CE - 110010315000202206400011SENTENCIA20230512125856

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06400-01

Demandante: Rosa Edith Cruz Ospina y Otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-06400-01

Demandantes: ROSA EDITH CRUZ OSPINA, KARENT DANIELA GARZÓN

MURCIA Y ANDRÉS FELIPE GARZÓN CRUZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación directa en el que se accede a las pretensiones, se condena en general por los perjuicios y dispone la condena en abstracto por lucro cesante futuro respecto de una de las demandantes. Defectos sustantivo, violación directa de la Constitución, procedimental por exceso ritual manifiesto, fáctico y por desconocimiento del precedente judicial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por la parte actora, quien actúa mediante apoderada judicial, contra la

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por la parte actora, quien actúa mediante apoderada judicial, contra la sentencia de 2 de febrero de 2023, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la que declaró improceden te la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

Los accionantes relataron que , en ejer cicio del medio de control de reparación directa, presentaron demanda contra la Nación, Ministerio de D efensa Nacional, Armada Nacional, en la que solicit aron el pago de los perjuicios materiales e inmateriales causados por la desaparición forzada 1 del señor Lucio Garzón Guzmán como soldado regular -infante de marina-.

Afirmaron que el Juzgado Segundo Admi nistrativo del Circuito de Mocoa en sentencia de 28 de junio de 2019, declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial de la parte demandada y la condenó al pago de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado por la suma d e $89.434.073 (50% para la señora Rosa Edith Cruz Ospina y el 50% restante dividido entre sus hijos Karen Daniela Garzón Murcia y Andrés Felipe Garzón Cruz). Así mismo, reconoció el lucro cesante futuro por valor de $31.777.787 repartidos de la misma maner a, así como el pago de los perjuicios morales por 100 SMLMV para los hijos y la compañera permanente, 50 SMLMV para los padres y 25 SMLMV en favor de las hermanas.

repartidos de la misma maner a, así como el pago de los perjuicios morales por 100 SMLMV para los hijos y la compañera permanente, 50 SMLMV para los padres y 25 SMLMV en favor de las hermanas.

1 Si bien los demandante s manifestaron que el daño provino de una desaparición forzada, en la sentenci a objetada el Tribunal Administrativo de Nariño advirtió que no se había configurado el mencionado delito.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06400-01

Demandante: Rosa Edith Cruz Ospina y Otros

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2 Por último, refirier on que e l Tribunal Administrativo de Nariño en fallo de 21 de abril de 20222, modificó lo resuelto en el fallo primera instancia, en “lo atinente a la condena impuesta por el juzgado de instancia, pues se incurrió en falenci as que considera el Tribunal deben resarcirse en aras de garantizar una efectiva reparación para la pa rte demandante” . En tal vi rtud, resolvió (i) aumentar la tasación de los perjuicios materiales (lucro cesante consolidado) -reconoció a la compañera permanente la suma de $100.668.760 y para cada uno de los hijos el equivalente a $50.335.380 -; (ii) aumentó la tasación de los perjui cios morales reconocidos a los padres de la víctima directa de 50 a 100 SMLMV y el de los hermanos de 25 a 50 SMLMV y (iii) condenó en abstracto a la entidad demandada

reconocidos a los padres de la víctima directa de 50 a 100 SMLMV y el de los hermanos de 25 a 50 SMLMV y (iii) condenó en abstracto a la entidad demandada a pagar a favor de la señora Rosa Edith Cruz Ospina los perju icios materiales en la mod alidad de lucro cesante futuro, para lo cual fijó unos parámetros en la decisión. En lo que se refiere a la responsabilidad admi nistrativa y patrimonial del Estado, la sentencia del a quo fue confirmada.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora prese ntó acción de tutela con el objeto de que se ampare n los derechos fundamentales al debido proceso , de acceso a la administración de justicia, a la igualdad a la justicia y “ a la verdad a la reparación ”, vulnerados supuestamente, por el Tribunal Administrativo de Nariño con la sentencia de 21 de abril de 2022, en la que se modificó el fallo de primera instancia, en el sentido en aumentar la tasación de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado y el daño mora l (respecto a los padres y hermanos) y condenó en abstracto los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante futuro respecto de la señora Rosa Edith Cruz Ospina.

