CE - 110010315000202206410011SENTENCIA20230410103334

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06410-01

Accionante: LUCY AMPARO CORDERO OCHOA Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – se confirma el fallo impugnado – la solicitud de amparo no cumple con el requisito general de procedibilidad atinente a la relevancia constitucional

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la accionante en contra de la sentencia de 3 de febrero de 2023, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Lucy Amparo Cordero Ochoa presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 17 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 68001-33-33-004-2016-00265-01.

de 17 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 68001-33-33-004-2016-00265-01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Comentó que promovió demanda en ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Contraloría Municipal de Floridablanca «[…] solicitando la nulidad de la sanción fiscal impuesta contra la suscrita […]».

2.2. Refirió que el conocimiento del aludido proceso le correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga, despacho judicial que, mediante sentencia de 25 de abril de 2018, decidió acceder las pretensiones solicitadas y declaró la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la Contraloría de Floridablanca le impuso sanción fiscal.2

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06410-01

Accionante: Lucy Amparo Cordero Ochoa

2.3. Expuso que el Tribunal Administrativo de Santander , mediante sentencia de 17 de junio de 2022, resolvió revocar en su totalidad el fallo de primera instancia y, como consecuencia de ello, negó las pretensiones de la demanda.

2.4. Manifestó que en la anterior decisión se incurrió en d efecto sustantivo , por

como consecuencia de ello, negó las pretensiones de la demanda.

2.4. Manifestó que en la anterior decisión se incurrió en d efecto sustantivo , por cuanto no se «[…] tuvo en cuenta que el Acuerdo 025 de 2001 solo le daba la competencia al jefe de la oficina jurídica de sustanciar mas no de fallar los procesos, y la Resolución 067 de 2014 no fue invocada en el acto acusado ni el mismo dispone una delegación diferente a lo contenido en el Acu erdo 025 de 2001, por tanto no constituye una atribución clara delegada, por cuanto al pertenecer a una misma dependencia no podía fallarse dos instancia [sic] en una misma dependencia de la oficina asesora jurídica […]».

2.5. Igualmente, señaló que el Tribunal accionado incurrió en defecto fáctico, por cuanto no valoró correctamente los documentos, actos administrativos y las pruebas documentales allegadas al proceso , «[…] sacando una conclusión equivocada contraria al acervo probatorio recaudado […]».

2.6. También alegó la configuración d el desconocimiento del precedente , en la medida que se desatendió la sentencia C-095 de 2003 de la Corte Constitucional en la que se abordó el tema de la garantía de doble instancia, principio de imparcialidad y la diferenciación entre las funciones de sustanciar y de fallar. Así mismo, las decisiones proferidas por el Consejo de Estado - Sección Tercera – Subsecciones A y B, respectivamente, en el marco de los procesos con radicados números 47001-23-31-000-2008-00181-01 (42559) y 25000-23-26-000-2001Subsecciones A y B, respectivamente, en el marco de los procesos con radicados números 47001-23-31-000-2008-00181-01 (42559) y 25000-23-26-000-200102301-01 (29857), que desarrollaron los requisitos de la delegación de funciones y la obligatoriedad de acreditar la misma «[…] pues no resulta procedente presumir una delegación si no es expresa y clara […]».

2.7. Por último, adujo que el Tribunal accionado «[…] no estudió lo planteado en la demanda sobre la inexistencia de culpa grave por cuanto no se actuó con negligencia o descuido […]».

III. PRETENSION

3. La parte accionante formuló la siguiente pretensión:

[…] PRIMERO: Solicito señor magistrado se ampare los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la defensa, al acceso a la administración de justicia vulnerados por el Tribunal Administrativo de Santander, y consecuencialmente, de [sic] deje sin efectos la sentencia de fecha 17 de junio de 2022 y se ordene al Tribunal Administrativo de Santander emitir un nuevo pronunciamiento concediendo las pretensiones de la demanda […].3

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06410-01

Accionante: Lucy Amparo Cordero Ochoa

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. El magistrado de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto de 22 de febrero de 2023, admitió la acción de tutela de la referencia. En la misma providencia se vinculó como tercero con interés directo en

4. El magistrado de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto de 22 de febrero de 2023, admitió la acción de tutela de la referencia. En la misma providencia se vinculó como tercero con interés directo en los resultados de este proceso a la Contraloría Municipal de Floridablanca.

V. INTERVENCIONES

5. Efectuada la notificación a la autoridad accionada y a la vinculada , se advierte

que se allegó el siguiente informe:

5.1. La Contraloría Municipal de Floridablanca , a través de la jefe de la oficina jurídica de la entidad, rindió informe en el que solicitó negar las pretensiones de amparo, al considerar que la autoridad accionada no vulneró los derechos fundamentales de la accionante.

5.2. Advirtió que la tutelante fundamenta su solicitud de amparo señalando «[…] de manera necia…una indebida valoración probatoria, cuando es claro que fue el tribunal quien de manera objetiva realizó dicha valoración conllevando a una decisión imparcial y razonable […]».

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 3 de febrero de 2023, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, luego de considerar que no cumplía con el requisito general de procedibilidad atinente a la relevancia constitucional.

7. Como sustento de lo anterior, la autoridad judicial de primera instancia consideró, en síntesis, que la actora pretendía a través de la presente acción «[…] reabrir un debate ya tramitado y concluido en las instancias respectivas, lo que desnaturaliza

7. Como sustento de lo anterior, la autoridad judicial de primera instancia consideró, en síntesis, que la actora pretendía a través de la presente acción «[…] reabrir un debate ya tramitado y concluido en las instancias respectivas, lo que desnaturaliza la finalidad de la acción de tutela como mecanismo supletivo de los derechos fundamentales […]».

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. La tutelante impugnó la sentencia de tutela de primera instancia, reiterando en líneas generales los argumentos expuestos en el escrito inicial de tutela.

9. Adicionalmente, expuso que la autoridad judicial de primera instancia se equivoca al considerar que no hubo suficiente carga argumentativa en la acción de tutela para sustentar los reproches contra el fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Santander. Y, del mismo modo, no comparte la posición relativa a que la tutela contra el fallo constituye una instancia adicional.4

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06410-01

Accionante: Lucy Amparo Cordero Ochoa

10. También, añadió que: «[…] el argumento expuesto en la tutela sobre que el tribunal no estudió lo planteado en la demanda sobre la inexistencia de culpa grave por cuanto no se actuó con negligencia o descuido, si es de recibo por cuanto el Juez de primera instancia al encontrar acreditado el vicio de falta de competencia dejó de pronunciarse sobre los demás vicios, pero el Tribunal al revocar y decir que si había competencia, tenía la obligación de estudiar las demás causales de nulidad invocadas […]».

11. Con fundamento en las anteriores premisas, la accionante solicitó revocar el fallo

si había competencia, tenía la obligación de estudiar las demás causales de nulidad invocadas […]».

11. Con fundamento en las anteriores premisas, la accionante solicitó revocar el fallo impugnado y que, como consecuencia de ello, se amparen sus derechos fundamentales invocados.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

12. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 20173.

VIII.2. Problemas jurídicos

13. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado o revocado4, la Sala debe establecer lo siguiente:

A) si la presente acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. Si ello es así se deberá determinar:

B) Si la sentencia de 17 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 68001-33-33-004-201600265-01, vulneró los derechos fundamentales de la actora, al haber incurrido presuntamente en defecto sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente jurisprudencial.

00265-01, vulneró los derechos fundamentales de la actora, al haber incurrido presuntamente en defecto sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente jurisprudencial.

1 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política". 2 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho". 3 “Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.5

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06410-01

Accionante: Lucy Amparo Cordero Ochoa

14. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

15. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 20125, cambió su postura inicial y decidió asumir el

Requisitos generales y especiales de procedibilidad

15. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 20125, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

16. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

17. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

18. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial6, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución7.

estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución7.

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009 -01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. 6 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 7 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.

llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.6

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06410-01

Accionante: Lucy Amparo Cordero Ochoa

19. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»8 que se encaje en dichos parámetros.

20. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

21. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la

valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

21. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

22. La señora Lucy Amparo Cordero Ochoa presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 17 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 68001-33-33-004-2016-00265-01.

VI.4.1. Del requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional

23. En cuanto atañe al requisito de procedencia adjetiva concerniente a la relevancia constitucional, cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental9 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones10.

24. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales 11, el referido requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o

Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las

requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o

Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. 8 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. 9 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño. 10 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). 11 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.7

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06410-01

Accionante: Lucy Amparo Cordero Ochoa

vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces12.

25. Así, en punto a la relevancia constitucional de la controversia, como uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de amparo, sostuvo la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación13, que:

[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado

requisitos generales de procedencia de la acción de amparo, sostuvo la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación13, que:

[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]. (destaca la Sala de Decisión)

26. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202214 precisó, en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran

los deberes del juez constitucional:

[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a

[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente un a afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…) a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución del caso ayuda a interpretar, apl icar o desarrollar la Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

12 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18. 13 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 14 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.8

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06410-01

Accionante: Lucy Amparo Cordero Ochoa

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06410-01

Accionante: Lucy Amparo Cordero Ochoa

(…) b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela in terpuesta por PRTI hace referencia a la violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…) c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno estrictamente privado o particular . Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho

pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios. (…) d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales […]. (negrillas de la Sala)

27. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera legalidad de la decisión atacada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no involucre derechos fundamentales15.

28. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte actora invoque el texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; dicho atentado debe ser explic ado y fundamentado desde la óptica de la protección que la Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 8 de octubre de 2015 (C.P.

Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2015 -00283-01); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrat ivo, Sección primera, Sentencia del 3 de noviembre de 2016, (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016 -002244-00); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016 -01063-00); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-02862-00); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 9 de febrero de 2017 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

Rad. núm.: 2016-03249-00).9

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06410-01

Accionante: Lucy Amparo Cordero Ochoa

29. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que, en el caso de la referencia, la parte actora aleg ó que la autoridad accionada vulneró su s derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la igualdad, al haber incurrido , presuntamente, en defecto sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente jurisprudencial.

30. Respecto del defecto fáctico señaló que se configuró porque el Tribunal accionado no valoró correctamente los documentos, actos administrativos y las pruebas documentales allegadas al proceso contencioso , «[…] sacando una

30. Respecto del defecto fáctico señaló que se configuró porque el Tribunal accionado no valoró correctamente los documentos, actos administrativos y las pruebas documentales allegadas al proceso contencioso , «[…] sacando una conclusión equivocada contraria al acervo probatorio recaudado […]».

31. En cuanto al defecto sustantivo adujo que la autoridad accionada «[…] no tuvo en cuenta que el Acuerdo 025 de 2001 solo le daba la competencia al jefe de la oficina jurídica de sustanciar mas no de fallar los procesos, y la Resolución 067 de 2014 no fue invocada en el acto acusado ni el mismo dispone una delegación diferente a lo contenido en el Acuerdo 025 de 2001, por tanto no constituye una atribución clara delegada, por cuanto al pertenecer a una misma dependencia n o podía fallarse dos instancia [sic] en una misma dependencia de la oficina asesora jurídica […]».

32. Sobre el desconocimiento del precedente jurisprudencial argumentó que se desatendió la sentencia C -095 de 2003 de la Corte Constitucional en la que se abordó el tema de la garantía de doble instancia, principio de imparcialidad y la diferenciación entre las funciones de sustanciar y de fallar. Así mismo, las decisiones proferidas por el Consejo de Estado - Sección Tercera – Subsecciones A y B, respectivamente, en el marco de los procesos con radicados números 4700123-31-000-2008-00181-01 (42559) y 25000-23-26-000-2001-02301-01 (29857) que desarrollaron los requisitos de la delegación de funciones y la obligatoriedad de

23-31-000-2008-00181-01 (42559) y 25000-23-26-000-2001-02301-01 (29857) que desarrollaron los requisitos de la delegación de funciones y la obligatoriedad de acreditar la misma, «[…] pues no resulta procedente presumir una delegación si no es expresa y clara […]».

33. Finalmente, adujo que el Tribunal accionado «[…] no estudió lo planteado en la demanda sobre la inexistencia de culpa grave por cuanto no se actuó con negligencia o descuido […]».

34. Vistos los argumentos que sustentan la supuesta vulneración de los derechos fundamentales invocados por la actora, la Sala advierte que, en cumplimiento del precedente contenido en la citada sentencia de unificación SU-215 de 2022, la sola mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración de