CE - 110010315000202206293011SENTENCIA20230324154526

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06293-01

Demandante: Universidad Nacional de Colombia

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-06293-01

Demandante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA ,

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Contra medio de control de controversias contractuales. Defecto sustantivo.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la providencia del 16 de enero de 2023 , dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, que resolvió:

“(…)

PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

(…)”.

I. ANTECEDENTES

Primera, que resolvió:

“(…)

PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

(…)”.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La Universidad Nacional de Colombia interpuso acción de tutela contra el Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A , por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad , de acceso a la administración de justicia y a la defensa . En consecuencia, formul ó las siguientes pretensiones:

“1. Se conceda el amparo de tutela solicitado a los derechos fundamentales de mis mandantes violados por la actuación judicial denunciada.

2. Se anule la actuación judicial de primera y segunda instancia sentencias del 31 de octubre

de 2019 (Anexo No. 2) y de del 23 de junio de 2022 (Anexo No. 3), respectivamente, proferidas dentro del proceso No. 11001333603120170023500, aquí sometidas a control constitucional.

3. Dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes a proferido el fallo de tutela, se profiera el fallo de reemplazo apegado a la Ley, a la prueba y a la jurisprudencia.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06293-01

Demandante: Universidad Nacional de Colombia

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Universidad Nacional de Colombia

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

4. Se hagan las demás declaraciones a que haya lugar sobre cualquier tipo de derecho fundamental que se estime vulnerado o amenazado”.

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El 10 de septiembre de 2021, la Universidad Nacional de Colombia ejerció medio de control de controversias contractuales contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR, con el fin de que se declarara el cumplimiento por parte de la Univer sidad respecto del contrato interadministrativo 229 de 2017 , suscrito entre las partes1 y se decretara la liquidación judicial del contrato.

El Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Bogotá, en providencia d el 10 de noviembre de 2021 , rechazó la demanda al considerar que había operado el fenómeno de la caducidad, comoquiera que el convenio interadministrativo número 229 de 2017 fue suscrito el 18 de octubre de 2017, inici ó el 8 de noviembre de 2017, en el que se convino plazo desde la fecha del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2017 y, dado que el plazo fue prorrogado hasta el 30 de junio de 2018 y luego hasta el 30 de noviembre de 2018, la ejecución terminó el 30 de noviembre

diciembre de 2017 y, dado que el plazo fue prorrogado hasta el 30 de junio de 2018 y luego hasta el 30 de noviembre de 2018, la ejecución terminó el 30 de noviembre de 2018. En ese sentido, según las condiciones contractuales , el negocio debía liquidarse de conformidad con los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007, es decir, las partes contaban hasta el 30 marzo de 2019 para liquidar de forma bilateral y hasta el 30 de mayo de 2019 para hacerlo de forma unilateral .

Que, por lo anterior, el 30 de mayo de 2019 culminó el plazo administrativo para liquidar el citado contrato, por lo que la parte contaba hasta el 30 de mayo 2021 2 para acudir ante la jurisdicción, no obstante, interpuso la demanda el 10 de septiembre 2021 y, por ende, se configuró el fenómeno de la caducidad del medio de control.

La Universidad Nacional de Colombia interpuso recurso de apelación contra el auto que rechaz ó la demanda, y sostuvo que en el año 2020, por la pandemia de la COVID-19, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 564 del 15 de abril de 2020, en el que dispuso la suspensión de términos de prescripción y caducidad previstos en cualquier norma desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020.

Que, aunque, en principio, el término de caducidad operaba el 30 de mayo de 2021, de conformidad con lo previsto en el Decreto 564 de 2020, el término de caducidad

Que, aunque, en principio, el término de caducidad operaba el 30 de mayo de 2021, de conformidad con lo previsto en el Decreto 564 de 2020, el término de caducidad

1 Cuyo objeto fue: “interventoría técnica, administrativa, contable, financiera y legal para contratar la realización del proyecto realizar por medio de metodología de modelado de información en 3D el proyecto de arquitectura y reforzamiento estructural de acuerdo a los requisitos del t ítulo a.10 del reglamento de construcci ón sismoresistente NSR -10, estableciendo y cumpliendo los lineamientos de preservaci ón para edificaciones de conservaci ón arquitectónica determinadas por el IDPC, incluyendo los estudios técnicos existentes de redes hidr áulicas, redes sanitarias, redes el éctricas normal y regulada, redes de sistema contra incendio, redes de iluminaci ón interior y exterior, el circuito cerrado de televisi ón, sistema de apantallamiento, sistema de puesta a tierra y sistema de aprovechamiento de agua para consolidar la consultor ía integral de los inmuebles de propiedad de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policia Nacional, ubicados en la carrera 7 no. 12B -52 y 58 de la ciudad de Bogotá D.C.” 2 De conformidad con el numeral v) del literal j), del numeral 2 del art ículo 164 de la Ley 1437 de 2011 “La demanda deberá ser presentada (…) 2. En los siguientes términos so pena de que opere la caducidad (…) j) En las relativas a contratos el término pa ra demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día

demanda deberá ser presentada (…) 2. En los siguientes términos so pena de que opere la caducidad (…) j) En las relativas a contratos el término pa ra demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento (…) v) En los que requieran de liquidaci ón y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la administraci ón unilateralmente, una vez cumplido el t érmino de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del t érmino de los cua tro (4) meses siguientes a la terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga; (…)”Radicado: 11001-03-15-000-2022-06293-01

Demandante: Universidad Nacional de Colombia

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

se vio suspendido y, por lo tanto, prorrogado, hasta al menos el 14 de septiembre de 2021 y dado que la demanda se presentó el 10 de septiembre de 2021, se presentó oportunamente.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en

de 2021 y dado que la demanda se presentó el 10 de septiembre de 2021, se presentó oportunamente.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en auto del 29 de septiembre de 2022, confirmó el auto del 10 de noviembre de 2021 y precisó que, dado que el plazo de ejecución del contrato finaliz ó el 30 de noviembre de 2018, la liquidación bilateral debió realizarse de mutuo acuerdo dentro de los cuatro meses siguientes a su terminación, esto es , hasta el 30 de marzo de 2019, y como dicha liquidación no se efectuó, empezaron a transcurrir los dos meses que dispone la norma para la liquidación unilateral, los cuales culminaron el 30 de mayo de 2019.

Que, a sí, el término de los dos años para presentar la demanda contractual consagrado en el artículo 164, numeral 2, literal j) inciso v) venció el 1 de junio de 2021, fecha en la cual ya se habían reactivado los términos judiciales de la Rama Judicial por la emergencia sanitaria de la COVID-19, no obstante, la demanda se radicó el 10 de septiembre de 2021 y, por tanto, concluyó que su presentación fue extemporánea.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la Universidad Nacional de Colombia las autoridades judiciales demandadas vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la defensa , con fundamento en los argumentos que se pasan a resumir.

Indicó que en el medio de con trol de controversias contractuales se promovió un

igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la defensa , con fundamento en los argumentos que se pasan a resumir.

Indicó que en el medio de con trol de controversias contractuales se promovió un debate judicial en torno al Convenio Interadministrativo 229 de 2017, suscrito el 18 de octubre de 2017 y ejecutado hasta el 30 de noviembre de 2018 y que, tal como se reconoció en el auto cuestionado, la demanda fue presentada el 10 de septiembre de 2021.

Explicó que en el año 2020 “la Pandemia por el COVID19 azotó a la humanidad y nuestro país no fue ajeno a tales afectaciones. En ese contexto, y con el fin de conjurar los efectos de la Pandemia el Gobierno Nacional emitió una serie de disposiciones, entre las que conviene resaltar el Decreto 564 de 15 de abril de 2020 (…)”.

Indicó que el Consejo Superior de la Judicatura media nte:

(i) el Acuerdo PCSJA20-11517 suspendió los términos judiciales en el territorio nacional a partir del 16 y hasta el 20 de marzo de 2020. (ii) el Acuerdo PCSJA20-11521 prorrogó la suspensión de términos judiciales en el territorio nacional desde el 21 de marzo hasta el 3 de abril del año 2020. (iii) el Acuerdo PCSJA20-11526 prorrogó la suspensión de términos judiciales desde el 4 de abril hasta el 12 de abril de 2020. (iv) el Acuerdo PCSJA20-11532 prorrogó la suspensión de términos desde el 13 de abril hasta el 26 de abril de 2020.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06293-01

(iv) el Acuerdo PCSJA20-11532 prorrogó la suspensión de términos desde el 13 de abril hasta el 26 de abril de 2020.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06293-01

Demandante: Universidad Nacional de Colombia

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

(v) el Acuerdo PCSJA20-11546 prorrogó la suspensión de términos judiciales desde el 27de abril hasta el 10 de mayo de 2020. (vi) el Acuerdo PCSJA20-11549 del Consejo Superior de la Judicatura prorrogó la suspensión de términos judiciales desde el 11 de mayo hasta el 24 de mayo de 2020. (vii) el Acuerdo PCSJA20-11556 prorrogó la suspensión de términos judiciales desde el 25 de mayo hasta el 8 de junio de 2020. (viii) el Acuerdo PCSJA20-11567 se prorrogó la suspensión de términos judiciales desde el 8 de junio de 2020 hasta el 30 de junio de 2020, inclusive.

