CE - 110010315000202206401011SENTENCIA20230526164815

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06401-01

Demandante: Giovanny Alberto Betancur Zapata

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-06401-01

Demandante: GIOVANNY ALBERTO BETANCUR ZAPATA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Contra medio de control de reparación directa. Decisión razonable.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la providencia del 21 de marzo de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que resolvió:

“(…)

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Giovanny Alberto Betancur Zapata, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

(…)”.

I. ANTECEDENTES

“(…)

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Giovanny Alberto Betancur Zapata, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

(…)”.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor Giovanny Alberto Betancur Zapata, mediante apoderada judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia , por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:

“Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas, respetuosamente solicito al H. Consejo de Estado, tutelar a favor del señor Giovanny Alberto Betancur Zapata, quien actúa en nombre propio, el derecho constitucional fundamental invocado, dejando sin efecto la providencia controvertida y se ordene a la autoridad que profiera una decisión motivada de conformidad con el acervo probatorio sobre el cual se soporta y se acredita la responsabilidad Administrativa del Municipio de Itagüí”.

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El 12 de agosto de 2015, el señor Jonathan Dávila Álzate circulaba en una motocicleta por la calzada occidental de la carrera 52 del municipio de Itagüí y a la altura de la calle 64 en el paso peatonal, atropell ó al señor Alberto Betancur Londoño, quien resultó gravemente herido y posteriormente falleció.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06401-01

Demandante: Giovanny Alberto Betancur Zapata

2

Londoño, quien resultó gravemente herido y posteriormente falleció.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06401-01

Demandante: Giovanny Alberto Betancur Zapata

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Señaló la parte demandante que el accidente ocurrió porque los semáforos de la calzada occidente habían sido girados 180°, para que funcionaran en sentido norte – sur y no en el sentido que generalmente operaban (sur – norte), lo que indujo a error al moto ciclista que ocasion ó el accidente, que, de hecho, el cambio en orientación de los semáforos de la calzada occidental, se realizó porque para esas fechas el municipio de Itagüí celebraba las fiestas de la industria, el comercio y la cultura y la Secretaría de Movilidad había ordenado modificar el sentido de la calzada occidental de la carrera 52 para que funcionara de norte a sur.

Los señores Giovanny Alberto Betancur Zapata, Rafel Darío Betancur Zapata y Diana María Ossa Gallego ejercieron medio de control de reparación directa contra el municipio de Itagüí con el fin de que se declarara patrimonialmente responsable por la muerte del señor Alberto Betancur Londoño en el accidente de tránsito.

El Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral de Medellín, en sentencia del 4 de

por la muerte del señor Alberto Betancur Londoño en el accidente de tránsito.

El Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral de Medellín, en sentencia del 4 de diciembre de 2018, accedió parcialmente a las pretensiones, por considerar, que la muerte de Alberto Antonio Betancur Londoño era imputable al municipio de Itagüí, por cuanto, de acuerdo con las pruebas aportadas y practicadas, el cambio de orientación de los semáforos de la calzada occidental influy ó en el accidente, comoquiera que permitían la adecuada circulación del tráfico vehicular y peatonal, sumado a que, el municipio de Itagüí no realiz ó alguna labor para informar o advertir a los conductores y peatones del cambio de la red de semáforos. Sin embargo, redujo la responsabilidad al 50 %, por considerar que existía una concausa derivada de la actividad desple gada por el conductor de la motocicleta, cuya velocidad al momento del accidente era de 60k m/h y de acuerdo con las normas de tránsito debía disminuir a 30 km/h cuando estuviese próximo a una intersección.

Las partes interpusieron recurso de apelación: (i) la parte demandante, en general, cuestionó la decisión que declaró la falta de legitimación material en la causa por activa de Diana María Ossa Gallego y la disminución del 50 % de la condena por la existencia de la concausa, comoquiera que lo que generó el error del motociclista fue la ausencia de semáforos que lo detuvieran.