Afirmó que el Tribunal Administrativo de Nariño incurrió en defecto sustantivo, porque no aplicó (i) el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, relativo al deber que tiene la administración de justicia de valorar los daños causados y repararlos de manera integral y en equidad, (ii) el artículo 357 del “ C.P.C.”, “porque mediante el recurso de apelación se ejercer el de recho de impugnación contra una determinada

la administración de justicia de valorar los daños causados y repararlos de manera integral y en equidad, (ii) el artículo 357 del “ C.P.C.”, “porque mediante el recurso de apelación se ejercer el de recho de impugnación contra una determinada decisión judicial –en este caso la que contiene una sentencia –por lo cual corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su dec isión, con sus propias consideraciones, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los aspectos que se plantean ante la segunda instancia” y (iii) el literal b ) del artículo 283 del Código General del Proceso, pues “el resarcimiento debe se r concreto pleno y en Equidad. En todo proceso jurisdiccional la valoración de daños atenderá los principios de reparación integ ral y equidad y observará los criterios técnicos-actuariales. - El magistrado no quiso aplicar los cri terios técnicos actuariales. Baso su decisión en su capricho por cuanto sustancialmente estaba demostrado el daño material”.

Indicó que la autoridad jud icial accionada incurrió en violación directa de la Constitución, por cuanto en la sentencia objetada debió prevalecer lo establecido en el artículo 228 de la Constitución Política en lo relacionado con el derecho sustancial, por lo que “ el resarcimiento debe ser sustancial y darse la totalidad del Daño Material por cuanto ya está probada la responsabilida d del Daño realizado a mi[s] poderdantes con la ausencia de padre y compañero de mis poderdantes en la desaparición forzada”.

2 Los demandantes presentaron solicitud de adición, aclaración y corrección del fallo el 21 de junio de 2022, las que fueron

mi[s] poderdantes con la ausencia de padre y compañero de mis poderdantes en la desaparición forzada”.

2 Los demandantes presentaron solicitud de adición, aclaración y corrección del fallo el 21 de junio de 2022, las que fueron negadas mediante proveído de 11 de noviembre de 2022. Decisión contra la que se presentó recurso de reposición el 11 de enero de 2023 y que se resolvió en proveído de 18 de enero de 2023.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06400-01

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3 Sostuvo que en la sentencia reprochada se incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, el cual concretó en que al tribunal accionado “se le imponía el deber de Aplicar las técnicas actuariales sin ir a dejar de lado caprichosamente los derechos de defensa a los Su jetos Procesales por cuanto se le rogó en la Apelación que hiciera la condena de los daños Materiales de forma Integral. Su deber es operar jurídicamente y no a capricho porque ya se probaron los hechos lesivos de la desaparición forzada del soldado Infant e de Marina, y la responsabilidad de la demandada ya quedo probada”.

Asimismo, señaló que el tribunal accionado incurrió en defecto fáctico, en tanto “era obligación aplicar las fórmulas actuariales y caprichosamente demuestra las

responsabilidad de la demandada ya quedo probada”.

Asimismo, señaló que el tribunal accionado incurrió en defecto fáctico, en tanto “era obligación aplicar las fórmulas actuariales y caprichosamente demuestra las resultas de las fórmulas matemáticas, pero no da la totalidad de los daños materiales pese al ruego en la apelación”.

Finalmente, manifestó que se incu rrió en desconocimiento del precedente judicial, debido a que se apartó de las sentencias SU -061 de 2018 3 de la Corte Constitucional y las sentencias de unificación de 18 de julio de 2019 4 y 28 de agosto de 20145 de la Sección Tercera del Consejo de Estado relacionadas con la técnica para desarrollar las fórmulas actuariales , por lo que, a su juicio, es procedente corregir la operación aritmética relacionada con la tasación de daños.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formuló la siguiente:

“PRIMERA: Que se tutelen los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, EL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, A LA IGUALDAD, A LA JUSTICIA, A LA VERDAD A LA REPARACION Y LOS DEMAS QUE DE OFICIO PRECISE Y ADVIERTA LA HONORABLE CORPORACION que los demandantes son víctimas de desaparición forzada y en consecuencia se decrete lo pertinente a fin de que se restablezcan los derechos y gara ntías fundamentales vulnerados a los demandantes en la acción de reparación directa y se ordene en un término prudencial de 30 d ías, siguientes a la notificación de esta decisión emitir una nueva sentencia en

vulnerados a los demandantes en la acción de reparación directa y se ordene en un término prudencial de 30 d ías, siguientes a la notificación de esta decisión emitir una nueva sentencia en estricto acatamiento dicte otra providencia en la que se liquide y actualice nuevamente el monto de los factores correspondientes al lucro cesante re clamado por los Señores De mandantes, en el proceso de reparación directa señalado, siguiendo la línea considerativa y se dicte el fallo que quede plenamente otorgada reconocida el daño material actualizada la indemnización como son las interpretaciones dadas por las Altas cortes.

SEGUNDA: Que se declare que la sentencia emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO, el 21 de abril del 2022 y Notificado el 31 de mayo del 2022 dentro del proceso 86001333100220150006601, Cometido defectos (sic) en la Sentencia Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se sirvan ordenar al Tribunal Administrativo de Nariño, que emita la providencia de remplazo y que en derecho corresponda en el proceso Ordinario de Acción de Reparación Directa, referenciado con el número 8600133310022015 0006601, en el que funge como demandante la señora ROSA EDITH CRUZ OSPINA Y OTROS como demandados LA NACION MINISTERIO DE DEFENS A ARMADA NACIONAL; sentencia que no puede ser otra que la providencia que declare realizar el reconocimiento pleno de los daños materiales y La liquidación que corresponde efectuar cuya indemnización consolidada o histórica que se establecerá a partir de la fórmula financiera que ha sido tradicionalmente utilizada por la Sección Tercera del Consejo de Esta do. En ese orden, se lleva rá a cabo la cuantificación de los perjuicios materiales, de

de la fórmula financiera que ha sido tradicionalmente utilizada por la Sección Tercera del Consejo de Esta do. En ese orden, se lleva rá a cabo la cuantificación de los perjuicios materiales, de conformidad cuya indemnización debe ser consolidada o histórica se establecerá a partir de la fórmula financiera que ha sido tradicionalmente utilizada por la Sección en cada proceso para la indemnización integral de los Perjuicios Materiales”.

4. Pruebas relevantes

A través de correo electrónico de 7 de diciembre de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa remitió el expediente digital No. 86001-33-33751-2015-00066-01, que contiene las actuaciones del medio de control de reparación directa que adelantó la señora Rosa Edith Cruz Ospina y otros contr a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional.

3 M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 4 Radicado No.: 73001-23-31-000-2009-00133-01, C.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera. 5 Radicado No.: 05001-23-25-000-1999-01063-01, C.P.: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06400-01

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5. Trámite procesal

Por auto de 5 de diciembre de 2022, la Secció n Quinta del Consejo de Estado

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5. Trámite procesal

Por auto de 5 de diciembre de 2022, la Secció n Quinta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela , razón por la cual ordenó notificar a la parte demandante y a la auto ridad judicial accionada , así como a l Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa, a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional, a los señores Leocadia Betanc ourt Guzmán, Yineth Garzón Guzmán, Uwendy Garzón Guzmán, Zenaith Garzón G uzmán y Jacobo Guzmán Betancourt.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Nariño

En escrit o de 9 de diciembre de 202 2, el magistrado ponente de la sentencia objetada solicitó que se desestimaran las prensiones de la acción de tute la, al considerar que no se configuraron los requisitos de procedencia contra providencias judiciales.

Indicó que e n la decisión de segunda instancia se realizaron las valoraciones probatorias que llevaron a la solución del caso , cuestión diferente es que no se acojan por los accionantes los criterios o decisiones contenidas en la providencia, a lo que agr egó que el debate probatorio y legal que los demandantes proponen en la acción de tutela debió proponerse en el curso del proceso ordinario.

