CE - 110010315000202206414011SENTENCIA20230410124037

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Expediente núm. 11001-03-15-000-2022-06414-01

ACCIÓN DE TUTELA

ACTORES: JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR Y OTROS.

TESIS: SE MODIFICA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ LA SOLICITUD DE AMPARO Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA IMPROCEDENTE LA

SOLICITUD. NO SE CUMPLE CON EL REQUISITO DE LA RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL. LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD DE

AMPARO GUARDAN IDENTIDAD CON LOS EXPUESTOS DENTRO DEL

TRÁMITE DEL PROCESO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO, DESACUERDOS QUE FUERON OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO

POR PARTE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia de 2 6 de enero de 2023, mediante la cual la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A” - DEL CONSEJO DE ESTADO1 denegó la presente solicitud de amparo constitucional.

1 En adelante la Sección Segunda2

SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A” - DEL CONSEJO DE ESTADO1 denegó la presente solicitud de amparo constitucional.

1 En adelante la Sección Segunda2

Número único de radicación: 11001-03-15-000--2022-06414-01

Actores: JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR Y OTROS.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I. ANTECEDENTES

I.1 La solicitud

El señor JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR, quien actúa en nombre propio y como apoderado de los señores JORGE ELIECER CORAL RIVAS y REINALDO VELÁSQUEZ RAMÍREZ , en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales, a su juicio, le s fueron vulnerados por l a SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO 2, al haber proferido la providencia de 24 de noviembre de 2022, dentro del medio de control de nulidad electoral identificado con el número único de radicación 11001-03-28-000-2022-00038-00, acumulado al 11001-03-28-000-2022-00065-00.

I.2 Hechos

Manifestaron que el 13 de marzo de 2022 , tuvieron lugar en los distintos departamentos del país las elecciones populares para

2 En adelante la Sección Quinta3

I.2 Hechos

Manifestaron que el 13 de marzo de 2022 , tuvieron lugar en los distintos departamentos del país las elecciones populares para

2 En adelante la Sección Quinta3

Número único de radicación: 11001-03-15-000--2022-06414-01

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elegir a los integrantes de la Cámara de Representantes para el período constitucional 2022-2026.

Señalaron que la Comisión Escrutadora Departamental de Putumayo declaró electos a los señores CARLOS ADOLFO ARDILA ESPINOSA, por el partido Liberal Colombiano y JORGE ANDRÉS CANCIMANCE LÓPEZ quien fue inscrito por la coalición Pacto Histórico, que es un acuerdo de coalición programática y política entre los partidos y movimientos políticos: Polo Democrático Alternativo -PDA-, Alianza Democrática Amplia-ADAMovimiento Político Colombia Humana, el Movimiento Alternativo Indígena y Social -MAIS-, la Unión Patriótica -UPy el Partido Comunista Colombiano -PCC-.

Afirmaron que, inconformes con lo anterior, promovieron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral en contra de los señores ARDILA ESPINOSA y CANCIMANCE LÓPEZ, quienes fueron elegidos como representantes a la Cámara por el Departamento de Putumayo para el período 2022–2026.

Sostuvieron que dicho proceso fue identificado con el número

contra de los señores ARDILA ESPINOSA y CANCIMANCE LÓPEZ, quienes fueron elegidos como representantes a la Cámara por el Departamento de Putumayo para el período 2022–2026.

Sostuvieron que dicho proceso fue identificado con el número único de radicación 11001-03-28-000-2022-00038-00,4

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acumulado al expediente 11001-03-28-000-2022-00065-00 y le correspondió por reparto a la SECCIÓN QUINTA que, mediante sentencia de 24 de noviembre de 2022, denegó las pretensiones de la demanda al encontrar que no se acreditó la vulneración del inciso quinto del artículo 262 de la Constitución Política.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo y en violación directa de la Constitución Política por la indebida aplicación del artículo 108 de la misma, el cual fue usado por la Corte Constitucional para otorgar la personería jurídica a Colombia Humana y, además, incluyéndolo en la coalición, contabilizando el 3% de los votos de las elecciones Presidenciales del período 2018-2022, lo cual constituye una interpretación expansiva del principio democrático , conforme al cual se superó el umbral para efectos de obtener el reconocimiento

en la coalición, contabilizando el 3% de los votos de las elecciones Presidenciales del período 2018-2022, lo cual constituye una interpretación expansiva del principio democrático , conforme al cual se superó el umbral para efectos de obtener el reconocimiento de la personería jurídica , sin haber participado en las elecciones del Congreso.

