CE - 110010315000202206359011SENTENCIA20230330152103

Demandante: Neider Antonio Ariza Cantillo Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2022-06359-01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-06359-01

Demandante: NEIDER ANTONIO ARIZA CANTILLO

Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Temas: Tutela contra providencia judicial – Confirma la improcedencia de la acción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA SOLICITUD

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte demandante contra la sentencia de 3 de febrero de 2023 , por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Primera declaró la improcedencia de la acción de tutela po r no satisfacer el requisito de agotamiento de todos los medios judiciales.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El señor Neider Antoni Ariza Cantillo, por conducto de apoderado, el 25 de noviembre de 2022 instauró acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ,

1.1. La solicitud de amparo

El señor Neider Antoni Ariza Cantillo, por conducto de apoderado, el 25 de noviembre de 2022 instauró acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial , con el fin de que se proteja n sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la providencia de 7 de julio de 2022, a través de la cual la Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó el proveído de 27 de noviembre de 2019 dictado por el extinto Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba ,1 que declaró al señor Ariza Cantillo responsable disciplinariamente y le impuso una sanción de suspensión del ejercicio de la profesión por el término de 6 meses, así como una multa correspondiente a 3 s.m.l.m.v. Dicha causa se identificó con el radicado 23001-11-20-000-2019-00182-01.

1 Hoy Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba.Demandante: Neider Antonio Ariza Cantillo Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2022-06359-01

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1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó:

1. Solicito, Honorables Magistrados, se REVOQUE la sentencia de segunda instancia fechada el 07 de julio de 2022 proferida por la Honorable COMISIÓN

1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó:

1. Solicito, Honorables Magistrados, se REVOQUE la sentencia de segunda instancia fechada el 07 de julio de 2022 proferida por la Honorable COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, y como consecuencia de lo anterior DEJAR SIN EFECTOS la citada sentencia, profiriendo un nuevo fallo de conformidad con los fundamentos fácticos y jurídicos anteriormente expuestos.

2 De forma subsidiaria si no se llegare a ordenar la revocatoria de la sentencia de segunda instancia fechada el 07 de julio de 2022 proferida por la Honorable COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL . Solicito que se le ordene a la accionada que modifique la decisión y ajuste su nuevo fallo en derecho y bajo las premisas y fundamentos legales aquí expuestos.2

1.3. Hechos

Los supuestos que a continuación se relacionan, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

El señor Neider Antoni Ariza Cantillo3 informó que, en vida del señor Gregorio Antonio Cohens Lozano,4 este le confirió poder para que lo representara en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra la Alca ldía del municipio de Tierralta; causa dentro de la cual se profirió sentencia en el sentido de acceder a las pretensiones de la demanda y se condenó al ente territorial.

Adujo que, el 12 de abril de 2019, los señores Luis Eduardo Cohens Sotelo y Dellanira Romeque Gavalo, 5 interpusieron una denuncia disciplinaria ante el extinto Consejo

Adujo que, el 12 de abril de 2019, los señores Luis Eduardo Cohens Sotelo y Dellanira Romeque Gavalo, 5 interpusieron una denuncia disciplinaria ante el extinto Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, en el sentido de indicar que el actor, a la fecha de la radicación de la queja, no les había entregado el dinero proveniente de la referida condena.

Indicó que, los quejosos manifestaron conocer del pago efectuado por el municipio de Tierralta, debido a que dicha entidad territorial les informó que había realizado un pago por más de 24 millones de pesos a través de un cheque de gerencia, el 24 de septiembre de 2015.

Señaló que, con ocasión de lo anterior, el Consejo Seccional de la Judicatura d e Córdoba profirió auto de apertura del proceso disciplinario contra el señor Neider Antonio Ariza Cantillo y, en sentencia de 27 de noviembre de 2019, declaró responsable al tutelante por la comisión de la falta estipulada en el numeral 4.º del

2 Énfasis del texto. 3 Abogado. 4 Fallecido. 5 Compañera permanente e hijo del señor Gregorio Antonio Cohens Lozano.Demandante: Neider Antonio Ariza Cantillo Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2022-06359-01

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artículo 356 de la Ley 1123 de 2007,7de conformidad con lo establecido en el numeral

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artículo 356 de la Ley 1123 de 2007,7de conformidad con lo establecido en el numeral 8.º del artículo 28 ejusdem. En ese orden, le impuso la sanción de suspensión del ejercicio de la profesión por el término de 6 meses y una multa correspondiente a 3 s.m.l.m.v.

