CE - 110010315000202206325011SENTENCIA20230505190420

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06325-01

Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – UAE Comisión de

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-06325-01

Demandante: MINISTERIO DE VIVIEN DA CIUDAD Y TERRITORIO Y UAE

COMISION DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO BÁSICO (CRA)

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN

CUARTA, SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Indebida aplicación de l precedente judicial

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 26 de enero de 2023 , dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró improcedente la acción de tutela , por no cumplir los requisitos de subsidiariedad y de relevancia constitucional.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

improcedente la acción de tutela , por no cumplir los requisitos de subsidiariedad y de relevancia constitucional.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

1.1. El 28 de noviembre de 2022 , en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderados judiciales1, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Unidad Administrativa Especial Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA pidieron la protección de los derechos fundamentales al debido proceso a la igualdad y de acceso a la admin istración de justicia. A juicio de la parte actora , la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 7 de septiembre de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A. En concreto, formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la CRA involucradas en el cumplimiento de la sentencia, los cuales están siendo vulnerados por el Tribunal

Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior DEJAR sin efectos la sentencia proferidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y ordenar fallar nuevamente el recurso conforme los supuestos fácticos y normativos expuestos y que aplican para determinar la legalidad de los actos administrativos objeto de control.

1 La acción de tutela fue presentada conjuntamente por el jefe de las Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de

administrativos objeto de control.

1 La acción de tutela fue presentada conjuntamente por el jefe de las Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el jefe de las Oficina Asesora Jurídica de la Unidad Administrativa Especial Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06325-01

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2. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

Antecedentes del procedimiento administrativo

2.1. Mediante Resolución CRA -780 del 14 de diciembre de 2016, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA fijó la tarifa de la Contribución Especial a la que se encontraban sujetos los prestadores de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo para para la vigencia 2017; estableció las erogaciones utilizadas para fijar la contribución 2, y señaló el procedimiento para su recaudo.

2.2. Por Resolución No. UAE -CRA 237 del 12 de junio de 2017, la Comisión, en aplicación del parágrafo 2º 3 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, amplió la base

recaudo.

2.2. Por Resolución No. UAE -CRA 237 del 12 de junio de 2017, la Comisión, en aplicación del parágrafo 2º 3 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, amplió la base gravable, en razón a la existencia de un faltante presupuestal . En consecuencia, determinó que estaría integrada por los siguientes conceptos:

2.3. Con fundamento en los anteriores actos administrativos generales, la Comisión expidió la Resolución No. UAE-CRA No. 472 del 3 de agosto de 2017, mediante la cual

2 Que las erogaciones que se utilizarán para fijar la tarifa de la contribución especial para la vigencia 2017, son:

CÓDIGO CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA

5101 SUELDOS Y SALARIOS

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA

5111 GENERALES

512007 Multas 512008 Sanciones

3 Artículo 85 (vigente para la época de los hechos). Contribuciones especiales. Con el fin de recuperar los costos del servicio de regulación que preste cada comisión, y los de control y vigilancia que preste el Superintendente, las entidades sometidas a su regulación, control y vigilancia, estarán sujetas a dos contribuciones, que se liquidarán y pagarán cada año conforme a las siguientes reglas: (…) La tarifa máxima de cada contribución no podrá ser superior al uno por ciento (1%) del valor de los gastos de funcionamiento, asociados al servicio sometido a regulación, de la entidad contribuyente en el año anterior a aquel en

(…) La tarifa máxima de cada contribución no podrá ser superior al uno por ciento (1%) del valor de los gastos de funcionamiento, asociados al servicio sometido a regulación, de la entidad contribuyente en el año anterior a aquel en el que se haga el cobro, de acuerdo con los estados financieros puestos a disposición de la Superintendencia y de las Comisiones, cada una de las cuales e independientemente y con base en su estudio fijarán la tarifa correspondiente (…) Parágrafo 2°. Al fijar las contribuciones especiales se eliminarán, de los gastos de funcionamiento, los gastos operativos; en las empresas del sector eléctrico, las compras de electricidad, las compras de combustibles y los peajes, cuando hubiere lugar a ello; y en las empresas de otros sectores los gastos de naturaleza similar a éstos. Estos rubros podrán ser adicionados en la misma proporción en que sean indispensables para cubrir fal tantes presupuestales de las comisiones y la superintendencia.”.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06325-01

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efectuó la Liquidación de la Contribución Especia l para la vigencia 2017 , a cargo de Proactiva Oriente S.A. E.S.P (hoy Veolia Aseo Cúcuta S.A. ), en la cuantía de $ 40.044.000. En dicha liquidación, se incluyeron importes correspondientes al grupo de

Proactiva Oriente S.A. E.S.P (hoy Veolia Aseo Cúcuta S.A. ), en la cuantía de $ 40.044.000. En dicha liquidación, se incluyeron importes correspondientes al grupo de las cuentas Nos. 51 -Gastos de representación, y 75 -costos de producción , específicamente, se co nsideraron las siguientes cuentas: 51102-Beneficios a empleados, 51103 -Honorarios, 51105 -Generales, 753704 -Consumo de e nergía eléctrica, 753705-ACPM FULL OIL y 75166-pagos por disposición final. 2.4. La empresa contribuyente presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la anterior decisión, con fundamento en que no era procedente incluir los importes correspondientes al grupo de la cuenta No. 75 , por no constituir gastos de funcionamiento.

2.5. Por Resolución No. UAE-CRA 906 del 23 de octubre de 2017, se resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la liquidación oficial de la contribución especial.

2.6. Mediante Resolución UAE-CRA 58 del 26 de enero de 2018 , la Dirección Ejecutiva de la Comisión confirmó la liquidación oficial.

Antecedentes del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

2.7. La empresa Veolia Aseo Cúcuta S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – UAE Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico , con el objeto de obtener la nulidad de la s Resoluciones Nos. No. UAE-CRA No. 472 del 3 de agosto de

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico , con el objeto de obtener la nulidad de la s Resoluciones Nos. No. UAE-CRA No. 472 del 3 de agosto de 2017 (Liquidación Oficial), CRA 906 del 23 de octubre de 2017 y UAE-CRA 58 del 26 de enero de 2018. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordenara a la parte demandada restituir las sumas que pagó en cumplimiento de los actos administrativos demandados.

2.7.1. En concreto, la empresa fundamentó la demanda en que la Comisión se excedió en la facultad impositiva, al incluir en la base de contribución especial las cuentas pertenecientes al grupo 75: c ostos de producción –servicios personales, generales y honorarios.

2.8. El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado 44 Administrativo de Bogotá, que, por sentencia del 6 de agosto de 2021, en ejercicio de la excepción de ilegalidad, inaplicó de manera parcial la Resolución No. UAE-CRA 237 de 2017, y declaró la nulidad parcial de la s Resoluciones Nos. UAE-CRA No. 472 de 2017 , UAE-CRA 906 de 2017 y UAE-CRA 58 de 2018 . A título de restablecimi ento del derecho, declar ó que la contribución a cargo de Veolia Aseo Cúcuta S.A. E.S.P., por concepto de aseo vigencia 2017, correspondía a la suma de $7.985.645, en consecuencia, ordenó a la CRA que devolviera a la empresa la suma de $ 33.530.689.

2.8.1. La autoridad judicial consideró que las únicas cuentas que en aplicación del

2017, correspondía a la suma de $7.985.645, en consecuencia, ordenó a la CRA que devolviera a la empresa la suma de $ 33.530.689.

2.8.1. La autoridad judicial consideró que las únicas cuentas que en aplicación del parágrafo 2o del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 podían incluirse, correspondían a: 753704-Consumo de energía eléctrica y 753705 -ACPM FULL OIL , no así las relacionadas con cuentas relacionadas con servicios perso nales (beneficios a empleados), generales, honorarios y pago por disposición final, de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales4 y, además, debido a que no estaba probado que resultaran ser de naturaleza similar a la de las compras de electricida d, compras de combustibles y los peajes, que prevé la norma como excepción para su inclusión.

4 Específicamente la sentencia del 10 de octubre de 2019, exp. 22394, dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06325-01

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2.9 Inconforme con la anterior decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A,

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2.9 Inconforme con la anterior decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, por sentencia del 7 de septiembre de 2022, la confirmó. En concreto, el tribunal coincidió con la decisión del a quo y fundamentó la decisión en la sentencia del 29 de abril de 20205, dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

3. Argumentos de la acción de tutela

3.1. De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la acción de tutela cumple los requisitos de procedibilidad contra providencia judicial . En cuanto al fondo del asunto, manifestó que la sentencia del 7 de septiembre de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, incurrió en los siguientes defectos:

3.2. Defecto fáctico . A juicio de la parte actora, el tribunal demandado valoró indebidamente el material probatorio, porque pasó por alto que en la Liquidación Oficial de la Cont ribución Especial para la vigencia 2017, la Comisión incluyó expresamente dentro de la base de liquidación, los conceptos del grupo 51 –gastos de administración, correspondientes a beneficios a empleados (51102), honorarios (5110 1)– y generales (51105), y que, de los conceptos del grupo 75, únicamente afectó los correspondientes a consumo de energía eléctrica (753704) y ACPM FULL OIL (753705), toma dos de la misma información que el contribuyente reportó e incluyó con esos códigos contables en el Sistema Único de Información–SUI.

a consumo de energía eléctrica (753704) y ACPM FULL OIL (753705), toma dos de la misma información que el contribuyente reportó e incluyó con esos códigos contables en el Sistema Único de Información–SUI.

3.3. “Defecto sustantivo”. Adujo que la decisión cuestionada aplicó indebidamente al caso, la sentencia del 29 de abril de 2020 6, dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por cuanto sus presupuestos fácticos diferían a los estudiados por el tribunal, debido a que en el citado precedente se estudió la legalidad de la inclusión de la base gravable de las cuentas del grupo 75 – costos de producción, las cuales no eran equiparables a las cuentas del grupo 51– gastos administrativos.

3.3.1. Manifestó que el tribunal concluyó erradamente que todas las cuentas mencionadas en las Resoluciones Nos. UAE-CRA 237 de 2017, UAUE -CRA 472 de 2017, 906 de 2017 y 58 de 2018, correspondían a la excepción del parágrafo 2 º del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, obviando que previamente la C omisión había expedido la Resolución 780 de 2016 , acto administrativo general que estableció las erogaciones a utilizar para fijar la tarifa de la Contribución Especial para la vigencia 2017, en las que se incluyeron las siguientes cuentas con su correspondiente código contable, por constituir gastos de funcionamiento: (i) 5101 – sueldos y salarios; (ii) 5102 – contribuciones imputadas; (iii) 5103 – contribuciones efectivas; (iii) 5104 – aportes sobre

por constituir gastos de funcionamiento: (i) 5101 – sueldos y salarios; (ii) 5102 – contribuciones imputadas; (iii) 5103 – contribuciones efectivas; (iii) 5104 – aportes sobre la nómina; (iv) 5111–generales; (v) 512007 – multas, y (vi) 512008 – sanciones.

3.3.2. A partir de lo anterior, sostuvo que la providencia acusada aplicó normas y precedentes que no correspondían al asunto, y perjudicó lo s intereses legítimos de la entidad, al obligarla a la devolución de sumas de dinero que carecen de fundamento fáctico y jurídico.

3.4. Violación directa de la Constitución Política. Con fundamento en que la decisión de excluir los rubros del grupo 51 carecía de motivación, al no exponer las razones para no tenerlos en cuenta, contrariar la jurisprudencia y dejar a la entidad en una inseguridad jurídica respecto de la liquidación de la Contribución Especial a futuro, porque no le permite incluir ningún concepto contable en la liquidación.

5 Proceso No. 25000-23-37-000-2017-00475-01. M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez 6 Proceso No. 25000-23-37-000-2017-00475-01. M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06325-01

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3.5. Desconocimiento del precedente judicial. Sostuvo que la autoridad judicial demandada se apartó del precedente judicial contenido en las sentencias del 10 de mayo de 20187, 26 de septiembre de 20188, 25 de febrero de 20219, del 5 de agosto de 202110, 2 de diciembre de 202111 y del 24 de marzo de 202212, dictadas por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en las que, adujo, se precisó que se puede adicionar y ampliar la base gravable de la contribución especial con fundamento en el parágr afo 2º del artículo 85 de la ley 142 de 1994, cuando se motive en el faltante presupuestal, como ocurrió en el caso concreto.

4. Intervenciones

4.1. La magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela con fundamento en que no cumple los requisitos generales y específicos de la acción de tutela contra providencia judicial. En concreto, manifestó que aunque la parte actora alegó que la providencia acusada incurrió en los defectos fáctico y sustantivo, de los argumentos se advertía que, en realidad, promovía la solicitud de amparo a modo de instancia adicional del proceso ordinario.

4.1.1. Indicó que la providencia objeto de tutela contó con fundamentos fácticos, jurídicos

argumentos se advertía que, en realidad, promovía la solicitud de amparo a modo de instancia adicional del proceso ordinario.

4.1.1. Indicó que la providencia objeto de tutela contó con fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios aplicables al caso concreto y, por lo tanto, no era de recibo que se pretendiera desnaturalizar la acción de tutela, insistiendo en una discusión que se resolvió en derecho por el juez natural, en la que se garantizaron los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

4.2. El juez 44 administrativo de Bogotá solicitó la desvinculación del presente trámite por falta de legitimación en la causa por activa, con fundamento en q ue la parte demandante atribuía la vulneración de los derechos fundamentales a la sentencia dictada en sede de segunda instancia.

4.3. La empre sa Veolia Aseo Norte de Santander S.A.S. E.S.P .13 solicitó que se denegara por improcedente la solicitud de amparo, con fundamento en que la acción de tutela no cumple el requisito de relevancia constitucional, porque lo pretendido por la parte actora era convertir la tutela en una tercera instancia del proceso ordinario. Que, además, la parte actora cuenta con otro medio de defensa judicial, como lo era el recurso extraordinario de revisión, y que no demostró la existencia de un perjuicio irremediable que hiciera procedente la tutela.

4.3.1. Con todo, manifestó que la entidad actora no empleó una carga argument ativa suficiente en relación con los defectos fáctico, sustantivo y violación directa de la Constitución Política . Además, señaló que, contra lo afirmado por la parte actora, el

suficiente en relación con los defectos fáctico, sustantivo y violación directa de la Constitución Política . Además, señaló que, contra lo afirmado por la parte actora, el tribunal demandado no desconoció el precedente judicial del Consejo de Estado, pues, por el contrario, se soportó en la línea jurisprudencial trazada en materia de contribución especial del artículo 85 de la Ley 142 de 1994.

4.3.2. Sostuvo que en el caso concreto, la Comisión violó el principio de legalidad al asimilar los conceptos de “(i) 75166 pagos por disposición final, (ii) 51102 Beneficios a empleados, (iii) 51103 Honorarios y (iv) 51105 Generales con los conceptos de “compras de electricidad y de combustibles, y los peajes”.

7 Exp. 22972. M.P. Milton Chaves García 8 Exp. 22481. M.P. Milton Chaves García 9 Proceso No. 11001-03-27-000-2019-00035-00 (24755). M.P. Milton Chaves García 10 Proceso No. 11001-03-27-000-2019-00036-00 (24756). M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez 11 Proceso No. 11001-03-27-000-2019-00032-00 (24743). M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto 12 Proceso No. 11001-03-27-000-2019-00037-00 (24757). M.P. Milton Chaves García

13 En proceso definitivo de fusión empresarial, ASEO URBANO S.A.S E.S.P. absorbió́ a VEOLIA ASEO CÚCUTA S.A. E.S.P. y cambió su razón social por VEOLIA ASEO NORTE DE SANTANDER S.A.S E.S.P.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06325-01

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5. Sentencia impugnada

5.1. El Consejo de Estado, Sección Quinta, por sentencia del 26 de enero de 2023, declaró improcedente la solicitud de amparo , por no cumplir con los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional. Justificó la decisión en los siguientes argumentos:

5.2. Que frente alegato relativo a la falta de motivación de la sentencia –sustentado en que no se explicó la razón por la que los rubros del grupo 51 ampliaban de manera indebida la base gravable de la contribución especial –, la parte actora contaba con otro medio de defensa judicial: el recurso extraordinario de revisión, particularmente por la causal del numeral 5º del artículo 250 del CPACA, esto es, “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

5.2.1. En ese sentido, citó una providencia14 de esta Corporación, en la que se explicó

la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

5.2.1. En ese sentido, citó una providencia14 de esta Corporación, en la que se explicó que la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho que le permitan arribar a una decisión, “es motivo de revisión bajo la causal quinta”. Que, por lo tanto, la acción de tutela no cumplía el requisito de subsidiariedad.

5.3. Que frente a los demás argumentos expuestos por la parte demandante, la acción de tutela no cumplía el requisito de relevancia constitucional, debido a que se trataba de una reiteración de los fundamentos de oposición que ya se habían expuesto en sede ordinaria, sin plantear un debate desde el punto de vista constitucional, más allá de invocar la vulneración de garantías superiores.

6. Impugnación

6.1. La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia, solicitó que se revocara y que, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la acción de tutela , bajo los siguientes argumentos:

6.2. Que, contra lo afirmado por el a quo , el presente asunto cumple el requisito de relevancia constitucional, comoquiera que la sentencia acusada desconoció los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, al aplicar indebidamente la jurisprudencia en la que sustentó el fallo y no valoró adecuadamente las pruebas del proceso . Lo anterior, porque consideró erradamente que par a la contribución especial de la vigencia 2017 la C omisión había afectado los conceptos de servicios personales, honorarios y generales de grupo de los costos operativos (grupo

las pruebas del proceso . Lo anterior, porque consideró erradamente que par a la contribución especial de la vigencia 2017 la C omisión había afectado los conceptos de servicios personales, honorarios y generales de grupo de los costos operativos (grupo 75), cuando en realidad se tomaron del grupo de gastos administrativos (51).

6.3. Que la importancia constitucional del caso radica ba en que la sentencia acusada infringió la norma sustancial contenida en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, al aplicarla indebidamente y excluir rubros que se podían utilizar en la liquidación de la contribución especial.

6.4. Resaltó que la acción de tutela se dirige a la protección del patrimonio público y los intereses del Estado “el cual es un asunto de interés de todos los colombianos y de gran relevancia constitucional, pues una afectación de los intereses patrimoniales del Estado redunda en perjuicio de todos sus asociados”.

14 Ver Sala Catorce Especial de Decisión del Consejo de Estado, sentencia de 5 de abril de 2016, Radicación: 110010315000 2008 00320 00, Actor: Jos é́ Joaquín Palma Vengoechea, Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación, C.P. Danilo Rojas Betancourt.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06325-01

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6.5. Por otro lado, alegó que no e ra cierto que la tutela no cumpl iera el requisito de subsidiariedad, teniendo en cuenta el recurso extraordinario de revisión no procedería contra el fallo acusado, porque de conformidad con la jurisprudencia de la jurisdicción de lo contencioso administrati vo, dicho recurso no procede para cuestionar errores en la apreciación de las pruebas (error de hecho) o indebida aplicación de las normas al caso concreto incluyendo el precedente judicial (error de derecho).

6.5.1. Con todo, manifestó que de considerars e infundados los argumentos sobre la improcedencia del recurso de revisión, lo cierto era que la acción de tutela era procedente para evitar un perjuicio irremediable, porque la decisión objeto de tutela podría generar varios daños irreparables, entre los que se encontraban:

(i) Impedir a la CRA incluir dentro de la base gravable de la contribución especial los rubros que generalmente incluye, afectando el presupuesto de la entidad y poniendo en riesgo la ejecución de las labores de regulación que realiza sobre el servicio público domiciliario. (ii) La indebida valoración probatoria e interpretación de las normas legales aplicables al caso bajo estudio generan un precedente equivocado y contrario a los fines del Estado, que pone en riesgo la regulación y, por consiguiente, la prestación y el a cceso al servicio público por los ciudadanos en condiciones dignas, además de tener efectos frente a los demás prestadores del servicio.

contrario a los fines del Estado, que pone en riesgo la regulación y, por consiguiente, la prestación y el a cceso al servicio público por los ciudadanos en condiciones dignas, además de tener efectos frente a los demás prestadores del servicio. (iii) La CRA se vería obligada a efectuar pagos en favor de las empresas prestadores de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, ordenados sin respaldo legal y constitucional.

6.6. Por lo demás, la parte demandante insistió en los argumentos que por violación y desconocimiento del precedente judicial ofreció en el escrito de tutela.

CONSIDERACIONES

1. De la acción de tutela contra providencias judiciales

1.1. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo judicial previsto para la protección de derechos fundamentales, cuando se vean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad, incluidos los jueces de la República15. La Corte Constitucional, por su parte, ha determinado dos tipos de requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

1.2. En primer lugar, están los requisitos generales de procedibilidad que son de naturaleza procesal y, por lo tanto, deben estudiarse de manera previa a cualquier análisis de fondo. Esos requisitos fueron fijados en la sentencia C -590 de 2005, así: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que no se

judiciales ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.

1.3. En segundo lugar, están los requisitos específicos o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se han superado los requisitos generales.

15 Sentencia C-543 de 1992.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06325-01

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Esos vicios de fondo se han clasificado en defecto orgánico 16, defecto sustantivo17, procedimental18, fáctico19, error inducido 20, decisión sin motivación 21, desconocimiento del precedente judicial22 o violación directa de la Constitución23.

1.4. Solo cuando se superen los requisitos generales y, al menos uno de los requisitos específicos, el juez constitucional puede conceder un amparo y dejar sin efectos una decisión judicial.

2. Planteamiento del problema jurídico

2.1. Como quedó expuesto en los antecedentes de esta providencia, el juez de primera instancia consideró que la solicitud de amparo es improcedente por no cumplir con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias

2.1. Como quedó expuesto en los antecedentes de esta providencia, el juez de primera instancia consideró que la solicitud de amparo es improcedente por no cumplir con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente: los requisitos de subsidiariedad y falta de relevancia constitucional. Sin embargo, a juicio de la Sala, la acción de tutela de la referencia sí cumple dichos requisitos, por las razones que pasan a explicarse:

2.2. Del requisito de subsidiariedad

2.2.1. En el caso concreto, el a quo consideró que el argumento de la parte actora relativo a que la sentencia cuestionada no explicó la razón por la que los rubros del grupo 51 ampliaban de manera indebida la base gravable de la contribución especial, no cumplía el requisito de subsidiariedad, por cuanto se podía proponer en el recurso extraordinario de revisión, bajo la causal del numeral 5 “ nulidad originada en la sentencia”.

2.2.2. A