CE - 110010315000202206320011SENTENCIA20230425080624

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06320-01

Demandante: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C, Y OTRO

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de fondo por incumplimiento de los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional /SUBSIDIARIEDAD / La parte debió alegar el defecto orgánico en el trámite del proceso ordinario/ RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / la demanda carece de carga argumentativa y las razones jurídicas propuestas pretenden convertir este medio en una tercera instancia.

La Sala d ecide1 la impugnación interpuesta por el accionante contra la sentencia del 19 de enero de 2023, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado , por medio de la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 25 de noviembre de 2022, el señor Willmar Calderón Olmos interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 25 de noviembre de 2022, el señor Willmar Calderón Olmos interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsecciones C y D2, por considerar vulnerado s sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia 3, con ocasión de la sentencia proferida el 29 de junio de 2022 , en el proceso de nulidad y

1 Se advierte que, el 13 de marzo de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. 2 La parte demandante interpuso la tutela en contra de las citadas subsecciones, no obstante, únicamente se admitió contra la Subsección C –autoridad judicial que dictó la providencia cuestionada–, mientras que la Subsección D se pronunció sobre el trámite de la recusación que le correspondió decidir. 3 También se solicitó la protección del «principio de favorabilidad del trabajador».Radicación: 11001-03-15-000-2022-06320-01

Demandante: Willmar Calderón Olmos Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sentencia de tutela de segunda instancia

2 restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-42-048-2017-00241-02. Formuló las siguientes pretensiones (se transcriben textualmente):

1.- DECLARAR procedente la presente acción de tutela, en amparo de los derechos fundamentales constitucionales al debido proceso, el principio de favorabilidad del trabajador y el acceso a la administración de justicia en

1.- DECLARAR procedente la presente acción de tutela, en amparo de los derechos fundamentales constitucionales al debido proceso, el principio de favorabilidad del trabajador y el acceso a la administración de justicia en conexidad con el preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 5, 11, 25, 42 y 44 de la misma carta magna de nuestra administración de justicia.

2.- En Consecuencia a la decisión anterior se ordene REVOCAR las siguientes decisiones administrativas:

2.1.- Actos Administrativos contenidos en los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia proferidos por la Gerencia de Control disciplinario de ECOPETROL S. A. del 31 de mayo de 2016 y en segunda instancia por el Presidente de ECOPETROL el 12 de octubre de 2016.

2.2.- Comunicación No. 2-2016-046-9344 el día 22 de noviembre de 2016 donde ECOPETROL S.A. suspendió el contrato laboral del Sr. WILLMAR CALDERÓN OLMOS sin la calificación, autorización y aprobación del juez natural Ordinario en su especialidad Laboral y de la Seguridad Social.

2.3.- Sentencia de Segunda Instancia proferida el día 29 de Junio de 2022 dentro del proceso con número de radicado 11001 3342 048 -201700241-02 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – Subsección “C”.

3.- Como consecuencia de lo anterior CONDENAR a Ecopetrol S .A., a que reconozca y pague al accionante las pretensiones invocadas en la solicitud de Conciliación administrativa y en demanda de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO conforme Sentencia del Primera

reconozca y pague al accionante las pretensiones invocadas en la solicitud de Conciliación administrativa y en demanda de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO conforme Sentencia del Primera Instancia del Juzgado Cuarenta y Ocho (48) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá profirió Sentencia el día 18 de enero de 2019.

4.- ORDENAR a Ecopetrol S.A. anular el antecedente disciplinario de la Historia Laboral y de las bases de datos de la Procuraduría el nombre del accionante que se impuso con comunicación No. 2-2016-046-9344 el día 22 de noviembre de 2016 así: “En cumplimiento de lo ordenado en el fallo de primera instancia, fechado 31 de mayo de 2016 y fallo de segunda instancia de fecha 12 de octubre de 2016, en contra de usted señor CALDERÓN OLMOS WILLMAR, identificado con la cédula de ciudadanía 9.529.459, providencia que resolvió declararlo disciplinariamente responsable del cargo elevado en su contra y toda vez que el mismo ha cobrado ejecutoria, le comunico que la sanción allí impuesta trae como consecuencia la “SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DEL CARGO E INHABILIDAD ESPECIAL POR EL T ÉRMINO DE TRES (3) MESES”, a partir del día 23 de noviembre de 2016 regresando a laborar el día 23 de febrero de 2017.”

