CE - 110010315000202206302011SENTENCIA20230410154342

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06302-01

Demandante: KAREN LINETT MAHECHA MAZABEL

Demandado: CONSEJO DE ESTADO , SECCIÓN SEGUNDA,

SUBSECCIÓN A

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional / INEXISTENCIA DE DEFECTO FÁCTICO – no se advierte valoración indebida de testimonios / INEXISTENCIA D E DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – aplicación sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021 (SUJ025-CE-S2-2021), proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

La Sala decide la impugnación presentada por la demandante contra la sentencia proferida el 26 de enero de 2023 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 25 de noviemb re de 20221, la señora Karen Linett Mahecha Mazabel ejerció acción de tutela contra la Sección Segunda, Subsec ción A, del Consejo de Estado, con el fin de que se am pararan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y a la segurid ad social, supuestamente

acción de tutela contra la Sección Segunda, Subsec ción A, del Consejo de Estado, con el fin de que se am pararan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y a la segurid ad social, supuestamente vulnerados con la expedición de la sentencia del 26 de mayo de 20222, dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 41001-23-33000-2016-00045-01. Formuló las siguientes pretensiones:

1 Se advier te que, el 28 de febrero de 2023, el pro ceso ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. 2 Notificada el 29 de junio de 2022 , de acuerdo con la información registrada en la plataforma Samai.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06302-01

Demandante: Karen Linett Mahecha Mazabel

Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Primero: Amparar hoy los derechos fundamentales a la igualdad, trabajo , seguridad social, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva, impetrados a través de esta acción de tutela a favor de Karen Linett

Mahecha Mazabel.

Segundo: Dejar hoy sin efectos l a sentencia proferida el día 26 de mayo del año 2022 en el proceso con radicación número 41000000000120150000001

(sic), por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Tercero: Ordenar a la Sección Segunda del Consejo de Estado , que profiera una nueva sente ncia, en la cual se haga una valoración adecuada de las

(sic), por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Tercero: Ordenar a la Sección Segunda del Consejo de Estado , que profiera una nueva sente ncia, en la cual se haga una valoración adecuada de las pruebas y fundamentos fácticos del caso sub examine.

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente digital se extraen los siguientes hechos:

En ejercicio del me dio de control de nul idad y re stablecimiento del derecho , la señora Karen Linett Mahecha Mazabel demandó a la E.S.E. San Sebastián del municipio de La Plata, Huila , con el fin de que se declarara la nulidad del Oficio 110-01-O-088-2014 de l 14 de julio de 2 015, por medio del cual se negó el reconocimiento y pa go de l os emolumentos derivados de la relación laboral existente entre la demandante y dicha entidad, durante el lapso comprendido entre el 3 de diciembre de 2009 y el 31 de octubre de 2013.

Mediante providencia del 5 de marzo de 2019 , el Tribunal Administrativo del Huila accedió parcialmente a las pretensiones de la de manda, decisión que fue objeto de apelación ante el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A , el que, en sentencia del 26 de mayo de 2022, revocó la decisión de prim era instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

1.3. Argumentos de la tutela

Para la señora Mahecha Mazabel , en la providencia del 26 de mayo de 2022 , la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado incurrió en defecto fáctico

1.3. Argumentos de la tutela

Para la señora Mahecha Mazabel , en la providencia del 26 de mayo de 2022 , la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado incurrió en defecto fáctico por falta de valoración los testimonios rendidos por los señores Nelson Rodríguez Muñoz y Sergio M auricio Ramírez, de los cu ales se podía inferir la configuración del elemento subordinación; y valoración indebida de las declaraciones de las señoras Nataly Bautista Castillo y Anneline Puyo Y asno, quienes desvirtuaron el testimonio rendido por el médico Jaime Eduardo Arias, al manifestar que no existía flexibilidad para la entrega de los resultados de los exámenes.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06302-01

Demandante: Karen Linett Mahecha Mazabel

Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

De otra parte, alegó la configuración del defecto sustantivo por desconocimiento del precedente fijado en las dos primera r eglas jurisprudenciales de la sentencia de unificación del Consejo de Estado SUJ -025-CE-S2-2021 (M.P. William Hernández Gómez), aplicables a aquellos casos en los que se alegue la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, pues, en su caso particular, le fue renovada constantemente la vinculación con la E.S.E. a través de reiteradas órdenes de prestación de servicios, en algunas ocasiones sin respetar el período de 30 días hábiles entre un contrato y otro , lo que contraviene el pri ncipio de planeación, por cuanto muestra que el servicio por ella prestado no se n ecesitaba

