CE - 110010315000202206423011SENTENCIA20230423090445

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE (E): RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de Tutela Radicación: 11001 03 15 000 2022 06423 01

Demandantes: Luis Meriño Mercado y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Sucre y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Contabilización del término de caducidad del medio de control de reparación directa

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandada contra la sentencia del 3 de febrero de 2023 , mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró improcedente el amparo reclamado.

1. La acción de tutela

Los señores Luis Meriño Mercado y otros1 a través de apoderado, promueven acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado Tercero Administrativo de Sincelejo , por estimar vulnerados su s derechos fundamentales al

1 Luis Meriño Mercado, Alfonso Alejandro Meriño Mercado, Duvis Mariela Mariño Montes, Marco Antonio Meriño Montes, Martha Cecilia Meriño Montes, Adís Zenith Meriño Montes, Lucy del Socorro Meriño Montes, Nubia Estella Meriño Montes, Oswaldo Fidel Altamirand a Meriño, Liliana Patricia Altamiranda Meriño, Olga Marina

Montes, Martha Cecilia Meriño Montes, Adís Zenith Meriño Montes, Lucy del Socorro Meriño Montes, Nubia Estella Meriño Montes, Oswaldo Fidel Altamirand a Meriño, Liliana Patricia Altamiranda Meriño, Olga Marina Meriño Salgado, Elenith Consuelo Meriño Salgado, Tulia Inés Meriño Salgado, Luis Alberto Meriño Salgado , Efre Antonio Meriño Salgado, Dairo Enrique Meriño Salgado , Piedad Ester Meriño Salgado, Ke ty Mariela Meriño Salgado, Fradis Esther Meriño Salgado, Sonia María Meriño Salgado, Cándida Rosa Meriño Salgado, Carlos Arturo Meriño Salgago, Carmen Etilvia Meriño Salgado, Yomaira del Carmen Meriño Ávila, Bernadis Meriño Caro, Ketty María Meriño Caro, D eisy Sofia Meriño Caro, Alfonso Meriño Caro, Arnedys María Meriño Caro, Danilsa Isabel Meriño Caro, Ana Zenith Meriño Caro, Emilse Cecilia Meriño Pérez, Albeiro Segundo Meriño Yepes, Ana Milena Meriño Yepes, Wilfrido Meriño Yepes, Maribel Meriño Yepes, Alu did del Socorro Meriño Yepes, Rodrigo Meriño Yepes, Roberto Carlos Meriño Yepes, Albertina María Meriño Yepes, Ramiro Enrique Meriño Yepes, Ivet María Meriño Montes, Wilmer Manuel Mercado Pérez y Miguel Andrés Villadiego Meriño.2

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Demandantes: Luis Meriño Mercado y otros

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la reparación integral.

1.1. Pretensiones

En protección de los derechos reclamados, solicitan:

1. Se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia, derecho a la igualdad y derecho a la reparación integral de los accionantes.

2. Se deje sin efecto la providencia de fecha 18 de mayo del 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre y la providencia de fecha 17 de ju lio del 2020 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Sincelejo.

3. Se ordene al Tribunal Administrativo de Sucre que en términos perentorios expida una nueva providencia en la cual se declare no prosperada la excepción de caducidad y se continúe con el trámite del proceso. (transcripción literal)

1.2. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, la parte accionante señaló los siguientes:

1. Desde el año 1980 los corregimientos de Cheng ue, Salitral, Don Gabriel, Tesoro que hacen parte de la jurisdicción del municipio de Ovejas (Sucre) , se encuentran afectados por la presencia de grupos armados al margen de la ley.

1. El municipio de Ovejas (Sucre) así como los Montes de María, se encuentran bajo

que hacen parte de la jurisdicción del municipio de Ovejas (Sucre) , se encuentran afectados por la presencia de grupos armados al margen de la ley.

1. El municipio de Ovejas (Sucre) así como los Montes de María, se encuentran bajo la jurisdicción de la I Brigada de la Infantería de Marina de la Armada Nacional , quienes operan con diversos batallones y comandos, así como de efectivos policiales.

1. A finales del año 1996 y en periodos subsiguientes la zozobra se ad ueñó de sus pobladores con ocasión de «los anuncios realizados por los grupos paramilitares de incursionar en la zona para perpetrar masacres y otros atentados terroristas contra la población civil, por considerarlo simpatizantes o colaboradores de la guerrilla».

