CE - 110010315000202206454011SENTENCIA20230330153839

Demandantes: Lucio Luque Aguilera y otro Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-06454-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-06454-01

Demandantes: LUCIO LUQUE AGUILERA Y OTRO

Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C

Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial – confirma improcedencia – requisito general de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia de primer grado del 19 de enero del 202 3, emitida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. M ediante esta decisi ón se declaró improcedente esta acción constitucional por no superar el requisito de la relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.

improcedente esta acción constitucional por no superar el requisito de la relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.

1. El señor Lucio Luque Aguilera y la Sociedad El Arpre SAS , actuando por intermedio de apoderado judicial, interpusieron acción de tutela contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Antioquia. En la acción constitucional, la parte actora pretende el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso , a la igualdad y al acceso a la administración de justicia1.

1 El escrito fue radicado el 2 de diciembre de 2022 en el buzó n web de la Secretaría General del Consejo de Estado secgeneral@consejodeestado.gov.co.Demandantes: Lucio Luque Aguilera y otro Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-06454-01 2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2. Desde el punto de vista de la parte accionante, la trasgresión de las citadas garantías constitucionales encontró sustento en la s providencias del 15 de mayo de 2013 y del 8 de octubre de 20 21 proferidas por el Tribunal Administrativo de Antioquia y la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, respectivamente. Lo anterior, en el ejercicio del medio de control de reparación directa promovido por los accionantes contra el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS)2.

Antioquia y la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, respectivamente. Lo anterior, en el ejercicio del medio de control de reparación directa promovido por los accionantes contra el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS)2.

3. Mediante el referido medio de control, se pretendía declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los perjuicios causados con ocasión de la ampliación de la vía Medellín - Bogotá.

1.2. Pretensiones

4. Con bas e en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, solicitó:

Sirvase tutelar a mis mandantes los derechos fundamentales consagrados en los Arts. 13, 29, 228, 229 y 230 de la Constitución Nacion al. Y QUE HAN SIDO

AGRAVIADOS POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y EL

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,

SECCION TERCERA, SUBSECCION C.

CONSECUENTE CON LO ANTERIOR SE DECRETE LA NULIDAD DE LAS SENTENCIAS DE PRIMERA Y SEGUND A INSTANCIA PROFERIDAS POR LAS ENTIDADES ANTES CITADAS Y SE LES ORDENE QUE EN EL TERMINO DE 72 HORAS PROFIERAN NUEVAS PROVIDENCIAS VALORANDO TODA LA PRUEBA DOCUMENTAL APORTADA POR LA PARTE DEMANDANTE A LA ACCION DE REPARACION DIRECTA A QUE HICE ALUSION EN EL HECHO PRIMERO DE ESTE LIBELO DEMANDADOR Y TODA LA PRUBA QUE MILITA

EN EL PROCESO Y SE EXPONGA RAZONADAMENTE EL VALOR

PROBATORIO QUE SE LE DA A CADA PRUEBA DOCUMENTAL

PRIMERO DE ESTE LIBELO DEMANDADOR Y TODA LA PRUBA QUE MILITA

EN EL PROCESO Y SE EXPONGA RAZONADAMENTE EL VALOR

PROBATORIO QUE SE LE DA A CADA PRUEBA DOCUMENTAL

PRINCIPALMENTE A LAS APORTADAS POR LA PARTE ACTORA. PUES LA

PRUEBA TESTIMONIAL NO ES LA UNICA PARA FALLAR UN PROCESO.

(sic a toda la cita)

1.3. Hechos probados y/o admitidos

5. En el mes de enero de l año 1998, el Instituto Nacional de Vías (en adelante INVÍAS) inició la ejecución de la ampliación de la autopista Medellín - Bogotá, lo que, al parecer de los accionantes, generó la desestabilización del terreno y la destrucción parcial de la bodega de propiedad del señor Lucio Luque Aguilera, en la que funcionaba la planta de producción de la sociedad El Arpre SAS , ubicada en el municipio de Copacabana, Antioquia.

2 Reparación directa con el radicado n.º 05001-23-31-000-2001-00431-00/2.Demandantes: Lucio Luque Aguilera y otro Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-06454-01 3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6. El 28 de septiembre de 2001, el señor Lucio Luque Aguilera y la Sociedad El Arpre SAS ejercieron el medio de control de reparación directa en contra del INVÍAS con el

www.consejodeestado.gov.co

6. El 28 de septiembre de 2001, el señor Lucio Luque Aguilera y la Sociedad El Arpre SAS ejercieron el medio de control de reparación directa en contra del INVÍAS con el fin de que se indemnizaran los perjuicios por el daño ocasionado por el proyecto vial relativo a la doble calzada Medellín - Bogotá.

7. El asunto le correspondió en primera instancia a la Sala Cuarta de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia, autoridad judicial que, mediante sentencia del 15 de mayo de 201 3, resolvió negar las pretensiones de la demanda, al no encontrar demostrado que el deterioro de la propiedad del señor Luque Aguilera hubiese sido consecuencia directa o indirecta de las obras de adecuación, ampliación y pavimentación.

8. Inconforme con lo anterior, la parte actora interpuso recurso de apelación en consideración a que, según su criterio, el a quo no habría valorado adecuadamente el material probatorio, el cual habría sido determinante para que se le imputara responsabilidad a la entidad accionada en el medio de control.

9. Mediante providencia del 8 de octubre de 20213, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la decisión del a quo, pues señaló que no se encontraba probado cómo ocurrió: i) la desestabilización del terreno del señor Luque Aguilera; ii) el derrumbe parcial de la edificación donde funcionaba la sociedad El Arpre SAS y iii) la intervención del INVÍAS en las obras de drenaje o las redes de acueducto en la ampliación de la doble calzada.

1.4. Fundamentos de la solicitud

Arpre SAS y iii) la intervención del INVÍAS en las obras de drenaje o las redes de acueducto en la ampliación de la doble calzada.

1.4. Fundamentos de la solicitud

10. Los demandantes señalaron que el Tribunal Administrativo de Antioquia y la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la ad ministración de justicia con ocasión de las sentencias de primera y segunda instancia, proferid as en el marco del medio de control de reparación directa que promovieron contra el

INVÍAS.

11. En su criterio, estas habrían desconocido las pruebas documentales aportadas al proceso, las cuales habrían permitido acreditar el nexo causal entre el daño y la falla del servicio por parte de la entidad demandada.

12. Agregó que no es de recibo el argumento relativo a que se configuró la fuerza mayor por un hecho de la naturaleza, con ocasión del aumento de las precipitaciones

3 Notificada el 24 de agosto de 2022, según el índice 22 de Samai, dentro del radicado 05001 -23-31000-2001-00431-02.Demandantes: Lucio Luque Aguilera y otro Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-06454-01 4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co durante la época de las obras , pues el registro meteorológico habría indicado lo contrario.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co durante la época de las obras , pues el registro meteorológico habría indicado lo contrario.

13. Finalmente, señaló que el INVÍAS no cumplió con las medidas preventivas de impacto ambiental durante el desarrollo de las referidas obras.

1.5. Trámite de la acción de tutela

14. Mediante auto del 7 de diciembre de 2022, el magistrado que conoció en primera instancia admitió la presente acción de tutela y ordenó notificar a las partes.

15. Igualme nte, ordenó la vinculación , como tercero interesado en el resultado de esta controversia, al director del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) , quien fungió como demanda da en el medio de control de reparación directa con radicado n.º 05001-23-31-000-2001-00431-00/2.

16. Asimismo, le fue reconocida personería para actuar al abogado Hugo Castrillón Aldana, en calidad de apoderado judicial de la parte actora de esta acción constitucional.

17. Finalmente, requirió a la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia para que allegara, a la Secretaría General de esta Corporación, copia electrónica del expediente con radicado n.º 05001-23-31-000-2001-00431-00/2.

1.6. Intervenciones

1.6.1 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

18. Por intermedio d el magistrado ponente de la decisión del 8 de octubre de 2021,

1.6. Intervenciones

1.6.1 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

18. Por intermedio d el magistrado ponente de la decisión del 8 de octubre de 2021, advirtió que «las consideraciones esgrimidas en la providencia (…) son suficientes para explicar la improcedencia del amparo solicitado».

19. Pese a haber sido notificados en debida forma, el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) guardaron silencio. No obstante, el referido tribunal remitió el expediente ordinario objeto de estudio, de acuerdo con la orden indicada en el auto admisorio de esta acción constitucional.

1.7. Fallo impugnado

20. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante sentencia del 19 de enero de 2023, declaró la improcedencia de la acción de tutela por no encontrarse satisfecho el requisito general de la relevancia constitucional.Demandantes: Lucio Luque Aguilera y otro Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-06454-01

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

21. Indicó que, de la lectura integral del escrito de tutela , se infirió que los reparos efectuados obedecen a la indebida valoración probatoria relacionada con los elementos documentales aportados al proceso, l os cuales, a juicio del accionante, habrían permitido acreditar el nexo causal entre el daño y la alegada falla del servicio.

elementos documentales aportados al proceso, l os cuales, a juicio del accionante, habrían permitido acreditar el nexo causal entre el daño y la alegada falla del servicio.