órdenes de prestación de servicios, en algunas ocasiones sin respetar el período de 30 días hábiles entre un contrato y otro , lo que contraviene el pri ncipio de planeación, por cuanto muestra que el servicio por ella prestado no se n ecesitaba de forma temporal sino permanente.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 29 de noviembre de 2022, el despacho sustanciador de la Sección Quinta del Consejo de E stado admitió la s olicitud de amparo y ordenó que aquel se notificara a la autoridad judicial demandada y, en calidad de terceros con int erés, a la E.S.E. San Sebastián del municipio de La Plata y a los magistrados del Tribunal Administrativo del Huila.

2.2. La Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, por conducto del magistrado ponent e de la decisión atacada , solicitó que se nega ran las pretensiones de la tutela, porque no se demostró la configuración de los defectos alegados.

Manifestó que , contrario a lo afirma do por la accionante, en la sentencia s e valoraron los testimonios de los señores Nelson Rodríguez Muñoz y Mauri cio Ramírez, quienes seña laron que esta debía cumplir con un horario y seguir las órdenes del co ordinador asistencial, pero no precisaron en qué consistían estas supuestas órdenes. Ad icionalmente, se tuvo en considera ción la declaración de Arias Illán, quien afirmó con b astante detalle que la demandante tenía autonomía en el cumplimiento de sus funcio nes y que podía procesar las citologías en el tiempo que lo requería, con autonomía técnica.

Arias Illán, quien afirmó con b astante detalle que la demandante tenía autonomía en el cumplimiento de sus funcio nes y que podía procesar las citologías en el tiempo que lo requería, con autonomía técnica.

En cuanto al des conocimiento del precedente, señaló que la sentencia de unificación del 9 de s eptiembre de 2021, no solo se tuvo en cuenta , sino que constituyó uno de los fundamentos para negar las pretensiones de la demanda.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06302-01

Demandante: Karen Linett Mahecha Mazabel

Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

2.3. La E.S.E. San Sebast ián del municipio de La Plata y los magistrados del Tribunal Administrativo del Huila guardaron silencio.

3. Fallo Impugnado

La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante providencia del 26 de enero de 2023, declaró improcedente la solicitud de amparo, por considerar que la tutela reiteraba los argumentos qu e fueron plantea dos y resueltos en el proc eso ordinario, por lo que no se cumplía con el requisito de la relevancia constitucional. En cuanto al desconocimiento del precedente fijado por la Sección S egunda del Consejo de Estado, señaló que la decisión atacada sí tuvo en cuenta lo dispue sto en la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, sin embargo, al no estar acreditados debidamente los requisitos para declarar la existencia de un contrato laboral, estas reglas y subreglas de derecho no podían aplicarse.

4. Impugnación

estar acreditados debidamente los requisitos para declarar la existencia de un contrato laboral, estas reglas y subreglas de derecho no podían aplicarse.

4. Impugnación

La seño ra Ka ren Linett Mahecha Mazabel impugnó la anterior decisión, para lo cual insistió en la indebida valor ación de los testimonios rendidos en el proce so, respecto de lo cual manifestó que el a quo realizó un análisis equivocado . Que, además, la tutela no est aba siendo utilizada para discutir asuntos de mera legalidad, sino, por el contrario, para debatir sobre la vulneración de sus derechos fundamentales.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

En los términos de la impu gnación, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el fallo del 26 de enero de 2023 , proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado . Para el efecto, l o primero que la Sala deberá determina r es si la solicitud de amparo cumple con el requisito de la relevancia constitucional , caso en el cual se establecerá si la autoridad judicial accionada, al proferir la sentencia del 26 de mayo de 2022, incurrió en los defectos alegados por la parte actora.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06302-01