Señaló que los términos fueron suspendidos entre el 16 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020, por lo que, los plazos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones, medios

de junio de 2020, por lo que, los plazos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales”, estuvieron suspendidos por tres meses y quince días más.

Lo anterior para afirmar que , «aunque un primer vistazo a la Ley 1437 de 2011 sugiriera que el término de caducidad operaba el 30 de mayo de 2021, lo cierto es que al atender lo normado en el Decreto 564 de 2020, debe entenderse que el término de caducidad se vio suspendido, y por ende tácitamente prorrogado, hasta al menos el catorce (14) de septiembre de 2021».

Por lo tanto, afirmó que la demanda presentada el 10 de septiembre de 2021, se presentó oportunamente y , por lo mismo, no oper ó la caducidad del medio de control.

Agregó que la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Tercera, Subsección A, cont ó con un salvamento de voto que se apartó de la decisión de la sala mayoritaria.

Finalmente, dijo que en caso de existir duda frente a la configuración del fenómeno de caducidad en virtud del Decreto 564 de 15 de abril de 2020 , las autoridades judiciales demandadas pudieron acudir a la postura que mejor garantizara el derecho de acceso a la administración de justicia y, con ello, a la tutela judicial efectiva como parte del núcleo esencial del debido proceso.

4. Trámite Previo

El Consejo de Estado, Sección Primera, en auto del 14 de diciembre de 2022 ,

efectiva como parte del núcleo esencial del debido proceso.

4. Trámite Previo

El Consejo de Estado, Sección Primera, en auto del 14 de diciembre de 2022 , admitió la acción de tutela, ordenó notificar al Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Bogotá y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.

5. Oposición

El Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Bogotá previo a hacer referencia a los fundamentos de la decisión proferida por ese despacho en el trámite de primera instancia del proceso de controversias contractuales cuestionado por esta vía, indicó que las decisiones objeto de inconformidad no adolecen de alguno de los defectos señalados por el accionante.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06293-01

Demandante: Universidad Nacional de Colombia

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

Sobre el particular, dijo que, al momento de llevarse a cabo el estudio de la demanda por parte del Juzgado, se analizaron la totalidad de los elementos que, de cara a la jurisprudencia, lo que permitió sustentar la decisión de no admitir la demanda por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad.

Explicó que la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca

de cara a la jurisprudencia, lo que permitió sustentar la decisión de no admitir la demanda por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad.

Explicó que la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca llevó a cabo el estudio de la demanda a partir del escrito de apelación de la parte actora, nuevamente analizó la decisión ad optada en primera instancia y , en el estudio de la misma, confirmó la decisión adoptada en primera instancia.

Solicitó negar el amparo solicitado y señaló qu e la acción de tutela no puede ser una tercera instancia del proceso y de una lectura crítica al e scrito de tutela puede observarse que guarda relación con los puntos planteados en el recurso de apelación en contra del auto de primera instancia y que , por lo tanto, correspondió analizar al juez natural de proceso en la segunda instancia.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A guardó silencio.

6. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Primera , en sentencia del 20 de enero de 2023, declaró improcedente el amparo solicitado, porque no cumplió con el requisito general de relevancia constitucional, en la medida en que la discusión planteada por la actora no gira en torno al alcance, aplicación y/o desarrollo de un derecho fundamental, a lo que agregó que la actora no justific ó el motivo por el cual dicha decisión constituyó una afectación desproporcionada de sus derechos fundamentales y, en todo caso, consideró que el asunto no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se encuentra limitado a asuntos meramente legales y económicos cuya competencia se encuentran en cabeza del

fundamentales y, en todo caso, consideró que el asunto no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se encuentra limitado a asuntos meramente legales y económicos cuya competencia se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.

7. Impugnación

La Universidad Nacional de Colombia cuestionó la decisión de tutela de primera instancia, que declaró improcedente el amparo solicitado por falta de cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional.

Frente a lo cual dijo que la razón y objeto para la presentación de la acción constitucional es la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la justicia , dijo que no entiende a qué hizo referencia el a quo al señalar que no le corresponde al juez hacer un pronunciamiento adicional al proceso ordinario, pues dicho pronunciamiento no versa sobre la admisibilidad o no de la demanda, si no sobre la vulneración de los derechos fundamentales invocados.