Igualmente, afirmaron que la sentencia cuestionada desconoció el artículo 262 de la Constitución Política, respecto a los requisitos5

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que deben cumplir las coaliciones que aspiran inscribir candidatos a corporaciones públicas.

Sostuvieron que la providencia controvertida incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial dictado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-316 de 2021, en la cual se destacó que el reconocimiento de la personería jurídica de un partido o movimiento político no depende de las elecciones directas para Cámara y Senado, ya que las curules obtenidas en virtud del artículo 112 superior y el artículo 24 de la Ley Estatutaria 1909 de 2018 so n elecciones indirectas, es decir, las que se dan en la elección presidencial.

I.4. Pretensiones

Los actores solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales invocados ut supra y, en consecuencia:

que se dan en la elección presidencial.

I.4. Pretensiones

Los actores solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales invocados ut supra y, en consecuencia:

“[…] «1. Se nos conceda la Tutela al suscrito y a mis poderdantes sobre nuestros derechos al debido proceso (art. 29 CP), a la tutela judicial efectiva (art. 229 CP), a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político (art. 40 -1 CP), igualdad o cualquier otro derecho que a raíz del análisis de los hechos planteados que ustedes consideren resulten vulnerados o infringidos por la entidad accionada, dentro de las actuaciones judiciales que estamos exponiendo, en atención a las consideraciones f ácticas y jurídicas que me he permitido expresar.6

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2. DEJAR SIN EFECTO la sentencia del 24 de noviembre de 2022 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por la cual se negaron las pretensiones de la demanda presentada contra la elección de lo s señores ADOLFO ARDILA ESPINOSA y JORGE ANDRÉS CANCIMANCE LÓPEZ, como representantes a la Cámara por el departamento de Putumayo para el Periodo 20222026.

3. Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la Sección Quinta

JORGE ANDRÉS CANCIMANCE LÓPEZ, como representantes a la Cámara por el departamento de Putumayo para el Periodo 20222026.

3. Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la Sección Quinta del Consejo de Estado que proceda a dictar una nueva providencia, ajustada a la Constitución y la Ley y respetuosa de los derechos fundamentales de los accionantes.

4. Adoptar las demás medidas de protección constitucional que se consideren necesarias […]”.

I.5. Defensa

I.5.1. La Sección Quinta sostuvo que resulta evidente que lo pretendido por los demandantes es reabrir el debate jurídico que ya fue zanjado dentro del proceso electoral y con el cual están en desacuerdo.

Insistió en que debe recordarse que la acción de tutela no se erige como una instancia adicional ni puede constituirse en un mecanismo para refutar la argumentación del juez natural de la causa cuando la decisión no se comparte por alguna de las partes, puesto que no es cierto que se haya dejado de analizar la sentencia SU -316 de 2021, mediante la cual se le reconoció personería jurídica al movimiento político Colombia Humana, ni tampoco se observa una interpretación arbitraria del artículo 2627

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de la Constitución Política, en atención a los requisitos que deben

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de la Constitución Política, en atención a los requisitos que deben cumplir las coaliciones que aspiran inscribir candidatos a corporaciones públicas.

Precisó que los únicos resultados relevantes para establecer si el movimiento Colombia Humana podía o no formar parte de la coalición del Pacto Histórico para la elección de C ámara de Representantes en la circunscripción del Putumayo (período 20222026), fueron aquellos obtenidos por dicho movimiento en las votaciones celebradas en el año 2018.

