CE - 110010315000202206397011SENTENCIA20230410160544

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06397-01

Demandante: ESMILDA PIMENTAL PÉREZ Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ Y OTRO

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Los argumentos de la parte actora pretenden extender y continuar el debate planteado en el proceso ordinario, sin razones constitucionales que así lo justifiquen.

La Sala d ecide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia del 2 de febrero de 202 3, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado , por medio de la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 29 de noviembre de 2022 1, la señora Esmilda Pimental Pérez quien manifestó actuar en nombre propio y en representación de su hija Liliana Vargas Pimental, y el señor Yhan Carlos Moreno Pimental interpusieron acción de tutela contra el Juzgado

actuar en nombre propio y en representación de su hija Liliana Vargas Pimental, y el señor Yhan Carlos Moreno Pimental interpusieron acción de tutela contra el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia y el Tribunal Administrativ o del Caquetá , por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y a la igualdad2, con ocasión de las sentencias de primera y segunda instancia proferidas, en su orden, el 29 de marzo de 2019 y el 22 de septiembre de 2022, en el proceso de reparación directa con radicado 18001-33-33-002-2013-00117-01.

1 El expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente el 7 de marzo de 2023, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. 2 También alegan la afectación del derecho fundamental a «la buena fe»Radicación: 11001-03-15-000-2022-06397-01

Demandante: Esmilda Pimentel Pérez Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro Sentencia de tutela de segunda instancia

2 Formularon las siguientes pretensiones:

1. Sean TUTELADOS nuestros derechos fundamentales al Acceso a la Administración de Justicia, Igualdad, debido proceso y buena fe, que nos fueron vulnerados producto de las sentencias que fueron emitidas dentro del medio de control de Reparación Directa que se surtió en contra de NACIÓN – MINISTERIO

DE DEFENSA – ARMADA NACIONAL.

2. Se DEJE SIN EFECTOS la Sentencia del 29 de marzo del 2019 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Florencia – Caquetá y la Sentencia del 14 de septiembre del 2022 debidamente notificada el 22 de

2. Se DEJE SIN EFECTOS la Sentencia del 29 de marzo del 2019 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Florencia – Caquetá y la Sentencia del 14 de septiembre del 2022 debidamente notificada el 22 de septiembre del 2022 emitida por el Tribunal Administrativo del Caquetá.

3. Que en su lugar se ORDENE al Tribunal Administrativo del Caquetá, proferir nueva sentencia que se ajuste al amparo, garantía real y efectiva protección del derecho fundamental al debido proceso, igualdad y con ello el derecho de acceso a la administración de justicia, basado para ello, en un estudio minucioso de todas las pruebas oportunamente allegadas al proceso y en una decisión correctamente motivada.

4. Atendiendo a las amplias facultades otorgadas a los juec es constitucionales, imploramos a su Despacho, acceder a cualquier otra decisión que garantice la protección de nuestros derechos vulnerados.

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

Los citados accionantes presentaron demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional, para que se declarara patrimonialmente responsable de los perjuicios derivados del fallecimiento del señor Carlos Alberto Álvarez Mejía.

La pretensión resarcitoria se sustentó en que, el 27 de diciembre de 2010, los señores Carlos Alberto Álvarez 3 y Luis Alfredo Lasso estaban en espera de un bote en las riberas del río Caguán, y se encontraron un objeto extraño abandonado que produjo una fuerte explosión que los arrojó al río, causándole la muerte al primero y graves

riberas del río Caguán, y se encontraron un objeto extraño abandonado que produjo una fuerte explosión que los arrojó al río, causándole la muerte al primero y graves heridas al segundo.

