CE - 110010315000202206358011SENTENCIA20230330201147

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06358-01

Referencia: Acción de tutela

Actora: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.

TESIS: SE REVOCA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE AMPARÓ LOS DERECHOS

FUNDAMENTALES INVOCADOS Y, EN SU LUGAR, SE DENIEGA EL AMPARO

SOLICITADO. LAS AUTORIDADES JUDICIALES ACCIONADAS NO

INCURRIERON EN EL DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL

MANIFIESTO. LA IMPOSIBILIDAD DE ALLEGAR LAS CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN Y PUBLICIDAD DEBIÓ SER PUESTA DE PRESENTE DESDE EL ESCRITO DE DEMANDA O, EN SU DEFECTO, DEBIÓ INTERPONER RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA EL AUTO INADMISORIO SI NO LE ERA POSBLE CUMPLIR

CON LO ALLÍ ORDENADO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la SECCIÓN PRIMERA -SUBSECCIÓN “B” - DEL TRIBUNAL2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06358-01

La Sala decide la impugnación interpuesta por la SECCIÓN PRIMERA -SUBSECCIÓN “B” - DEL TRIBUNAL2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06358-01

Actora: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.

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ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1 contra la sentencia de 3 de febrero de 2023 , mediante la cual la SECCIÓN TERCERASUBSECCIÓN “ A”- DEL CONSEJO DE ESTADO 2 amparó los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia invocados por la actora.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La sociedad MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., actuando a través de su apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ 3 y el TRIBUNAL, con ocasión de las providencias proferidas el 29 de marzo de 2022, 3 de mayo de 2022 y 29 de septiembre de 2022, respectivamente, dentro del

1 En adelante el Tribunal. 2 En adelante Sección Tercera. 3 En adelante el Juzgado.3

2022 y 29 de septiembre de 2022, respectivamente, dentro del

1 En adelante el Tribunal. 2 En adelante Sección Tercera. 3 En adelante el Juzgado.3

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medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 11001-33-34-0022021-00342-00.

I.2.- Hechos

Adujo que promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Contraloría Municipal de Soacha y la Contraloría General de la República, a fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos expedidos con ocasión de un proceso de responsabilidad fiscal 4, a la cual le fue asignado el número único de radicación 2021-00342-00.

Relató que el proceso correspondió al Juzgado que, en auto de 9 de noviembre de 2021, inadmitió la demanda por los siguientes motivos:

• Ausencia de la constancia de remisión de la demanda y anexos a la entidad demandada. - Necesidad de aclarar si la demanda pretende la nulidad total

44 Proceso de responsabilidad fiscal identificado con el núm. 008-2015.4

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06358-01

44 Proceso de responsabilidad fiscal identificado con el núm. 008-2015.4

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de las resoluciones indicadas en el acápite de pretensiones y, - Necesidad de aportar copia de las respectivas constancias de notificación, publicación y ejecución, según corresponda de los actos administrativos demandados, de conformidad con lo establecido en el numeral primero del artículo 166 del CPACA.

Precisó que, en aras de darle alcance a los reparos anunciados en el auto inadmisorio, subsanó la demanda mediante escrito radicado ante la secretaría de esa Corporación el 11 de noviembre de 2021, esto es, dentro del término establecido para ello.

Explicó que, en cuanto al último motivo de inadmisión, informó al Juzgado que en varias oportunidades solicitó ante las entidades accionadas le fuera n remitidas las constancias de notificación, comunicación o publicidad de los actos administrativos demandados, sin que haya sido posible acceder a las mismas, por lo que mediante derecho de petición de 11 de noviembre de 2022 solicitó ante la Contraloría Municipal de Soacha la remisión de tales constancias con destino al proceso objeto de debate.

Adujo que, pese a lo anterior, el Juzgado mediante auto de 29 de marzo de 2022 rechazó la demanda al estimar que no fue subsanada5

destino al proceso objeto de debate.

Adujo que, pese a lo anterior, el Juzgado mediante auto de 29 de marzo de 2022 rechazó la demanda al estimar que no fue subsanada5

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en debida forma, toda vez que aunque se co rrigieron los numerales 1 y 2 del auto que inadmitió la demanda, no ocurrió lo mismo frente al numeral 3, pues “ no se aportaron las respectivas constancias de notificación, publicación y ejecución de los actos administrativos demandados”.

Destacó que, inc onforme con lo anterior, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron desatados de manera negativa por el Juzgado y el Tribunal, respectivamente, a través de los proveídos de 3 de mayo y 29 de septiembre de 2022.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, la s autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al exigir requisitos adicionales a los contemplados en la norma para la admisión de la demanda, comoquiera que si bien se pretendió dar aplicación a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 166 del CPACA, insistir en el argumento de que únicamente podía afirmarse en el escrito de demanda que los documentos no estaban en su poder y

aplicación a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 166 del CPACA, insistir en el argumento de que únicamente podía afirmarse en el escrito de demanda que los documentos no estaban en su poder y no en el escrito de subsanación, hace imposible la realización de sus derechos.6

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Arguyó que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, en la medida que pese a que en el auto inadmisorio se pidió aportar copia de las respectivas constancias de notificación, publicación o ejecución de los actos administrativos demandados, en el auto que rechazó la demanda se señaló que esa no era la oportunidad para dar cumplimiento a lo pedido, pues en el escrito de demanda se debió indicar bajo la gravedad de juramento que no contaba con dichas constancias y no hacerlo posteriormente en el escrito de subsanación, lo que desconoce la primacía del derecho sustancial sobre el formal.