Demandante: Karen Linett Mahecha Mazabel

Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

2. Análisis de la Sala

2.1. Cumplimiento del requisito de relevancia constitucional

Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

2. Análisis de la Sala

2.1. Cumplimiento del requisito de relevancia constitucional

En sentencia del 5 de a gosto de 20143, la Sala Plena de esta Corporación señaló que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se i nmiscuya en a suntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitu d de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el acto r cumpla su carga argumentativa, esto es, que jus tifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneraci ón de derechos fundamentales. Debe t enerse en c uenta que para ello «[n]o basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales par a cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referenci a que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez que est e v alioso mecanismo de estir pe constitu cional fue creado para proteger derechos fundamentales y no para q ue las partes de un proceso j udicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

Ciertamente, la tutela no pued e con vertirse e n la instancia adicional de los procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coher encia del

ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

Ciertamente, la tutela no pued e con vertirse e n la instancia adicional de los procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coher encia del ordenamiento jurídico n o permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las decisiones de los jueces y, por tanto, no pued e adm itirse, si n may ores excepciones, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

Contrario a lo expuesto por el a quo, la Sala considera que la acción de tutela sí cumple con e l req uisito de la relevancia constitucional , pues la par te actora identificó y sustentó debid amente los vicios alegados, con miras a o btener la protección reclamada . Por e jemplo, la señora Mahecha Mazabel seña ló que la sentencia cuestionada incurrió en:

3 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P . Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06302-01

Demandante: Karen Linett Mahecha Mazabel

Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

(i) Defecto fáctico, por cuanto ignoró las pruebas que acreditaban los elementos de la relación laboral, como el cumplimiento de horarios y el suministro de insumos por parte del propio ente hospi talario, entre ell as, los testimonios de los señores Nelson Rodríguez Muñoz y Sergio Mauricio Ramírez Embus, al tiempo que valoró indebidamente las declaracione s de las señoras Nataly Bautista Castillo y

por parte del propio ente hospi talario, entre ell as, los testimonios de los señores Nelson Rodríguez Muñoz y Sergio Mauricio Ramírez Embus, al tiempo que valoró indebidamente las declaracione s de las señoras Nataly Bautista Castillo y Anneline Puyo Yas no, que buscaban desvirtuar el testimonio rendido por el médico J aime Eduardo Aria s, quien sostuvo que no existía flexibilidad para la entrega de los resultados de los exámenes.

(ii) Desconocimiento del prece dente, en la medida en que no se tuvieron en cuenta las primeras dos reglas fijadas en la sentencia de unificación proferida el 9 de septiembre de 2021 por la Sección Segunda del Consejo de Estado, aplicables en los eventos en que se alegue la existe ncia de relaciones laborales encubiertas, según las cuales el término estrictamente indispensable del numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, se refiere a la temporalidad de la contratación y a que entre la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente deb e existir un período de 30 días, término susce ptible de flexibilizarse en atención a circunstancias especiales.

Lo anterior sirve para entender que la solicitud de amparo no se está ejerciendo para c onvertir este val ioso mecanismo de protección de los de rechos fundamentales en una instancia adicional , pues los cargos propuestos surgen justamente del fallo proferido por el Con sejo de Estado , Sección Segunda, Subsección A, y no constituyen una ré plica de lo expuesto en el recurso de apelación —el que, de hecho, no interpuso, debido a que la sentencia del tribunal resultó favorable a sus intereses—.

Subsección A, y no constituyen una ré plica de lo expuesto en el recurso de apelación —el que, de hecho, no interpuso, debido a que la sentencia del tribunal resultó favorable a sus intereses—.

Por lo demás, la Sala no observa que la discusión sobre la falta o la valoración indebida de ciertas pruebas, así como el supuesto desconocimiento de las reglas sentadas en una sentencia de unifica ción de la Sección Segunda del Consejo de Estado, pueda reducirse a la categoría d e asunto netamente legal o económico, aspecto que, aparte de dotar de conteni do al requisito de la relevancia constitucional, aluden a la correcta interpretación o a plicación de una norma de rango reglamentario4 y a cuestiones estrictamente monetarias con connotaciones particulares o privadas5.