1. En el año 1999 los habitantes de dichas poblaciones presentaron ante la Defensoría del Pueblo Nacional, Personería Municipal de Ovejas y Presidencia de la República, solicitud de medidas de protección, en virtud de dichas amenazas.3

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co v) El 16 de octubre de 2000, un grupo paramilitar perteneciente a «las Autodefensas Unidas de Colombia al mando de Alias “ CADENA” incursionó en el corregimiento de Macayepo Bolívar, el cual queda aledaño al corregimiento de Chegue, Salitral Don Gabriel, La Ceiba y masacraron a diecisiete de sus habitantes».

Macayepo Bolívar, el cual queda aledaño al corregimiento de Chegue, Salitral Don Gabriel, La Ceiba y masacraron a diecisiete de sus habitantes».

1. El 28 de octubre de 2000, a través de Oficio 022450 l a Seccional Sucre de la Defensoría del Pueblo, solicitó al comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina con sede en la ciudad de Corozal, tomar las medidas de seguridad necesarias con el fin de hacer cesar los actos violentos en Macayepo y sus zonas aledañas.

1. «Mediante oficio de fecha 21 de octubre de 2000, el comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina RODRIGO QUIÑONEZ CÁRDENAS , entre otras cosas, le manifiesta al Defensor del Pueblo, que en sus unidades nunca se han recibido en ningún momento una información concreta y detallada, sobre la presencia, ubicación e intenciones sobre los grupos al margen de la ley con el fin de neutralizarlos en forma efectiva».

1. Entre finales del mes de diciembre del año 2000 y hasta el 17 de enero de 2001, «la fuerza pública no realizó ninguna operación de control y registro en la zona, es decir, no hizo presencia, dejando a sus pobladores totalmente desprotegidos al asecho de los ilegales».

1. El 17 de enero de 2001, a las 4 :00 a.m. «un comando armado compuesto aproximadamente de ochenta (80) hombres pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia –denominadas Héroes de los Montes de María incursionaron en el corregimiento de CHENGUE jurisdicción del municipio de Ovejas Sucre, y asesinaron

aproximadamente de ochenta (80) hombres pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia –denominadas Héroes de los Montes de María incursionaron en el corregimiento de CHENGUE jurisdicción del municipio de Ovejas Sucre, y asesinaron o masacraron a los señores CESAR SEGUNDO MERIÑO MERCADO RAMÓN ANDRÉS MERIÑO MERCADO» y a otras personas.

1. La ejecuci ón extrajudicial de que fueron víctimas de los señores CESAR SEGUNDO MERIÑO MERCADO y RAMÓN ANDRÉS MERIÑO MERCADO produjo a sus f amiliares un «intenso dolor, aflicción, tristeza, congoja y zozobra, teniendo cuenta el fuerte afecto4

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co familiar que los unía, como quiera de que se trata de familias que convivían en el mismo corregimiento de Chengue, se visitaban mutuamente, se distinguían por ser muy unidas y se prestan socorro mutuo, etc.».

1. El 9 de febrero 2001, un miembro del grupo paramilitar que cometió la masacre en Chengue de nombre Elkin Valdiris Tirado de manera voluntaria se presentó a la Fiscalía General de la nación para formular una confesión sobre la autoría intelectual y material de la masacre, quien a través de sus distintas declaraciones afirmó que el grupo de autodefensa qu e cometió la masacre fue el mismo que se transportaba en

Fiscalía General de la nación para formular una confesión sobre la autoría intelectual y material de la masacre, quien a través de sus distintas declaraciones afirmó que el grupo de autodefensa qu e cometió la masacre fue el mismo que se transportaba en los camiones que se desplazaron por el municipio de San Onofre la noche de los hechos.

1. De acuerdo a declaraciones de otros desmovilizados de la autodefensas José Feliciano Yepes Álvarez, Jairo Antonio Castillo Peralta, Uber En rique Banquez Martínez, Pedro Alex Conde Anaya y Francisco Enrique Villalba Hernández, manifestaron que el en departamento de Sucre, entre los años 1995 y 2005 se registró una alianza entre los grupos de autodefensas y para militares y la Fuerza Pública para «efectuar toda clase de atentados (masacres, homicidios, desapariciones forzadas, violencia de género, amenazas, desplazamientos forzados, etc,) contra la población civil, por considerarla colaboradora o simpatizantes de las organizaciones guerrilleras».