Precisó que si bien en sentencia de 20 de mayo de 2021, ese tribunal revocó la decisión de primera instancia y declaró de oficio la excepció n de caducidad del medio de control de reparación directa , la misma quedó sin efecto como

Precisó que si bien en sentencia de 20 de mayo de 2021, ese tribunal revocó la decisión de primera instancia y declaró de oficio la excepció n de caducidad del medio de control de reparación directa , la misma quedó sin efecto como consecuencia de la decisión de tutela de 10 de marzo de 2022 , proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.

Finalmente, señaló que la motivación que respalda la providencia judicial objeto de reproche constitucional da cuenta de la situación fáctica, los fundamentos normativos y de la valoración de las pruebas que se realizó, lo que no puede ser constitutivo de los defectos que se le endilgan.

6.2. Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional

En oficio de 13 de diciembre de 2022, la coordinadora del grupo Contencioso Constitucional de esa cartera ministerial solicitó que se neg aran las pretensiones de la acción de tutela por improcedentes y temerarias.

Afirmó que la condena relacionada con los perjuicios materiales se dio teniendo como premisa el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, aun cuando no obraban en el proceso de reparación directa elementos probatorios que generaran certeza de la real y material real ización de una actividad económica ejecutada por la víctima. Agregó que, por lo anterior, no puede atribuirse vulneración iusfundamental alguna cuando, por el contrario , la autoridad judicial accionada ha sido por demás generosa e n reconocer perjuicios sob re la aplicación de una presunción jurisprudencial.

Indicó que no hay lugar a considerar la configuración de ningún defecto por indebida valoración probatoria , más aún cuando se evidenció el no cumplimiento

generosa e n reconocer perjuicios sob re la aplicación de una presunción jurisprudencial.

Indicó que no hay lugar a considerar la configuración de ningún defecto por indebida valoración probatoria , más aún cuando se evidenció el no cumplimiento de los requisitos generales para el análisis de la acción de tutela, por lo que, a su juicio, es procedente declarar la temeridad por la indebida utilización del mecanismo de amparo constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06400-01

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5 Resaltó que la decisión debe mantenerse incólume como quiera que la sentencia objetada se profirió con ap ego de un precedente de unificación emanado del órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dentro del cual encaja la premisa mayor que da lugar a considerar su análisis y ponderación.

Por último, sostuvo que el desconocimiento del precedente judicial alegado por los demandantes resulta improcedente, en tanto cuentan con mecanismos ordinarios para conside rar el estudio de lo pretendido, ha bida cuenta de que como se acreditó en el fallo de segunda instanci a, no obra material probat orio que permita acceder a las pretensiones de la solicitud de amparo.

6.3. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de M ocoa y los señores Leocadia Betanc ourt Guzmán, Yineth Garzón Guzmán, Uwendy Garzón

acceder a las pretensiones de la solicitud de amparo.

6.3. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de M ocoa y los señores Leocadia Betanc ourt Guzmán, Yineth Garzón Guzmán, Uwendy Garzón Guzmán, Zenaith Gar zón Guzmán y Jacobo Guzmán Betancourt, guardaron silencio a pesar de que se les notificó en debida forma el auto admisorio de la acción de tutela.

7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Quinta del Consejo de Estado por sentencia de 2 de febrero de 2023, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.

Señaló que la solicitud de amparo se limit ó a adv ertir una inconformidad con la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Nariño , en relación con el no otorgamiento de una indemnización integral de los perjuicios causados con ocasión de la desaparición y muerte presunta del señor Lucio Garzón Guzmán, sin que se identifiquen las razones de la transgresión a las garantías de los accionantes.

Afirmó que en el escrito de t utela se planteó la configuración de los defectos sustantivo, procedimental absoluto, fáctico, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución, empero, los argumentos presentados por la parte actora se concretan en que la autoridad judicial accionada no ordenó el reconocimiento de una indemnización integral al liquidar los perjuicios materiales dentro del proceso ordinario.

Resaltó que los accionantes solamente alegaron un desacuerdo económico con el

el reconocimiento de una indemnización integral al liquidar los perjuicios materiales dentro del proceso ordinario.