1.2. Hechos

Pese a la falta de claridad del escrito de tutela, de su extenso contenido y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los siguientes hechos jurídicamente relevantes:Radicación: 11001-03-15-000-2022-06320-01

Pese a la falta de claridad del escrito de tutela, de su extenso contenido y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los siguientes hechos jurídicamente relevantes:Radicación: 11001-03-15-000-2022-06320-01

Demandante: Willmar Calderón Olmos Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sentencia de tutela de segunda instancia

3 El señor Willmar Calderón Olmos fungió como jurado en las elecciones del 2 9 de mayo de 2011, razón por la cual solicitó a su empleador, Ecopetrol, el descanso compensatorio remunerado al que se refiere el artículo 106 del Código Electoral, sin embargo, la petición le fue negada de manera reiterada.

La Oficina d e Control Disciplinario de Ecopetrol abrió investigación disciplinaria (PD4803-14) para establecer si incurri ó en una falta, debido A las peticiones reiterativas para el reconocimiento del compensatorio. Posteriormente, se le formularon cargos por incurrir «en presunta falta disciplinaria al reiterar solicitudes evidentemente improcedentes relacionadas con el tema de permiso por jurado d e votación en las elecciones del 29 de mayo de 2011».

Concluida la investigación disciplinaria ECOPETROL dispuso: «declárase Disciplinariamente responsable al señor Willmar Calderon Olmos del cargo único formulado en su contra en el Proceso disciplinario PD-4803-2014 de conformidad con la parte resolutiva de dicha providencia, y como consecuencia de lo anterior, sanciónese al señor Willmar Calderón Olmos con suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de tres (3) meses».

con la parte resolutiva de dicha providencia, y como consecuencia de lo anterior, sanciónese al señor Willmar Calderón Olmos con suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de tres (3) meses».

Para discutir la legalidad de la sanción disciplinaria, el señor Willmar Calderón Olmos presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra ECOPETROL.

En primera instancia , el Juzgado 48 Administrativo del C ircuito de Bogotá , en sentencia del 18 de enero de 2019 , accedió a las pretensiones de la demanda , decisión que fue revocada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, mediante fallo del 29 de junio de 2022 para, en su lugar, desestimar las súplicas del demandante.

Luego de notificarse la sentencia, el demandante presentó recusación contra los magistrados que decidieron el proceso, la cual no fue aceptada y, en consecuencia, el expediente pasó a la Subsección D de la Sección Segunda del mismo Tribunal para decidir lo pertinente.

La Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en auto del 20 de septiembre de 2022, requirió al demandante para que presentara la recusación por intermedio de apoderado judicial o acreditara laRadicación: 11001-03-15-000-2022-06320-01

Demandante: Willmar Calderón Olmos Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sentencia de tutela de segunda instancia

4 calidad de abogado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley 1437 de 2011.

Demandante: Willmar Calderón Olmos Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sentencia de tutela de segunda instancia

4 calidad de abogado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley 1437 de 2011.

En providencia del 17 de noviembre de 2022 , el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, rechazó la recusación porque el demandante no cumplió con el anterior requisito, amén de que la solicitud fue extemporánea porque la alegó con posterioridad a su participación en el proceso.

Contra la anterior decisión la parte actora interpuso recurso de reposición, el cual fue rechazado mediante providencia del 19 de enero de 2022.

1.3. Argumentos de la tutela

La parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto procedimental absoluto , toda vez que la sentencia contiene las siguientes irregularidades:

• «Carencia de función administrativa al derecho laboral reclamado », toda vez que de conformidad con lo decidido por la Corte Constitucional la competencia para conocer de los procesos laborales de los trabajadores oficiales corresponde a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral. • «Usurpación para calificar derechos laborales». • Nulidad de la prueba obtenida con violación del debido proceso. • Violación del principio de non bis in idem. • Desconocimiento del principio de favorabilidad laboral. • Violación del principio de imparcialidad, toda vez que tan pronto conoció la sentencia presentó recusación contra los magistrados que integran la respectiva Sala y cumplió con el requerimiento efectuado, sin embargo,

• Desconocimiento del principio de favorabilidad laboral. • Violación del principio de imparcialidad, toda vez que tan pronto conoció la sentencia presentó recusación contra los magistrados que integran la respectiva Sala y cumplió con el requerimiento efectuado, sin embargo, «vencidos cinco (5) meses de incoada la recusación y sin el trámite de impedimento resuelto me veo en la necesidad de reclamar vía tutela los derechos conculcados».

Explicó que el Tribunal debió proponer un conflicto negativo de competencias ante «la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en lugar» de asumir la competencia para resolver el litigio bajo la teoría de que ello era posible «“al margen de la vinculación del actor”».Radicación: 11001-03-15-000-2022-06320-01

Demandante: Willmar Calderón Olmos Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sentencia de tutela de segunda instancia

5 Dijo que Ecopetrol fraccionó los hechos disciplinarios en varias investigaciones y desestimó la solicitud de acumulación que hizo, por lo cual emitieron dos sanciones de suspensión una por cuatro meses y la segunda por tres meses que debieron ser demandadas en dos procesos diferentes, con lo que se violó el principio del nom bis in idem.

Sostuvo que para efectos de que se le otorgara el compensatorio por su labor como jurado la única obligación que le era exigible era la de solicitar el permiso o realizar el reclamo como lo consagra el artículo 151 del Código Sustantivo del Trabajo (C.S.T), sin embargo, las entidades accionadas implantaron «a conveniencia en un procedimiento imposible de cumplir; para de esta forma selectiva, discriminatoria

el reclamo como lo consagra el artículo 151 del Código Sustantivo del Trabajo (C.S.T), sin embargo, las entidades accionadas implantaron «a conveniencia en un procedimiento imposible de cumplir; para de esta forma selectiva, discriminatoria y completamente alejada de la operación diaria, en contravía del derecho y de la igualdad», sancionarlo e imponer un trámite especial ante el jefe para solicitar el permiso en detrimento de la ley.

Que, en todo caso, su requerimiento para obtener el permiso «jamás fue atendido en debida forma desde el inicio, obligándolo a elevar múltiples solicitudes con el fin de obtener la prerrogativa laboral ofrecida por el deber cumplido durante el proceso electoral de 29 de mayo de 2011».

Insistió en que fue sancionado dos veces por el mismo hecho hasta imponérsele una suspensión de siete meses para ejercer funciones , sin permitírsele un «juicio justo» y con vulneración del principio de imparcialidad.

Por último, afirma que Ecopetrol incurrió en los siguientes actos de mala fe:

• Fraccionamiento de los hechos relacionados con las diferentes peticiones de cumplimiento del descanso compensatorio por ser jurado de votación para realizar varias investigaciones disciplinarias «con el firme propósito de causar el mayor daño posible con doble sanción acumulada por siete (7) meses de suspensión laboral, sin la autorización del juez de trabajo». • Ilegalidad del reglamento de trabajo al establecer unas «“versiones” acomodadas a conveniencia para fabricar su propia prueba después de los sucesos y así trasladar la responsabilidad de sus actos ilegales a la parte más débil en la relación laboral».

• Ilegalidad del reglamento de trabajo al establecer unas «“versiones” acomodadas a conveniencia para fabricar su propia prueba después de los sucesos y así trasladar la responsabilidad de sus actos ilegales a la parte más débil en la relación laboral». • Estableció un procedimiento imposible de cumplir para obtener el compensatorio remunerado por actuar como jurado en las votaciones.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06320-01

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2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 5 de diciembre de 202 2, el magistrado sustanciador de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado admitió la demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , como parte demandada, y ordenó notificar a ECOPETROL, como tercero con interés.

2.1 La Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca expuso que el accionante presentó recusación contra los magistrados de la Subsección C de l mismo tribunal, y que el 20 de septiembre de 2022 fue requerido para que acreditara que la solicitud fue elevada por intermedio de apoderado judicial o que ostentaba la calidad de abogado, sin embargo, ante la falta de cumplimiento la solicitud fue rechazada en providencia del 17 de noviembre de 2022, providencia en la que, además, en aras de garantizar la imparcialidad , se determinó que, en todo caso, no era procedente la recusación porque la parte actuó en el proceso sin proponerla previamente, sino que solo lo hizo cuando se dictó la

determinó que, en todo caso, no era procedente la recusación porque la parte actuó en el proceso sin proponerla previamente, sino que solo lo hizo cuando se dictó la sentencia de segunda instancia desfavorable a sus intereses.

Agregó que contra esa decisión el demandante interpuso recurso de reposición que está pendiente de decidir , toda vez que el expediente aún no ha ingresado al Despacho para tal fin.

En lo que concierne a la tutela solicitó que se declarara improcedente en tanto que el accionante ejerció dentro del proceso los mecanismos que tenía a su disposición y, en esa medida, no p uede pretender que se tramit e una suerte de «tercera instancia».

2.2. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

3. Fallo impugnado

La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación, mediante fallo del 19 de enero de 2023, decidió «rechazar por improcedente» la solicitud de amparo.

Como sustento de la decisión, el a quo sostuvo que la inconformidad de la parte actora por la supuesta falta de competencia del Tribunal para conocer del proceso en virtud de lo normado en el numeral 4 del artículo 105 del CPACA, correspondía a un defecto orgánico del que no se hizo ninguna manifestación dentro del procesoRadicación: 11001-03-15-000-2022-06320-01

Demandante: Willmar Calderón Olmos Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sentencia de tutela de segunda instancia

7 de nulidad y restablecimiento, razón por la cual no podí a elevarse los reparos en sede de tutela.

En relación con los demás cargos, dijo que la Sala no podía extraer de la demanda

7 de nulidad y restablecimiento, razón por la cual no podí a elevarse los reparos en sede de tutela.

En relación con los demás cargos, dijo que la Sala no podía extraer de la demanda de tutela argumentos jurídicos mínimos que le permitan abordar un análisis de fondo sobre la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, «pues el demandante únicamente se ocupó de hacer extensas y confusas manifestaciones en las que cuestionó la actuación de ECOPETROL y del Tribunal, pero sin realizar una confrontación argumentativa, más allá de afirmaciones meramente enunciativas y subjetivas, que permitan entender claramente el cuestionamiento dirigido a una y a otra en punto de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales ». De suerte que la tutela no cumplía con el requisito de carga argumentativa.

3. Impugnación

La parte demandante impugnó el fallo de primer grado. Como sustento, afirmó que el a quo mal interpretó la sustentación de la tutela y las normas invocadas dirigidas a demostrar que el Tribunal actuó sin competencia al «al usurpar al juez natural Ordinario en su especialidad Laboral y de la Seguridad Social », circunstancia que sí fue alegada en el proceso ordinario, razón por la cual dicha autoridad judicial se extralimitó al estudiar la demanda, «para adecuar los requerimientos de Ecopetrol S.A. como si se tratara de un juez laboral para sancionar un líder sindical» por haber solicitado un permiso de descanso y al final resultar «disciplinado y sancionado dos (2) veces (en violación al NON IN BIS ÍDEM) … para un total de SIETE (7) meses

solicitado un permiso de descanso y al final resultar «disciplinado y sancionado dos (2) veces (en violación al NON IN BIS ÍDEM) … para un total de SIETE (7) meses de suspensión encubiertos e ilegales para masacrar el trabajador».

Afirmó que el fallo de primer grado contiene un defecto por exceso ritual manifiesto, dado que el a quo se abstuvo de decidir por qué el escrito de tutela no contaba con una carga argumentativa, hecho que obliga a que la sustentación se realiza ra a través de abogados con desconocimiento de la prevalencia del derecho sustancial.

Indicó que la sentencia impugnada se separó de los precedentes contenidos en la sentencia SL16198 proferida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y el auto A-450 de 2021, dictado por la Corte Constitucional.

Por lo demás, reiteró algunos de los puntos expuestos en la demanda de tutela.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06320-01

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II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo proferido el 19 de enero de 2023 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio del cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.

Para ello, en primer lugar, se examinará s i la acción de tutela cumple o no los requisitos de subsidiariedad y de relevancia constitucional por falta de carga

del Consejo de Estado, por medio del cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.

Para ello, en primer lugar, se examinará s i la acción de tutela cumple o no los requisitos de subsidiariedad y de relevancia constitucional por falta de carga argumentativa. De no cumplirse, habrá de confirmarse la sentencia impugnada; en caso contrario, esto es, de acreditarse que sí se satisficieron, al igual que los demás requisitos generales de procedibilidad exigidos por la jurisprudencia constituciona l, se analizará si le asiste razón al accionante y , por ende, deben ampararse los derechos fundamentales alegados respecto de la sentencia del 29 de junio de 2022 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2. Análisis de la Sala

2.1. De la subsidiariedad

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la pretensión de amparo constitucional procede ante la ausencia de otro mecanismo de defensa judicial para la protección de los derechos fundamentales, a menos que se utilice como mecanismo transitor io para evitar un perjuicio irremediable . Esta condición se encuentra reiterada en el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 y en la jurisprudencia constitucional4, los cuales, en general, insisten en la improcedencia de la tutela para propiciar debates respecto de los cuales existen otros recursos o instrumentos judiciales , salvo que se acredite la falta de eficacia de esos mecanismos, previa ponderación y análisis de las condiciones de cada caso.

2.1.1 Del control de la sanción disciplinaria

En primer lugar, el señor Willmar Calderón Olmos pretende que se «revoquen» los

mecanismos, previa ponderación y análisis de las condiciones de cada caso.

2.1.1 Del control de la sanción disciplinaria

En primer lugar, el señor Willmar Calderón Olmos pretende que se «revoquen» los actos administrativos referidos al proceso disciplinario en el que Ecopetrol lo

4 Al respecto , existen numerosos pronunciamientos de la Corte Constitucional, entre los que se destacan las sentencias T-222 de 2017, T -317 de 2017, T -372 de 2017, T-048 de 2018, T -464 de 2019 y T-451 de 2022.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06320-01

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9 suspendió en el ejercicio del cargo por el término de tres meses. Frente a dicha pretensión, es claro que la tutela es abiertamente improcedente, pues para discutir la legalidad de la sanción o el debate surgido del ejercicio de la potestad disciplinaria de su empleador el demandante cuenta con otros medios como es el proceso ordinario laboral o el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, según las reglas de competencia que resulten aplicables dada la naturaleza del empleo.

De hecho, en este caso dicha decisión fue sometida a control judicial y el resultado de la misma fue desatado en l a sentencia del 29 de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C. De suerte que la solicitud de amparo no puede presentarse como un mecanismo alterno o paralela al medio ordinario, ni con la finalidad de desplazar el control judicial asignado al juez natural.

la solicitud de amparo no puede presentarse como un mecanismo alterno o paralela al medio ordinario, ni con la finalidad de desplazar el control judicial asignado al juez natural.

Así las cosas, los reparos referidos a los actos sancionatorios sólo podrán ser examinados por vía del análisis de la providencia que resolvió sobre su control judicial, siempre que se advierta que se cumplan los presupuestos generales de procedencia. En consecuencia, la pretensión sobre los actos disciplinarios es improcedente por falta de subsidiariedad.

2.1.2. Sobre la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer del contr ol judicial sobre los actos sancionatorios

Tal y como lo sostuvo el a quo, el demandante discute la competencia del Tribunal para conocer el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se debatió la legalidad de la sanción impuesta por Ecopetrol.

Esta Subsección coincide con la decisión de primera instancia de que en ese aspecto la tutela no cumple el requisito de subsidiariedad, pues ese era un aspecto de carácter procesal o una presunta irregularidad que debió alegarse en el trámite del proceso ordinario. A diferencia de lo que afirma el demandante, en el expediente de tutela no existe prueba de que hubiese puesto de presente ese hecho ante los jueces de conocimiento.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06320-01

Demandante: Willmar Calderón Olmos Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sentencia de tutela de segunda instancia

10 Incluso, fue el mismo accionante el que, por intermedio de apoderado judicial, promovió el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción

Sentencia de tutela de segunda instancia

10 Incluso, fue el mismo accionante el que, por intermedio de apoderado judicial, promovió el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa, y no es que la autoridad judicial de oficio o contra su voluntad se hubiese arrogado la competencia de manera autónoma o en desacato de alguna decisión judicial que le hubiese separado del asunto y se le hubiese asignado a otra autoridad.