Se afirmó que, por el alcance de la onda explosiva, el cuerpo del señor Álvarez Mejía fue impulsado hacia la corriente del río, por lo cual solo pudo ser encontrado el 29 de diciembre de 2010. Al realizarse la inspección técnica al cadáver se determinó como

3 En la demanda ordinaria se afirma que la señora Esmilda Pimentel Pérez era compañera permanente de la víctima y que Liliana Vargas Pimentel y Yhan Carlos Moreno Pimentel tenían la calidad de «hijastros».Radicación: 11001-03-15-000-2022-06397-01

Demandante: Esmilda Pimentel Pérez Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro Sentencia de tutela de segunda instancia

3 hipótesis de la muerte la «manipula[ción de] un artefacto explosivo» y a causa de sus «esquirlas».

Se sostuvo en la demanda que en el lugar de los hechos los infantes de marina de la Armada Nacional de manera habitual realizaban prácticas y entrenamientos con artefactos explosivos.

En primera instancia, el Juzgado Cuarto Adminis trativo de Florencia , mediante sentencia del 29 de marzo de 2019, negó las pretensiones de la demanda porque el daño no era imputable a la demandada y por haberse configurado la culpa exclusiva de la víctima.

La sentencia fue apelada y, en providencia del 14 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Caquetá la confirmó.

daño no era imputable a la demandada y por haberse configurado la culpa exclusiva de la víctima.

La sentencia fue apelada y, en providencia del 14 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Caquetá la confirmó.

1.3. Argumentos de la tutela

Concretamente, la parte actora indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en los siguientes defectos:

1.3.1 Violación directa de la Constitución , puesto que el Tribunal no hizo una interpretación acorde a la Carta Política, pues resulta incoherente que dos procesos de reparación directa adelantados por los mismos hechos se resuelvan de forma diferente. Que, en efecto, el proceso que se inició por las lesiones del señor Alfredo Lasso culminó con decisión favorable para los demandantes, en tanto que se declaró la responsabilidad patrimonial de la demand ada, mientras que en el caso objeto de tutela se negaron las pretensiones.

En sentir de la parte demandante, la tesis adoptada es restrictiva e inequitativa, tanto así que de haberse considerado «varios pronunciamientos del Consejo de Estado» otro sería el sentido de la decisión.

Adujo que los juzgadores ignoraron que existían suficientes elementos probatorios en ambos procesos para concluir de manera indiciaria y coherente que las fuerzas militares sometieron a las víctimas a un riesgo mayor al que tenían que soportar, pues era su deber tomar mayores medidas de seguridad al terminar los entrenamientos y así controlar la zona para evitar cualquier adversidad.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06397-01

Demandante: Esmilda Pimentel Pérez Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro

así controlar la zona para evitar cualquier adversidad.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06397-01

Demandante: Esmilda Pimentel Pérez Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro Sentencia de tutela de segunda instancia

4 1.3.2. Defecto fáctico, toda vez que en el proceso de reparación directa obraban las siguientes pruebas que no fueron analizadas en debida forma y cuyo correcto análisis no habría dado lugar a la sentencia confirmatoria:

• Oficio 982 del 25 de mayo de 2011 en el que el coronel Juan Manuel Sánchez Rosas, comandante de la Brigada Móvil 6 , manifestó que en el área de los hechos desarrollaba operaciones la Brigada Móvil 22. • Declaración extraprocesal del señor Luis Alfredo Lasso Vivero , con fecha del 18 de abril de 2012, de la que se deduce que la comunidad pidió en varias oportunidades a la Armada Nacional dejar de utilizar el sitio para prácticas de tiro y explosiones. • Declaración extraprocesal del señor Estanislao Ortega Zemante , en la que sostuvo que había solicitado a la Armada que «quitaran» ese entrenamiento de la zona porque allí transitaban muchos animales y personas. • Denuncia presentada el 21 de febrero de 2011 por la señora Esmilda Pimentel ante la Defensoría Regional de Caquetá, por los hechos en que resultó fallecido

el señor Carlos Alberto Mejía Álvarez.

Insistió en que tales pruebas demostraban el riesgo al que fue sometida la víctima y, sin embargo, no se analizaron conforme a los principios y técnicas que rigen una correcta y adecuada valoración probatoria, de modo que resultó desmedido exigirle a

Insistió en que tales pruebas demostraban el riesgo al que fue sometida la víctima y, sin embargo, no se analizaron conforme a los principios y técnicas que rigen una correcta y adecuada valoración probatoria, de modo que resultó desmedido exigirle a la parte acreditar «un ciento por ciento que la entidad demandada fue la que dejó el explosivo» o que se trataba de un atentado dirigido en su contra.

