CE - 110010315000202206396011SENTENCIA20230425080255

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veintitrés (2022)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06396-01

Demandante: CLÍNICA SAN JOSÉ S.A.S.

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,

SUBSECCIÓN B

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – debe reunir los requisitos generales establecidos por la jurisprud encia constitucional, para que proceda su estudio de fondo / REQUISITO GENERAL DE INMEDIATEZ – no se cumple en este caso.

La Sala decide 1 la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 9 de febrer o de 2023 , proferida por la Secció n Cuarta del Consejo de Estado , por medio de la cual declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 28 de noviembre de 20222, la clínica San José S.A.S. de Barrancabermeja, por conducto de apoderada judicial, interpuso acción de tutela contra la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado , por considerar vulnerados sus derechos fun damentales al debido proceso y a la igualdad 3, con ocasión de la

conducto de apoderada judicial, interpuso acción de tutela contra la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado , por considerar vulnerados sus derechos fun damentales al debido proceso y a la igualdad 3, con ocasión de la sentencia del 2 de marzo de 2022, dictada en el proceso con radicado 68001-23-33000-2012-00021-01, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de reparaci ón directa presentada por el señor José Antonio G alezo Nieto y otros en contra de Ecopetrol S.A . y la clínica hoy accionante , como llamada en garantía. Formuló las siguientes pretensiones:

1 La Sala advierte que, el 9 de abr il de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. 2 En un principio la tutela fue radicada ante la S ala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la que, mediante providencia del 29 de noviembre de 2022, ordenó que se remitiera el asunto «por competencia» al Consejo de Estado. 3 También consideró desconocidos los principios de seguridad jurídica y prevalencia del derecho sustancial.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06396-01

Demandante: Clínica San José S.A.S.

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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Primero: Se tutelen los derechos invocados al debido proceso, igualdad ante la ley, seguridad jurídica en conexidad con el principio de justicia y prevalencia del derecho sustancial, con ocasión a la fal ta de motivación . D efecto fáctico, que

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Primero: Se tutelen los derechos invocados al debido proceso, igualdad ante la ley, seguridad jurídica en conexidad con el principio de justicia y prevalencia del derecho sustancial, con ocasión a la fal ta de motivación . D efecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. y violación directa de la constitución en que incurrió el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso

Administrativo Seccion Tercera – Subsección B.

Segundo: Dejar sin efectos la sentencia emitida por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Seccion Tercera – Subsección B, magistrado ponente Fredy Ibarra Martínez, de f echa 02 de marzo de 2022, dentro del proceso de reparación directa, siendo demandante José Antonio Galezo Nieto y otros contra Ecopetrol S.A., con radicado No 68001 -23-33-000-2012-00021

(50.382) […].

Tercero: En consecuencia, se ordene al Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Seccion Tercera – Subsección B, magistrado ponente Fredy Ibarra Martínez, que profiera una nueva decisión conforme a las pruebas aportadas y los argumentos esbozados donde no existe ning una negligencia, falla, error médico por parte de la Clínica San José, conforme a la sentencia proferida por el Honorable Tribunal Administrativo de Santander.

1.2. Hechos

Del escrito de tutela y de las pruebas aportadas la Sala extrae los siguientes hechos jurídicamente relevantes: En ejercicio del medio de control de reparación directa, el señor José Antonio Galezo

1.2. Hechos

Del escrito de tutela y de las pruebas aportadas la Sala extrae los siguientes hechos jurídicamente relevantes: En ejercicio del medio de control de reparación directa, el señor José Antonio Galezo Nieto y otros demandaron a Ecopetrol S.A., con el fin de que se les indemnizaran los perjuicios ocasionados por fallas en el servicio médico prestado por la clínica San José S.A.S., que derivó en la muerte del niño Jordy Andrés Galezo Acosta, ocurrida el día 19 de abril de 2010.

En fallo del 5 de diciembre de 2013 , el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la dema nda, decisi ón que fue objeto de apelación an te la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, la que, en providencia del 2 de marzo de 2022, resolvió lo siguiente:

1º) Revócase la sentencia proferida el 5 de diciembre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Santander la cual queda así:

Primero: declárase patrimonialmente responsable a la Empresa Colombiana de Petróleos -ECOPETROLpor el fallecimiento del menor Yor dy Andrés Galezo

Acosta.

Segundo: condenase a la Empresa Colombiana de Petróleos -ECOPETROLa pagar por concepto de perjuicios morales lo siguiente:

a. A favor de José Antonio Galezo Nieto, la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria de esta providencia.

b. A favor de María Roslady Acosta Aran go, la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria de esta providencia.

legales mensuales vigentes a la ejecutoria de esta providencia.

b. A favor de María Roslady Acosta Aran go, la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria de esta providencia.

c. A favor de Yon Eduin (sic) Galezo Cárdenas, la suma de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria de esta providencia.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06396-01

Demandante: Clínica San José S.A.S.

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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d. A favor de José Alfredo Galez o Acosta, la suma de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria de esta providencia.

e. A favor de Yéniz Patricia Ga lezo Acosta, la suma de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria de esta providencia.

f. A favor de K elly Maribel Galezo Acosta, la suma de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria de esta providencia.

Tercero: Condénase a la Clínica San José, en virtud del llamamiento en garantía que le h izo ECOPETROL, a reembolsarle a esta última lo que pague a los demandantes con ocasión de la presente decisión, de conformidad con lo dispuesto en el contrato no. RSM07-5202677.

2º) Niéganse las demás pretensiones de la demanda […].

1.3. Argumentos de la tutela

demandantes con ocasión de la presente decisión, de conformidad con lo dispuesto en el contrato no. RSM07-5202677.

2º) Niéganse las demás pretensiones de la demanda […].

1.3. Argumentos de la tutela

La Clínica San José S.A.S. adujo que, en la providencia del 2 de marzo de 2022, la autoridad judicial accionada incurrió en violación directa de la Consti tución, falta de motivación y defecto fáctico, por darle valor probatorio únicamente al informe pericial elaborado por el Instituto Nacional de Medici na Legal y Ciencias Forenses , desconociendo que se realizaron todos los procedimientos y se siguió puntualmente el «protocolo de atención clínica integral del paciente con dengu e», por parte de l personal médico de la clínica, para atender al menor que desafortuna damente falleció, lo que demostraba la inexistencia de una falla médica.

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 2 de diciembre de 2022, el despacho sustanc iador de la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la tutela y ordenó notificar a los magistrados de la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado , en calidad de parte accionada, y, como terceros con interés , a los magistrados del Tribunal Administrativo de S antander, al presidente de Ecopetrol S.A. y a los señores José Antonio Galezo Nieto, María Roslady Acosta Arango, Yon Edwin Galezo Cárdenas, Yéniz Patricia Galezo Acosta, José Alfredo Galezo Acosta y Kélly Maribel Galezo Acosta. Asimismo, dispuso que se pu blicara la providencia en la pagina web del

Yéniz Patricia Galezo Acosta, José Alfredo Galezo Acosta y Kélly Maribel Galezo Acosta. Asimismo, dispuso que se pu blicara la providencia en la pagina web del Consejo de Estado para el conocimiento de los demás interesados.

2.1. La Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, por conducto de uno de sus magistrados, rindió el in forme respectivo y solicitó que se de clarara improcedente la solicitud de a mparo, por incumplimiento del r equisito de la inmediatez, toda vez que fue radicada después de siete meses de haberse proferido la providencia objeto de tutela.

Agregó que, en todo caso, contrario a lo expu esto por la accionante, la decisión cuestionada no incurrió en ning ún defecto que haga procedente la t utela, pues estáRadicación: 11001-03-15-000-2022-06396-01

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debidamente justificada y s oportada en el material probatorio allegado al proceso, del cual se demostró la existencia de la falla en el s ervicio méd ico asistencial prestado al menor Jordy Andrés Galezo Acosta.

2.2. Ecopetrol S.A., por medio de apoderado judicial, señaló que la tutela no est á llamada a prosperar , al no evidenciarse la vulneración de los derechos fundamentales de la entidad accion ante, que tuvo la oportunidad de intervenir en el proceso ordinario y que, al haberse realizado el pag o de la condena, ahora solo le

llamada a prosperar , al no evidenciarse la vulneración de los derechos fundamentales de la entidad accion ante, que tuvo la oportunidad de intervenir en el proceso ordinario y que, al haberse realizado el pag o de la condena, ahora solo le corresponde cumplir con la orden de reembolso en los términos del contra to RMS07-5202677.

2.3. Los señores José Antonio Galezo Nieto, María Roslady Acosta Arango y José Alfredo Galezo Acosta se opusieron a la pro speridad de las pretensiones y manifestaron que la entidad accionante pretendía hacer uso de es ta acción constitucional como una tercera instancia al proceso ordina rio, lo cual res ulta improcedente, aunado al hecho de que no logró demostrar la configuración de los vicios alegados en la tutela.