Destacó que las accionadas al insistir en que la única oportunidad para allegar las constancias solicitadas era la presentación de la demanda, desconocen que el propósito de la subsanación es corregir los defectos formales o procedimentales señalados por el juez y que puedan evidenciarse en la demanda, siempre y cuando tales actuaciones observen las garantías procesales relacionadas con el

demanda, desconocen que el propósito de la subsanación es corregir los defectos formales o procedimentales señalados por el juez y que puedan evidenciarse en la demanda, siempre y cuando tales actuaciones observen las garantías procesales relacionadas con el debido proceso de la contraparte, tal como se observa en el caso concreto.

I.4.- Pretensiones7

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La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados y, en consecuencia:

“[…] se ordene al JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO

DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ SECCIÓN PRIMERA y al

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN B DEJAR SIN VALOR O EFECTO el AUTO DEL 29 DE MARZO 2022 por medio del cual se rechaza la demanda y el AUTO N.º 2022 -09-488 NYRD DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 por medio del cual se confirma la decisión […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El JUZGADO y el TRIBUNAL pese a ser notificados en debida forma del presente trámite constitucional, guardaron silencio.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 3 de febrero de 2023, la SECCIÓN TERCERA

forma del presente trámite constitucional, guardaron silencio.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 3 de febrero de 2023, la SECCIÓN TERCERA de esta Corporación accedió al amparo solicitado, por lo que amparó los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la parte actora y, en consecuencia, ordenó lo siguiente: “[…] SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la providencia de 29 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, para que, en el término de diez (10) días,8

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contado a partir de la notificación del presente fallo, profiera una nueva decisión del recurso de apelación interpuesto contra el auto que rechazó la demanda, de conformidad con señalado en la parte motiva de esta sentencia […]”.

Para el efecto, precisó que las providencias enjuiciadas incurrieron en el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, incluso en el defecto sustantivo, comoquiera que se apartaron de manera clara del contenido del numeral 1 del artículo 166 del CPACA hasta crear una causa de rechazo no prevista en el artículo 169 ibidem, además, el respaldo jurisprudencial utilizado por el Tribunal para fundamentar

el defecto sustantivo, comoquiera que se apartaron de manera clara del contenido del numeral 1 del artículo 166 del CPACA hasta crear una causa de rechazo no prevista en el artículo 169 ibidem, además, el respaldo jurisprudencial utilizado por el Tribunal para fundamentar su decisión, lejos de armonizar con la tesis expuesta por las accionadas, se acompasa con lo propuesto por la actora dentro del proceso ordinario.

Sostuvo que el legislador dio una alternativa para suplir o justificar la ausencia de la constancia de notificación de los actos administrativos demandados, por lo que no era válido que las autoridades judiciales accionadas desconocieran esa autorización legal con una interpretación contraevidente y fraccionada de la norma, dándole efectos que no están dispuestos en la misma, pues la afirmación hecha en las providencias acusadas no es real.

Así las cosas, resaltó que en el caso bajo análisis no sólo se desbordó9

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el contenido normativo del artículo 166 del CPACA, en concordancia con los artículos 169 y 170 de la misma norma, sino que, además, se distorsionó el pronunciamiento que sobre esta materia estableció el Consejo de Estado en un asunto que, aunque s imilar, tenía diferentes contornos al que fue sometido al conocimiento de las autoridades judiciales accionadas, pues en esa oportunidad lo que se

se distorsionó el pronunciamiento que sobre esta materia estableció el Consejo de Estado en un asunto que, aunque s imilar, tenía diferentes contornos al que fue sometido al conocimiento de las autoridades judiciales accionadas, pues en esa oportunidad lo que se reprochó es que el actor manifestara que era innecesario allegar todos los documentos solicitados ni afirmara que no los poseía, diferente al presente asunto.