Sostuvo que fue desacertada la decisión de negar la responsabilidad porque el día de los hechos la demandada no hizo presencia en el lugar, dado que la discusión no era si la muerte se produjo en combate sino por la explosión de un artefacto en el lugar de entrenamiento de la fuerza pública.

1.3.3. « Defecto sustantivo por insuficiente e indebida motivación », porque en ambas instancias adujeron las accionadas que no se demostró el nexo de causalidad, cuando en realidad lo que se configuró fue una indebida valoración de las pruebas que desconoció un asunto de amplio conocimiento: la zona de los hechos era utilizada por las Fuerzas Militares para su entrenamiento rutinario.

Por ende, sostuvo que las decisiones cuestionadas carecen de motivación porque el daño sí fue acreditado, en el sentido de que para la época de los hechos la zona era un lugar de entrenamiento de tiro y uso de artefactos explosivos y que el hecho de noRadicación: 11001-03-15-000-2022-06397-01

Demandante: Esmilda Pimentel Pérez Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro Sentencia de tutela de segunda instancia

5 acreditarse quién dejó el que causó la explosión no podía desmerecer los indicios y

Demandante: Esmilda Pimentel Pérez Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro Sentencia de tutela de segunda instancia

5 acreditarse quién dejó el que causó la explosión no podía desmerecer los indicios y las demás pruebas aportadas al proceso de reparación directa.

1.3.4. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, dado que la conclusión de las autoridades judiciales accionadas se centró en la falta de prueba de que el artefacto fue dejado por las fuerzas militares o de que fue plantado por los miembros de gr upos al margen de la ley. En cambio , las pruebas permitían deducir que se concretó una carga excesiva que no ten ía que soportar la víctima como era la existencia de un artefacto explosivo en la zona que era usada para entrenamiento y en la que hacía presencia de la guerrilla.

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 5 de diciembre de 2022, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por intermedio del magistrad o sustanciador del proceso en primera instancia, (i) admitió4 la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Caquetá y el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia ; (ii) ordenó vincular a la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional, como tercero con interés, y a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado ; y (iii) dispuso que fueran notificados para que rindieran el informe correspondiente.

2.1. El Ministerio de Defensa sostuvo que la demanda «no cumple con los requisitos para habilitar el estudio de la acción», puesto que en ella no se hizo un estudio de los

que rindieran el informe correspondiente.

2.1. El Ministerio de Defensa sostuvo que la demanda «no cumple con los requisitos para habilitar el estudio de la acción», puesto que en ella no se hizo un estudio de los requisitos específicos de su procedencia ni se acreditó la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados.

2.2. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

3. Fallo impugnado

La Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, mediante fallo del 2 de febrero de 2022, declaró improcedente la solicitud de amparo5.

4 En la misma providencia se inadmitió respecto de la menor Liliana Vargas Pimentel para que se acreditara la prueba del parentesco; una vez se cumplió con dicha exigencia, en auto del 19 de diciembre de 2022, se admitió la acción constitucional respecto de la citada menor. 5 Los consejeros Alberto Montaña Plata y Fredy Ibarra Martínez aclararon el voto porque si bien consideraron acertada la decisión y el argumento de la falta de relevancia constitucional por instancia adicional, se apartaron de los razonamientos en los que se hizo un análisis de fondo del defecto fáctico.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06397-01

Demandante: Esmilda Pimentel Pérez Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro Sentencia de tutela de segunda instancia

6 En síntesis, el a quo sostuvo que acogería «la posición mayoritaria de la sala», en el sentido de que no se acreditó el requisito de relevancia constitucional, «en la medida en que se reiteran los argumentos que fueron pl anteados y resueltos dentro del

sentido de que no se acreditó el requisito de relevancia constitucional, «en la medida en que se reiteran los argumentos que fueron pl anteados y resueltos dentro del proceso de reparación directa»; sin embargo, en las consideraciones se hizo un análisis de fondo para descartar el defecto fáctico.

Así, se afirma en la sentencia impugnada que el Tribunal valoró adecuadamente las pruebas del proceso incluidas las referencias en el escrito de tutela, a partir de la s cuales concluyó que existían dos hipótesis: (i) que al artefacto que explotó fue abandonado por personal de la fuerza armada, o (ii) puesto allí por la guerrilla con el objeto de «dañar» a los militares; no obstante, ninguna de las dos fue acreditada. Y agregó que el Tribunal:

«[C]oncluyó de forma adecuada que no estaban acreditados los elementos estructurantes de responsabilidad extracontractual del Estado» y que en todo caso, «l a competencia del juez administrativo para declarar la responsabilidad del Estado colombiano por los daños causados por la acción u omisión de los agentes estatales no puede extenderse a la posibilidad de que el Estado sea condenado a reparar los perjuicios causados por un artefacto explosivo cuando no está de mostrado que dichos perjuicios le sean imputables por causa alguna. No es posible afirmar que la Armada Nacional creó el riesgo de la guerra y, por ende, a ese título no se le puede imputar responsabilidad, pues ello implicaría que el Estado está obligado a indemnizar a todas las víctimas del conflicto».

En cuanto al cuestionamiento de que existía otro proceso por los mismos hechos ,

ese título no se le puede imputar responsabilidad, pues ello implicaría que el Estado está obligado a indemnizar a todas las víctimas del conflicto».

En cuanto al cuestionamiento de que existía otro proceso por los mismos hechos , pero promovido por la otra víctima, en el cual se accedió a las pretensiones, dijo que el «tribunal reconoció la diferencia de decisiones alcanzadas en cada proceso, pero aclaró la raz ón de dicha disimilitud: el material probatorio fue suficiente en aquel proceso, pero no este».

Finalmente, sostuvo que, si bien se presentó un salvamento de voto en el proceso de reparación directa, no era posible predicar la configuración de un defecto, puesto que los salvamentos contienen una posición distinta a la defendida en la sentencia, sin que esa diferencia signifique vulneración de los derechos fundamentales.

4. Impugnación

La parte demandante impugnó la anterior decisión. Consideró que el presente asunto sí tiene relevancia constitucional, pues versa sobre los principios de igualdad, justiciaRadicación: 11001-03-15-000-2022-06397-01

Demandante: Esmilda Pimentel Pérez Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro Sentencia de tutela de segunda instancia

7 material y seguridad jurídica vulnerados por las decisiones de las autoridades judiciales accionadas.

Adujo que en el fallo de primer grado «pareciera que el juez de tutela felicita que el Tribunal Administrativo, no se dispusiere a valorar de manera íntegra todos los elementos materiales probatorios presentados», cuando, de hecho, la conclusión fue contraria a lo que demostraron las pruebas trasladadas en otro proceso.

Por lo demás, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

elementos materiales probatorios presentados», cuando, de hecho, la conclusión fue contraria a lo que demostraron las pruebas trasladadas en otro proceso.

Por lo demás, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo proferido el 2 de febrero de 20223 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado , por medio del cual se declaró improcedente la solic itud de amparo.

Para ello, en los términos de la impugnación, se examinará si el a quo acertó o no al descartar el requisito de relevancia constitucional . De darse una respuesta positiva, habrá de confirmarse la decisión; en caso contrario , y de cumplirse los demás requisitos generales de procedencia, se definirá si deben ampararse o no los derechos fundamentales, previo análisis de los defectos endilgados a la sentencia que definió el proceso de reparación directa con radicado 18001-33-33-002-2013-00117-00/01.

2. Análisis de la Sala

2.1. De la relevancia constitucional

En sentencia del 5 de agosto de 20146, la Sala Plena de esta Corporación señaló que tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

6 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06397-01

Demandante: Esmilda Pimentel Pérez Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro Sentencia de tutela de segunda instancia

8 El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta, entonces, aducir l a vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual f ue proferida la providencia acusada, toda vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una ca rga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una ca rga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 7 reiterado de la Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

La Sala coincide con la decisión impugnada en cuanto concluyó que no se satisfizo el requisito de relevancia constitucional, toda vez que la parte demandante pretende convertir la solicitud de amparo en instancia adicional del proceso ordinario y, de ese modo, debatir nuevamente sobre la valoración probatoria realizada por las autoridades judiciales accionadas.

No es suficiente, como se afirma en el escrito de impugnación, que en la demanda de tutela se invoque la vulneración de ciertos derechos o garantías constitucionales para dar por satisfecho el presupuesto de relevancia constitucional y que se justifique dictar

7 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU -128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06397-01

Demandante: Esmilda Pimentel Pérez

2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06397-01

Demandante: Esmilda Pimentel Pérez Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro Sentencia de tutela de segunda instancia

9 una decisión de fondo. No. Pese a l a relación de la mayoría de los litigios con los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad, así como con la garant ía de la seguridad jurídica —prerrogativas, todas, invocadas en la demanda y en el recurso—, el legislador, según unas reglas de competencia, asignó la tarea de resolver las controversias derivadas de la responsabilidad patrimonial del Estado por regla general (Artículo 104 de la Ley 1437 de 2011) al juez contencioso administrativo y, de manera excepcional, al juez ordinario (numeral 1 del artículo 105 de la Ley 1437 de 2011).

Quiere decir lo anterior que la intervención del juez constitucional es absolutamente excepcional y limitada a los eventos en los que exista una posible y verdadera afectación de derechos constitucionales que desborde el juicio de los jueces naturales.

De esta manera, la Sala reitera que el papel del juez constitucional no está previsto para actuar como superior funcional de los jueces ordinarios, ni para realizar juicios de corrección8 de sus decisiones judiciales, salvo casos excepcionalísimos, en los que la discusión esté desprovista del enfoque de instancia adicional y contenga una verdadera duda sobre la vulneración de los derechos fundamentales.

El principio del juez natural es una garantía del debido proceso en virtud del cual el

la discusión esté desprovista del enfoque de instancia adicional y contenga una verdadera duda sobre la vulneración de los derechos fundamentales.

El principio del juez natural es una garantía del debido proceso en virtud del cual el artículo 29 constitucional establece el derecho a ser juzgado « ante juez o tribunal competente». Ello es así, porque la Constitución preserva la labor de cada autoridad u organismo estatal, para evitar que otras asuman funciones que no les han sido encomendadas. De manera que cualquier intención dirigida a que se reemplace o se actué como juez natural de la causa debe ser contenida en sede de tutela. De lo contrario, la justicia constitucional se antepondría a los principios del juez natural, independencia y autonomía judiciales , para convertirse en el escenario último en el que desemboquen todos los litigios judiciales por desacuerdos con la composición que del conflicto realicen los operadores judiciales de la causa.

Precisado lo anterior, se tiene entonces que la tesis que sustenta las pretensiones de los demandantes, esta es, que la explosión de un artefacto explosivo que segó la vida del señor Carlos Alberto Álvarez Mejía es imputable al Estado porque el objeto fue abandonado por la fuerza pública o por la guerrilla con presencia en la zona, fue un asunto que ya se debatió ante los jueces administrativos de primera y segunda instancia, los cuales negaron las pretensiones de la demanda porque consideraron

8 En tal sentido puede consultarse la sentencia SU-128 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06397-01

Demandante: Esmilda Pimentel Pérez Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro Sentencia de tutela de segunda instancia

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Demandante: Esmilda Pimentel Pérez Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro Sentencia de tutela de segunda instancia

10 que no se acreditó la imputación del daño. Se insiste: no es procedente ejercer la acción de tutela para revivir un debate que fue zanjado en las respectivas instancias del proceso de reparación directa.

