CE - 110010315000202206264011SENTENCIA20230424161846

CONSEJO DE EST ADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRA TIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MART A NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., abril veinticuatro (24) de dos mil veintitrés (2023).

Radicación: 1 1001-03-15-000-2022-06264-01 Demandante: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social Demandada: Consejo de Estado - Sección T ercera - Subsección C Referencia: Acción de tutela (impugnación) T e m a s : A C C I Ó N D E T U T E L A C O N T R A P R O V I D E N C I A J U D I C I A L – P r o c e d e n c i a e x c e p c i o n a l / F A L T A D E R E L E V A N C I A C O N S T I T U C I O N A L – S e p r e t e n d e r e a b r i r e l d e b a t e p r o b a t o r i o y j u r í d i c o p l a n t e a d o e n e l p r o c e s o d e r e p a r a c i ó n d i r e c t a .

Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 27 de enero de 2023, mediante la cual la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado negó el amparo solicitado 1 .

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1 .

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda El 24 de noviembre de 2022, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, por conducto de apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra el Consejo de Estado, Sección T ercera, Subsección C, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

2. Hechos relevantes Mariela Mantilla y otros 2 , por intermedio de apoderado judicial, ejercieron medio de control de reparación directa contra la Agencia Presidencial para la

2 E n e l p r o c e s o d e r e p a r a c i ó n d i r e c t a l a p a r t e d e m a n d a n t e s e c o n f o r m ó p o r M a r i e l a M a n t i l l a H e r n á n d e z , O m a r D a n i e l O v i e d o M a n t i l l a , N e l s o n F a b i á n C o n t r e r a s M a n t i l l a , V í c t o r J u l i o C a p a c h o M a n t i l l a , Y o r l e i n i s C a p a c h o M a n t i l l a y H é c t o r C a p a c h o M a n t i l l a . 1 Q u e i n g r e s ó p a r a f a l l o e l 9 d e m a r z o d e 2 0 2 3 .

1 Q u e i n g r e s ó p a r a f a l l o e l 9 d e m a r z o d e 2 0 2 3 . 1Radicaciónnúmero:11001-03-15-000-2022-06264-01Accionante:DepartamentoAdministrativoparalaProsperidadSocialAccionado:ConsejodeEstado–SecciónTercera–SubsecciónCReferencia:Accióndetutela(impugnación) Acción Social y la Cooperación Internacional (hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - DPS) con el fin de que se le declarara administrativamente responsable por la muerte de Wilfredo Capacho Mantilla, ocurrida el 5 de octubre de 2008. El T ribunal Administrativo de Arauca, mediante providencia del 15 de mayo de 2014, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. La parte demandada apeló la anterior decisión ante el Consejo de Estado, el que, por medio de providencia del 19 de julio de 2022 – notificadael 2 denoviembredelamismaanualidad–, confirmó la decisión de primera instancia.

3. Fundamentos de la demanda de tutela La parte actora manifestó que la Subsección C de la Sección T ercera del Consejo de Estado incurrió en defecto fáctico y en uno sustantivo, por cuanto no tuvo en cuenta que no existe norma jurídica que atribuya a la entidad demandada algún deber de protección frente a los ciudadanos, de ahí que no era posible exigirle que podía evitar la muerte de Wilfredo Capacho Mantilla.

Sostuvo que la sentencia le impuso una “cargaimposibledecumplir”al DPS, en la medida en que desconoció que las entidades llamadas a responder por los hechos que dieron lugar al deceso de Wilfredo Capacho Mantilla eran el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, entidades que conocían el riesgo al que estaba sometido dicha persona y que tenían “ lacapacidadlogística,militaryfuncional”para evitarlo.

4. La admisión y el trámite de la demanda 4.1 Mediante auto del 29 de noviembre de 2022, se admitió la demanda de tutela, se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada y se vinculó a la parte demandante del proceso de reparación directa. 4.2 La Subsección C de la Sección T ercera del Consejo de Estado solicitó declarar la improcedencia del amparo solicitado, por considerar que el actor pretende reabrir un debate ya concluido, de ahí que no se cumple con el requisito de relevancia constitucional.

2Radicaciónnúmero:11001-03-15-000-2022-06264-01Accionante:DepartamentoAdministrativoparalaProsperidadSocialAccionado:ConsejodeEstado–SecciónTercera–SubsecciónCReferencia:Accióndetutela(impugnación) De manera subsidiaria, indicó que se debía denegar la acción de tutela por cuanto: i) el accionante omitió identificar las normas que supuestamente se desconocieron al analizar la situación fáctica planteada y ii) en la providencia se reconoció, expresamente, que si bien existían otras entidades encargadas del “deberdeproteccióndelaspersonasdesplazadas”, lo cierto es que se encontró acreditada la responsabilidad de la parte demandada por incumplir su deber legal de coordinación interinstitucional, de acompañamiento al retorno y reubicación del menor Wilfredo Capacho Mantilla.

5. La sentencia de primera instancia En providencia del 27 de enero de 2023, la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación denegó el amparo solicitado, al considerar que no se acreditaron los defectos alegados, por cuanto los elementos de convicción evidenciaron que la víctima directa había puesto en conocimiento de la entidad demandada su situación de vulnerabilidad; sin embargo, el DPS infringió el deber contemplado en el Decreto 2467 de 2005 consistente en “efectuarlacoordinacióninterinstitucionalparaquelaacciónsocialllegasedemaneraoportunaa susdestinatario”y así garantizar los derechos del menor Wilfredo Capacho Mantilla, consistentes en un retorno seguro o en su reubicación.

6. La impugnación La parte actora impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revoque, al considerar que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado omitió valorar que en el proceso ordinario se demostró que al menor Wilfredo Capacho Mantilla lo asesinaron grupos al margen de la ley , situación irresistible para el DPS, que no tenía a su cargo un deber jurídico de protección respecto de la víctima, en razón a que la entidad se creó para “coordinary articularla entregadeayudashumanitariasparalapoblacióndesplazadaporlaviolencia”.

3Radicaciónnúmero:11001-03-15-000-2022-06264-01Accionante:DepartamentoAdministrativoparalaProsperidadSocialAccionado:ConsejodeEstado–SecciónTercera–SubsecciónCReferencia:Accióndetutela(impugnación)

II. C O N S I D E R A C I O N E S La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito de relevancia constitucional.

II. C O N S I D E R A C I O N E S La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito de relevancia constitucional.

La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de competencia del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos fundamentales e c) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces 3 . Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional es necesario examinar dos elementos, a saber 4 : i) Que el actor cumpla su carga argumentativa de justificar suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues no basta aducir la vulneración de estos derechos y ii) que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, dado que este mecanismo especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Revisada la demanda, se evidencia que la entidad estatal acudió a la acción de tutela con el propósito de que se estudie nuevamente si se le debe atribuir responsabilidad por la muerte del menor Capacho Mantilla, cuando lo cierto es que el mecanismo judicial de protección de derechos fundamentales no comporta una tercera instancia del proceso ordinario. T an evidente resulta que la parte actora busca un nuevo análisis de los 4

T an evidente resulta que la parte actora busca un nuevo análisis de los 4 S e n t e n c i a d e l 5 d e a g o s t o d e 2 0 1 4 p r o f e r i d a p o r l a S a l a P l e n a d e l C o n s e j o d e E s t a d o . R a d i c a d o n ú m e r o : 1 1 0 0 1 0 3 1 5 0 0 0 2 0 1 2 0 2 2 0 1 0 1 ( I J ) . A c t o r : A l p i n a P r o d u c t o s A l i m e n t i c i o s S . A . C o n s e j e r o P o n e n t e : J o r g e O c t a v i o R a m í r e z R a m í r e z . 3 S e n t e n c i a T – 4 2 2 d e 2 0 1 8 . 4Radicaciónnúmero:11001-03-15-000-2022-06264-01Accionante:DepartamentoAdministrativoparalaProsperidadSocialAccionado:ConsejodeEstado–SecciónTercera–SubsecciónCReferencia:Accióndetutela(impugnación) aspectos definidos por el juez natural de la causa, que en la presente acción se plantearon los mismos argumentos que dieron lugar a la interposición del recurso de apelación contra la providencia del 15 de mayo de 2014, mediante la cual el T ribunal Administrativo de Arauca encontró configurada la responsabilidad de la entidad.

En efecto, en el recurso de apelación –aligualquesehizoenlademandadetutela– se alegó que no existe norma jurídica que atribuya al DPS un deber de protección frente a los ciudadanos, de ahí que no era posible que se le exigiera una inobservancia frente a la protección de la vida e integridad del menor Wilfredo Capacho Mantilla. Los anteriores aspectos fueron analizados y resueltos por la Subsección C de la Sección T ercera del Consejo de Estado, bajo los siguientes argumentos (trascripción de forma literal, incluso con posibles errores): (…) dentrodelasfuncionesgeneralesdelaAgenciaPresidencial paralaAcción Social y la Cooperación Internacional - ACCIÓN SOCIAL, elartículo 6º ibidem [Decreto 2467 de 2005 ] establece los deberes deefectuar lacoordinacióninterinstitucional paraquelaacciónsocial lleguede manera ordenada y oportuna a sus destinatarios, de coordinar elSistema Nacional de Atención Integral alaPoblaciónDesplazadapor laViolencia y de ejecutar acciones de acompañamiento al retorno,prevención, protección, atención humanitaria y reubicaciónafavor delapoblación desplazada y en riesgo de desplazamiento, de conformidadcon las competencias asignadas por laLey387de1997ysusdecretosreglamentarios.

Igualmente, conforme a lo dispuesto por el artículo18del Decreto2467de2005, correspondealaAgenciaPresidencial paralaAcciónSocial ylaCooperación Internacional - ACCIÓN SOCIAL, a través de laSubdireccióndeAtenciónaVíctimasdelaViolencia, coordinar conotrasinstituciones que brinden asistencia humanitaria de emergencia y deproteccióndelosDerechosHumanos,laatencióninmediataavíctimasdela violencia cuando la situación así lo amerite y entregar la asistenciahumanitaria a las personas de que trata el artículo 15 de la Ley 418 de1997, es decir, a “aquellas personas de la población civil que sufrenperjuicios en su vida, grave deterioro en su integridad personal y/obienes, por razón de actos que se susciten en el marco del conflictoarmadointerno[…]”. Entonces, comoloconsagrael artículo16ibid., por mediodelaAgenciaPresidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional5Radicaciónnúmero:11001-03-15-000-2022-06264-01Accionante:DepartamentoAdministrativoparalaProsperidadSocialAccionado:ConsejodeEstado–SecciónTercera–SubsecciónCReferencia:Accióndetutela(impugnación) ACCIÓN SOCIAL- (antes Red de Solidaridad Social) y de las demásentidades públicas, dentro del marco de suscompetencias, lasvíctimasdel conflicto armadorecibenasistenciahumanitaria, entendidapor tal, laayuda indispensable para satisfacer los derechos constitucionales quehayansidomenoscabadospormóvilesideológicosopolíticos.

Al respecto, se advierte que conforme al artículo 15 de la Ley 418 de1997, a la Agencia Presidencial para la Acción Social y laCooperaciónInternacional - ACCIÓN SOCIAL- (antes Red de Solidaridad Social) lecorresponde brindar la asistencia humanitaria de las víctimas, encondiciones de emergencia cuando las circunstancias así loexijanparamitigar oimpedir laagravacióndelosatentadosoagresionescometidascontra la vida, la integridad psicofísica, la seguridad o la libertadpersonales, ocuandoseestéanteamenazasreferentesalacomisióndeatentadosoagresionesdeestanaturaleza. Y, entratándosedemenoresde edad, debe estarse ante la protección prevalente dispuesta por elparágrafo del artículo17delaLey418de1997, enconcordanciaconelartículo44constitucional. (…) Además, conformealodispuestoporel artículo19del Decreto2467de 2005109, concretamente frente a las víctimas de desplazamientoforzado, correspondealaAgenciaPresidencial paralaAcciónSocial ylaCooperación Internacional - ACCIÓN SOCIAL, por medio de laSubdireccióndeAtenciónaPoblaciónDesplazada,coordinarlaejecucióndeaccionesdesocorro, asistencia, yapoyoalapoblacióndesplazada,afin de mitigar las necesidades básicas de alimentación, alojamiento,elementos de hábitat interno en el marco de las normas vigentes, asícomocoordinar, orientar, acompañar yhacer seguimientoalosprocesosderetornocolectivoeindividual delapoblacióndesplazada.

Así, en atención a los deberes de coordinación y de asistenciahumanitariaencabezadelaAgenciaPresidencial paralaAcciónSocial ylaCooperaciónInternacional -ACCIÓNSOCIALyenconsideraciónaqueel artículo29delaLey387de1997estableceencabezadelaDirecciónGeneral de la Unidad Administrativa Especial para los DerechosHumanosdel Ministeriodel Interior el deberdeprotecciónalaspersonasdesplazadas, es dable afirmar que existía en cabeza de la entidaddemandada la obligación legal de coordinar interadministrativamente laejecucióndelasmedidasquegarantizaranlosderechosdelavíctima. Pues bien, en el caso de autos se dijo que el 13 de junio de 2007 laAgenciaPresidencial paralaAcciónSocial ylaCooperaciónInternacionalACCIÓNSOCIAL-, reconociólacalidaddedesplazadoporlaviolenciade Wilfredo Capacho Mantilla, en razón a queconstatólaveracidaddeldesplazamiento forzado derivada de los actos de tortura, secuestro yreclutamientoforzadopadecidosamanosdelasFARC, situaciónqueenpalabras de la Defensora del PuebloRegional NortedeSantander era“crítica” yhaciainviablesuretornoal municipiodeSaravena“pormotivosdeseguridad”.

6Radicaciónnúmero:11001-03-15-000-2022-06264-01Accionante:DepartamentoAdministrativoparalaProsperidadSocialAccionado:ConsejodeEstado–SecciónTercera–SubsecciónCReferencia:Accióndetutela(impugnación) Alasazón, recuérdesequeenlaResoluciónNo.0569del 13dejuniode2007 la Agencia Presidencial para la Acción Social y la CooperaciónInternacional - ACCIÓN SOCIAL -, puso de presente que la doctoraCarmen Ligia Galvis García, en su calidad de Defensora del PuebloRegional NortedeSantander,medianteoficio5015-DPRNS-JCA071271del 17 de abril de 2007 informó la gravedad de la condición atinente aWilfredoCapachoMantilla“[…]porrazoneshumanitariasy[…]porquesumínimovital seencuentraamenazado,dadalasituacióncríticaenqueseencuentra, y a que la posibilidad de retorno a su lugar de origennoesviablepormotivosdeseguridad”. En este punto, se establece la omisión en cabeza de la AgenciaPresidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -ACCIÓNSOCIAL -, que desatendió la condición de especial protecciónrequeridapor lavíctima, lasituacióndeamenazaalaqueseencontrabaexpuesta, los aspectos subjetivos del escenario querodeabaaWilfredoCapacho Mantilla y la inminencia del peligro afrontado, y no desplegóactividad alguna para evitar el retorno de Wilfredo Capacho Mantilla almunicipio de Saravena ni brindó el acompañamiento legalmenteestablecidoparaestefin.