Afirmó que todas las demás elecciones desarrolladas y, aún más, aquellas que tiene n lugar en la circunscripción nacional para un cargo uninominal, como ocurre con la de presidente y vicepresidente de la República, no deben ser tomadas en cuenta para calcular el 15% señalado en el artículo 262 superior, toda vez que aquel aplica para gar antizar las coaliciones de listas de aspirantes que buscan obtener participación representativa en las corporaciones públicas.

Asimismo, señaló que no es posible inferir del pronunciamiento del máximo órgano constitucional, ninguna regla o pauta sobre la8

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forma en que debe interpretarse el inciso quinto del artículo 262

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forma en que debe interpretarse el inciso quinto del artículo 262 de la Constitución y tampoco puede entenderse que la necesidad de implementar un criterio diferencial en relación con el umbral exigido para el reconocimiento de personería jurídica, como en el caso de marras, tenga un impacto sobre el aspecto que aquí se analiza, pues se trata de reglas constitucionales diferentes.

I.6. Intervinientes

I.6.1. El señor JORGE ANDRÉS CANCIMANCE LÓPEZ sostuvo que los actores insisten en que la Sección Quinta del Consejo de Estado vulneró sus derechos fundamentales al salir vencidos en el proceso de nulidad electoral por ellos incoado, ya que en el mismo no se acogió sus tesis sobre la violación de los topes máximos permitidos para coaliciones, esto es, el 15%, ni la vulneración de la ley de cuotas en las listas presentadas para las elecciones de 2018 por la circunscripción de Putumayo.

Manifestó que e n los supuestos fácticos y jurídicos relacionados por los accionantes en la presente solicitud de amparo constitucional se reitera la misma argumentación presentada en la demanda de nulidad electoral identificada con el número de9

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radicado 11001-03-28-000-2022-00065-00, acumulad a al proceso 11001-03-28-000-2022-00038-00, ello con el objetivo de reabrir el debate de fondo ya resuelto por el juez natural de la causa.

II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 2 6 de e nero de 2023, la SECCIÓN SEGUNDA denegó la solicitud de amparo constitucional , bajo el argumento de que la intervención del juez de tutela se activa únicamente en los casos específicos en que se evidencia una argumentación defectuosa, abiertamente insuficiente o inexistente al punto que se torna arbitraria , lo cual no ocurría en el presente caso, pues tampoco se evidenciaba vulneración alguna de derechos fundamentales.

Sostuvo que las discusiones adelantadas en el marco del proceso ordinario no pueden ser revividas a través de la tutela, pues ello implicaría que la sede constitucional se convierta en una instancia adicional, que no se encuentra establecida por el ordenamiento jurídico para estudiar los argumentos del juez natural.10

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Señaló que en el presente asunto no se configuró ninguna de las causales específicas de procedibilidad alegadas, toda vez que las conclusiones a las que a rribaron las autoridades judiciales accionadas no obedecieron a un capricho o arbitrariedad, ni se fundaron en su simple voluntad, sino que , por el co ntrario, se basaron en un razonable ejercicio de interpretación normativa y jurisprudencial, contrastada con los contornos fácticos del caso, que llevó a tomar la decisión adversa a las pretensiones de la demanda.

Indicó que en cuanto a los parámetros de participación igualitaria en la votación popular para elegir a los representantes de la Cámara por el Departamento del Putumayo al no incluir en las listas a una mujer, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente se encuentra que aun cuando no se incluyó ninguna mujer, lo cierto es que para esa circunscripción las curules a proveer corresponden a 2, según se advierte del Formulario E-26 CAM del 20 de marzo de 2022 , por lo que no se desconoció la cuota de género alegada, ni tampoco el principio de igualdad.

Afirmó que respecto al desconocimiento que se alega de la Constitución Política, en la providencia cuestionada se sostuvo que11

cuota de género alegada, ni tampoco el principio de igualdad.

Afirmó que respecto al desconocimiento que se alega de la Constitución Política, en la providencia cuestionada se sostuvo que11

Número único de radicación: 11001-03-15-000--2022-06414-01

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los resultados obtenidos por el movimiento Colombia Humana en los comicios del 2018 , para la elección del Presidente y Vicepresidente de Colombia , no pueden ni deben tenerse en cuenta para efectos de determinar el 15% que prevé la norma, toda vez que carecería de sentido pretender que se contabilicen los votos obtenidos por un determinado partido o movimiento en una elección diferente a aquella para la cual se busca presentar una lista en coalición.