Por lo anterior, puso de presente que tanto el Juzgado como el Tribunal omitieron hacer un raciocinio integral y armonizado de la norma y, en su lugar, decidieron separarse de su contenido, con una lectura insular y fragmentara de la norma con lo que se convirtió el cumplimiento de un requisito formal en un exceso ritual manifiesto y en un defecto sustantivo al considerar que el escrito de demanda inicial es la única oportunidad para afirmar que no se posee las constancias de publicidad de los actos administrativos demandados, lo que trasgrede, a su juicio, los derechos fundamentales invocados, dado que torna nugatoria la fase de corrección de la demanda.10

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III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El Tribunal imp ugnó la decisión proferida en primera instancia señalando que , contrario a lo advertido por el a qu o, se hace necesario tener en cuenta que en virtud de lo dispuesto en el numeral

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El Tribunal imp ugnó la decisión proferida en primera instancia señalando que , contrario a lo advertido por el a qu o, se hace necesario tener en cuenta que en virtud de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 166 del CPACA, son anexos obligatorios de la demanda la presentación de las constancias de publicidad de los actos que se acusan, de tal forma que la misma norma prevé que cuando se niega la entrega de las mismas, se debe expresa r en la demanda bajo juramento, con la indicación de la oficina donde se encuentre el original o el periódico, gaceta o boletín en que se hubiere publicado, a fin de que el juez lo solicite antes de la admisión de la demanda.

Refirió que el legislador impuso una carga a quienes acuden a demandar ante la jurisdicción, de allegar dichos documentales, pues son las que permiten realizar el estudio de oportunidad para demandar y, por demás, no hace parte de la labor judicial requerir las constancias de notificación de cada acto que se demande, sino de forma excepcional ante su negativa, ya qu e es un deber de quien comparece presentar todos los anexos que legalmente se exigen para tramitar sus pretensiones.11

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Insistió en que el Consejo de Estado, en relación con los anexos obligatorios de la demanda, ha manifestado que el CPACA ya es lo

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Insistió en que el Consejo de Estado, en relación con los anexos obligatorios de la demanda, ha manifestado que el CPACA ya es lo suficientemente garantista con el acceso a la administración de justicia y, por ello, la misma norma permite que el accionante ponga en conocimiento del juez que las copias del acto demandado o sus constancias de notificación fueron denegadas por la entidad que la s tiene.

Alegó que el actuar de la actora deviene en un abuso del ejercicio del derecho, pues al no acatar los requisitos obligatorios y legales, contraviene en un detrimento del derecho de defensa de las partes y, por demás, en un abuso del juez que debe hacer dicha labor, aun cuando el propio interesado ni siquiera lo solicitó a la entidad antes de demandar.

Destacó que si el demanda nte ya había solicitado a la entidad las constancias, lo correcto era haber informado al juzgado en el escrito de demanda tal situación, para que en aras de garantizar el acceso a la administración de justicia hubiera requerido a la misma, empero fue s ólo hasta la admisión que los solicitó de manera formal, denotando con mayor claridad el incumplimiento de un anexo obligatorio que es previo a demandar y a su vez presupuesto12

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necesario para realizar el estudio de admisión de la demanda.

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necesario para realizar el estudio de admisión de la demanda.

Por último, aseveró que lo pretendido por la parte actora es presentar una tercera instancia respecto de la decisión adoptada en sede ordinaria y revivir la controversia que se surtió, así como cuestionar las valoraciones jurídicas y probatorias que son propias del juez natural, por lo que solicitó que se revoque la decisión adoptada por el a quo , ante la inexistencia de afectación a los dere chos fundamentales invocados.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Cons ejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las Secciones.13

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La acción de tutela contra providencias judiciales

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La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundament ales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).14

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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de

deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherent es a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del he cho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aú n años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales15

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se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos

conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporació n, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por

no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporació n, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente16

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demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]

probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)17

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En el presente caso, la actora pretende que se dejen sin efecto las

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En el presente caso, la actora pretende que se dejen sin efecto las providencias de 29 de marzo, 3 de mayo y 29 de septiembre de 2022, proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL, respectivamente, a través de las cuales se rechazó la demanda y se resolvieron desfavorablemente los recursos interpuestos contra dicha decisión, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 202100342-00.

La inconformidad de la parte actora radica en que, a su juicio, la s decisiones acusadas incurrieron en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al exigir requisitos adicionales a los contemplados en la norma para la admisión de la demanda, comoquiera que si bien se pretendió dar aplicación a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 166 del CPACA, insistir en el argumento de que únicamente podía afirmarse en el escrito de demanda que los documentos no estaban en su poder y no en el escrito de subsana ción, hace imposible la realización de sus derechos.

Lo anterior, comoquiera que pese a que en el auto inadmisorio se pidió aportar copia de las respectivas constancias de notificación, publicación o ejecución de los actos administrativos demandados, en18

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publicación o ejecución de los actos administrativos demandados, en18

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el auto que rechazó la demanda se señaló que esa no era la oportunidad para dar cumplimiento a lo pedido, pues en el escrito de demanda se debió indicar bajo la gravedad de juramento que no contaba con dichas constancias y no hacerlo posteriormente en el escrito de subsanación, lo que desconoce la primacía del derecho sustancial sobre el formal.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la SECCIÓN TERCERA de esta Corporación que amparó los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, al estimar que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos procedimental por exceso ritual manifiesto y sustantivo, comoquiera que no solo se desbordó el contenido normativo del artículo 166 del CPACA, en concordancia con los artículos 169 y 170 ibi dem, sino q