En tal sentido, se advierte que el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia, en sentencia del 29 de marzo de 2019, negó las pretensiones de la demanda bajo el argumento de que no probó que el daño hubiese sido consecuencia de la acción u omisión de la entidad demanda da, ni tampoco que el artefacto explosivo estuviera dirigido a atentar contra los agentes o alguna institución del Estado. Aún más, en la sentencia se expuso que al Estado no le era exigible la obligación de desminar la totalidad del territorio nacional en l os términos de la Convención de Ottawa, puesto que el plazo otorgado para ello se prorrogó hasta el 2021 y que, en esa medida, se acogería la sentencia de unificación dictada el 7 de marzo de 2018 por el Consejo de Estado.

Para abundar en razones, el Despacho resaltó que se configuró el eximente de responsabilidad denominado culpa exclusiva de la víctima, pues a partir de l as pruebas testimoniales, incluida la de la otra persona que resultó lesionada, pudo concluir que el señor Álvarez Meja manipuló el artefacto explosivo hasta causar su detonación.

La parte demandante apeló la sentencia y, en apoyo de su inconformidad sostuvo que se ratificaba «en cada uno de los argumentos, análisis fáctico y jurídicos expuestos

detonación.

La parte demandante apeló la sentencia y, en apoyo de su inconformidad sostuvo que se ratificaba «en cada uno de los argumentos, análisis fáctico y jurídicos expuestos en la demanda [y ] los alegatos de conclusión». Además, señaló que a partir de las declaraciones extrajuicio de los señores Alfredo Lasso Viveros y Estanislao Ortega Zemante, así como la denuncia de la señora Esmilda Pimentel ante la Defensoría del Pueblo Regional Caquetá y el oficio del coronel y comandante de la Brigada Móvil 6, se podía concluir que la entidad demandada sí era responsable del daño , pues el hecho de que el daño no se hubiera producido en una operación militar no descartaba que «el artefacto explosivo pudo ser olvidado con antelación», en tanto que el abandono del artefacto constituye una violación de los convenios que obligan la remoción de artefactos explosivos en los lugares en donde se desarrollen operativos.

El Tribunal Administrativo del Caquetá, en sentencia del 14 de septiembre de 2022, confirmó la decisión. En resumen, argumentó que no se acreditaron los elementos de la responsabilidad extracontractual bajo ninguno de los títulos de imputación, toda vezRadicación: 11001-03-15-000-2022-06397-01

Demandante: Esmilda Pimentel Pérez Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro Sentencia de tutela de segunda instancia

11 que «no hay prueba que permita atribuir a la demandada la colocación o el abanado (ni siquiera sobre esto se tiene certeza) del artefacto que posteriormente explotó».

La autoridad judicial accionada agregó de en la demanda se plantearon dos hipótesis

(ni siquiera sobre esto se tiene certeza) del artefacto que posteriormente explotó».

La autoridad judicial accionada agregó de en la demanda se plantearon dos hipótesis de la causa del daño : abandono del objeto por parte de la s fuerzas armadas o por parte de la guerrilla con el objetivo de dañar a los militares, de manera que, aun siendo plausibles ambas tesis, ninguna de ellas se acreditó, tanto así que «ni siquiera la parte demandante está convencida de que el artefacto fue puesto o abandonado por miembros de la Armada».

Esa conclusión estuvo soportada en el análisis de las pruebas aportadas al proceso las cuales fueron reseñadas y evaluadas una a una en la providencia . Incluso, los elementos de prueba respecto de los cuales se predica una indebida valoración fueron examinados por el Tribunal como se extrae del siguiente pasaje de la sentencia:

37. Ciertamente, se cuenta con las declaraciones de Luis Alfredo Lasso Viveros

(lesionado con la explosión) y Esmilda Pimentel Pérez (compañera permanente del occiso), quienes señalan que en el lugar de los hechos la Marina realizaba entrenamientos Pero la credibilidad de las mismas resulta bastante baja no sólo por el claro interés que tienen en las resultas del proceso (si bien el primero no hace parte de los aquí demandantes, sí instauró demanda 9 por estos he