22. Señaló que para la Sala e ra claro que los reproches esgrimidos en la acción constitucional se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del recurso de apelación presentado en contra del fallo, de primera instancia, del 15 de mayo de 2013 . Esto, para efectos de que se de clarara probada la falla del servicio, por cuanto el daño causado se dio como consecuencia directa de las obras de adecuación, ampliación y pavimentación que se adelantaban.

23. Agregó que, si bien la parte demandante pretend ió darle el cariz de vicio o defecto a la s ituación planteada, resultaba evidente que los fu ndamentos que soportan la interposición de la acción de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en el proceso ordinario , los cuales fueron resueltos en el fallo, de segunda instancia del 8 de octubre de 2021.

24. Manifestó que, pese a que el defecto se orientó a la falta de valoración de las pruebas, este no se habría configurado, pues no se encontró demostrada la falla del servicio del INVÍAS, debido a que no exist ió certeza de que las obras que se realizaron en la vía Medellín - Bogotá hubiesen sido las generadoras de la desestabilización del terreno y la destrucción parcial de la bodega de propiedad de la

sociedad El Arpre SAS.

realizaron en la vía Medellín - Bogotá hubiesen sido las generadoras de la desestabilización del terreno y la destrucción parcial de la bodega de propiedad de la sociedad El Arpre SAS.

25. Finalmente, concluyó que , en el caso concreto, no se encontró acreditado el requisito de relevancia constitucional porque su objeto consiste en reabrir un debate meramente legal y probatorio que era propio del trámite del proceso de reparación directa. Además, resaltó que al juez constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia.

1.8. Impugnación

26. La parte actora se limitó a reiterar los argumentos del escrito de tutela y a señalar que impugnaba la decisión de primera instancia, en tanto, no la compartía en ninguna de sus partes.Demandantes: Lucio Luque Aguilera y otro Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-06454-01

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

27. Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 19 de enero del 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, el Decreto Ley 2591 de 1991 , el

Estado, Sección Tercera, Subsección B. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, el Decreto Ley 2591 de 1991 , el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Legitimación en la causa

28. El inciso 1 ° del artículo 86 Constitucion al consagra el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.

29. En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 1991 4, en los artículos 1, 10, 46 y 49, precisa que el mecanismo de amparo puede ser presentado por cualquier persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea i) por sí misma; ii) a través de representante; iii) apoderado; o iv) por medio de la agencia oficiosa, cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores del pueblo y los personeros municipales5.

30. Con fundamento en el marco conceptual expuesto 6, la Sala advierte que el señor Lucio Luque Aguilera y la Sociedad El Arpre SAS son titulares de los derechos fundamentales que reclaman, en consideración a que ostentaron el extr emo activo en el medio de control de reparación directa promovido contra el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), en el cual fueron negadas las pretensiones de la demanda.

31. Por otro lado, se observa que el Tribunal Administrativo de Antioquia y la

en el medio de control de reparación directa promovido contra el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), en el cual fueron negadas las pretensiones de la demanda.

31. Por otro lado, se observa que el Tribunal Administrativo de Antioquia y la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado , al ser las autoridades judiciales que profirieron las decisiones que se controvierten en esta acción de tutela, se encuentran legitimadas en la causa por pasiva.

4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 5 Corte Constitucional, Sentencia T-793 de 2007. 6 Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00.Demandantes: Lucio Luque Aguilera y otro Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-06454-01 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.3. Cuestión previa

32. Para la Sala es importante precisar que, si bien la parte actora afirmó que la demanda de acción de tutela se promovió en contra de las providencias dictadas por el Tribunal Administrativo de Antioquia y la Subsección C de la Sección Tercera del

32. Para la Sala es importante precisar que, si bien la parte actora afirmó que la demanda de acción de tutela se promovió en contra de las providencias dictadas por el Tribunal Administrativo de Antioquia y la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado , el análisis en esta sentencia se limitará a la sentencia de segunda instancia, puesto que fue el que puso fin a la controversia jurídica.