4 Sobre el particular, ver, entre otras, las sentencias T-114 de 2002 , T-379 de 2007 y SU-439 de 2017 de la Corte Constitucional. 5 Criterio expuesto en la sentencia T-610 de 2015 de la Corte Constitucional.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06302-01

Demandante: Karen Linett Mahecha Mazabel

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En lo que atañe a los otros requisitos generales, hay que decir que también se cumplen: (i) inmediatez, porque la sentencia atacada se notificó el 1º de julio de 2022, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 25 de noviembre siguiente, esto es, antes de seis meses, (ii) se agotaron los meca nismos

2022, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 25 de noviembre siguiente, esto es, antes de seis meses, (ii) se agotaron los meca nismos disponibles en el proceso ordinario ; (iii) no se trata de una tutela contra una decisión dictada en otro proceso de tutela y (iv) se indicaron l os hechos y las razones que sustentan la acción.

Bajo este contexto , como la tutela ha superado el examen de los r equisitos generales de procedencia, la Sala estudiará de fondo el asunto.

3. Estudio de los requisitos específicos de procedibilidad alegados po r la parte actora

3.1. Del defecto fáctico

El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión y al que se le atribuyen dos dimensiones: (i) la negativa, que s e presen ta, por ejemplo, cuand o el juez ignora pruebas determinantes en el desenlace del proceso o realiza un análisis contraevidente o caprichoso de las mismas, y (ii) la positiva, q ue, también a modo de ejemplo, ocurre cuando se valoran pruebas ilícitame nte obte nidas y estas constituyen el sustento de la decisión judicial.

Revisada la providencia atacada, esta es, la dictada el 26 de mayo de 2022 por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, observa la Sala que allí se realizó un estudio de las diferentes órdenes de prestación de servicios suscritas por la accionante con la E.S.E. San Sebast ián, entre el 3 de diciembre de 2009 y el 31 de octubre de 2013 , así como de los contratos de prestación de servicios de

por la accionante con la E.S.E. San Sebast ián, entre el 3 de diciembre de 2009 y el 31 de octubre de 2013 , así como de los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión, celebrados por la mencionada E.S.E y la empresa de servicios temporales «Human Resources», entre el 1° de febrero de 2010 y el 29 de febrero de 2012 , p ara así determinar, en primera medida , el cumplimiento de los elementos del contrato realidad referentes a la prestación p ersonal y la remuneración.

Posteriormente, teniendo en cuenta que la demandante pretendió demostrar el elemento de la subordinación a partir de testimonios, la autoridad judicial demandada analizó cada una de las declaraciones rendidas en el proceso así:Radicación: 11001-03-15-000-2022-06302-01

Demandante: Karen Linett Mahecha Mazabel

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(…)

• Nelson Rodríguez Muñoz

Declaró conocer a la señora Mahecha Mazabel pues laboró como vigilante en la E.S.E. desde septiembre de 2010. Sostuvo que esta prestó sus servicios hasta el 31 de octubre de 2013, y que ella se desempeñaba como citotecnóloga en esa entidad, a trav és de órdenes de prestación de servicios , y agregó que su fun ción consistía en tomar y procesar las pruebas d e las citologías. Señaló que a él le tocaba verificar que los funcionarios registraran la hora de entrada y salida, y que la demandante entraba a l as 7 de la

agregó que su fun ción consistía en tomar y procesar las pruebas d e las citologías. Señaló que a él le tocaba verificar que los funcionarios registraran la hora de entrada y salida, y que la demandante entraba a l as 7 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 5 de la t arde, y los sábados de 7 a 11, que era el mi smo que tenían los funcionario s de planta . Afirmó que la demandante no le daban dotación, pero si los insumos para procesar las muestras. Manifestó que el superior de la demandante era el señ or Jaime Eduardo Arias Illán, quien tenía el cargo de coordinador asistencial. Aseveró que la demandante laboró de forma continua desde que la conoció hasta que concluyó el vínculo con la E.S.E. Hospital San Sebastiá n. Indicó que la demandante tenía que pr ocesar las citología s que le l legaban en las ambulancias de diferentes municipios.