Resaltó que los accionantes solamente alegaron un desacuerdo económico con el monto de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Nariño, sin que de ello se advierta un esfuerzo tendiente a demostrar algún tipo de irregu laridad que se traduzca en la vulneración de sus garantías fundamentales que haga procedente el estudio de fondo por parte del juez de tutela.

Por último, manifestó que el debate relacionado con la indemnización de los perjuicios a cargo de la Nación, Min isterio de Defensa Nacional, Armada Nacional, ya fue resuelto por las autoridades judiciales a través de los mecanismos ordinarios dispuestos para tal fin , a lo que agregó que no se evidencia una verdadera discusión constitucional, lo que impide que el jue z de tutela se inmiscuya en cuestiones que desbordan su competencia, lo que conllevaría desnaturalizar el carácter excepcional y especial de este mecanismo constitucional.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decret o 2591 de 1991, la parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia , para lo cual solicitó que seRadicado: 11001-03-15-000-2022-06400-01

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6 revocara y se acced a a las pretensiones de la solicitud. Los argumentos en los

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6 revocara y se acced a a las pretensiones de la solicitud. Los argumentos en los que sustentó su escrito se pueden resumir, así:

Afirmó que la senten cia objetada se sustentó en las decisiones dictadas por el Tribunal Administrativo de Nariño en el marco de una demanda de nul idad y restablecimiento del derecho , en la que se estudió l a presunción de legalidad de un acto administrativo que contenía la liquidación oficial de revisión expedid a por la DIAN, lo que no tiene ninguna relación con el presente asunto.

Agregó que “surge una c orrelativa obligación legal de guarda y resultado para el Estado, consistente en devolver a la persona que ingresó en buen estado de salud física y sicológica, en las mismas o similares condiciones en las que ingresó. En caso contrario, el Estado vincula s u responsabilidad por los daños que hubiere podido sufrir el conscripto por causa o con ocasión del servicio, salvo que se encuentre probado un eximente de la responsabilidad del Estado que lo libere de las imputaciones que se le realizan. Entonces las pos iciones son diferentes este es un soldado Conscripto cuyo resarcimiento parte de la base Constitucional a diferencia que el señalado por la sentencia anteriormente mencionada (11001-0315-000-2022-03365-01 - de Régimen subjeti vo y en nuestro caso es de índ ole objetivo para el estado). La autoridad judicial demandada incurrió conjuntamente en un defecto sustantivo y en una violación directa de la Constitución, porque en el

15-000-2022-03365-01 - de Régimen subjeti vo y en nuestro caso es de índ ole objetivo para el estado). La autoridad judicial demandada incurrió conjuntamente en un defecto sustantivo y en una violación directa de la Constitución, porque en el fallo analizó la demanda de responsabil idad patrimonial en contra de la Nación Ministerio de Defensa Armada Nacional, con base en el régimen de carácter objetivo contemplado en el inciso primero del artículo 90 de la Constitución, lo procedente era aplicar este Articulo y satisfacer a plenitud a las víctimas, e n el caso de la DIAN, no era d e responsabilidad Objetiva. Es decir, las fuentes de responsabilidad son diferentes”.

Señaló que el Tribunal Administrativo de Nariño al tasar el monto de la condena debió examinar la fuente , es decir, los hechos que dieron lugar al daño, teniendo en cuen ta que la responsabilidad es objetiva y la condena debe ser el total del monto a pesar de haberse pedido menos en la demanda.

Resaltó que “que el servicio militar tiene carácter obligatorio según la Constituc ión Política de 1 991. “Art. 216. La fuerza públ ica estará integrada en forma exclusiva por las fuerzas militares y la Policía Nacional. Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas. La ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas por la prestación del mismo.” Y, por lo tanto, surge una correlativa obligación legal de guarda y resultad o para el Estado, consistente en devolver a la persona que