2.4. Problema jurídico

33. Corresponde en este caso determinar si de conformidad con la situación fáctica expuesta, el material probatorio recaudado, los argumentos planteados en el escrito de tutela y en la impugnación hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo de primera instancia proferido por el Consejo de Estado , Sección Tercera, Subsección B, mediante el cual se declaró la improcedencia de la acción constitucional por no encontrarse satisfecho el requisito general de la relevancia constitucional.

34. Para estos efectos, la Sala analizará lo siguiente:

• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos de proce dibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, en especial el de relevancia constitucional?

35. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:

• La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estad o, ¿vulneró l os derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia del señor Lucio Luque Aguilera y la Sociedad El Arpre SAS con ocasión de la expedición de la providencia que confirmó la decisión de primer grado mediante la cual fueron negadas las pretensiones del medio de control de reparación directa contra el Instituto Nacional de Vías

Arpre SAS con ocasión de la expedición de la providencia que confirmó la decisión de primer grado mediante la cual fueron negadas las pretensiones del medio de control de reparación directa contra el Instituto Nacional de Vías

(INVÍAS)?

36. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: i) procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) los requisitos generales de procedibilidad y, de superarse, iii) caso concreto en atención a las generalidades de los defectos invocados.

2.5 . Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

37. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales,Demandantes: Lucio Luque Aguilera y otro Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-06454-01

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en fallo de 31 de julio de 2012 7. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema 8. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales9.

38. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 10. En esta sentencia se

38. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 10. En esta sentencia se establecieron seis requisitos generales de procedencia 11 y ocho defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial12.

39. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura n los defectos especiales, la Sala determin ará si se superan los siguientes requisitos

generales de procedencia:

1. que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela, ii) inmediatez,

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 9 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”. 10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 11 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii)

11 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es de cir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hech o que originó la vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 12 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judic ial que profiri ó́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actu ó́ completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cua ndo el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o

probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presen tan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su ór bita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En esto s casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.Demandantes: Lucio Luque Aguilera y otro Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-06454-01 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co iii) subsidiariedad, iv) relevancia constitucional, v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.

www.consejodeestado.gov.co iii) subsidiariedad, iv) relevancia constitucional, v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.

40. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.

Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requeri rá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se intente reabrir el debate de instancia.

41. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como una «tercera instancia » que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

42. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si , en el caso concreto , concurren los requisitos de procedibilidad y, solo en el caso de encontrarlos superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en el defecto aludido.

2.6. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad

2.6.1. Requisito general de relevancia constitucional

43. En primer lugar, se advierte que el Alto Tribunal Constitucional adoptó el término

2.6. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad

2.6.1. Requisito general de relevancia constitucional

43. En primer lugar, se advierte que el Alto Tribunal Constitucional adoptó el término “relevancia constitucional” en la sentencia C -590 de 2005 13 en la que señaló que la acción de tutela solo es procedente siempre y cuando se cumplan ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, dentro de los que se encuentra la relevancia constitucional. Sobre esta exigencia, en aquella oportunidad se advirtió:

Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó , el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra

13 Durante el periodo comprendido entre 1992 y 2005 has ta aquí, es claro que el Alto Tribunal Constitucional si bien aún no contemplaba como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela, la relevancia constitucional, lo cierto es que de manera indirecta sí hacía alusión a ella, al señalar qu e: a) la solicitud de amparo no se constituye como una tercera instancia; b) que no se instituyó para controvertir la interpretación hecha por los jueces ordinarios en una decisión judicial; c) que no es procedente para estudiar asuntos netamente económico s. Esto, bajo el entendido que las discusiones de orden legal escapan del radio de acción de garantías superiores.Demandantes: Lucio Luque Aguilera y otro

que no es procedente para estudiar asuntos netamente económico s. Esto, bajo el entendido que las discusiones de orden legal escapan del radio de acción de garantías superiores.Demandantes: Lucio Luque Aguilera y otro Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-06454-01 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. (Subrayado fuera de texto).

44. Con f undamento en lo anterior, la Corte Constitucional ha logrado significativos avances en torno a los criterios que llevan a determinar cuándo se cumple esta exigencia. Así, en sentencia SU -215 de 2022 14, el Alto Tribunal unificó los criterios que se deben analizar a la hora de determinar si un asunto reviste o no de relevancia constitucional, de acuerdo precisamente a los fines acogidos hasta ese momento, los cuales se pasan a exponer en el siguiente gráfico para mayor entendimiento:

Finalidad de la relevancia constitucional Parámetros que se deben tener en cuenta para verificar si se cumple con los cometidos de la relevancia constitucional Respeto por las competencias de las jurisdicciones. El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,

alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o eco