Precisó que, la anterior decisión fue confirmada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en fallo de 7 de julio de 2022.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora indicó que la providencia censurada incurrió en los siguientes yerros:

1.4.1. Defecto procedimental y violación directa de la constitución al no decretar de manera oficiosa en el proceso disciplinario que había operado la prescripción de la acción disciplinaria, por cuanto transcurrieron más de 5 años desde el día de la consumación de la falta imputada, esto es, desde el 24 de septiembre de 2015, hasta el día de notificación del fallo de segunda instancia que correspondió al 4 de noviembre de 2022.

Agregó que, con tal omisión, la judicatura desconoció el deber legal consagrado en la constitución política y en el artículo 16 de la Ley 1123 de 2007 8 en relación con la aplicación de los principios de integración normativa, ello, por no haber declarado de forma oficiosa la terminación de la referida causa judicial luego de haber prescrito la referida acción, lo cual resultó en la flagrante vulneración de los derechos fundamentales del accionante al debido proceso y a la igualdad, así como de los

forma oficiosa la terminación de la referida causa judicial luego de haber prescrito la referida acción, lo cual resultó en la flagrante vulneración de los derechos fundamentales del accionante al debido proceso y a la igualdad, así como de los artículos 239 y 2410 de la norma ibidem.

6 «Constituyen falta de honradez del abogado: (…) . No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo.» 7 Código único Disciplinario del Abogado. 8 «ARTÍCULO 16. APLICACIÓN DE PRINCIPIOS E INTEGRACIÓN NORMATIVA. En la aplicación del régimen disciplinario prevalecerán los principios rectores contenidos en la Constitución Política y en esta ley. En lo no previsto en este código se aplicarán los tratados internacionales sobre Derechos Humanos y deontología de los abogados, y lo dispuesto en los Códigos Disciplinario Único, Penal, de Procedimiento Penal y de Procedi miento Civil, en lo que no contravenga la naturaleza del derecho disciplinario.» 9 «ARTÍCULO 23. CAUSALES. Son causales de extinción de la acción disciplinaria las siguientes:

1. La muerte del disciplinable.

2. La prescripción.

PARÁGRAFO. El desistimiento del quejoso no extingue la acción disciplinaria.» 10 «ARTÍCULO 24. TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN. La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto ejecutivo de la misma.

contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto ejecutivo de la misma. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de ellas.»Demandante: Neider Antonio Ariza Cantillo Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2022-06359-01

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1.4.2. En la misma línea argumentativa, alegó el desconocimiento del precedente de l a Corte Constitucional contenido en la sentencia T-282A de 12 abril de 2012, respecto de la cual citó el siguiente aparte:

La prescripción de la acción es un instituto jurídico liberador, bajo el cual, por el simple paso del tiempo se extingue la acción o cesa el derecho del Estado a imponer una sanción. La prescripción surge de la necesidad de un equilibrio entre el poder sancionador del Estado y el derecho del indiciado a que su situación no permanezca indefinidamente en el tiempo. En suma, el término de la prescripción de la acción disciplinaria se cumplirá en 5 años, interregno que comenzará a contarse para las faltas permanentes desde el último acto de perfeccionamiento de la conducta, mientras que para las instantáneas al momento de la consumación de la falta. Adicionalmente, la figura extintiva de la acción no cuenta con un evento de interrupción, por lo tanto, solo puede

permanentes desde el último acto de perfeccionamiento de la conducta, mientras que para las instantáneas al momento de la consumación de la falta. Adicionalmente, la figura extintiva de la acción no cuenta con un evento de interrupción, por lo tanto, solo puede evitarse su configuración cuando se notifique de forma personal o por edicto la sentencia de segunda instancia en el proceso disciplinario.”

Adicionó que en el referido fallo se indicó que «la figura extintiva de la acción no cuenta con un evento de int errupción, por lo tanto, solo puede evitarse su configuración cuando se notifique de forma personal o por edicto la sentencia de segunda instancia en el proceso disciplinario», lo cual no ocurrió en su caso y la sentencia que puso fin al proceso disciplinario fue recibida por el actor hasta el 4 de noviembre de 2022 , es decir, 7 años después de la comisión de la falta (24 de septiembre de 2015) que, en su criterio, es de naturaleza instantánea.

Arguyó que ninguno de los jueces de instancia señaló que la falta imputada al señor Ariza Cantillo fuera de carácter permanente, «por lo contrario, fijaron la materialización de la conducta disciplinable en la fecha de recepción de los dineros por parte de mi cliente. Por ende, esa Corporación Judicial desconoció el precedente jurisprudencial establecido para la materia».

También, resaltó que se excluyó el proveído de 25 de febrero de 2022 dictado en el expediente N.º 410011102000 20180009302 , «mediante el cual esa misma Corporación declara la terminación y el archivo de la acción disciplinaria por prescripción para unos hechos relacionados en la queja de ese asunto, los cuales

expediente N.º 410011102000 20180009302 , «mediante el cual esa misma Corporación declara la terminación y el archivo de la acción disciplinaria por prescripción para unos hechos relacionados en la queja de ese asunto, los cuales habían trascurrido hace más de 5 años sin que existiera fallo disci plinario alguno debidamente ejecutoriado».11

1.5. Trámite de la acción de tutela

Con auto de 30 de noviembre de 2022 se admitió la acción de tutela y se dispuso tener como autoridad judicial accionada a la Comisión Nacional de Disciplina. En calidad de terceros con eventual interés en las resultas del trámite constitucional, se ordenó la vinculación de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba, y de los

11 Sic para la cita.Demandante: Neider Antonio Ariza Cantillo Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2022-06359-01

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señores Gregorio Antonio Cohen Lozano, 12 Luis Eduardo Cohen Sotelo y Dellanira Roqueme Gavalo.

Finalmente, reconoció al abogado Néstor Hernán Ariza Cantillo como apoderado de la parte actora y solicitó el envío del expediente digital del asunto disciplinario.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibieron los siguientes informes:

1.6.1. Comisión Nacional de Disciplina Judicial

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibieron los siguientes informes:

1.6.1. Comisión Nacional de Disciplina Judicial

1.6.1.1. Por escrito allegado el 7 de diciembre de 2022, el ponente de la decisión de segunda instancia peticionó que se declare la improcedencia del mecanismo de amparo, comoquiera que no cumple con los requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción, pues es evidente la falta de carga argumentativa y la acreditación de una vulneración protuberante que haga necesaria la intervención del juez constitucional y se deje sin efectos una sentencia dictada por una alta corte.

De otro lado, discutió que, contrario a lo manifestado por el señor Ariza Cantillo, en todo proceso disciplinario, antes de entrar en el fondo del asunto, se analiza la prescripción a la luz de lo estipulado en el artículo 24 de la Ley 1123 de 2007, independientemente de que tal aspecto se plantee en el recurso de apelación, toda vez que es necesario determinar la vigencia de la potestad sancionatoria.

Resaltó que la postura de la comisión radica en que la falta a la honradez prevista en el numeral 4.º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, contempla dos escenarios para que configuran el tipo, por un lado, «no entregar a quien corresponda a la mayor brevedad»; y «demorar la comunicación del recibo».

Explicó que en el primer escenario, «se trata de una conducta de carácter permanente en la medida en que el hecho relevante disciplinariamente se sigue causando en el tiempo mientras el abogado detente el dinero, documentos o bienes recib idos en

Explicó que en el primer escenario, «se trata de una conducta de carácter permanente en la medida en que el hecho relevante disciplinariamente se sigue causando en el tiempo mientras el abogado detente el dinero, documentos o bienes recib idos en virtud de la gestión y hasta tanto no los devuelva a quien corresponde».13

En ese sentido, adujo que, al tratarse de una característica inherente del tipo disciplinario, no es factible entender que sea una conducta que se ejecute de forma instantánea.

Puntualizó que, en el caso concreto, el señor Ariza Cantillo retuvo los dineros recibidos «sin que hubiera existido una fecha cierta de la devolución de los mismos». Ello,

12 Quien no pudo ser notificado debido a que falleció. 13 Énfasis del texto.Demandante: Neider Antonio Ariza Cantillo Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2022-06359-01

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sumado a que la conducta es de naturaleza permanente, no es posible computar la prescripción desde la fecha en que recibió el pago por parte del ente territorial.

Por último, advirtió que no se demostró la violación del derecho a la igualdad, debido a que el actor no señaló alguna sentencia dictada por esta autoridad en la que al resolver un caso idéntico, hubiese efectuado un análisis diferente.

1.6.1.2. Adicionalmente, el secretario de la comisión, solicitó que se niegue el amparo constitucional deprecado por el accionante, en atención a que los argumentos

1.6.1.2. Adicionalmente, el secretario de la comisión, solicitó que se niegue el amparo constitucional deprecado por el accionante, en atención a que los argumentos expuestos en el escrito de tutela desconocen las ritualidades propias de la jurisdicción disciplinaria, al pretender que se deje sin efectos una decisión ejecutoriada frente a la cual tuvo pleno conocimiento luego de que se efectuaran en debida forma las notificaciones.

Precisó que, en materia disciplinaria la ejecutoria no se encuentra supeditada al acto de notificación, de manera que , una vez proferido el proveído de segunda instancia, cobra firmeza inmediatamente.

1.6.2. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba

En memorial de 6 de diciembre de 2022, el magistrado sustanciador del fallo de primer grado señaló que la acción de tutela es improcedente, habida cuenta de que la decisión censurada no vulnera el derecho fundamental del señor Neider Antonio Ariza Cantillo.

Explicó que, la conducta por la cual el accionante fue declarado responsable, según la postura pacífica de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, está catalogada como una falta permanente o de carácter complejo, «lo que implica que los 5 años de prescripción previstos en el artículo 24 ibídem 14 se contabilizan desde la realización del último acto ejecutivo». Por ello, aseguró que el término se computa desde cuando el investigado entregue a quien corresponda, los dineros recibidos en virtud de la gestión profesional, no desde la recepción.15

Por ello, afirmó que en el curso del proceso disciplinario se demostró que el tutelante

el investigado entregue a quien corresponda, los dineros recibidos en virtud de la gestión profesional, no desde la recepción.15

Por ello, afirmó que en el curso del proceso disciplinario se demostró que el tutelante incurrió en la falta reprochada, por no haber entregado a quien correspondía, a la menor brevedad posible, los dineros que habían sido retenidos por más de cuatro años, pero que fueron recibidos en virtud de la gestión profesional.

14 Ley 1123 de 2007. 15 Citó la sentencia de 27 de octubre de 2021 dictada en el expediente N.º 11001 -11-02-000-201803960-01.Demandante: Neider Antonio Ariza Cantillo Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2022-06359-01

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1.7. Sentencia de primera instancia16

Con fallo de 3 de febrero de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela de la referencia por no superar el análisis del requisito general de procedibilidad, consistente en el agotamiento de todos los medios judiciales en atención a la naturaleza subsidiaria de este mecanismo.

Lo anterior, debido a que el argumento del señor Neider Antonio Ariza Cantillo, consistente en que la autoridad reprochada faltó a su deber de declarar de oficio la prescripción de la acción disciplinaria, no fue puesto de presente en el recurso de apelación de la referida causa.

consistente en que la autoridad reprochada faltó a su deber de declarar de oficio la prescripción de la acción disciplinaria, no fue puesto de presente en el recurso de apelación de la referida causa.

Ante tal escenario, se resaltó que la solicitud de amparo no es el escenario idóneo para subsanar la negligencia o los yerros cometidos por las partes en los procesos judiciales.

1.8. Impugnación

Con escrito radicado oportunamente el 16 de febrero de 2023, el apoderado del señor Neider Antonio Ariza Cantillo alegó que el a quo desconoció la violación de los derechos fundamentales del actor al debido proceso y a la igualdad por parte de la autoridad demandada , básicamente porque no declaró de oficio que operó el fenómeno de la prescripci ón en el asunto disciplinario como lo ha hecho en otras oportunidades, concretamente, en la sentencia de 25 de febrero de 2022 proferida en el expediente N.º 41001-11-02-000-2018-00093-02, en la cual se señaló:

En suma, el término de la prescripción de la acción disciplinaria se cumplirá en 5 años, interregno que comenzará a contarse para las faltas permanentes desde el último acto de perfeccionamiento de la conducta, mientras que para las instantáneas al momento de la consumación de la falta. Adicionalmente, la figura extintiva de la acción no cuenta con un evento de interrupción, por lo tanto, solo puede evitarse su configuración cuando se notifique de forma personal o por edicto la sentencia de segunda instancia en el proceso disciplinario.

En ese orden, iteró que la corporación reprochada tiene y ha ejercido la potestad de

notifique de forma personal o por edicto la sentencia de segunda instancia en el proceso disciplinario.

En ese orden, iteró que la corporación reprochada tiene y ha ejercido la potestad de decretar la extinción de la acción por prescripción en diversos procesos de la misma naturaleza.

Agregó que en la sentencia T-193 de 2017 de la Corte Constitucional, se p recisó que el juez de tutela está revestido de amplias facultades oficiosas «que debe asumir de manera activa para brindar la adecuada protección a los derechos constitucionales de las personas.

16 Notificada vía electrónica el 13 de febrero de 2023.Demandante: Neider Antonio Ariza Cantillo Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2022-06359-01

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Aclaró que, en concordancia con lo señalado, difiere de la ratio decidendi del juez de la primera instancia de este mecanismo tutelar, comoquiera que, incluso, pese a no haber alegado el aspecto de la prescripción en el recurso de apelación del trámite disciplinario, la Sección Primera del Consejo de Estado debió o rdenar a la judicatura cuestionada, «proferir un nuevo fallo (…) al haber operado el fenómeno de la prescripción».

Manifestó que para el momento en que se concedió el recurso de alzada en la causa disciplinaria, esto es, el 29 de enero de 2020, no habían transcurrido 5 años contados

prescripción».

Manifestó que para el momento en que se concedió el recurso de alzada en la causa disciplinaria, esto es, el 29 de enero de 2020, no habían transcurrido 5 años contados desde el 24 de septiembre de 2015, fecha en la que se consumó la falta, por tanto, en la referida etapa procesal el actor no podía alegar acerca de la prescripción.

Finalmente indicó:

Por ende, el juez de tutela está llamado a ejercer su facultad oficiosa dentro del presente asunto verificando que efectivamente el fallo de segunda in stancia proferido por la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL del 07 de julio de 2022 notificado el 4 de noviembre de esa misma anualidad, fue dictado habiendo operado el fenómeno de la prescripción, transcurriendo más de siete años desde la fecha de consumación del hecho relacionado en la imputación fáctica de los cargos disciplinarios 24 de septiembre de 2015, y la fecha de notificación de la sentencia de segunda instancia.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra el fallo de tutela de 3 de febrero de 2023 proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado, de conformidad con los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991 y el 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Problema jurídico

del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la providencia de 3 de febrero de 2023 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, a través de la cual declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

Para r esolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse superados ; (iii) las generalidades de los defectos alegados; y (iv) el caso concreto.Demandante: Neider Antonio Ariza Cantillo Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2022-06359-01

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2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 17 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema18.

Así, después de un recuento de los cr iterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la

misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema18.

Así, después de un recuento de los cr iterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales19.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qu é parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “ fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 20, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Para la Sala resulta necesario anunciar que el requisito de relevancia constitucional no se advierte superado en el asunto de la referencia, marco en el cual la solicitud de amparo elevada por el señor Neider Antonio Ariza Cantillo no cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 215 de 16 de junio de 2022.

2.4.1.1. En el referido fallo la Alta Corte señaló que en tratándose del ejercicio de acciones de tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un debate que gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus

acciones de tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un debate que gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus garantías fundamentales, mas no en un juicio de corrección del fallo reprochado por cuanto esta circunstancia excluye «su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial».

17 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001 -03-15-000-2009-01328-01. Acción de TutelaImportancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. 18 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 19 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia. 20 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela -Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Demandante: Neider Antonio Ariza Cantillo Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2022-06359-01

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Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU -128 de 2021, oportunidad en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial».

En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de relevancia constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la acción y en la especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias con el fin de evitar que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la esfera funcional de otras autoridades judiciales.

Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la carga de exponer con suficiencia la “ restricción desproporcionada” a las garantías superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los derechos fundamentales».

En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:

El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una c lara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consec