las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas por la prestación del mismo.” Y, por lo tanto, surge una correlativa obligación legal de guarda y resultad o para el Estado, consistente en devolver a la persona que ingresó en buen estado de salud física y sicológica, en las mismas o similares condiciones en las que ingresó. E n caso contrario, el Estado vincula su responsabilidad por los daños que hubiere podi do sufrir el cons cripto por causa o con ocasión del servicio, salvo que se encuentre probado un eximente de la responsabilidad del Estado que lo libere de las imputaciones que se le realizan. Entonces las posiciones son diferentes este es un soldado Conscr ipto cuyo resarcimiento parte de la base Consti tucional a diferencia que el señalado por la sentencia anteriormente mencionada (11001 -03-15-000-2022-03365—01 - de Régimen subjetivo y en nuestro caso es de índole objetivo para el estado). La autoridad judicial demandada incurrió conjuntamente en un defecto sustantivo y en una violación directa de la Constitución, porque en el fallo analizó la demanda de responsabilidad patrimonial en contra de la Nación Ministerio de Defensa Armada Nacional, con base en el r égimen de carácte r objetivo contemplado en el i nciso primero del artículo 90 de la Constitución, lo procedente era aplicar este Articulo yRadicado: 11001-03-15-000-2022-06400-01

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7

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7 satisfacer a plenitud a las víct imas, en el caso de la DIAN, no era de responsabilidad Objetiva. Es decir, las fuentes de responsabilidad son diferentes”.

Finalmente, indicó que “la decisión del Juez Constitucional de Primera Instancia s í vulnero los derechos fundamentales a la dignidad humana y a la igualdad por resultar una obligación, irredimible o contraria a la distribución de l as cargas públicas. El present e asunto es de relevancia constitucional, comoquiera que se debate sobre la posible vulneración del derecho fundamental al debi do proceso (artículo 29 superior) de una exfuncionaria del Estado como fue el sold ado Lucio Garzon Guzman (q.e.p.d), desparecido forzadamente dentro de una causa de reparación directa en la cual hay 2 víctima [s] hijos y una compañera los cuales se considera afectado en razón del equivocado examen jurídico y fáctico de la responsabilidad patrimonial realizado por la autoridad acciona da por no aplicar la indemnización Integral a las víctimas de Derechos Humanos, como es la causa del delito cometido sobre la humanidad de causante objeto de la reparación directa”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo pr evisto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la pres ente impugnación.

del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la pres ente impugnación.

2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico

2.1. Los demandantes en el escrito de impugnación manifestaron i) que la autoridad judici al accionada sustentó su decisión en un fallo que se dictó en el marco de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y ii) invocaron los defectos sustantivo y por violación directa de Constitución con sustento en los artículos 29, 90 y 216 de la Constitución Política, los cuales fundamentaron en que la sentencia objetada debió aplicar el régi men objetivo de responsabilidad a la tasación de los perjuicios . En relación con los mencionados argumentos , la Sala se abstendrá de efectuar pronunciamiento alguno por tratarse de alegatos nuevos que no fueron propuestos en el escrito inicial de la acción de tutela.

2.2. Sería del caso verificar el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, el cual para el juzgador de primera instancia no se en cuentra cumplido. Empero, revisadas las actuaciones del expediente ordinario y el Sistema para la G estión Judicial Samai, se hace necesario constatar si la acción de tutel a se formuló atendiendo el presupuesto de la subsidiariedad, en tanto para el momento en el que se in terpuso no se había resuelto la so licitud de corrección, aclaración y adición presentada por la parte actora contra la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo del Nariño, objeto de reproche constitucional.

De encontrarse cumplidas las condiciones generales de procedencia, le

aclaración y adición presentada por la parte actora contra la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo del Nariño, objeto de reproche constitucional.

De encontrarse cumplidas las condiciones generales de procedencia, le corresponde a la Sala determinar , en los términos del e scrito de impugnación, si debe revocar la sentencia de 2 de febrero de 2023, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción de tutela, porque el Tribunal Administrativo de Nariño supuestamente incurrió en defe cto i) sustantivo porque no aplicó el artículo 16 de l a Ley 446 de 1998, “en razón del equivocado examen jurídico y fáctico de la responsabilidad patrimonial realizado por la autoridad accionada por no aplicar la ind emnización Integral a las víctimasRadicado: 11001-03-15-000-2022-06400-01

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8 de Derechos Humanos, como es la causa del delito cometido s obre la humanidad de causante objeto de la reparación directa”.

3. El requisito de la subsidiariedad en la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Po lítica señala que toda persona tendr