• Sergio Mauricio Ramírez

Afirmó conocer a la demandante, pues él ingresó en el 2008 a la ESE, y en este lugar se desempeñó en el á rea facturación, ya que su profesión es la de contador. Indi có que la señora Mahecha y la E.S.E. suscribieron diversas órdenes de prestación de servicios, y que el vínculo de esta culminó el 31 de octubre de 2013. Manifestó que le consta que la demandante se desempeñaba como cito tecnóloga en el laboratorio Camilo Torres, y que a ella le impartía las órdenes Jaime Eduardo Arias Ilián, que tenía el cargo de coordinador asistencial. Los insumos le eran suministrados por la E.S.E. San

ella le impartía las órdenes Jaime Eduardo Arias Ilián, que tenía el cargo de coordinador asistencial. Los insumos le eran suministrados por la E.S.E. San Sebastián. Declaró que la demandante tenía que cumplir horario. Sostuvo que a la señora Mahecha le llegaban muestras de otros municipios y que lo sabía porque para procesarlas se requería que fueran facturadas, y, posteriormente la demandante tenía entregar los resultados. Así mis mo, declaró que el servicio fue ininterrumpido desde que la demandante ingresó a la entidad hasta el 31 de octubre de 2013.

• Jaime Eduardo Arias Ilián

Manifestó conocer a la demandante porque esta prestó sus servicios como tecnóloga en la E.S.E. San Seb astián en donde él se desempeñaba como médico general, y coo rdinador a sistencial. Indicó que inicialmente a la demandante se le entregaban las muestras de las citologías para que ella las procesara y analizara puesto que esta residía en la ciudad de Floren cia, y posteriormente las regresara, pero más adelante esa f unción se llevó a cabo en las instalaciones de la entidad. Manifestó que si bien es cierto existían horarios en la E.S.E., la señora Mahecha Mazabel tenía flexibilidad para realizar los análisis, e incluso podía llevarse las placas para analizarlas en el microscopio de su hogar. Afirmó que él era el que revisaba el cumplimiento de las actividades del contrato, pero que las cito -tecnólogas contaban con la autonomía para procesarlas en los períodos que a bien tuvieran, con libertad e indep endencia, de acuerdo con el vo lumen de láminas que tuvieran que

las actividades del contrato, pero que las cito -tecnólogas contaban con la autonomía para procesarlas en los períodos que a bien tuvieran, con libertad e indep endencia, de acuerdo con el vo lumen de láminas que tuvieran que leer. Al respecto, precisó que a la demandante se le otorgaba un plazo de 10 días para realizar la lectura, pero en ocasiones no lo cum plía, y que hubo quejas respecto de la señora Mahecha por la demora en la ent rega de resultados. Todo el procesamiento de las muestras estaba en cabeza de la cito-tecnóloga y era asistida por una auxiliar, pero la responsabilidad era de la profesional contratada para el ef ecto. Manifestó que los empleados públic os debían llenar un formato de permiso para ausentarse del lugar de trabajo, pero que los contr atistas, como era el caso de la demandante, no lo debíanRadicación: 11001-03-15-000-2022-06302-01

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hacer y simplemente debía avisarle para coordinar, pues solo se le exigía procesar un número de placas al mes.

• Nataly Bautista Castillo

Sostuvo que se desempeña como psicóloga dentro de la E.S.E. San Sebastián de La Plata, encargada de coordinar el sistema de atención al usuario, y recibir las PQRS y que conoció a la demandante en dicha institución en do nde esta se desempe ñaba como cito-tecnóloga, y afirmó desconocer si esta tenía un horario fijo, pero que lo que le consta es que la

usuario, y recibir las PQRS y que conoció a la demandante en dicha institución en do nde esta se desempe ñaba como cito-tecnóloga, y afirmó desconocer si esta tenía un horario fijo, pero que lo que le consta es que la demandante debía analizar las muestras de citologías. A firmó que la labor de la señora Mahecha era la de reportar los result ados y se llevaba a cabo en la sede Camilo Torres. En su condición de coordinadora, recibió var ias quejas respecto de la oportunidad en el procesamiento y reporte de las citologías.

• Anneline Puyo Yasno

Declaró co nocer a la demandante en la E.S.E. San S ebastián, donde la deponente es la encargada del proceso de facturación de servicios de salud, mientras que la señora Mahecha hacía las lecturas de las citologías. En su declaración sostuvo que la cito tecnóloga tenía autonomía en sus funciones, y aseveró no conocer que un funcionario estuviera encargado de la supervisión o coordinación de las labor es. Por otra parte, señaló que existía una queja permanente respecto de la falta de opo rtunidad en la entrega de resultados por parte de la demandante.

