CE - 110010315000202206336011SENTENCIA20230515092814

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06336-01

Accionante: ATANAEL AGUILAR BECERRA Y OTROS

Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN

“B”

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – SE

REVOCA EL FALLO IMPUGNADO, EN SU LUGAR, SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL – No satisface el requisito general de procedibilidad atinente a la inmediatez

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por los accionantes, a través de apoderado judicial y en contra de l fallo de tutela de 27 de febrero de 2023, proferido por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Los ciudadanos Atanael Aguilar Becerra, Adelaida Becerra Pineda, Isaura Aguilar Becerra, Elida Rosa Aguilar Becerra, Guillermina Aguilar Becerra, Aura Cristina Aguilar Pineda, Andrea Carolina Aguilar Pineda y Miguel de Jesús Aguilar Pineda, por conducto de apoderado judicial, solicitaron el amparo

Aguilar Becerra, Elida Rosa Aguilar Becerra, Guillermina Aguilar Becerra, Aura Cristina Aguilar Pineda, Andrea Carolina Aguilar Pineda y Miguel de Jesús Aguilar Pineda, por conducto de apoderado judicial, solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales «[…] al debido proceso, al acceso a la administración de justicia e igualdad […]», cuya vulneración le atribuyeron a la providencia de 30 de marzo de 2022, proferida por la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el interior del recurso extraordinario de revisión con radicado número 11001-03-26-000-2021-00031-00.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relataron que el señor Atanael Aguilar Becerra y su grupo familiar instauraron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación, cuyo conocimiento correspondió en primera instancia al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Santa Marta,2

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06336-01

Accionantes: Atanael Aguilar Becerra y otros

despacho judicial que, mediante sentencia de 14 de mayo de 2018, declaró la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada.

2.2. Manifestaron que, una vez apelada la anterior decisión de primer grado, el Tribunal Administrativo del Magda lena, mediante sentencia calendada el 23 de

responsabilidad patrimonial de la entidad demandada.

2.2. Manifestaron que, una vez apelada la anterior decisión de primer grado, el Tribunal Administrativo del Magda lena, mediante sentencia calendada el 23 de octubre de 2019, revocó en todas sus partes lo resuelto por el a quo para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda ordinaria incoada.

2.3. Mencionaron que , una vez ejecutoriada la anterior providencia de s egunda instancia, los accionantes, con fecha 20 de enero de 2021, radicaron recurso extraordinario de revisión cuyo estudio y conocimiento correspondió a la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado ; corporación judicial que en Sala Unitaria y a través de providencia del 7 de diciembre de 2021, rechazó de plano el recurso interpuesto.

2.4. Indicaron que, frente a la anterior decisión, el extremo accio nante presentó recurso de súplica , el cual fue despachado desfavorablemente a través de proveído de fecha 30 de marzo de 2022.

2.5. Señalaron que, en su criterio, la providencia cuestionada de 30 de marzo de 2022 incurrió en un supuesto desconocimiento del precedente jurisprudencial , por lo que se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] Por lo anteriormente expuesto y decantado jurídicamente, para efectos de evitar un perjuicio irremediable, solicito a la Honorable Sala Civil de la Corte

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] Por lo anteriormente expuesto y decantado jurídicamente, para efectos de evitar un perjuicio irremediable, solicito a la Honorable Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, se sirva ORDENAR en un término perentorio al Honorable Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección “B”, M.P. Doctor FREDY IBARRA MARTÍNEZ y MARTÍN BERMUDEZ MUÑOZ, SE REVOQUE la sentencia del Tribunal Administrativo del Magdalena (Despacho 01) de fecha 23 de Octubre de 2019 y, en su lugar, SE DEJE EN FIRME LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Santa Marta, para lo cual debe ORDENARSE a los magistrados del Consejo de Estado PROFERIR UNA NUEVA DECISIÓN […].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado , a través de l consejero sustanciador del proceso y mediante auto de 19 de enero de 2023, admitió la presente acción de tutela.3

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06336-01

Accionantes: Atanael Aguilar Becerra y otros

V. INTERVENCIONES

5. Efectuadas las notificaciones a la autoridad judicial accionada y a la parte vinculada, se advierte que se allegaron los siguientes informes:

5.1. La Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado , por

5. Efectuadas las notificaciones a la autoridad judicial accionada y a la parte vinculada, se advierte que se allegaron los siguientes informes:

5.1. La Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado , por conducto de uno de los magistrados que integr ó la Sala de Decisión , rindió informe en el que manifestó que no participaría en el trámite de la acción de tutela de la referencia como parte ni como tercero interesado; y agregó que cumpliría plenamente las ór denes que adopta ra el juez constitucional en el c aso que nos ocupa.

5.2. El apoderado judicial de la Nación – Fiscalía General de la Nación advirtió que en el caso sub examine no se cumplía con el requisito ge neral de procedencia relativo a la inmediatez.

5.3. Agregó que en el presente caso el extremo accionante tampoco cumplió con la carga mínima de sustentar y explicar debidamente cu áles eran las causales específicas de procedibilidad y/o defe ctos específicos que se configuraban respecto de la providencia enj uiciada de 30 de marzo de 2022 . Por tal moti vo, solicitó rechazar por improcedente el amparo deprecado.

VI. FALLO IMPUGNADO

6. La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante fallo de tutela de 27 de febrero de 2023, resolvió denegar el amparo constitucional deprecado por la parte actora , luego de considerar que , en el sub lite , la corporación judicial accionada no había vulnerado ni cerc enado las ga rantías fundamentales que se decían transgredidas.

deprecado por la parte actora , luego de considerar que , en el sub lite , la corporación judicial accionada no había vulnerado ni cerc enado las ga rantías fundamentales que se decían transgredidas.

7. Como sustento de lo anterior , la Sección Segunda de esta Corporación puso de

presente lo que a continuación se enseña:

[…] La Sala observa que la autoridad judici al accionada, para confirmar l a decisión de rechazar el recurso extraordinario de revisión , hizo las siguientes consideraciones:

(…) 4) Según la norma transcrita la notificación por estado debe fijarse virtualmente en el sitio electrónico de la Rama Judi cial con inserción de la providencia y, además, ser enviada a través de un mensaje de datos al canal digital de los sujet os procesales, no obstante, dicha circunstancia, esto es, el envío de la comunicación a través de correo electrónico, no significa que la notificación por estado se transforme en una notificación personal por medios electrónicos, como erróneamente interpreta la parte actora, pues, por determinación legal la forma de notificación del auto que inadmite la demanda o los recursos es por estado mas no en forma personal.

1. Revisado el expediente se tiene que el auto de 23 de agosto de 2021 fue notificado por e stado electrónico el 31 de agosto de 2021 (índice 74

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06336-01

Accionantes: Atanael Aguilar Becerra y otros

SAMAI), el cual le fue enviado al correo electrónico suministrado y autorizado por la parte actora, esto es, “jaimecase27abogado@hotmail.com” tal como se corrobora en el

Accionantes: Atanael Aguilar Becerra y otros

SAMAI), el cual le fue enviado al correo electrónico suministrado y autorizado por la parte actora, esto es, “jaimecase27abogado@hotmail.com” tal como se corrobora en el documento de notificación no. 3572 0 y, de igual forma, fue insertado junto a la providencia para consulta en línea en el aplicativo oficial para la gestión judicial del Consejo de Estado SAMAI.

1. Por lo anterior, carece de todo sentido el fundamento invocado por el suplicante toda vez q ue, es responsabilidad y deber absoluto de los usuarios de la justicia estar debida y diligentemente atentos en relación con el trámite y decisiones del respectivo p roceso en el que estén concernidos o tengan interés, lo mismo que consultar oportuna y debidamente las herramientas electrónicas dispuestas para obtener dicha información procesal para as í́ ejercer su derecho de defensa y contradicción.

1. Los cinco (5) días para subsanar el recurso extraordinario de revisión otorgados en el auto inadmisorio de 23 de agosto de 2021, notificado por estado el 31 de agosto de 2021 (índices 6 y 7 SAMAI), venc ieron el 7 de septiembre de 2021, sin embargo, una vez culminado dic ho término la parte actora no corrigió el defecto advertido relacionado con la acreditación del envío por medio electrónico del recurso y sus anexos a la parte demandada en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 162 del CPACA ni tampoco realizó manifestación alguna.

1. Por consiguiente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 253 de la Ley 1437 de 2011 modificado por el artículo 69 de la Ley 2080 de 2021

artículo 162 del CPACA ni tampoco realizó manifestación alguna.

1. Por consiguiente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 253 de la Ley 1437 de 2011 modificado por el artículo 69 de la Ley 2080 de 2021 la consecuencia jurídica para el evento en que el recurso extraordinario de revisión no se hubiere corregido dentro de la oportunidad legalmente establecida es el rechazo de este, razón por la que se confirmará el auto de 7 de diciembre de 2021 (…) (subrayas por fuera del texto)

8. En atención a lo anterior, el a quo esgrimió que la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de manera acertada, expuso los motivos por los cuales resolvió confirmar la decisión que rechazó el recurso extraordinario de revisión radicado por el señor Atanael Agu ilar y su familia; indicando que los accionantes contaban con plazo de cinco (5) días para corregir la demanda, el cual terminó el 7 de septiembre de 2023 , sin que los demandantes presentaran escrito de subsanación.

9. Asimismo, resaltó la el deber de los usuarios de la justicia para consultar de manera oportuna y diligente las herramientas electrónicas dispuestas para obtener la información sobre el estado de sus procesos judiciales.

10. Destacó que, en ese orden de ideas, al resolver el recurso de súplic a, la autoridad judicial accionada profirió su decisión con fundamento en las normas vigentes y cumplió con la motivación requerida, razón por la cual se observaba que los accionantes, sustentándo se en la existencia de un hipotético

autoridad judicial accionada profirió su decisión con fundamento en las normas vigentes y cumplió con la motivación requerida, razón por la cual se observaba que los accionantes, sustentándo se en la existencia de un hipotético “desconocimiento del precedente jurisprudencial”, pretendían convertir la presente acción de tutela en una tercera instancia.5

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Accionantes: Atanael Aguilar Becerra y otros

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

11. El apoderado judicial de la parte actora impugnó el fallo de tutela de primera instancia, argumentando, entre otros, los siguientes aspectos, a saber:

[…] La Corte Constitucional ha sido muy clara al examinar la causal especifica de procedibilidad, “DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN” la cual según sentencia T 210 del 2014 dicha causal salvaguarda el derecho de las personas a obtener respuesta motivada de la administración de justicia y que posteriormente permite al ciudadano de ejercer su dere cho de contradicción, por tanto el funcionario judicial debe tener en cuenta siempre que se emita una decisión, las circunstancias fáct icas y jurídicas las cuales son sustento de dicho fallo que si se transgrede generaría una clara vulneración al debido proceso. Este argumento manejado en la mencionada sentencia, fue reiterada en la sentencia SU 770 de 2014.

En este aspecto, otras de la s causales específicas de procedibilidad de tutela contra providencias judiciales es el llamado DEFECTO PROCEDIMENTAL que según sentencia T 096 del 2014, este se produce cuando el juez se aparta

En este aspecto, otras de la s causales específicas de procedibilidad de tutela contra providencias judiciales es el llamado DEFECTO PROCEDIMENTAL que según sentencia T 096 del 2014, este se produce cuando el juez se aparta absolutamente del procedimiento establecido POR LA LEY para d arle tramite al asunto especifico, de tal modo, la Corte adujo que para que dicho yerro se configure debe existir lo sigu iente: (…) “se ciñe a un trámite completamente ajeno al pertinente – desvía el cauce del asunto, o 2) omite etapas sustanciales del pro cedimiento establecido legalmente afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso. Adici onalmente la jurisprudencia constitucional ha establecido que para que ese defecto se estructure es necesario que concurran dos requisitos concomitantes: 1) que se trate de un error de procedimiento grave, cuya incidencia cierta y directa en la decisión adoptada de fondo por el funcionario judicial sea de tal magnitud que de no haberse incurrido en dicho error el sentido del fallo hubiera sido distinto, rasgo que el yerro procedimental absoluto comparte con el defecto factico y 2) que tal deficiencia o erro r no sea atribuible a quien alega la vulneración del derecho al debido proceso” (…)