Igualmente, dijo que solicita que se interprete el alcance del derecho fundamental de acceso a la justicia frente a una situación que probablemente vulnera tal derecho, como lo es la imposibilidad de acceder a la jurisdicción debido a la inadmisión de la demanda.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06293-01

Demandante: Universidad Nacional de Colombia

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

Precisó que el alcance de la controversia no se limit a a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas, porque en el escrito de tutela se alegó, precisamente, la vulneración de por lo menos dos derechos fundamentales sin connotación particular o económica, con ocasión a la inadmisión de la demanda.

Indicó que el hecho de que se hayan mencionado hechos de la demanda inadmitida en el escrito de tutela tiene como único fin exponer los antecedentes que permitían explicar el razonamiento por el que fue inadmitida la demanda por las autoridades judiciales demandadas, lo que d e ninguna manera supone que “la controversia se encuentra limitada a asuntos meramente legales y económicos”.

Finalmente, dijo que, si bien los presupuestos para el estudio de la procedencia de la tutela contra providencia judicial fueron expuestos por el a quo, su aplicación y estudio en el caso concreto no se realizó en forma debida y agregó que la obligatoriedad de motivar las sentencias judiciales tiene como objeto que los asuntos puestos en conocimiento sean atendidos y estudiados conforme con los hechos y lo pedido por las partes.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los d erechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 3 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el

3 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento

sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el

3 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)Radicado: 11001-03-15-000-2022-06293-01

Demandante: Universidad Nacional de Colombia

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 4 y específicas 5 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

En el escrito de impugnación la parte actora cuestiona la decisión de primera instancia, que, declaró improcedente la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional.

En tal sentido, corresponde estudiar si se debe confirmar la decisión de tutela

instancia, que, declaró improcedente la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional.

En tal sentido, corresponde estudiar si se debe confirmar la decisión de tutela impugnada, para lo cual, establecerá si la acción de tutela de la referencia cumple con el requisito general de relevancia constitucional y, en caso afirmativo, determinará si se vulneró el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de la parte demandante por parte del Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera Subsección A, al rechazar el medio de control promovido por la Universidad Nacional de Colombia por haber operado el fenómeno de caducidad.

Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala advierte que el presente asunto cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en específico, (i) el de relevancia constitucional, si se tiene en cuenta que la parte actora, ade más de invocar la protección de derechos de carácter fundamental, identifica con claridad y suficiencia las razones por las que la decisión cuestionada desconoció normas relacionadas con el conteo del término de caducidad y las expedidas en el marco de la Económica, Social y Ecológica que presuntamente conllevaron a la denegación del derecho de acceso a la administración de justicia.

Si bien, en el caso objeto de estudio la parte actora invoca los mismos argumentos en que sustentó el recurso de apelación contra la providencia de segunda instancia cuestionada, la Sala no pasa por alto que en el presente caso se solicita la

Si bien, en el caso objeto de estudio la parte actora invoca los mismos argumentos en que sustentó el recurso de apelación contra la providencia de segunda instancia cuestionada, la Sala no pasa por alto que en el presente caso se solicita la protección del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, con fundamento en las especiales circunstancias que se gene raron con la suspensión de términos judiciales en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, por lo que, se dará por superado el requisito general de relevancia constitucional en el caso concreto, en atención a las especiales circunst ancias que se alegan en la presente acción de tutela.

Por lo tanto, contrario a lo que consideró el a quo , esta Sala de decisión no considera que el asunto sub lite pueda ser catalogado como un asunto eminentemente económico y de legalidad, que inahbilite la procedencia de la acción

4 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional ; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se

ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 5 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06293-01

Demandante: Universidad Nacional de Colombia

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

de tutela, porque, como se indicó , es un asunto que involucra la amenaza de derechos de carácter fundamental.

Igualmente, (ii) la providencia de primera instancia se dictó en el marco del medio de control de controversias contractuales presentado por la Universidad Nacional de Colombia, por lo que no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial; (iii) se

Igualmente, (ii) la providencia de primera instancia se dictó en el marco del medio de control de controversias contractuales presentado por la Universidad Nacional de Colombia, por lo que no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial; (iii) se cumple el requisito de la inmediatez, porque la solicitud de amparo se presentó dentro de un plazo razonable y, finalmen te, (iv) la providencia atacada no fue dictada en el curso de otra acción de tutela.

De los supuestos de hecho acreditados en el caso objeto de estudio 6

En el proceso de controversias contractuales, tanto el Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Bogotá, como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera Subsección A tuvieron como acreditados los siguientes hechos, sobre los que no existió reparo o controversia alg