2.4. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

3. Fallo impugnado

En sentencia del 9 de febrero de 2023 , la Sección Cuarta del Consejo d e Estado declaró improcedente la acción de tutela, al no cump lir con el requisito de la inmediatez, toda vez que la sentencia cuestionada fue notificada por estado electrónico el 28 de abril de 2022, mientras que la tutela fue radicada el 28 de noviembre de la misma anualidad, esto es, 6 meses y 28 días después, periodo que excede el término razonable establecido por esta Corporación para ejercer la acción de tutela, sin que exista justificación alguna por la tardanza.

De igual forma, señ aló que l a inmedia tez tampoco podía contabilizarse desde la expedición del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, puesto que no se

de tutela, sin que exista justificación alguna por la tardanza.

De igual forma, señ aló que l a inmedia tez tampoco podía contabilizarse desde la expedición del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, puesto que no se trata de una decisión que incida en el fondo de lo decidido en el proceso de reparación directa.

4. Impugnación

La parte actora impugnó la anterior decisión, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en la acción de tutela y manifestó qu e el término de inmediatez debe contarse a partir d e la notificación de l auto de obedézcase y c úmplase, esto es,Radicación: 11001-03-15-000-2022-06396-01

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desde el 30 de agosto de 2022 , pues solo en ese m omento la providencia judicial atacada cobró firmeza y vigor.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo del 9 de febrero de 2023 , proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante el cual se declaró improcedente la acción de tutela.

Para el efecto, primero se deberá analizar si en el caso concreto la solicitud de amparo reúne los requisit os generales de la tutela contra providencia j udicial, particularmente, el de inmediatez, cuyo incumplimiento advirtió el juez d e primera instancia. Solo en el evento de superar tal requisito, la Sala descenderá al análisis

amparo reúne los requisit os generales de la tutela contra providencia j udicial, particularmente, el de inmediatez, cuyo incumplimiento advirtió el juez d e primera instancia. Solo en el evento de superar tal requisito, la Sala descenderá al análisis de fondo que corresponde, a fin de establecer si se vulneraron o no los derech os fundamentales invocados por la parte actora.

2. Análisis de la Sala

En el caso examinado, la parte actora considera que la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado incurrió en violación directa de la Constitución, falta de motivación y defecto fáctico , pues no tuvo en cuenta las pruebas aportadas al expediente que soporta ban la inexistencia de una falla médica, toda vez que el persona l de la clínica San José S.A.S . realizó todos los procedimientos y siguió puntualmente el «protocolo de atención clínica integral del paciente con dengue», para atender a un menor que desafortunadamente falleció.

Al igual que el a quo, la Sala considera que la acción de tutela no cumple con el requisito de inmediatez, dado que la providencia cuestionada, pro ferida el 2 de marzo de 2022 por la Sección Tercera, Subsección B, de esta Corporación , se notificó mediante mensaje de datos enviado el miércoles 27 de abril de 2022 , mientras que la solicitud de amparo fue radicada el 28 de noviembre de 2022 , esto es, tran scurridos más de seis meses, lo que deno ta que se ejerci ó extemporáneamente.

Cabe mencionar que, si bien en la sentencia de C -543 de 1992 la Corte

es, tran scurridos más de seis meses, lo que deno ta que se ejerci ó extemporáneamente.

Cabe mencionar que, si bien en la sentencia de C -543 de 1992 la Corte Constitucional declaró inexequible, entre otros, el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991, que señalaba «la a cción de tutela podrá ejercerse en todo tiempo salvo la dirigida contra sentencias o providencias judicial es que pongan fin a un proceso, la cual caducará a los dos meses de ejecutoriada la providencia correspondiente» , loRadicación: 11001-03-15-000-2022-06396-01

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cierto es que esa misma Corporación ha sostenido que el hecho de que no exista un término de caducidad no significa que la tutela no deba i nterponerse dentro de un plazo razonable, oportuno y justo que debe ser considerado en cada caso concreto.

Ahora, a pesar de que la Corte no ha fijad o un plazo determinado que se considere razonable para interponer la acción de tutela, sí ha confirmado, e n sede de revisión, sentencias dictadas por las diferentes secciones de esta Corporación, en las que se ha acogido el criterio fijado por la Sala Plen a de lo Contencioso Administrativo, que estableció como regla general el plazo de seis meses, contado desde l a notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportun amente. Así lo señaló, por ejemplo,

estableció como regla general el plazo de seis meses, contado desde l a notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportun amente. Así lo señaló, por ejemplo, en la sentencia SU-090 de 2018:

Estudiados los requisitos establecidos p or la jurisprudencia constitucional, esta Co rte evidenció que el accionante no cumplió con el presupuesto de inmediatez, toda vez que la tutela fue formulada después de haber sido notificada de la decisión que pretende impugnar, alegando que el fallo desconoció el precedente jurisprudencial, careció de motivación y violó directamente la Constitución.