Afirmó que en la sentencia cuestionada se aclaró que el reconocimiento de la personería jurídica del movimiento Colombia Humana, se dio en consideración al derecho person al que les asistía a los candidatos que ocuparon el segundo lugar en votaciones a la presidencia y vicepresidencia de la República en el año 2018, de aceptar una curul en el Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente, en ejercicio de su derecho de oposición del gobierno entrante.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia, solicitó revocar la decisión y, en su lugar, acceder a sus pretensiones.12

oposición del gobierno entrante.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia, solicitó revocar la decisión y, en su lugar, acceder a sus pretensiones.12

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Señalaron que no compartía n la decisión impugnada, habida cuenta que en el escrito de tutela nunca se refirieron al aspecto legal de la cuota de género en las listas de candidatos para corporaciones públicas, sin embargo, en el fallo impugnado si se hizo alusión al mismo.

Indicaron que la autoridad judicial accionada se apartó arbitrariamente de lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU316/21, toda vez que el reconocimiento de personería no puede depender de las elecciones directas para Cámara de Representantes y Senado, ya que las curules obtenidas en virtud del artículo 112 superior y el artículo 24 de la Ley Estatutaria 1909 de 2018 son elecciones indirectas, las que se dan en la elección presidencial.

Advirtieron que previamente promovieron una acción de tut ela3 con supuestos fácticos similares, que fue de conocimiento de la Sección Primera del Consejo de Estado, con ponencia del doctor Hernando Sánchez Sánchez, que fue declarada improcedente por

Advirtieron que previamente promovieron una acción de tut ela3 con supuestos fácticos similares, que fue de conocimiento de la Sección Primera del Consejo de Estado, con ponencia del doctor Hernando Sánchez Sánchez, que fue declarada improcedente por falta de relevancia constitucional, lo cual no ocurría en el presente caso, toda vez que la presente solicitud “[…] tiene una

3 Identificada con el núm. único de radicación 11001-03-15-000-2022-064380013

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RELEVANCIA CONSTITUCIONAL indiscutible, ya que se trata de un FALLO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL que sorprendió al país, cuando en forma amplia, interpretando la constitución, resuelve darle personería jurídica al Partido del actual Presidente GUSTAVO PETRO. Muchos pensaron que la Corte LEGISLÓ o PREVARICÓ […]”.

Afirmaron encontrarse en un desconcierto jurídico, toda vez que actualmente la Sección Quinta tiene posturas diferentes que confunden respecto a la aplicación del artículo 262 de la Carta Política, toda vez que el partido político Colombia Humana, con personería jurídica, al momento de celebrar una coalición con otros partidos, no tenía votos computables al realizar la inscripción de la coalición que se denominó Pacto Histórico.

Política, toda vez que el partido político Colombia Humana, con personería jurídica, al momento de celebrar una coalición con otros partidos, no tenía votos computables al realizar la inscripción de la coalición que se denominó Pacto Histórico.

Sostuvieron que la autoridad judicial accionada desconoció lo previsto en el artículo 108 de la Carta Política, por cuanto la personería que obtuvo Colombia Humana fue sobre el 3 % de los votos emitidos válidam ente en las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República , sin haber participado en las elecciones del Congreso, por lo que los votos a tener en cuenta debían ser los obtenidos en las elecciones en la s que participó y14

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de la cual se deriva su personería jurídica, que le permite ser parte de la coalición denominada Pacto Histórico.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Polí tica, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo

de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Polí tica, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazado s por la acción u omisión de cualquier15

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autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991 4. Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el a fectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009 -01328, Actora: Nery Germania Álvarez

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009 -01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

4 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».16

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parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge

aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que s e discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde defin ir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resol ver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la17

deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la17

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acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los pri ncipios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregula ridad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta

legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregula ridad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas18

fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas18

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para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos g enerales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providenc ia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicció