CE - 110010315000202206362011SENTENCIA20230410230838

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06362-01

Accionante: Guillermo Antonio Pediaña Hurtado y otros Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar y otro Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - la parte actora no cumplió con la carga argumentativa respectiva / IMPROCEDENCIA.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por los accionantes1, contra la sentencia de 19 de enero de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 29 de noviembre de 2022, Guillermo Antonio Pediaña Hurtado y otros , presentaron demanda de tutela contra el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Valledupar y el Tribunal Administrativo d el Cesar, con el fin de que se dejaran sin efectos las sentencias de 10 de mayo de 2019 y 16 de junio de 20222, proferidas dentro del proceso de reparación directa 3, que promovieron en contra la Nación – Fiscalía General de la Nación , con la pretensión de que se declara ra su

dentro del proceso de reparación directa 3, que promovieron en contra la Nación – Fiscalía General de la Nación , con la pretensión de que se declara ra su responsabilidad por la supuesta privación injusta de la libertad del señor Guillermo Antonio Pediaña Hurtado, y en consecuencia se indemnizara a éste y a su núcleo familiar.

2.- El Tribunal accionado, en sentencia del 16 de junio de 2022, confirmó la decisión del A quo de negar las pretensiones de la demanda. Consideró que, acorde con lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU -072 de 2018 y la jurisprudencia del Consejo de Estado, con las pruebas allegadas al proceso se pudo constatar que la Fiscalía General de la Nación al momento de decretar la medida

1 Guillermo Antonio Pediaña Hurtado, Fanny Amparo Pedroza Numa, Rafael Augusto Pediaña Pedroza, Maireth Jhojana Pediaña Alfaro, Lusquey Karina Pediaña Simanca, Guillermo Pediaña Peña, Estefani Carolina Pediaña Mojica, Juan Guillermo Pediaña Simanca, Diega Hurtado de Pediaña, Carmen María, Juan de Dios y Geovany Enrique Pediaña Hurtado. Se aclara que, tanto el escrito de tutela como la impugnación se interponen también a nombre de la señora Ana Rosa Pediaña Hurtado, de quien se aportó registro civil de defunción No. 08786239 del 8 de enero de 2015, a folio 19 del escrito de tutela y sus anexos, disponible a índice 2 del aplicativo SAMAI. 2 Providencia notificada el 21 de junio de 2022.

del 8 de enero de 2015, a folio 19 del escrito de tutela y sus anexos, disponible a índice 2 del aplicativo SAMAI. 2 Providencia notificada el 21 de junio de 2022. 3 Identificado con número de radicado: 20-001-33-33-004-2016-00051-00/01Radicación: 11001-03-15-000-2022-06362-01

Accionante: Guillermo Antonio Pediaña Hurtado y otros Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

de aseguramiento contra el demandante, contaba con elementos suficientes e indicios graves, para considerar razonable, legal y proporcional la decisión de privar de la libertad al señor Guillermo Pediaña , por lo que no es posible acceder a la indemnización pedida.

3.- La parte accionante señala que dicha decisión vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, comoquiera que incurrió en un defecto fáctico, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la constitución por las razones que se exponen a continuación:

4.- Sobre el defecto fáctico, los demandantes alegaron que este se configuró porque el Tribunal Administrativo de Valledupar decidió negar las pretensiones de la demanda, tras analizar las pruebas aportadas al proceso penal al momento de dictarse la medida de aseguramiento, desconociendo que el accionante fue absuelto de responsabilidad penal en aplicación del principio in dubio pro reo, lo que traía consigo la violación directa de la Constitución , al desconocerse la presunción de inocencia que cobijaba al seño r Pediaña Hurtado . En este punto,

absuelto de responsabilidad penal en aplicación del principio in dubio pro reo, lo que traía consigo la violación directa de la Constitución , al desconocerse la presunción de inocencia que cobijaba al seño r Pediaña Hurtado . En este punto, mencionan que el juez administrativo tiene vedado volver a hacer el estudio de la responsabilidad penal del actor y/o analizar su conducta preprocesal.

5.- En relación con el desconocimiento del precedente, se hizo un análisi s de la evolución jurisprudencial frente al título de imputación en casos de privación injusta de la libertad, haciendo alusión a lo dispuesto sobre el particular por la Corte Constitucional en sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018, y por el Consejo de Estado en fallo de 17 de octubre de 2013 (expediente No. 23.354) y la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018, proferida por la Sección Tercera.

6.- A su vez, mencionó que en la providencia de segunda instancia se desconoció lo dispuesto en la sentencia de 15 de noviembre de 2019 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado4.

B. Sentencia de primera instancia

7.- La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 19 de enero de 2023 declaró improcedente el amparo constitucional deprecado por los accionantes, al considerar que el asunto carece de relevancia constitucional. Señaló que, del escrito de tutela podía extraerse que los demandantes consideraron que la autoridad judicial demandada incurrió en los defectos fáctico, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente judicial, al desatender una sentencia

escrito de tutela podía extraerse que los demandantes consideraron que la autoridad judicial demandada incurrió en los defectos fáctico, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente judicial, al desatender una sentencia del Consejo de Estado que prohíbe el estudio de la conducta preprocesal de la víctima directa y porque se vol vieron a valorar pruebas que ya valoró la justicia penal, en detrimento de la seguridad jurídica.

8.- Acorde con lo anterior, estimó que los cargos no cuentan con la carga argumentativa mínima para ser estudiados de fondo, comoquiera que no se

4 Sobre el particular no se menciona el número de radicado.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06362-01

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identificó la sentencia presuntamente desatendida o cuáles fueron las pruebas que no se debían valorar por el Tribunal Administrativo del Cesar, sin que sea viable una precisión de manera genérica. No obstante, expuso que, si en gracia de discusión la Sala dedujera, sin corresponderle, que la providencia presuntamente desatendida es la proferida al interior del expediente número 11001 -03-15-000-2019-00169-01 de la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que fue expedida el 15 de noviembre de 2019, se tiene que esta providencia no se considera precedente aplicable, ya que fue proferida en el marco de una acción de tutela, por tanto, a lo sumo se entiende como un criterio auxiliar.

expedida el 15 de noviembre de 2019, se tiene que esta providencia no se considera precedente aplicable, ya que fue proferida en el marco de una acción de tutela, por tanto, a lo sumo se entiende como un criterio auxiliar.

C. La impugnación

9.- En su escrito de impugnación, la parte actora solicitó revocar el fallo adoptado por la Sección Quinta del Consejo de Estado, reiterando que se desconoció el precedente jurisprudencial según el cual se ha establecido que “cuando una persona privada de la libertad es absuelta porque (…) se aplica la figura del in dubio pro reo o es precluida la investigación (…) lo procedente es declarar la responsabilidad del Estado en virtud del artículo 90 de la Constitución Política”.

10.- Seguidamente, mencion aron una vez más que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto fáctico toda vez que, se limitaron a valorar las pruebas obrantes en el proceso penal, “actuación improcedente, cuando GUILLERMO ANTONIO PEDIAÑA, era inocente, así lo explica la Sentencia de 2018 del Consejo de Estado”, en la que, en su criterio, se rectificó la tesis según la cual, la medida de aseguramiento, pese a ser constitucional, “pugna [o] no tiene relación con la presunción de inocencia”, sumado a que, el juez competente para verificar la inocencia o culpabilidad del implicado es el penal, no el administrativo.

11.- Por ende, sostuvieron que, las autoridades judiciales dictaron las respectivas providencias careciendo del debido sustento probatorio, pues solamente mencionan la res olución del 18 de agosto de 2009 y los certificados de tiempo de

11.- Por ende, sostuvieron que, las autoridades judiciales dictaron las respectivas providencias careciendo del debido sustento probatorio, pues solamente mencionan la res olución del 18 de agosto de 2009 y los certificados de tiempo de encarcelamiento del demandante, para afirmar que la medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario era procedente, cuando eran pruebas “recaudadas en el proceso penal” que nada tienen que ver con la absolución que se dictó a su favor.

12.- Finalmente, alegaron que se desconoció lo dispuesto en la sentencia de 15 de noviembre de 2019 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado en la que se decidió un caso similar y se dispuso que la valoración de la conducta preprocesal del accionante es competencia exclusiva del juez penal, por lo que no le es dado al juez de la responsabilidad estatal determinara si la detención del demandante fue genera da por su propia conducta, pu es terminaría invadiendo competencias de otras jurisdicciones.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. CompetenciaRadicación: 11001-03-15-000-2022-06362-01

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13.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915.

E. La acción de tutela contra providencias judiciales

14.- El Consejo de Estado ha indicado de manera consistente y reiterada que, los

de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915.

E. La acción de tutela contra providencias judiciales

14.- El Consejo de Estado ha indicado de manera consistente y reiterada que, los requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos fundamentales, son los siguientes 6: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique, de man era razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de tutela.

15.- Interesa destacar que la relevancia constitucional, como requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, supone la presentación de un conflicto que trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho constitucional7.

constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho constitucional7.

16.- En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito, sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la necesidad de la intervención del juez de tutel a con el propósito de hacer cesar la presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.

17.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que, para determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos8:

a) Que el actor cumpla su carga argumentativa de motivar la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, escenario en el que no basta con enunciar los derechos presuntamente transgredidos, sino que tal vulneración ha de estar justificada, esto es, desde la carga argumentativa, debe expresar con suficiencia las razones y motivos de índole constitucional que revelan

5 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC). 7 Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010. 8 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sa la Plena del Consejo de Estado. Radicado número:

7 Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010. 8 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sa la Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).Radicación: 11001-03-15-000-2022-06362-01

Accionante: Guillermo Antonio Pediaña Hurtado y otros Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

un juicio de desvalor respecto de los derechos fundamentales de quien promueve la acción de tutela, cuya fuente es la decisión que ha adoptado el juez, encargado por mandato constitucional de definir el derecho bajo la sacramental fórmula de administrar justicia por mandato de la Constitución y la ley. En este caso, tal ejercicio debe permitir una acción valorativa de la justeza de la decisión, asunto que se superpone aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que se basa la sentencia.

b) Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, en la medida en que este mecanismo constitucional fue instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir toda discrepancia que el actor tenga frente a una decisión judicial, aspecto que se vincula en perfecta armonía con el anterior elemento, en tanto la acción de tutela no se presenta como garantía para la confrontación entre la decisión del juez y la opinión, cri terio, dicho y aún raciocinio de quien no se ve favorecido con la determinación contenida en la sentencia, pues, sin lugar a dudas, de lo que se trata es de verificar la justeza constitucional de la decisión judicial.

de quien no se ve favorecido con la determinación contenida en la sentencia, pues, sin lugar a dudas, de lo que se trata es de verificar la justeza constitucional de la decisión judicial.

F. Análisis del caso concreto

18.- Revisados los planteamientos de la demanda de tutela y el consecuente escrito de impugnación , se advierte que la acción de tutela, tal como lo afirmó el juez constitucional de primera instancia, es improcedente, en la medi da en que los cargos formulados por la parte actora carecen de carga argumentativa.

19.- Respecto al defecto fáctico, se considera que carece de carga argumentativa, toda vez que en los escritos de tutela e impugnación los accionantes se limitan a mencionar que este se configuró en la medida que el Tribunal accionado valoró las pruebas allegadas al proceso ordinario que hicieron parte del acervo probatorio de la investigación penal y que son las mismas que tuvo en cuenta la Fiscalía General de la Nación para justificar el decreto de la medida de aseguramiento contra el señor Guillermo Pediaña. Estiman que ese proceder, desconoce que el mencionado señor fue absuelto, en aplicación del p rincipio in dubio pro reo . De manera concreta se refieren a las siguientes pruebas: (i) la Resolución Interlocutoria del 18 de agosto de 2009 proferida por la Fiscalía Quinta Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Valledupar, y (ii) la certificación del 26 de septiembre de 2013 emanada del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar.

20.- En este punto, mencionaron que el juez administrativo erró al volver a valorar

2013 emanada del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar.

20.- En este punto, mencionaron que el juez administrativo erró al volver a valorar dichos elementos probatorios que ya fueron analizados por el juez penal quien es el competente para determinar la responsabilidad del accionante en la comisión del delito imputado, desconociendo sus competencias.

21.- En concreto, en el escrito de tutela se afirmó lo siguiente:Radicación: 11001-03-15-000-2022-06362-01

Accionante: Guillermo Antonio Pediaña Hurtado y otros Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

<<1.9. El Tribunal Administrativo de Valledupar realiza en su sentencia valoración de elementos probatorios que condujeron al ente investigador (Fiscalía General de la Nación), a solicitar la medida de aseguramiento de los vinculados al proceso penal, descon ociendo la sentencia del Juez Penal, Juez Natural, quien aplicó el principio Indubio Pro Reo, al agotar toda la investigación, sin establecer la existencia del delito, imputabilidad, antijuridicidad y culpabilidad del proceso, hoy accionante con su núcleo familiar, de la presente acción de tutela, por no contar con las pruebas suficientes para su condena, decisión confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, como se hace mención en hechos anteriores>>9.

22.- Luego, en el escrito de impugnación refirieron que:

<<1.En ese orden de ideas, tenemos que las sentencias tanto de primera como de segunda

hechos anteriores>>9.

22.- Luego, en el escrito de impugnación refirieron que:

<<1.En ese orden de ideas, tenemos que las sentencias tanto de primera como de segunda instancia, existe un defecto fáctico lo cual hace que la presente acción goce de relevancia constitucional, toda vez que tanto el Juez Cuarto Administrativo en primera instancia, como el Tribunal Administrativo del Cesar, carecían de apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, en tanto que se basaron en las pruebas recaudadas en el proceso penal.

1.7. Lo anterior tiene sustento probatorio, en las sentencias del proceso de reparación directa… cuando citan como único argumento para negar las pretensiones las actuaciones desplegadas en el proceso penal, tales como la resolución de fecha 18/agosto/2009, en la que se resuelve la situación jurídica de GUILLERMO ANTONIO PEDIAÑA, además de la certificación de fecha 26/de septiembre/2013, emanada del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, para afirmar que la medida de aseguramiento de detención preventiva en el centro carcelario era procedente, asegurando que el implicado compareciera al proceso mientras se resolvía la situación jurídica de cada uno de los implicados en el proceso penal>>10.

23.- La Sala advierte que los accionantes para justificar el yerro judicial, únicamente mencionan que el Tribunal accionado deb ió abstenerse de revisar las pruebas que reposaban en el proceso penal, mencionando dos de ellas, sin especificar su contenido, en qué sentido fueron indebidamente valoradas por la instancia judicial demandada y c ómo ello cambiaba sustancialmente el sentid o del fallo.

pruebas que reposaban en el proceso penal, mencionando dos de ellas, sin especificar su contenido, en qué sentido fueron indebidamente valoradas por la instancia judicial demandada y c ómo ello cambiaba sustancialmente el sentid o del fallo.

24.- Además, se evidencia que los demandantes fundamentan este defecto en el concepto errado de que el juez contencioso administrativo no estaba facultado revisar las pruebas obrantes en el proceso penal que sirvieron como fundamento del ente investigador para privar de la libertad al señor Pediaña Hurtado, por haber sido absuelto por el juez de conocimiento, desconociendo que la etapa de investigación en la que se dicta medida de aseguramiento y el juicio oral que conlleva la determinación de la responsabilidad del sindicado son etapas procesales diferentes que, acorde con lo di spuesto en la Ley 600 de 2000, conocían autoridades diferentes, pues la etapa de investigación era adelantada por la Fiscalía General de la Nación y la segunda por el juez de conocimiento, por lo que al ser etapas separadas, el resultado de una no tiene que ver en modo alguno con la otra.

9 Expediente digital, folio 3 del escrito de tutela. 10 Expediente digital, folios 2 y 3 del escrito de impugnación.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06362-01

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25.- Recuérdese que el defecto fáctico surge cuando la autoridad judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación objetiva y racional del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Premisa tras la cual subyace el fundamento

25.- Recuérdese que el defecto fáctico surge cuando la autoridad judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación objetiva y racional del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Premisa tras la cual subyace el fundamento justificante de la intervención del juez de tutela por deficiencias probatorias en el proceso, a pesar de las amplias facultades con que cuenta el juez ordinario en la materia. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha explicado que las deficiencias probatorias pueden generarse como consecuencia de: (i) una omisión judicial, como puede ser la falta de práctica y decreto de pruebas conducentes al caso debatido, presentándose una insuficiencia probatoria; ( ii) o por vía de una acción positiva, como puede ser la er rada interpretación de las pruebas allegadas al proceso, o la valoración de pruebas que son nulas de pleno derecho o que son totalmente inconducentes al caso concreto, presentándose, en el primer caso, un defecto por interpretación errónea, y en el segundo , un defecto por ineptitud e ilegalidad de la prueba.

26.- En cuanto hace relación a los fundamentos y al margen de intervención que tiene el juez de tutela para configurar la ocurrencia de un defecto fáctico, que la Corte Constitucional se ha ocupado de fijar los siguientes criterios de aplicación:

• La intervención del juez de tutela, frente al manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido. El respeto por el principio de autonomía judicial y el principio del juez natural, impiden que en sede de tutela se lleve a cabo un examen exhaustivo del material probatorio11.

y debe ser, de carácter extremadamente reducido. El respeto por el principio de autonomía judicial y el principio del juez natural, impiden que en sede de tutela se lleve a cabo un examen exhaustivo del material probatorio11.

• Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos. Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto. El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo, sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima.

• Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, “[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto”12.

27.- En consecuencia, se reitera que la parte promotora del recurso de amparo no cumplió con el deber de indicar con rigor demostrativo el yerro o vicio que en su sentir se produjo en el fallo que reprocha, pues aun cuando invocó en un sentido amplio la existencia de una deficiencia de tipo fáctico, en ninguno de s us

sentir se produjo en el fallo que reprocha, pues aun cuando invocó en un sentido amplio la existencia de una deficiencia de tipo fáctico, en ninguno de s us

11 Cfr. Sentencias T-055 de 1997 y T-008 de 1998 de la Corte Constitucional. 12 Cfr. Sentencia T-590 de 2009 de la Corte Constitucional.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06362-01

Accionante: Guillermo Antonio Pediaña Hurtado y otros Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

argumentos logró identificar los escenarios genéricos de configuración perfilados por la Corte Constitucional para habilitar la intervención excepcional del juez de tutela, limitándose a enunciar la transgresión del debido proceso, del acceso a la administración de justicia y de la igualdad, haciendo aproximaciones generales sin sustentar debidamente las razones por las cuales aquellas se produce.

28.- Además, revisado el fallo objeto de demanda, se advierte que el análisis probatorio efectuado por el juez de lo contencioso administrativo fue acertado y congruente con el criterio jurisprudencial vigente en la materia.

29.- Acorde con la posición adoptada por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, el Tribunal Administrativo del Cesar concluyó que, antes de condenar al Estado, se debe examinar si se presentó algún evento de exclusión de culpabilidad o, en general, “estudiar si del análisis del caso penal, se desprende de manera fehaciente la responsabilidad de las entidades demandadas pues, a diferencia de lo afirmado en fallos anteriores, la responsabilidad en asuntos

culpabilidad o, en general, “estudiar si del análisis del caso penal, se desprende de manera fehaciente la responsabilidad de las entidades demandadas pues, a diferencia de lo afirmado en fallos anteriores, la responsabilidad en asuntos relacionados con la privación injusta de la libertad, ya no reside en la objetiva comprobación de presupuestos normativamente establecidos”13.

30.- Teniendo en cuenta lo anterior y que el asunto que conoció la autoridad judicial accionada versó sobre una investigación penal seguida bajo la Ley 600 de 2000, se dispuso a analizar si la medida de aseguramiento cumplió con los requisitos legales para ello, dispuestos en los artículos 355 a 357 de la referida norma, determinando que efectivamente estaban acreditados , en tanto la Fiscalía General de la Nación contaba con al menos dos indicios graves de responsabilidad contra el demandante.

31.- A continuación, se mencionó que la Fiscalía 25 Especializada en la Unidad Antiterrorismo de Bogotá, c alificó el mérito del sumario con Resolución de Acusación el día 26 de julio de 2010, por el punible de concierto para delinquir.

32.- Luego, puso de presente que median te sentencia del 27 de octubre de 2011, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongestión Adjunto de Valledupar, absolvió de toda responsabilidad en calidad de coautor al demandante, concediéndole el goce del derecho a la libertad provisional mi entras cobrara ejecutoria la providencia, previa pago de caución prendaria, decisión que fue confirmada en fallo del 11 de diciembre de 2012, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar – Sala Penal -, decisión judicial que cobró

ejecutoria la providencia, previa pago de caución prendaria, decisión que fue confirmada en fallo del 11 de diciembre de 2012, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar – Sala Penal -, decisión judicial que cobró ejecutoria material, el 8 de julio de 2015, cuando la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, decidió “No casar la sentencia impugnada”14.

33.- Respecto del tiempo que permaneció el demandante privado de su libertad, adujo que dentro del expediente obraban certificaciones suscritas por los Directores del EPMSCVAL y EPAMSCASVAL, en las que consta ba que el señor Pediaña Hurtado estuvo privado de la libertad desde el 6 de agosto de 2009 hasta el día 2 de noviembre de 2011.

13 Expediente digital, folio 9 de la sentencia del 16 de junio de 2022. 14 Expediente digital, folios 10 a 12 de la sentencia del 16 de junio de 2022.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06362-01

Accionante: Guillermo Antonio Pediaña Hurtado y otros Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

34.- Con todo, el Tribunal Administrativo del Cesa