CE - 110010315000202206349011SENTENCIA20230427162309

Demandante: Carmen Gloria Casanova Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño Radicado: 11001-03-15-000-2022-06349-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-06349-01

Demandante: CARMEN GLORIA CASANOVA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO

Tema: Tutela contra providencia judicial que negó mandamiento de pago

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por el apoderado de la señora Carmen Gloria Casanova , contra la providencia del 13 de febrero de 2023 , proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo que se formuló contra el Tribunal Administrativo de Nariño.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Mediante escrito enviado el 28 de noviembre de 2022 al buzón web del Consejo de Estado , la señora Carmen Gloria Casanova , actuando a través de apoderado, instauró una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Nariño,

1. Mediante escrito enviado el 28 de noviembre de 2022 al buzón web del Consejo de Estado , la señora Carmen Gloria Casanova , actuando a través de apoderado, instauró una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Nariño, con el objetivo de obtener la protección de su s derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad jurídica, de acceso a la administración de justicia y al mínimo vital.

2. La parte actora consideró que la garantía superior mencionada fue vulnerada con la providencia del 4 de mayo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que confirmó la decisión de primera instancia del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Pasto, que se abstuvo de librar mandamiento de pago dentro del proceso ejecutivo que inició la demandante en contra de laDemandante: Carmen Gloria Casanova Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño Radicado: 11001-03-15-000-2022-06349-01

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

(UGPP)1.

3. Con base en lo anterior, la demandante solicitó el ampa ro de los derechos fundamentales referidos y, en consecuencia, pidió lo siguiente:

(ii) dejar sin efectos el fallo de segunda instancia expedidos en la acción ejecutiva tantas veces mencionada, y, (iii) ordenar al despacho de segunda instancia que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, conceda las pretensiones de la demanda 2.

1.2. Hechos probados y/o admitidos

mencionada, y, (iii) ordenar al despacho de segunda instancia que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, conceda las pretensiones de la demanda 2.

1.2. Hechos probados y/o admitidos

4. A continuación, l a Sala presentará una síntesis de los presupuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia3:

5. La señora Carmen Gloria Casanova ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la extinta Cajanal (hoy UGPP), con el objetivo de obtener la nulidad de la s Resoluciones PAP020866 de 21 de octu bre de 20103 y PAP051840 de 2 de mayo de 20114, mediante las cuales la entidad le negó la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores salariales devengados (Decreto 1045 de 1978 y la Ley 33 de 1985); y como consecuencia de lo anterior, que se ordenara la reliquidación de la mesada pensional4.

6. En sentencia de primera instancia del 28 de enero de 2015, el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Pasto accedió a las pretensiones de la demanda. Es decir, declaró la nulidad de los actos administrativos acusados y, a título de restablecimiento del derecho, le ordenó a la UGPP que reliquidara la prestación de la actora, incluyendo todos los factores salariales , porque consideró que ella era beneficiaria del régimen de transición en materia pensional.

7. La anterior decisión fue apelada por la UGPP y decidida mediante el fallo del

prestación de la actora, incluyendo todos los factores salariales , porque consideró que ella era beneficiaria del régimen de transición en materia pensional.

7. La anterior decisión fue apelada por la UGPP y decidida mediante el fallo del 26 de abril de 2017, por el cual el Tribunal Administrativo de Nariño revocó la providencia del a quo y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

8. La demandante instauró una acción de tutela contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño 5. Esta fue tramitada, en primera instancia, ante la Sección Primera del Consejo de Estado que, en fallo de 12 de octubre de 2017, concedió el amparo solicitado y dejó sin efectos la decisión acusada. C omo consecuencia, le

1 Radicado n.º 52001-33-33-004-2021-00197-00/01. 2 La transcripción corresponde al texto original de la demanda, puede tener errores. 3 El relato de los hechos se hizo con base tanto en lo descrito en la acción de tutela como en las pruebas aportadas al expediente. 4 Radicado n.º 2011-00168 (6485). 5 Radicado n.º 11001-03-15-000-2017-01722-00.Demandante: Carmen Gloria Casanova Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño Radicado: 11001-03-15-000-2022-06349-01

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ordenó a la autoridad judicial entonces accionada que profiriera una providencia de remplazo.

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ordenó a la autoridad judicial entonces accionada que profiriera una providencia de remplazo.

9. En cumplimiento de aquel proveído , el Tribunal Administrativo de Nariño expidió la sentencia d el 28 de febrero de 2018, mediante la cual confirmó el fallo del 28 de enero de 2015 del Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Pasto, que había accedido a las pretensiones de la demanda (numeral 6.º de este proveído).

10. La deci sión de tutela fue impugnada por la UGPP y resuelta mediante sentencia del 12 de marzo de 2018 de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que revocó el fallo de tutela de 12 de octubre de 2017, proferido por la Sección Primera de esta corporación y, en su lugar, declaró la improcedencia del amparo.

11. Según la demandante, a pesar de la decisión de tutela de segunda instancia

(descrita en el párrafo 10) , el fallo del 28 de febrero de 2018 del Tribunal Administrativo de Nariño que dio cumpl imiento a la sentencia del 12 de octubre de 2017 de la Sección Primera del Consejo de Estado, estaba en firme, porque:

para poder dejar sin efecto el fallo del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO, del 28 de febrero de 2018, debía ser ordenado mediante tutel a por el CONSEJO DE ESTADO, y obviamente el demandado (UGPP) tenía sus garantías y términos procesales que debía

febrero de 2018, debía ser ordenado mediante tutel a por el CONSEJO DE ESTADO, y obviamente el demandado (UGPP) tenía sus garantías y términos procesales que debía cumplir, pero no lo hizo, razón por la cual las sentencias solicitadas están en firme y ejecutoriadas.

12. La UGPP instauró una acción de tutela c ontra el Tribunal Administrativo de Nariño6, con el objetivo de que se dejara sin efectos la decisión del 28 de febrero de 2018, que en cumplimiento de la orden de amparo proferida en primera instancia por la Sección Primera del Consejo de Estado, accedió a las pretensiones de reliquidación de la mesada pensional de la actora.

13. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado , en sentencia de 31 de enero de 2019, “rechazó” por improcedente la acción instaurada por la UGPP contra el Tribunal Admi nistrativo de Nariño , bajo el argumento de que no se satisfizo el requisito de la inmediatez porque el mecanismo constitucional se presentó por fuera del término de los seis meses fijados por esta corporación. El a quo agregó que, en todo caso, las partes debían estarse a lo resuelto en el fallo de tutela de segunda instancia del proceso n.º 11001-03-015-0002017-01722-01.

14. El 8 de octubre de 2019, la señora Carmen Gloria Casanova instauró una demanda ejecutiva para que se librara mandamiento de pago en c ontra de la UGPP, en virtud de la condena impuesta en la sentencia de 28 de enero de 2015 del Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Pasto, confirmada en el fallo

en virtud de la condena impuesta en la sentencia de 28 de enero de 2015 del Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Pasto, confirmada en el fallo

6 Esta acción de tutela se tramitó bajo el radicado n.º 11001-03-15-000-2018-03691-00.Demandante: Carmen Gloria Casanova Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño Radicado: 11001-03-15-000-2022-06349-01

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 28 de febrero de 2018 del Tribunal Administrativo de Nariño (aludidos en los párrafos 6 y 9 de este proveído).

15. Mediante auto de l 10 de marzo de 2022, el Juzgado Cuarto Administrativo de Pasto se abstuvo de librar el mandamiento de pago solicitado, tras evidenciar que el título complejo no reunía los requisitos formales y no se hab ía acreditado la existencia de una obligación clara, expresa y exigible.

16. Esa autoridad judicial p recisó que las providencias que se pretendían cumplir no estaban ejecutoriadas, toda vez que el fallo de tutela de 12 de marzo de 2018 de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, revocó la decisión de 12 de octubre de 2017 de la Sección Primera de esta corporación , que le había ordenado al Tribunal Administrativo de Nariño acceder a la pretensión de reliquidación pensional reclamada . El fal lo del ad quem de tutela no requería más que del obedecimiento por parte de las instancias judiciales competentes.

ordenado al Tribunal Administrativo de Nariño acceder a la pretensión de reliquidación pensional reclamada . El fal lo del ad quem de tutela no requería más que del obedecimiento por parte de las instancias judiciales competentes.

17. La accionante apeló la anterior decisión , bajo el argumento de que el único fallo que se encontraba vigente era el de 28 de febrero de 2018 del Tribunal Administrativo de Nariño, porque no había sido revocado o sustituido.

18. El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante auto de 4 de mayo de 2022 confirmó la decisión del a quo, bajo argumentos similares (contra esta providencia se dirige esta acción de tutela).

1.3. Fundamentos de la solicitud

19. La accionante hizo una descripción sobre lo que significa cada uno de los derechos cuyo amparo reclama y afirmó que se encuentra frente a un perjuicio irremediable porque devenga una pensión equivalent e a 1 SMLMV cuando durante su vida laboral devengaba hasta 3 SMLMV, lo que significa que la mesada que recibe disminuyó sus ingresos y, en esa medida, desmejoró sus condiciones de vida, llevándola a una situación de pobreza extrema.

20. En primer lugar, la a ctora afirmó que el asunto tiene relevancia constitucional porque “se trata del restablecimiento de los derechos a la seguridad jurídica, debido proceso y acceso efectivo a la administración de justicia, coralariamente con una pensión digna y al mínimo vit al”. En segundo lugar, la señora Casanova adujo que la providencia acusada incurrió en los siguientes defectos:

21. El defecto fáctico : después de realizar una breve caracterización, la demandante señaló que el Tribunal Administrativo de Nariño:

providencia acusada incurrió en los siguientes defectos:

21. El defecto fáctico : después de realizar una breve caracterización, la demandante señaló que el Tribunal Administrativo de Nariño:

no evidencio la realidad jurídica de las sentencia que están vigentes, ejecutoriada y con todos los efectos jurídicos como son las sentencias del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO DEL 28 DE FEBRERO DE 2018 Y LA DEL JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEDemandante: Carmen Gloria Casanova Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño Radicado: 11001-03-15-000-2022-06349-01

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PASTO DEL 28 DE ENE RO DEL 2015. Y no hay ninguna revocatoria hasta el momento de esta Acción de Tutela. Si existiera alguna sentencia que hubiera revocado las anteriores providencias judiciales, NO HABRIA ABSOLUTAMENTE NADA QUE HACER, para su cumplimiento. Pero desafortunada mente la UGPP, cuando presente la acción de tutela para su revocatoria, el CONSEJO DE ESTADO SE LA DECLARO IMPROCEDENTE, es decir las providencias judiciales aún están vigentes en nuestro sistema jurídico colombiano Y NO HAN

SIDO REVOCADAS7.

22. El desconocimiento del precedente: después de describir en qué consiste este yerro según la jurisprudencia constitucional, la demandante afirmó que las sentencias del 28 de febrero de 2018 y 28 de enero de 2015, proferidas por el Tribunal Administrativo de Nariño y el Juzgado Segundo Administrativo de Pasto, en primera y

del 28 de febrero de 2018 y 28 de enero de 2015, proferidas por el Tribunal Administrativo de Nariño y el Juzgado Segundo Administrativo de Pasto, en primera y segunda instancia, respectivamente, están “vigentes, ejecutoriadas y con todos los efectos jurídicos, de los derechos reconocido en esos fallos judiciales. Y no hay ninguna revocatoria hasta el momento de esta acción de tutela”.

23. El defecto sustantivo: una vez explicó los eventos en que esta causal de procedencia se configura, la señora Casanova reiteró lo que expuso en el defecto por desconocimiento del precedente, sobre la vigencia de las sentencias qu e le reconocieron la reliquidación pensional, además, la actora, agregó lo siguiente:

La interpretación que le está dando el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO, es un suposición o criterio subjetivo de lo que debiera ser las sentencias del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO DEL 28 DE FEBRERO DE 2018 Y LA DEL JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE PASTO DEL 28 DE ENERO DEL 2015, si el CONSEJO DE ESATDO LAS HUBIERA REVOCADO, pero desafortunadamente por negligencia administrativa de la UGPP, esto no se hizo a tiempo y estas sentencias no fueron objeto de REVOCATORIA, que quien tiene la culpa: si el Consejo de Estado cuando en la sentencia derevocatoria del fallo de tutela de primera instancia, dentro de su resuelve no les dijo a la UGPP QUE TENIAN QUE SOLICITAR LA RE VOCATORIA de las mismas para que salieran del ámbito jurídico Colombiano. Porque en este momento esas sentencias están VIGENTES Y CON TODOS LOS

EFECTOS LEGALES PARA SU CUMPLIMIENTO.

SOLICITAR LA RE VOCATORIA de las mismas para que salieran del ámbito jurídico Colombiano. Porque en este momento esas sentencias están VIGENTES Y CON TODOS LOS

EFECTOS LEGALES PARA SU CUMPLIMIENTO.

Así como lo hizo el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO, al cambiar la dec isión con la orden de tutela “del Consejo de Estado, SECCION PRIMERA, mediante providencia No. 11001 03 15 000 2017 01722 00 emitida el 12 de octubre del 2017, ORDENA al Tribunal Administrativo de Nariño profiriera nueva sentencia favorable a la sra CARMEN GLORIA CASANOVA.”, asi mismo debería ser la revocatoria de la sentencia en la segunda instancia. Tal como lo presenta el principio en el derecho: “LAS COSAS SE DESHACEN COMO SE HACEN”, si no se revoca la sentencia queda en la vida jurídica vigente.

Lo a nterior se asimila, si mi mandante deja pasar los términos de esta tutela en más de 6 meses, ya la jurisprudencia no mi cobija porque prácticamente perdí la oportunidad procesal paras reclamar mis derechos8.

24. Decisión sin motivación: la demandante explicó en qué consiste este yerro y agregó que el tribunal se abstuvo de librar mandamiento de pago bajo el argumento de que cuando se revoca el “fallo de tutela que haya ordenado realizar una conducta, quedarán sin efectos dicha providencia, así como la actuaci ón que hubiere

7 La transcripción corresponde al texto original de la demanda, puede tener errores) . 8 Ib.Demandante: Carmen Gloria Casanova Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño Radicado: 11001-03-15-000-2022-06349-01

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7 La transcripción corresponde al texto original de la demanda, puede tener errores) . 8 Ib.Demandante: Carmen Gloria Casanova Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño Radicado: 11001-03-15-000-2022-06349-01

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co desplegado la autoridad administrativa en cumplimiento del fallo respectivo”. Según la demandante “¿Si lo anterior fuera cierto, porque la entidad “UGPP”, TRATO DE HACER REVOCAR LAS SENTENCIAS QUE AUN CONTIENEN LOS DERECHOS ADQUIRIDOS EN ELL AS????, situación que fue conocida el Consejo de Estado y las declaro improcedente, porque se realizaron por fuera del termino jurisprudencial de inmediatez de tutela” (la transcripción corresponde al texto original de la demanda, puede tener errores).

1.4. Actuaciones procesales relevantes

25. Mediante auto del 1.º de diciembre de 2022, el magistrado sustanciador de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y dispuso la notificación a la autoridad judicial accio nad. Asimismo, vinculó como terceros interesados a la UGPP y al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Pasto, porque esta última fue el juez de primera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

1.5. Intervención

26. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en el expediente digital, el Tribunal Administrativo de Nariño y la UGPP contestaron la acción de tutela.

1.5. Intervención

26. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en el expediente digital, el Tribunal Administrativo de Nariño y la UGPP contestaron la acción de tutela.

1.5.1. Tribunal Administrativo de Nariño

27. Manifestó que se atenía a lo que determinara el Consejo de Estado en el trámite de esta acción de tutela. Sin embargo, solicitó que se negaran las pretensiones del amparo.

28. De otra parte, explicó que el auto del 4 de mayo de 2022, confirmó la decisión del Juzgado Cuarto Administ rativo de l Circuito de Pasto, que se abstuvo de librar mandamiento de pago, tal determinación se basó en que no existía título ejecutivo con obligaciones claras, expresas y exigibles frente a la UGPP. En esa medida, el magistrado ponente sostuvo que la pro videncia acusada se basó en los presupuestos de hecho y de derecho , así como en los elementos probatorios aportados al proceso, todo lo cual, llevó a la solución del caso.

1.5.2. La UGPP

29. Solicitó que se declarara la improcedencia de la acción porque l o pretendido por la señora Casanova es obtener un provecho económico y, para ello, pretende sustituir una decisión judicial ejecutoriada, proferida por el juez natural de la causa, que con sustento normativo y jurisprudencial se abstuvo de librar mandamiento de

pago.Demandante: Carmen Gloria Casanova Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño Radicado: 11001-03-15-000-2022-06349-01

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pago.Demandante: Carmen Gloria Casanova Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño Radicado: 11001-03-15-000-2022-06349-01

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

30. Finalmente, afirmó que no se acreditó ninguno de los requisitos generales y específicos de procedibilidad y tampoco la vulneración de los derechos fundamentales ni la existencia de un perjuicio irremediable.

1.6. Sentencia de primera instancia

31. En sentencia del 13 de febrero de 2023 , la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción. Lo anterior bajo el argumento de que no se satisfizo el requisito de la relevancia constitucional porque la actora no cumplió con la carga argumentativa necesaria para determinar los motivos por los cuales este asunto tenía trascendencia constitucional. Además, pretendió revivir un debate propio del juez natural sobre el título ejecutivo complejo y la vigencia de la providencia, cuya ejecución pretendió. Esto significa que pretende utilizar la tutela como una instancia adicional.

32. Según el a quo, si bien, la parte actora refirió que la cuestión discutida guarda relevancia constitucional, lo cierto es que tal argument o no resulta suficiente para explicar por qué es necesaria la intervención del juez de tutela, ya que en sede de amparo propuso los mismos argumentos que expuso en el proceso ordinario, concretamente, en la demanda y en el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 10 de marzo de 2022 del Juzgado Cuarto Administrativo de l Circuito de

amparo propuso los mismos argumentos que expuso en el proceso ordinario, concretamente, en la demanda y en el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 10 de marzo de 2022 del Juzgado Cuarto Administrativo de l Circuito de Pasto que se abstuvo de librar mandamiento de pago, dentro del proceso ejecutivo n.º 52001-33-33-004-2021-00197-00/01.

1.7. Impugnación

33. Mediante el escrito enviado el 15 de marzo de 2023 , la parte actora impugnó la anterior decisión. La demandante reiteró los argumentos expuestos en el escrito inicial.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

34. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta contra la sentencia del 13 de febrero de 2023 , proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado , de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, en el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.Demandante: Carmen Gloria Casanova Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño Radicado: 11001-03-15-000-2022-06349-01

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.2. Problema jurídico

35. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora,

www.consejodeestado.gov.co 2.2. Problema jurídico

35. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora, las pretensiones formuladas y el material probatorio recaudado, le corresponde a esta Sala resolver el siguiente problema jurídico : ¿se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial? En el evento que la respuesta al anter ior interrogante fuere positiva, a la Sección Quinta le correspondería determinar si ¿el Tribunal Administrativo de Nariño vulneró los derechos fundamentales de l a accionante al confirmar la negativa a librar mandamiento de pago dentro del proceso ejecutiv o 520013333004 -2021-0019700/01?

36. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizará: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) requisitos de procedibilidad adjetiva y iii) caso en concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

37. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20129 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 10 y declaró su procedencia.11

38. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como paráme tros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y iv)

38. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como paráme tros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

39. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá : i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 11 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tute la contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”Demandante: Carmen Gloria Casanova Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño Radicado: 11001-03-15-000-2022-06349-01

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9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

40. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia constitucional

41. Para el caso en concreto, la Sala anticipa que confirmará la decisión que declaró la improcedencia de la acción constitucional, dado que el asunto no satisface el requisito de relevancia constitucional , en tanto que no cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202212.

2.4.2. Sentencia SU -215 de 2022 de la Corte Constitucional – unificación de criterios en materia de relevancia constitucional

42. A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, respectivamente, dentro de una acción de tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de cierre.

43. La acción constitucional reprochó las sentencias dictadas dentro de un medio

Consejo de Estado, respectivamente, dentro de una acción de tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de cierre.

43. La acción constitucional reprochó las sentencias dictadas dentro de un medio de control de nu lidad y restablecimiento del derecho interpuesto contra las liquidaciones oficiales de revisión expedidas por la DIAN, en las que se incluyó como ingresos gravados la tarifa del IVA por los servicios de producción prestados por RTI S.A.S. y se le sancionó por inexactitud frente a las declaraciones sobre el impuesto sobre las ventas que presentó por el año gravable 2010.

44. En el proceso de tutela llevado a cabo por el Consejo de Estado, la Sección Quinta definió en primera instancia declarar la improcedencia por no encontrar satisfecho el requisito general de procedibilidad de la subsidiariedad, y negó otros cargos de la acción constitucional. En segunda instancia, la Sección Primera confirmó integralmente la decisión del a quo.

45. Se resalta que, al momento d e estudiar los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sección Quinta se limitó a examinar la inmediatez, que no se tratara de una acción de tutela contra una decisión de la misma naturaleza y la subsid iariedad. En cuanto a la Sección Primera, estudió los 6 requisitos fijados por la Corte Constitucional. Pese a que los

12 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.Demandante: Carmen Gloria Casanova Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño Radicado: 11001-03-15-000-2022-06349-01

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Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño Radicado: 11001-03-15-000-2022-06349-01

10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co encontró satisfechos todos, salvo el de la subsidiariedad frente a uno de los cargos, sobre la relevancia constitucional determinó que “se invocaron los derechos fundamentales presuntamente vulnerados”.

46. La Corte Constitucional, al momento de estudiar los citados requisitos en sede de revisión, encontró que la acción de tutela formulada por RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado carecía de relevancia constitucional.

47. En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial:

“el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y