de acceso a la información pública, precisamente porque al tratarse de un derecho fundamental relacionado con diferentes principios constitucionales, las restricciones para su ejercicio deben estar previstas expresamente en la ley . Por tanto, no es casualidad que la jurisprudencia constitucional sostenga que «las limitaciones que se le impongan se encuentran sometidas a exigentes condiciones constitucionales y el juicio de constitucionalidad de cualquier norma que los restrinja debe ser en extremo riguroso»14.

La Corte Constitucional , refiriéndose al acceso a la información pública en materia

juicio de constitucionalidad de cualquier norma que los restrinja debe ser en extremo riguroso»14.

La Corte Constitucional , refiriéndose al acceso a la información pública en materia de concursos de mérito, señaló que «la Ley 1755 de 2015, determinó que, por regla general, toda información es pública y de libre acceso para los ciudadanos. Asimismo, previó que, excepcionalmente y por motivos de reserva, se puede limitar ―e incluso negar― el acceso a cierto tipo de información»15.

Así pues, l a reserva es una limitación constitucionalmente razonable al derecho de acceso a la información pública; sin embargo, no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar otros principios constitucionales superiores a los del derecho limitado. Por esta razón, la restricción debe tener una consagración normativa expresa, por lo cual corresponde al legislador ponderar los intereses constitucionales en pugna y determinar los eventos en los cuales e ste derecho deb e ceder ante otros fines constitucionales. De allí que, «donde quiera que no exista reserva legal expresa debe imperar el derecho fundamental de acceso a la información » y «las normas que limitan el derecho de acceso a la información deben ser interpretadas de manera restrictiva y toda limitación debe estar adecuadamente motivada16»17.

En resumen, las limitaciones al derecho de acceso a la información pública gozan de reserva legal, por ende, (i) el legislador debe señalar expresamente las restricciones, y (ii) la autoridad tiene la carga de motivar la decisión que niega una solicitud sobre la información reservada. Dicha decisión debe contener el fundamento legal de la

14 Corte Constitucional, sentencia C-274 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.

información reservada. Dicha decisión debe contener el fundamento legal de la

14 Corte Constitucional, sentencia C-274 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa. 15 Corte Constitucional, sentencia SU-067 de 2022, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera. 16 Cita original de la providencia: A este respecto la Corte ha señalado que existe una clara obligación del servidor público de motivar la decisión que niega el acceso a un documento público y tal motivación debe reunir los requisitos establecidos por la Constitución y la ley que se explican en la presente sentencia. En particular debe indicar expresamente la norma en la cual se funda la reserva. Por esta vía el asunto puede ser sometido a controles disciplinarios, administrativos e incluso judiciales. Cfr. Sentencia T -074 de 1997. La exigencia de motivación se enc uentra adicionalmente en las normas legales sobre la materia. 17 Corte Constitucional, sentencia C-274 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06240-01

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9 reserva y, de ser necesario, un riguroso examen de que lo pretendido por el interesado se ajusta al supuesto de hecho previsto en la norma. De esta manera se garantiza que no extiendan los límites a campos no contemplados en la ley, al tiempo que se evita que la autoridad determine discrecionalmente qué información tiene el carácter reservado o no.

De allí la importancia del recurso de insistencia 18 como un instrumento de control

evita que la autoridad determine discrecionalmente qué información tiene el carácter reservado o no.

De allí la importancia del recurso de insistencia 18 como un instrumento de control judicial para que el juez examine si la negativa de la autoridad se ajusta a las previsiones del legislador y a la doctrina constitucional sobre el acceso y los límites a la información pública.

Por último, conviene señalar que la Corte Constitucional ha sintetizado los principios rectores del derecho de acceso a la información pública y algunas de sus limitaciones, así:

m. En síntesis, los principios rectores de acceso a la información, como fueron sistematizados en la sentencia C-274 de 2013 son:

• Máxima divulgación, lo cual implica que el derecho de acceso a la información debe ser sometido a un régimen limitado de excepciones.

• Acceso a la información es la regla y el secreto la excepción, toda vez que como todo derecho no es absoluto, pero sus limitaciones deben ser excepcionales, previstas por la ley, tener ob jetivos legítimos, ser necesarias, con estricta proporcionalidad y de interpretación restrictiva.