Nótese que, el 13 de febrero de 2008 nuevamente Wilfredo CapachoMantilla es reclutado forzosamente por las FARC, que el 30 deabril de2008 obtiene su libertad, porque por sus propios medios logra escapardel reclutamiento forzado, yqueel 5deoctubresiguienteesasesinado,todo esto en el municipio de Saravena, a donde se vio obligado aretornar, luego de que fuera reconocido como víctima de la violencia einscrito en el registro de la población desplazada y cuando la entidaddemandadateníaplenoconocimientodelasituacióndepeligroafrontadaporlavíctima. Así lascosas,antelasituaciónexhibidaporlavíctima,resultaindiscutibleel incumplimiento de las medidas asistenciales por parte de la entidaddemandada, dada la insuficiencia de la ayuda humanitaria, la falta deacompañamiento en el proceso de retorno y la falta de asesoría ycoordinaciónfrentealosprocesosyderechosdisponiblesparagarantizarsuprotecciónyseguridad. (…) Concretamente, la Agencia Presidencial para la Acción Social y laCooperación Internacional - ACCIÓNSOCIAL – estaba enlaobligacióndehacer seguimientoal procesoderetornosurtidoporWilfredoCapachoMantilla y a coordinar con la Dirección General de la UnidadAdministrativa Especial para los Derechos Humanos del Ministerio delInterior laprestacióndel serviciodeseguridadyprotecciónhastatantoselograra suconsolidaciónsocial yeconómica, yafueraenel municipiodeSaravena omediantesureasentamientoenotromunicipio. Noobstante,comovienededecirse, estáacreditadalaomisiónenel cumplimientodelas funciones que el ordenamiento jurídico le impone a la Agencia

7Radicaciónnúmero:11001-03-15-000-2022-06264-01Accionante:DepartamentoAdministrativoparalaProsperidadSocialAccionado:ConsejodeEstado–SecciónTercera–SubsecciónCReferencia:Accióndetutela(impugnación) Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional –ACCIONSOCIAL–hoyDepartamentoAdministrativoparalaProsperidadSocial (DPS). En este sentido, la Agencia Presidencial para la Acción Social y laCooperación Internacional - ACCIÓN SOCIAL – debió coordinar queWilfredo Capacho Mantilla recibiera asistencia y protección urgente yoportuna, así comoefectuar el acompañamientoal retorno, prevenir quesufrieramayoresdaños, ybrindarleatenciónyprotecciónhumanitariaensu reubicación (artículo 18 Decreto 2467 de 2005, Ley 387 de 1997 yartículo15y17delaLey418de1997. Así las cosas, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple con el requisito de la relevancia constitucional, dado que, se reitera, el objeto de la demanda es que se realice un nuevo análisis en relación con la responsabilidad de la entidad, asunto que fue razonablemente decidido - enambasinstanciaspor las autoridades judiciales accionadas. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección T ercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley , R E S U E L V E PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 27 de enero de 2023, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado y , en su lugar , DECLARAR la improcedencia del amparo solicitado, de conformidad con las razones expuestas en la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE M A R Í A A D R I A N A M A R Í N J O S É R O B E R T O S Á C H I C A M É N D E Z 8Radicaciónnúmero:11001-03-15-000-2022-06264-01Accionante:DepartamentoAdministrativoparalaProsperidadSocialAccionado:ConsejodeEstado–SecciónTercera–SubsecciónCReferencia:Accióndetutela(impugnación) FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE M A R T A N U B I A V E L Á S Q U E Z R I C O N o t a : esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, demanera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad yautenticidad del presente documento en ellink https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmentepuede acceder al aplicativodevalidaciónescaneandoconsuteléfonocelularel códigoQRqueaparecealaderecha. V F 9