A más de lo anterior, la Sala Plena precisa que si bien el accionante había promovido incidente de nulidad ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, este fue decidido negando su pretensión por cuanto las causales alegadas por el accionante no se encuentran dentro de las establecidas en los artículos 140 y 141 del Código de Procedimiento Civil. Esta circunstancia no jus tifica entonces la inactividad del actor para interponer la acción de tutela, toda vez que la nulidad formulada fue ostensiblemente contraevidente, y no tenía la virtualidad de enervar el requisito de inmediatez en la formulación de la acción de tutela. A lo anterior, se suma que, decidido el incidente de nulidad procesal, el accionante demoró seis (6) meses y siete (7) días para plantear su pretensión, sin cumplir con un plazo razonable para presentar el amparo constitucional, toda vez que se superó sin ju stificación válida el término

accionante demoró seis (6) meses y siete (7) días para plantear su pretensión, sin cumplir con un plazo razonable para presentar el amparo constitucional, toda vez que se superó sin ju stificación válida el término prudencial para la oportuna formulación de la acción de tutela.

En conclusión, el actor no acudió con inmediatez a la jurisdicción constitucional en busca del amparo invocada, sin raz ón que justificara su tardanza.

Habida cuenta de que la presente acción de tutela no acredita el cumplimiento del requisito de inmediatez, la carga argumentativa en cabeza de la parte acc ionante para enervar este incumplimiento es mucho más exigente, por cuanto la demanda se presentó luego de tra nscurrido un plazo superior a seis meses, después de haberse notificado la providencia que ahora se cuestiona.

Al respecto, se observa que tanto en el libelo demandatorio como en la impugnación, la parte actora manifestó que el término de la inmediatez debía empezar a contarse a partir del auto de «obedézcase y cúmplase» y que, bajo este entendido, la tutela de la referencia era oportuna.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06396-01

Demandante: Clínica San José S.A.S.

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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Sin emb argo, dichos argumentos no son de recibo pues , tal como lo advirtió el a quo, la providencia de obedecimiento a lo resuelto por el superior es de mero trámite y no condiciona o suspende la ejecutoriedad de la decisión prin cipal, ni mucho

quo, la providencia de obedecimiento a lo resuelto por el superior es de mero trámite y no condiciona o suspende la ejecutoriedad de la decisión prin cipal, ni mucho menos modifica su sentido, por lo que no puede pretender ahora l a entidad accionante subsanar la tardanza en la que incurrió para interponer la tutela , con la excusa de que el término de inmediatez debe con tarse desde que dictó el auto de «obedézcase y cúmplase».

De otra parte, el hecho de hubiera solicitado la entrega de la totalidad del expediente digital tampoco constituye una razón válida que justifique la tardanza de la parte demandante en solicitar la tutela de los derechos fundamentales supuestamente vulnerados por l a sentencia proferida por la Sección Tercera, Subsección B , del Consejo de Estado, en el medio de control de reparación directa radicado 68001-2333-000-2012-00021-01.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, a partir de que tuvo conocimien to del fallo que definió la controversia, y de su contenido, la clínica San José S.A.S. debió instaurar la demanda de tutela para reclamar la protecci ón de los derechos fundamentales que ahora solicita . Ese, justamente, era el momento apropiado para endilgarle a l fallo objetado los defectos que aquí invoca y, en todo caso, en el escrito de tutela hubiera pod ido so licitar que se requi riera a l jue z ordinario para que re mitiera el expediente digital con destino a este trámite constitucional.

Por lo expuesto, la Sala confirmará la decisión impugnada, que declaró improcedente la acción de tutela, por no cumplir con el requisito de inmediatez.

expediente digital con destino a este trámite constitucional.

Por lo expuesto, la Sala confirmará la decisión impugnada, que declaró improcedente la acción de tutela, por no cumplir con el requisito de inmediatez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 9 de febrero de 2023 , proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado , de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los int eresados por el medio más expedito y eficaz.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06396-01

Demandante: Clínica San José S.A.S.

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

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JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabeza do y firmad a electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de

Firmado electrónicamente

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabeza do y firmad a electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la derecha o dirigiéndose el siguiente enlace: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.asp x.