(ii) e l municipio de Itagüí, consideró que el juzgado valoró indebidamente las

fue la ausencia de semáforos que lo detuvieran.

(ii) e l municipio de Itagüí, consideró que el juzgado valoró indebidamente las pruebas aportadas y descartó algunas que explicaban las condiciones reales de la vía en la cual ocurrió el accidente; agregó que, el accidente sucedió en horas en las que no estaba operando el cambio de sentido de la calzada con ocasión de las fiestas de Itagüí, sino que, operaba como cotidianamente lo hacía y que allegó pruebas técnicas que permitían determinar que la vía donde ocurrió el accidente, contaba con los elementos necesarios para regular tanto a vehículos como a peatones debidamente y,

(iii) la llamada en garantía indicó que no era posible hacer responsable al municipio, comoquiera que la causa eficiente del daño fue la conducción imprudente de Jonathan Dávila Álzate y no la ausencia de señal semafórica, porque existió prueba relativa a que el motociclista transitaba frecuentemente la vía donde ocurrió el accidente, por lo que el cambio de semáforos no podía ser un argumento de recibo para omitir dar prelación al peatón.

Expuso, que los semáforos cambiados fueron los de la calzada occidental y no los de la calzada oriental, los cuales estaban funcionando adecuadamente, enRadicado: 11001-03-15-000-2022-06401-01

Demandante: Giovanny Alberto Betancur Zapata

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consecuencia, Jonathan Dávila Álzate debía seguir las órdenes que estos impartían, sumado a que, el peatón cruzaba la vía por la cebra, lo que indicaba que el motociclista debía disminuir su velocidad para dar prelación al paso del transeúnte, con independencia de la existencia de semáforos o no, aunado a que, en el Informe Policial se evidenció que el choque se produjo cuando el señor Alberto Betancur ya se encontraba superando la vía, por lo que el motociclista debió verlo y reducir la velocidad, la cual de acuerdo con su afirmación era de 60 Km/h.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta de Decisión, en sentencia del 4 de mayo de 2020, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda de reparación directa, porque, de las pruebas que obraron en el expediente se pudo establecer que el día de los hechos los semáforos de la calzada occidental de la carrera 52 con calle 64 del municipio de Itagüí estaban girados 180º, es decir, miraban hacia el norte, mient ras que los vehículos que transitaban por allí lo hacían en sentido sur – norte por lo que no podían ver lo que indicaban esos semáforos, ello obedeció a un cambio del sentido vial que realizaría en horas de la tarde con ocasión a unas festividades del municipio.

vehículos que transitaban por allí lo hacían en sentido sur – norte por lo que no podían ver lo que indicaban esos semáforos, ello obedeció a un cambio del sentido vial que realizaría en horas de la tarde con ocasión a unas festividades del municipio.

Y a pesar de que el municipio debió dar a conocer el cambio de los semáforos, no existió claridad de las circunstancias reales en las que ocurrió el accidente, sobre quién podía cruzar la vía, si el motociclista o el peatón, porque no se demostró qué señales arrojaban los semáforos que quedaban disponibles. Lo que sí se probo es que un tercero – el conductor de la motocicleta – causó materialmente el daño cuando desarrollaba una acción peligrosa, quien es responsable por los daños por cuanto creó riesgos que lo obligan a desarrollar la conducción con mayor prudencia y solo se exoneraría si acreditaba que el daño fue generado por el hecho de un tercero, de la víctima o por fuerza mayor, situación que no ocurrió.

Considero entonces que , el cambio de semáforos y la ausencia de medidas para informar dicho cambio a la comunidad no fue la causa del daño porque el motociclista debía tomar las acciones necesarias para evitar un accidente, pues, de acuerdo con la declaración en el proceso contravencional de tránsito, él conducía por la calzada occidental carril izquierdo a velocidad de 60 km/h y cuando vio que el semáforo no estaba, cruz ó el paso peatonal y colision ó con Alberto Antonio Betancur, quien atravesaba la vía por la cebra en sentido oriente occidente, como se observa en el croquis y, si bien, los municipios tienen la obligación de

vio que el semáforo no estaba, cruz ó el paso peatonal y colision ó con Alberto Antonio Betancur, quien atravesaba la vía por la cebra en sentido oriente occidente, como se observa en el croquis y, si bien, los municipios tienen la obligación de señalizar, ello no absuelve de responsabilidad a los actores de tránsito, porque las normas de tránsito les imponen obligaciones.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta de Decisión incurrió en los defectos por violación directa de la Constitución y por decisión sin motivación, por las razones que se pasan a resumir.

Respecto del defecto por violación directa de la Constitución dijo que la autoridad judicial demandada actuó con desconocimiento del artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, porque, según dijo, “al encontrarse acreditada la falla en la prestación del servicio, tanto en la primera como en la segunda instancia del proceso, el Estado, en este caso el municipio de Itagüí, está llamado a responder patrimonialmente por losRadicado: 11001-03-15-000-2022-06401-01

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daños irrogados al demandante” y agregó que en el proceso acreditaron “los presupuestos

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daños irrogados al demandante” y agregó que en el proceso acreditaron “los presupuestos para la aplicación el artículo 90 de la constitución Nacional, esto es, (i) la existencia de un daño antijurídico, (ii) causado por la acción o la omisión de las autoridades públicas y (iii) que ese daño antijuridico le sea imputable a la entidad pública, bajo cualquiera de los títulos de atribución de responsabilidad”.

Mencionó que con la expedición de la Constitución Política de 1991, se consagr ó en el artículo 90 una cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, que comprende tanto la responsabilidad de naturaleza contractual como extracontractual, por lo que, los elementos para la declaración de la responsabilidad patrimonial del Estado se circunscriben a la prueba del daño antijurídico, y a la imputabilidad del mismo al Estado, adicionalmente para que el daño sea resarcible o indemnizable, debe reunir las características de cierto, concreto o determinado y personal, en general, se refirió a la cláusula general de responsabilidad del Estado.

En relación con el defecto por decisión sin motivación consideró que, revocar la sentencia de primera instancia, aun cuando la autoridad judicial demandada declaró “la falla probada del servicio del Municipio de Itagüí”, configura el alegado defecto. A su juicio, es clara la falta de coherencia entre los hechos, las pretensiones, lo probado y la decisión adoptada.

Adujo que, de los argumentos de la decisión es posible esclarecer que la premisa mayor de la sentencia, es decir, en lo referente a la responsabilidad administrativa

y la decisión adoptada.

Adujo que, de los argumentos de la decisión es posible esclarecer que la premisa mayor de la sentencia, es decir, en lo referente a la responsabilidad administrativa del municipio de Itagüí, no guarda relación alguna con la decisión adoptada por el Tribunal demandado, afirmó que, “al encontrar probada la falla alegada debió derivar y reconocer la consecuencia jurídica de dicha falla”.

Sostuvo que la sentencia cuestionada no fundamenta de manera razona ble y objetiva el rompimiento del nexo causal entre la omisión probada de la administración y la ocurrencia del accidente, insist ió, en que el Tribunal considera que el municipio de Itagüí si es responsable y que existe una omisión, sin embargo, decidió no condenarlo.

Indicó que “no se reprocha que un tercero, en este caso el motociclista involucrado en el accidente de tránsito haya podido tener una porción de incidencia en el accidente por conducir a una velocidad inadecuada, sin embargo, al encontrarse probada y acreditada la falla del municipio de Itagüí no puede deslindarse de las circunstancias de los hechos, pues es clara su participación, y de acuerdo al material probatorio del proceso, la legitimación en la causa por pasiva no se encontraba en discusión, por lo tanto la argumentación para llegar a la decisión final de la sentencia es decididamente defectuosa, va en contravía y adolece de falta de coherencia con lo probado en el proceso”.

4. Trámite Previo

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en auto del 5 de diciembre de 2022 , admitió la acción de tutela, ordenó notificar al señor Giovanny Alberto

proceso”.

4. Trámite Previo

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en auto del 5 de diciembre de 2022 , admitió la acción de tutela, ordenó notificar al señor Giovanny Alberto Betancur Zapata, al Tribunal Administrativo de Antioquia y al Juzgado Treinta y Seis Administrativo de Medellín y al municipio de Itagüí, como terceros interesados en el proceso . Asimismo, publicar la providencia en la página web del Consejo de Estado.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06401-01

Demandante: Giovanny Alberto Betancur Zapata

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5. Oposición

El Tribunal Administrativo de Antioquia guardó silencio.

6. Intervención de los terceros interesados

El municipio de Itagüí allegó informe en el que transcribió apartes de la sentencia cuestionada, con base en lo cual, señal ó que la sentencia est á debidamente motivada, en los hechos y demás aspectos legales y probatorios que se conocieron en el proceso.

Afirmó que la causa del accidente se dio por la falta de precaución del motociclista en disminuir la velocidad al acercarse al cruce semafórico y a la cebra peatonal, donde siempre tiene prelación la persona que cruza y mencionó que “extrañamente

Afirmó que la causa del accidente se dio por la falta de precaución del motociclista en disminuir la velocidad al acercarse al cruce semafórico y a la cebra peatonal, donde siempre tiene prelación la persona que cruza y mencionó que “extrañamente este conductor de la motocicleta no fue demandado en la acción de reparación directa”.

Indico que la red de semáforos al momento y hora del accidente estaba funcionando acorde con las necesidades viales del sector, que, como se explicó en la contestación de la demanda ordinaria, los cambios viales se hacían solo en la noche para atender requerimientos de las fiestas de la cultura y en el campo de las fiestas de la cultura los cambios viales solo ocurrían en horas de la tarde (6 :00 p. m.) y el accidente ocurrió a las 06:20 a . m. de la mañana, por tanto, a esa hora la red de semáforos funcionaba sin cambio alguno.

Sostuvo que, con ocasión del giro del tablero de un semáforo, esa red de semáforos permitía que el cruce funcionara adecuadamente y solo se ponía a funcionar en contra flujo en horas de la tarde, como lo explic ó la Secretar ía de Movilidad, en escrito del 27 de septiembre de 2016.

Indico que la explicación técnica no da lugar a pensar que se cambió la red semafórica, como lo entendió el fallador de la primera instancia, por cuanto en el día y hora de los hechos el sentido vial era el cotidiano y los semáforos emitían órdenes acordes a las necesidades del sector.

Que, el hecho de que el municipio no prob ó la información sobre el cambio semafórico a la comunidad, no cambi ó situación con relación al accidente, dado

órdenes acordes a las necesidades del sector.

Que, el hecho de que el municipio no prob ó la información sobre el cambio semafórico a la comunidad, no cambi ó situación con relación al accidente, dado que, como se explicó, el accidente ocurrió a las 06:20 a. m., hora en la cual el cruce funcionaba de forma normal, y el contraflujo solo se hacía en las horas de la tarde, cuando iniciaban los eventos de las fiestas de la cultura.

Solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela.

El Juzgado Treinta y Seis Administrativo de Medellín no se pronunció sobre los hechos que dieron origen a la presente acción.

7. Sentencia de primera instancia

La Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado , en sentencia del 21 de marzo de 2023, declaró improcedente la acción de tutela por no superar el requisito general de relevancia constitucional, toda vez que, los reparos planteados en las inconformidades del escrito de tutela, más allá de una violación directa a la Constitución o una decisión sin motivación, se presentan como una reiteración deRadicado: 11001-03-15-000-2022-06401-01

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los aspectos expuestos ante el juez ordinario tales como: (a) el aparente

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los aspectos expuestos ante el juez ordinario tales como: (a) el aparente desconocimiento de la responsabilidad del Estado, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución, que fue un aspecto estudiado en el proceso judicial pues el problema jurídico dentro ese proceso, precisamente, se orientó a determinar la responsabilidad como consecuencia del accidente de tránsito y, (b) una aparente ausencia de argumentación en la sen tencia proferida por el tribunal accionado, mediante la que el accionante pretendió poner de presente su desacuerdo frente al análisis de imputación realizado por las autoridades judiciales accionadas.

Precisó que los referidos reparos que invoca en el escrito de tutela fueron expuestos por el demandante en la demanda de reparación directa, como en el recurso de apelación formulado contra la sentencia de primera instancia y resueltas por la autoridad judicial accionada.

8. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión de primera instancia, para lo cual solicitó que se revoque el fallo y dijo reafirmar los argumentos expuestos en el escrito de tutela y el criterio, según el cual, la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia constituye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. A su juicio, es viable analizar los requisitos de la acción de tutela contra providencias judiciales, porque en la sentencia del proceso de reparación directa incurrió en los defectos por violación directa de la Constitución y decisión sin motivación.

Indicó que en el escrito de tutela se encuentran debidamente identificados los

proceso de reparación directa incurrió en los defectos por violación directa de la Constitución y decisión sin motivación.

Indicó que en el escrito de tutela se encuentran debidamente identificados los argumentados e individualizados de manera objetiva los criterios para considerar que es procedente la acción de tutela, sin que se expongan o se revivan medios probatorios examinados en el proceso de reparación directa, como tampoco diferencias interpretativas en cuanto a la valoración de la prueba.

Explicó que en el escrito inicial se afirmó que el Tribunal Administrativo de Antioquia desconoció el artículo 90 de la Constitución Política, en cuanto, admitió que encontró probada una falla en la prestación del servicio por parte del municipio de Itagüí y, no obstante, decidió no condenarlo.

Adicionalmente, por que la decisión tomada no guard ó relación con la fundamentación y argumentación de la sentencia.

Reiteró que no pretende abrir una tercera instancia dentro del proceso de reparación directa y que, si bien en el escrito de tutela hizo un recuento de las sentencias de primera y segunda instancia, esto fue con el fin de enfatizar y mostrar con detalle los argumentos que fueron sustentados en la sentencia de primera instancia en la que se determinó que estaba probada la falla en el servicio alegada, como en la decisión de segunda instancia en la que , igualmente se adu jo que se probó la omisión del municipio de Itagüí, sin embargo, no se condenó.

Que, por lo anterior, no hace referencia a discrepanc ias en la interpretación probatoria dentro del proceso, pues precisamente en la primera y segunda instancia se le brindó el mismo reconocimiento a la prueba, por lo que acude a la acción de

Que, por lo anterior, no hace referencia a discrepanc ias en la interpretación probatoria dentro del proceso, pues precisamente en la primera y segunda instancia se le brindó el mismo reconocimiento a la prueba, por lo que acude a la acción de tutela como un mecanismo excepcional e independiente, con el ánimo, de que se analice la decisión de segunda instancia de cara a su motivación y decisión.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06401-01

Demandante: Giovanny Alberto Betancur Zapata

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los d erechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 1 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 2 y específicas 3 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

En el escrito de impugnación la parte actora cuestiona la decisión de primera instancia, que, declaró improcedente la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional.

En tal sentido, corresponde estudiar si se debe confirmar la decisión de tutela impugnada, para lo cual, establecerá si la acción de tutela de la referencia cumple con el requisito general de relevancia constitucional y, en caso afirmativo, determinará si se vulner aron los derechos fundamentales al debido proceso y de

impugnada, para lo cual, establecerá si la acción de tutela de la referencia cumple con el requisito general de relevancia constitucional y, en caso afirmativo, determinará si se vulner aron los derechos fundamentales al debido proceso y de

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca) 2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional ; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no

Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06401-01

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acceso a la administración de justicia de la parte demandante por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, al revocar la decisión de primera instancia y negar la