1. El 15 de marzo de 2011 , la masacre de Chengue fue declarada delito de lesa humanidad por la Fiscalía 43 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, en virtud de la trascendencia y gravedad de los hechos.

1. El 12 de abril de 2019, a través de apoderado el señor Luis Meriño Mercado y su grupo familiar interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la Nación –Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional y Policía Nacional , con el propósito de que se dec lararan patrimonialmente responsables por los perjuicios materiales e inmateriales con ocasión de la muerte

directa en contra de la Nación –Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional y Policía Nacional , con el propósito de que se dec lararan patrimonialmente responsables por los perjuicios materiales e inmateriales con ocasión de la muerte del señor César Segundo Meriño Mercado, ocurrida el día 17 de enero de 2001 en el corregimiento El Chengue, municipio de Ovejas (Sucre).5

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1. El 1 7 de julio de 2020 , el Juzgado Tercero Administrativo de Sincelejo declaró probada la excepción de caducidad.

1. El 18 de mayo de 2022 , el Tribunal Administrativo de Sucre confirmó la providencia proferida por el juez a quo.

1.3. Fundamentos jurídicos de los accionantes

1. El derecho a la reparación de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos e infracción al derecho internacional es un derecho de rango supra legal para cuya concreción el estado Colombiano no está llamado a desconocer lo o incumplirlo so pretexto de la invocación de disposici ones de su derecho interno como es el artículo 164 del CPACA, relativo a la caducidad de la acción de reparación, o de prácticas j udiciales internas como la regla del conocimiento del daño o participación de agentes del Estado en los hechos establecidas en la sentencia de unificación de fecha 29 de enero del 2020 . Como respuesta las

reparación, o de prácticas j udiciales internas como la regla del conocimiento del daño o participación de agentes del Estado en los hechos establecidas en la sentencia de unificación de fecha 29 de enero del 2020 . Como respuesta las cruentas violaciones de los derechos humanos se han suscrito distintos instrumentos, tratados y convenios internacionales de derechos humanos 2 para combatir la impunidad y rest ablecer los derechos de las víctima s. Estos mandatos supralegales son de obligatorio acatamiento por todas las autoridades judiciales en todos sus órdenes, dado su carácter de normas del ius cogens, frente a lo cual los estados no podrán oponer su derecho interno.

1. La Corte Constitucional en sentencia T-352 de 2006 y el Consejo de Estado,3 han sostenido que el derecho a la reparación integral es un derecho fundamental de las víctimas del conflicto armado, porque a) busca reestablecer la dignidad de las víctimas a quienes se les han vulnerado los derechos constitucionales y b) por tratarse de un derecho complejo que se interrelaciona con la verdad y la justicia, que

2 i) El artículo 14 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ii) el documento de la ONU sobre Principios y Directrices Básicos para la Reparación (E/CN.4/1997/104) aprobado por la Subcomisión en 1997, iii) La directriz (Principios que conforman para la adopción de medidas eficaces de lucha contra la impunidad, elaborada de conformidad con la actualización ordenada por la Resolución 2004/72167, expedida por la Comisión de Derechos Humanos ), iv) Corte Interame ricana de Derechos Humanos

eficaces de lucha contra la impunidad, elaborada de conformidad con la actualización ordenada por la Resolución 2004/72167, expedida por la Comisión de Derechos Humanos ), iv) Corte Interame ricana de Derechos Humanos caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile sentencia de 29 de noviembre de 2018, 3 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia i) del 27 de septiembre del 2013, expediente radicado número 19939, ii) del 31 julio de 2019, expediente radicado número 25000 23 36 000 2018 00109 01.6

Radicado: 11001 03 15 000 2022 06423 01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se traduce en pretensiones concretas de restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y no repetición.

1. Destacó que el consejero de Estado Ramiro Pazos Guerrero en el salvamento de voto presentado contra la sentencia de unificación de l 29 de enero del 2020, señal ó que el ejercicio de los derechos fundamentales a la verdad, a la justicia y reparación de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos deben preval ecer frente a la regla procesal de caducidad, a fin de garantizarlos.

1. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el c aso Órdenes Guerra y otros vs. Chile en sentencia de 29 de noviembre de 2018, manife stó que las acciones judiciales de reparación del daño causado por crímenes internacionales no

otros vs. Chile en sentencia de 29 de noviembre de 2018, manife stó que las acciones judiciales de reparación del daño causado por crímenes internacionales no deben estar sujetas a prescripción, razón por la cual, a su juicio es un precedente de obligatorio acatamiento.

1. El tema de la inoperancia de l término de caducidad cuando se juzga la responsabilidad del Estado frente a delitos de lesa humanidad ya ha sido abordado por la Sección Tercera del Consejo de Estado en profusa jurisprudencia desde hace mucho tiempo atrás, y constituyen antecedentes que deben mantenerse vigentes en el tiempo, pese a lo decido en la sentencia de unificación de fecha 29 de enero del año 2020, como quiera que dichas líneas jurisprudencia les se encuentran conforme a las reglas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las normas de la Convención Americana de Derechos humanos y la jurisprudencia de la corte interamericana de los Derechos Humanos.

1. Los cambios jurisprudenciales no pueden se r retroactivos cuando atenta n contra las garantías procesales de los usuarios de la administración de justicia , por lo que en el presente caso la demanda fue presentada el 12 de abril del año 2019, es decir, antes de ser expedida la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, y para esa fecha el criterio jurisprudencial que venía imperando bajo el cual se apoyaron los demandantes para sustentar sus pretensiones era el de la inoperancia de la caducidad cuando se juzga la7

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pretensiones era el de la inoperancia de la caducidad cuando se juzga la7

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co responsabilidad del estado por actos de lesa humanidad o de graves violaciones de los derechos humanos.

1.4. Actuación procesal

La tutela de la referencia, admitida por auto del 1 9de diciembre de 2022 de la Sección Cuarta de esta corporación, ordenó notificar como demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo de Sucre y al titular del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo y, como terceros interesados, a la Nación -Ministerio de Defensa Nacional , -Armada Nacional y a la Policía Nacional, a Lina María Altamiranda Meriño, Wilmar Manuel Meriño Pérez y Ubaldo Enrique Meriño Mercado, para que dentro del término de tres días, y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.

1.5. Intervenciones

1.5.1. El magistrado del Tribunal Administrativo de Sucre ,4 Rufo Arturo Carvajal Argoty, ponente de la providencia objeto de estudio solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto, negarla , al efecto señaló que no se cumplen los requisitos generales y específicos de procedibilidad de este mecanismo excepcional contra decisiones judiciales.

Añadió que la decisión proferida corresponde íntegramente a la aplicación del

los requisitos generales y específicos de procedibilidad de este mecanismo excepcional contra decisiones judiciales.

Añadió que la decisión proferida corresponde íntegramente a la aplicación del precedente jurisprudencial dispuesto por el Consejo de Estado, por lo que no puede reprocharse lo decidido por la vía del amparo invocando vulneración de precedente alguno.

1.5.2. La coordinadora del grupo contencioso constitucional del Ministerio de Defensa,5 Diana Marcela Cañón Parada , al hacer referencia a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, señaló que la petición de amparo no tiene vocación de prosperidad , ya que los fundamentos de derecho esbozados en el auto de 18 de mayo de 2022 que confirmó la de cisión de encontrar probada la excepción de caducidad dentro del proceso 70001 33 33 003 2019 00122 01, en

4 Expediente digital de tutela. 5 Expediente digital de tutela.8

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co delitos de lesa humanidad -a excepción de la desaparición forzada -, se encuentra ajustada a los parámetros de convencionalidad y derechos humanos sin que se encuentre que ha ya vulnerado derecho fundamental alguno y menos la jurisprudencia, por el contrario se encuentra demostrado el cumplimiento del deber funcional de los jueces de aplicación de los precedentes jurisprudenciales en su providencias.

encuentre que ha ya vulnerado derecho fundamental alguno y menos la jurisprudencia, por el contrario se encuentra demostrado el cumplimiento del deber funcional de los jueces de aplicación de los precedentes jurisprudenciales en su providencias.

1.5.3. La Armada Nacional, la Policía Nacional, los señores Lina María Altamiranda Meriño, Wilmar Manuel Meriño Pérez y Ubaldo Enrique Meriño Mercado,6 a pesar de haber sido notificados del presente trámite con el fin de que rindieran el informe correspondiente, guardaron silencio.

1.6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Primera, en sentencia del 3 de febrero de 2023 declaró improcedente el amparo deprecado.

Al efecto, estudió el material probatorio obrante en el expedient e y con base en ellos consideró que el caso objeto de estudio no era un asunto que se encontraba comprendido dentro de aquello s que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia constitucional, toda vez que en la solicitud de la acción de tutela, como en el respectivo recurso de apelación interpuesto contra el auto de primera instancia proferido por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, el 17 de julio de 2020, los actores reiteraron los argumentos jurídicos, utilizando el mecanismo de amparo como una tercera instancia. En ese orden de ideas, evidenci ó que los actores plante aron una afectación de derechos fundamentales que tiene su origen en últimas en un debate estrictamente normativo, el cual ya fue expuesto dentro del medio de control de reparación directa y fue decidido por el juez natural de la causa.

1.7. Impugnación

fundamentales que tiene su origen en últimas en un debate estrictamente normativo, el cual ya fue expuesto dentro del medio de control de reparación directa y fue decidido por el juez natural de la causa.

1.7. Impugnación

1. Reiteró que el Tribunal Administrativo de Sucre aplicó de forma rígida el precedente jurisprudencial contenido en la sentencia de unificación del 29 de enero

6 Expediente digital de tutela.9

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado sin tener en cuenta los argumentos expuestos en el recurso de apelación y de que se trataba de un caso calificado como de lesa humanidad regido por las normas internacionales de los derechos humanos y de la Convención Americana de los Derechos Humanos que integran en bloque de consti tucionalidad y por lo tanto su aplicación es de inmediato y obligatorio cumplimiento dada su prevalencia respecto de las normatividad interna.

1. Si bien es cierto que algunos de los argumentos que se esbozaron en la acción de tutelan guardan identidad con los invocados en el recurso de apelación, también lo es que dicha situación no constituy e argumento válido para denegar el amparo solicitado, por cuanto la jurisprudencia constitucional establece como causal de procedencia de la acción de tut ela, que los argumentos que sustentan el amparo solicitado hayan sido objeto de debate dentro del proceso ordinario, pues resulta

solicitado, por cuanto la jurisprudencia constitucional establece como causal de procedencia de la acción de tut ela, que los argumentos que sustentan el amparo solicitado hayan sido objeto de debate dentro del proceso ordinario, pues resulta totalmente contrario a la realidad ju rídica que para que sea procedente la acción de tutela, los argument os tengan que versar sobre hechos o fundamentos nuevos o distintos a los debatidos en el proceso ordinario o contencioso.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferid o por el Consejo de Estado, Sección Primera, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019, 7 según el cual «l as tutelas que sean de competencia del Consejo de Esta do en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».

2.2. Cuestión previa

Antes de proceder al estudio de la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por el municipio accionante, la Sala aclara que solo

7 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado10

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Luis Meriño Mercado y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co realizará el análisis de la decisión adoptada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Sucre, órgano de cierre en el presente asunto.

2.3. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, si el Tribunal Administrativo de Sucre quebrantó los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la reparación integral de los accionantes, al proferir la sentencia del 18 de mayo de 2022, dictada dentro del proceso de reparación directa con radicado 70001 33 33 003 2019 00122 01, que confirmó la decisión tomada por el Juzgado Tercero Administrativo de Sincelejo, que declaró configurada la excepción de caducidad.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, estableció en sus artículos 11, 12 y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales

de cualquier autoridad».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, estableció en sus artículos 11, 12 y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales ejecutoriadas, artículos que posteriormente fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C -543 de 1992, al considerarse que atentaban contra los principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, además de trasgredir la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por la Constitución.

Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,11

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.

En este criterio, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la s entencia C -590 de 2005, 8 en la que se hace distinción entre causales

consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la s entencia C -590 de 2005, 8 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia misma del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agota do todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) qu e ésta identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración así como los derechos vulnerados y que se hubiere alegado en el proceso judicial siempre que hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 2012, 9 unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, y admitió que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en

en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, y admitió que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido

8 Reiteradas en la sentencia SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009. 9Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicado 11001 03 15 000 2009 01328 01(IJ).12

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.

Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia de 5 de agosto de 2014, 10 acogió un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencia s judiciales se ejerce oportunamente, término de inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los parámetros señalados para el efecto