De tal manera, la sentencia T -204 del 2015 se r efirió a dicho defecto refiriéndolo como aquel vicio en el que incurre el juzgador cuando se aparte completamente del pro cedimiento establecido por las normas jurídicas, vulnerando el debido proceso. Es así como la jurisprudencia ha establecido la razón de ser de dicha causal las cual se relaciona con la protección de

completamente del pro cedimiento establecido por las normas jurídicas, vulnerando el debido proceso. Es así como la jurisprudencia ha establecido la razón de ser de dicha causal las cual se relaciona con la protección de derechos fundamentales, y que por obvias razones el juez está sujeto a cumplir con los procedimientos previamente establecidos, siguiendo fielm ente el principio de legalidad […]. (Negrillas por fuera del texto original)

12. Luego de realizar la transcripción literal que arriba se observa, sobre la caracterización g eneral de los defectos específicos concernientes a la “decisión sin motivación” y al “defecto procedimental ”, el memorialista , en el es crito de impugnación, anotó lo que a continuación se observa:

[…] CRITERIO EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA

PROVIDENCIAS JUDICIALES.

En cuanto a este tema es viable aclarar su condición de excepcional ya que dicha procedencia no se debe maneja r o entender como un recurso adicional, no se debe entonces olvidar que dicha acción es planteada para la protección6

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Accionantes: Atanael Aguilar Becerra y otros

de l os derechos vulnerados por una decisión judicial y así buscar que se protejan y se restablezca la igualdad jurídica, siendo residual y sumaria.

Asimismo según lo expuesto por la corte (citado por Vivas Barrera, 2012), existen dos criterios a tener en cue nta “la excepcionalísima posibilidad de dirigir la acción de tutela cintra providencias judiciales, no implica la existencia

Asimismo según lo expuesto por la corte (citado por Vivas Barrera, 2012), existen dos criterios a tener en cue nta “la excepcionalísima posibilidad de dirigir la acción de tutela cintra providencias judiciales, no implica la existencia de mecanismos paralelos o adicionales para el trámite de asuntos litigiosos ni pretende que estos tengan una nueva instancia para s u discusión, sino que consolida la facultad de todas las personas de hacer efectivo el amparo previsto en el artículo 86 de la constitu ción po lítica, contra actuaciones manifiestamente arbitrarias de cualquier autoridad, que impliquen grave reconocimiento de derechos fundamentales”.

Por último, encontramos el interrogante para definir ¿Qué se entiende por seguridad jurídica?

La seguridad jurídica tal cual lo señala Luño (1991), ordena que los habitantes de un Estado puedan saber cuál es el alcance real de sus derechos y obligaciones, de este modo la noción de justicia se identifica en la independencia judicial y , por tanto , en la segu ridad d e que el derecho en cuestión termina con la decisión de los órganos d e cierre de las jurisdicciones […]. (Se destaca)

13. Y, para finalizar, el extremo apelante agregó:

[…] Es viable conc luir en lo expuesto en este artí culo la revisión bibliográfica que la pro cedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales no vulnera la seguridad jurídica ni la cosa juzgada, puesto que para esto se establecen unos requisitos generales y específicos de procedibilidad que deben ser cumplidos pa ra ser efectivo lo expuesto en el citado artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, en

juzgada, puesto que para esto se establecen unos requisitos generales y específicos de procedibilidad que deben ser cumplidos pa ra ser efectivo lo expuesto en el citado artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, en cuanto a su inmediatez y carácter excepcionalísimo que ésta incorpora.

Honorable magistrado, en consecuencia y c on todo el respeto que usted merece, ME OPONG O ROTUN DAMENTE AL PRONUNCIAMIENTO EFECTUADO POR SU DESPACHO por considerar que palmariamente se están violando los derechos fund amentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia seguridad jurídica y a la dignidad humana, ya que la constit ución pretende asegurar una administración de justicia diligente y eficaz (art. 29, 228 y 229 de la Constitución Política), ya que se busca asegurar un acceso efectivo e igual a todas las personas a la justicia, y es obvio que ese acceso no debe ser puramente formal.

Las personas tienen entonces derechos a que ordenamiento establezca mecanismos para asegurar la efectividad de las decisiones judiciales que le son favorables. La tutela constituye entonces una parte integrante del contenido constitucionalmente protegido del derecho a acceder a la justicia, no solo porque garantiza la efectividad de esos derechos fundamentales, sino además porque contribuye un mayor equilibrio procesal en la medida en que asegura que quien acuda a la justicia mantengan en el d esarrollo del proceso, un estado de cosas semejantes al que existía cuando recurrió a los jueces.

Por lo anteriormente expuesto, solicito al honorable ponente se sirva REVOCAR EL FALLO de tutela proferido el 27 de febrero de 2023 que

un estado de cosas semejantes al que existía cuando recurrió a los jueces.

Por lo anteriormente expuesto, solicito al honorable ponente se sirva REVOCAR EL FALLO de tutela proferido el 27 de febrero de 2023 que negó el amparo const itucional solicitado […]. (Negrillas por fuera del texto original)7

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06336-01

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VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

14. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación, en virtud de lo previsto en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015 2, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de

20213.

VIII.2. Problemas jurídicos

15. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado o revocado4, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se deberá determinar:

b) Si la providencia de 30 de marzo de 2022, proferida por la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado , en el interior del recurso

es así, se deberá determinar:

b) Si la providencia de 30 de marzo de 2022, proferida por la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado , en el interior del recurso extraordinario de revisión con radicado número 11001-03-26-000-202100031-00, vulneró los derechos fundamentales de l extremo accionante, al haber incurrido en un supuesto desconocimiento del precedente jurisprudencial.

16. Con el fin de re solver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a (ii) resolver el caso concreto relacionado con el defecto alegado, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

17. En s entencia de 31 de j ulio de 2012 5, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos

1 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». 2 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".

3 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991. 5 Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.8

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fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

18. Ahora bien, la sentencia C -590 de 8 de junio de 2005, pr oferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

19. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional d el asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremedia ble; iii) el cumpli miento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

20. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una p rovidencia judicial6, la sentencia C -590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáct ico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación dire cta de la

Constitución7.

21. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de l a acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados , permitiéndole de esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»8 que se encaje en dichos parámetros.

22. Se trata, entonces, de una rigurosa constatació n de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se conviert a en una manera de desconocer principios y

6 Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 7 «Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello.

6 Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 7 «Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico , que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundam entan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente , que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Con stitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opo ne de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política» 8 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.9

las normas establecidas en la Constitución Política» 8 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.9

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06336-01

Accionantes: Atanael Aguilar Becerra y otros

valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

23. El criterio expuesto fue reiterad o en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

24. Los ciudadanos Atanael Aguilar Becerra, Adelaida Becerra Pineda, Isaura Aguilar Becerra, Elida Rosa Aguilar Becerra, Guillermina Aguilar Becerra, Aura Cristina Aguilar Pineda, Andrea Carolina Aguilar Pineda y Miguel de Jesús Aguilar Pineda, por conducto de apoderado judicial, solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales «[…] al debido proceso, al acceso a la administración de justicia e igualdad […]», cuya vulneración le atribuyeron a la providencia de 30 de marzo de 2022 , proferida por la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado , en el interior del recurso extraordinario de revisión con radicado número 11001-03-26-000-2021-00031-00.

VIII.4.1. Del requisito general de procedibilidad atinente a la inmediatez en el caso sub examine

de revisión con radicado número 11001-03-26-000-2021-00031-00.

VIII.4.1. Del requisito general de procedibilidad atinente a la inmediatez en el caso sub examine

25. Sobre el particular, valga señalar que la acción de tut ela no tiene un plazo específico para su interposición; sin embargo, la Corte Constitucional ha dicho que el requisito de inmediatez exige que: «[…] la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración9.

De lo con trario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrif icarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incer tidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de solución de conflictos […]»10.

26. Al respecto, la jurisprudencia constitucional11, ha señalado lo siguiente:

[…] En el caso específico de tutelas contra provide ncias judiciales, el requisito de inmediatez adquiere una connotación aún más precisa y exigente, pues el carácter excepcional de esta figura ob edece precisamente a la necesidad que existe de conciliar la protección de derechos fundamenta