• Carga probatoria a cargo del Estado respecto de la compatibilidad de las limitaciones con las condiciones y requisitos que debe cumplir la reserva.

• Preeminencia del derecho de acceso a la información en caso de conflictos de normas o de falta de regulación.

• Buena fe en la actuación de las autoridades obligadas por este derecho, de tal manera que contribuya a lograr los fines que persigue, su estrict o cumplimiento, promuevan una cultura de transparencia de la gestión pública y actúen con diligencia, profesionalidad y lealtad institucional.

n. De acuerdo con el Principio 8 de los denominados Principios de Lima

promuevan una cultura de transparencia de la gestión pública y actúen con diligencia, profesionalidad y lealtad institucional.

n. De acuerdo con el Principio 8 de los denominados Principios de Lima (noviembre 16 de 2000) formulados en una declaración conjunta de los Relatores para la Libertad de Expresión de la ONU y la OEA y presidentes de las sociedades de prensa de varios países europeas y americanas, acogidos por la jurisprudencia constitucional19, las restricciones al derecho de acceso a la información que establezca la ley deben perseguir (i) un fin legítimo a la luz de la Convención

18 El artículo 26 de la Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 1755 de 2015, dispone: «ARTÍCULO 26. INSISTENCIA DEL SOLICITANTE EN CASO DE RESERVA. Si la persona interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la petición formulada». 19 Cita original de la providencia: Sentencias T-511 de 2010 y C-540 de 2012.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06240-01

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10 Americana de Derechos Humanos, tales como los señalados en el artículo 13 de

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A Sentencia de tutela de segunda instancia

10 Americana de Derechos Humanos, tales como los señalados en el artículo 13 de la CADH; (ii) la negativa del Estado de suministrar información que le es solicitada debe ser proporcional para la protección de ese fin legítimo y debe ser necesaria en una sociedad democrática; (iii) la negativa a suministrar información debe darse por escrito y ser motivada y (iv) la limitación del derecho debe ser temporal y o condicionada a la desaparición de su causal20.

3. Caso concreto y solución del problema jurídico

De conformidad con lo que se acaba de exponer, e sta Subsección se aparta del razonamiento del fallo de primer grado, según el cual el Tribunal no incurrió en defecto alguno al estimar bien denegada la petición del demandante respecto de los ejes temáticos. Por el contrario, se advierte que la providencia cuestionada incurrió en un defecto sustantiv o e, incluso, en violación directa de la Constitución , dado que interpretó de manera irrazonable el contenido de la reserva establecido en el numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 , al punto de crear , en contravía de la jurisprudencia constitucion al, una causal de reserva no prevista en la ley, sin un análisis de la proporcionalidad. Veamos por qué:

El demandante solicitó a la CNSC que le certificara «cuáles fueron los ejes temáticos suministrados por la ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL COPEY la CNSC como insumo para el concurso de méritos adelantado mediante la Convocatoria No. 1268 de 2019»

suministrados por la ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL COPEY la CNSC como insumo para el concurso de méritos adelantado mediante la Convocatoria No. 1268 de 2019» y que se hiciera entrega de «los documentos o papeles de trabajo coordinado en entre las dos entidades públicas donde consta la definición de los ejes temáticos».

La CNSC negó la petición porque estimó que era información reservada, dado que es el insumo con el cual se construyen las pruebas escritas a aplicar y porque, finalmente, los aspirantes admitidos tenían acceso a los ejes temáticos . Valga señalar que en la respuesta no se invocó expresamente la norma sobre la cual se sustentó la decisión.

Esa tesis fue avalada por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la providencia con la que culminó el trámite impartido al recurso de insistencia, y por el juez de tutela de primera instancia, que negó el amparo solicitado.

En primer lugar, la Sala destaca que la CNSC en manera alguna señaló en la respuesta al peticionario el fundamento normativo que diera cuenta de por qué se negó el acceso a la información solicitada, con lo cual desconoció de manera clara el

20 Corte Constitucional, sentencia C-951 de 2014. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06240-01

Demandante: Hermann Gustavo Garrido Prada

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A Sentencia de tutela de segunda instancia

11 mandato previsto en el artículo 25 de la Ley 1437 de 2011 , según el cual «toda

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