La sala concluye que no se demostró el elemento de la continuada subordinación por las siguientes razo nes: si bien los señores Nelson Rodríguez Muñoz y Mauricio Ramírez afirmaron que la señora Mahecha Mazabel cumplía un ho rario y debía cumpl ir las órd enes del coordinador asistencial, el médico general Jaime Eduardo Arias Ilián, no precisaron en qué consistían las supuestas órdenes , más allá de que debía entregar los resultados de las citologías practicadas, que precisamente hacía parte del

asistencial, el médico general Jaime Eduardo Arias Ilián, no precisaron en qué consistían las supuestas órdenes , más allá de que debía entregar los resultados de las citologías practicadas, que precisamente hacía parte del objeto de l os contratos suscritos . Así mismo, a pesar de que señalaron que los insumos eran proporcionados por el ent e hospitalario ello no implica necesariamente la ausencia de autonomía. (…)

A partir de los testimonios en cita, la au toridad judic ial demandada concluyó razonablemente que, si bien los señores Nelson Rodríguez, Mauricio Ramírez y Jaime Eduardo Arias coincidieron en que la señora Mahecha Mazabel cumplía un horario de trabajo, esa sola circunstancia no era suficiente para entender probado el elemento subordinación, pues no se demostró que estuviera permanente condicionada a unas órdenes que no tuvieran relación con la entrega de los resultados de las cit ologías practicadas que , precisamente, fue el objeto de l os múltiples contratos suscritos.

Asimismo, expuso que los testi monios de las señoras Nataly Bauti sta Castillo y Anneline Puyo Yasno reafirmaban lo sostenido por el médico coordinador sobre la autonomía de la accionante en el cumplimiento de sus funciones, dado que dichas declaraciones concuerdan en que tal era la flexibilidad en el cumplimiento de lasRadicación: 11001-03-15-000-2022-06302-01

Demandante: Karen Linett Mahecha Mazabel

Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

actividades de l contrato, que se pr esentaban quejas frente a l tiempo en que la

Demandante: Karen Linett Mahecha Mazabel

Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

actividades de l contrato, que se pr esentaban quejas frente a l tiempo en que la accionante debía entregar los resultados.

De otra parte, resaltó que, en virtud de la labor especializada para procesar las muestras que realizaba la señora M ahecha Mazabel, resultaba evidente que ésta tenía plena auton omía técnica para ejercer sus funciones, a dif erencia de los servidores de planta, quienes , además, realizaban un proce dimiento diferente para ausentarse del lugar de trabajo.

De conformidad con lo anterior, se desprende que el Consejo de Estado, Secci ón Segunda, Subsección A, no solo hizo citó los testimonios rendidos en el proceso, sino que valoró cada uno de ellos y, teniendo en cuenta que al expediente no se habían aportado más pruebas que resultaran condu centes para acreditar la alegada relación laboral, concluyó que , si bien se ha bían demostrado los requisitos de prestación personal del servicio y remuneración, no pasaba lo mismo con el de la subordinación.

Así, más que revelar la arbitrariedad en una decisión judicial dictada por el órgano de cierre, lo que refulge son diferencias de criterios respecto de las conclu siones asignadas al examen de los elementos de conformación procesal, porque en sentir de la accionante sí se probó la subordinación que la autoridad judicial accionada no encontró acreditada.

Téngase en cuenta que nuestro ordenam iento jurí dico en materia de valoración probatoria se gobierna por el principio de la sana cr ítica o de la apreciación

no encontró acreditada.

Téngase en cuenta que nuestro ordenam iento jurí dico en materia de valoración probatoria se gobierna por el principio de la sana cr ítica o de la apreciación razonada de las prueb as; actividad en la cual el fallador es libre de formarse su convencimiento sobre la verificación de los enunciados fácticos, a partir de un análisis conjunto e integral de los elementos probatorios, pero sujeta a las reglas de la lógica y de la experienci a, y no a una convicción arbitraria, caprichosa o al margen de lo que revelen los medios de prueba. Esa tarea se log ra cuando se motiva la decisión de mane ra racional con las pruebas que obran en el proceso e incluso a partir de las deficiencias que en esa carga procesal de las partes advierta el sentenciador.

En definitiva, queda descartada la configuración del defecto fáctico alegado, pues la providencia cuestionada se profi