De suerte que los pronunciamientos invocados por el demandante, como el auto 450 de 2021 proferido por la Corte Constitucional , en el que se determinó que el Juzgado 36 Laboral del Circuito de Bogotá era el competente para resolver sobre la terminación unilateral del contrato de trabaj o, debieron ser alegados y propuestos en el proceso ordinario, amén de que se refieren a un tema diferente, pues el trámite que aquí se cuestiona corresponde a una sanción disciplinaria, mientras que el auto mencionado se refiere a la terminación unilateral del contrato del trabajador oficial.

2.2. Relevancia constitucional

En lo atinente a los otros aspectos invocados por el demandante —desconocimiento de los principios de favorabilidad y non bis in idem, violación de la prueba obtenida con violación al debido proceso, etc.—, la Sala encuentra que la tutela no cumple el requisito de relevancia constitucional, puesto que , de un lado, como afirma el fallador de primer grado la demanda carece carga argumentativa clara y suficiente y los reparos que lograr superar esa exigencia reflejan la intención de provocar una tercera instancia para extender en sede constitucional el debate del procedimiento disciplinario y del proceso ordinario, e introducir elementos que no fueron alegados

y los reparos que lograr superar esa exigencia reflejan la intención de provocar una tercera instancia para extender en sede constitucional el debate del procedimiento disciplinario y del proceso ordinario, e introducir elementos que no fueron alegados en la respectiva instancia.

La parte actora presenta unos ataques y divergencias frente a las actuaciones de Ecopetrol en lugar de const ruir una línea argumentativa para desmerecer el juicio del Tribunal, pues lo que corresponde al juez constitucional es valorar si la autoridad judicial incurrió en alguna causal de procedencia de la tu tela contra providencia judicial, en lugar de realizar un juicio paralelo sobre el proceso disciplinario o el trámite del descanso remunerado de que trata el artículo 106 del Código Electoral, porque, como ya se dijo, para ese aspecto existen otros medios distintos a la tutela, que son idóneos y eficaces, que el demandante no utilizó.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06320-01

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11 De otra parte, al examinarse la decisión enjuiciada, se aprecia que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca señaló:

Ahora bien, en el expediente hay prueba fehaciente de que Ecopetrol le informó al accionante sobre la improcedencia de su solicitud. En las respuestas suministradas por la entidad, se le informó al demandante que no era procedente la concesión de un día de descanso compensatorio,

[…]

Concretamente, se estableció en una primera oportunidad que, para efectos de la concesión del día solicitado, el señor Calderón Olmos debía remitirse al

procedente la concesión de un día de descanso compensatorio,

[…]

Concretamente, se estableció en una primera oportunidad que, para efectos de la concesión del día solicitado, el señor Calderón Olmos debía remitirse al trámite para licencias y permisos contenido en el Código ECP-VTHR-004. El referido reglamento cuenta co n dos versiones que fueron expedidas por la entidad, la primera, data de 08 de junio de 2011 y, la segunda, de 28 de noviembre de 2011 y en ambas, se estableció el deber de diligenciar el denominado Formato de Reporte de Novedad de Personal (RP) ante el Jefe inmediato del trabajador.

De las pruebas incorporadas se puede establecer que la petición de un día de descanso remunerado, por ser jurado de votación, fue elevada con posterioridad a la expedición del Código ECP -VTH-R-004, en su primera versión, esto es, los días 28 y 29 de junio de 2011, es decir, la norma sí resultaba aplicable al demandante, sin embargo, no se evidencia que el actor hubiera adecuado su petición a los parámetros fijados en dicha disposición. El Reglamento para el trámite para licenc ias y permisos contenido en el Código ECP-VTH-R-004 – versión 1, era aplicable al actor y, en virtud del mismo, era obligatorio que éste suscribiera el RP ante su jefe inmediato, hecho que no sucedió y por lo tanto, no pudo gozar del pluricitado beneficio al haberse elevado la solicitud del mismo ante una persona que no tenía competencia para otorgárselo.

[…]

El anterior pronunciamiento de la Corte Constitucional que se puede aplicar por

elevado la solicitud del mismo ante un