CE - 110010315000202206457011SENTENCIA20230421111141

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06457-01

Demandante: ROSA GÓMEZ TAMAYO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-06457-01

Demandante: ROSA GÓMEZ TAMAYO

Demandado: CONSEJO DE ESTADO , SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN

“A”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho -en modalidad de lesividad -, contra acto administrativo que reconoció p ensión gracia . Defectos fáctico y por desconocimiento del precedente judicial. Requisito de relevancia constitucional cuando se pretende dar continuidad a la misma discusión legal en relación con el defecto fáctico. Estudio de fondo respecto del desconocimiento del precedente judicial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por la parte actora , quien actúa en nombre propio, contra la sentencia de 20 de enero de 2023, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por la parte actora , quien actúa en nombre propio, contra la sentencia de 20 de enero de 2023, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado dentro de la acción de tutela en la que declaró su improcedencia por desatender el requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La accionante afirmó que nació el 31 de diciembre de 1938 y que en la actualidad “cuenta con 83 años de edad”.

Sostuvo que luego de cumplir los requisitos de ley, la Caja Nacional de Previsión Social mediante Resolución Nº 4544 de 7 de mayo de 1996, reconoció y ordenó el pago a su favo r de una pensión gracia en cuantía equivalente al 75% de los sueldos devengados en los últimos doce meses, efectiva a partir del 7 de junio de 1992.2

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06457-01

Demandante: ROSA GÓMEZ TAMAYO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 Indicó que mediante Resolución N° 32235 de 2000, 28765 de 13 de diciembre de 2004 “y sentencia del 30 de o ctubre de 2008, emanada del Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito de Bogotá, confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C” del 27 de agosto de 2009 ”,

Administrativo del Circuito de Bogotá, confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C” del 27 de agosto de 2009 ”, obtuvo la reliquidación de la pensión gracia, elevando la cuantía a $777.683.30, efectiva a partir del 29 de diciembre de 1999.

Refirió que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, presentó demanda en su contra en ejercicio del me dio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la modalidad de lesividad, con el fin de que se declarara la nulidad de las Resoluciones Nos. 4544 del 7 de mayo de 1996, 32235 de 19 de diciembre del 2000 y 28765 del 13 de diciembre de 2004 , mediante las cuales se reconoció y modificó la pensión gracia reconocida a la demandante , y que a título de restablecimiento del derecho se le ordenara reintegrar la totalidad de las sumas canceladas, por considerar que no le asistía el derecho al reconocimi ento y liquidación de una pensión gracia.

Adujo que la Subsección “F” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia de primera instancia el 9 de febrero de 2018, en la que accedió a las pretensiones de la demanda , lu ego de considerar que la demandada no cumplió con el requisito de tiempo de 20 años de servicio de docencia oficial de carácter territorial, conforme con las pruebas obrantes en el expediente.

Por último, afirmó que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, en sentencia de 5 de noviembre de 2020 1

docencia oficial de carácter territorial, conforme con las pruebas obrantes en el expediente.

Por último, afirmó que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, en sentencia de 5 de noviembre de 2020 1 , confirmó la decisión bajo los mismos argumentos, esto es, por considerar que no cumplió el requisito de 20 años de servicio en la docencia oficial territorial, en tanto no tenía la condición de docen te territorial o nacionalizado, por lo cual no podía ser beneficiaria del derecho pensional, toda vez que el mayor tiempo de servicios que acreditó era de carácter nacional.

2. Fundamentos de la acción

La accionante presentó acción de tutela con el fin d e que se amparen sus derechos fundamentales a la vida, salud, mínimo vital, igualdad, debido proceso y seguridad social, supuestamente vulnerados con la sentencia de 5 de noviembre de 2020 , mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, confirmó la decisión de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho , en modalidad de lesividad, que la UGPP promovió en su contra.

1 La sentencia fue objeto de adición mediante decisión complementaria de 6 de octubre de 2022. En esa decisión resolvió: “Primero: Adicionar el ordinal primero de la sentencia proferida el 5 de noviembre de 2020 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en su modalidad de lesividad, promovida por la Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación (hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales

restablecimiento del derecho en su modalidad de lesividad, promovida por la Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación (hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP) contra la señora Rosa Gómez Tamayo, en el sentido de confirmar también por las razones aquí expuestas la p rovidencia del 9 de febrero de 2018 proferida por la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Segundo: Negar las demás solicitudes de aclaración y adición.3

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06457-01

Demandante: ROSA GÓMEZ TAMAYO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3 En primer lugar, hizo referencia al cumplimiento de los re quisitos de proced encia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en donde resaltó que en el presente caso se cumple con la inmediatez, pues, sostuvo, la sentencia que se controvierte se emitió el 5 de noviembre de 2020, sin embargo, se notifi có solo hasta el 24 de noviembre de 2022, luego de que se resolviera de fondo la solicitud de adición presentada.

Sostuvo que la decisión objeto de reproche constitucional incurrió en i) defecto fáctico, por cuanto, indicó, “ dentro del expediente NUNCA s e probaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto de lo laborado por mi persona, entre el 26 de noviembre de 1979 al 13 de marzo de 1995, las mismas entidades

circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto de lo laborado por mi persona, entre el 26 de noviembre de 1979 al 13 de marzo de 1995, las mismas entidades mencionaron que no se allegó acto administrativo de nombramiento, la única prueba c on la que fallaron en mi contra dichas corporaciones accionadas, fue una comunicación mediante la cual el jefe de la División de personal del Ministerio de Educación Nacional me informa el nombramiento como docente de primaria para trabajar en Bogotá, y el acta de posesión a partir del 26 de noviembre de 1979, concluyendo con esto, que yo era una docente nacionalizada de forma indefinida y no tenía derecho a recibir la pensión gracia, aspecto que es de reproche pues claramente dichas corporaciones in currieron en vías de Hecho por defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Además, la carga de la prueba también la tenía Cajanal, y el mismo magistra do, pues se solicitaron pruebas y no fueron atendidas pese a la insistencia, pues tenía afán de fallar en contra”.

Sobre el particular, indicó que, después de haber trabajado en el departamento de Caldas entre el periodo 11 -02-1960 al 16 -01-1968, “trabajé en calidad de educadora territorial, bajo la dirección del Distrito Capital de Bogotá, solicité que oficiaran al magisterio para que CERTIFICARA en qué planteles trabajé, pues lo hice en planteles distritales y cooperativas entre otros en Bogotá por aproximadamente Diecinueve (19) años y cuatro (4) meses, vinculada antes del

oficiaran al magisterio para que CERTIFICARA en qué planteles trabajé, pues lo hice en planteles distritales y cooperativas entre otros en Bogotá por aproximadamente Diecinueve (19) años y cuatro (4) meses, vinculada antes del 31 de diciembre de 1980, observando buena conducta en mi desempeño, pero las corporaciones accionadas NI SIQUIERA DE OFICIO solic itaron se les allegara el reporte de TODOS esos pe riodos laborados en Bogotá, adscrita a la Secretar ía de Educación Distrito Capital, pues solo me dieron cinco días para contestar la demanda, tiempo que solo fue suficiente para llegar desde Manizales a Bogotá para notificarme, y una solicitud a la secret aría de educación en Bogotá, demora más de tres meses y eso poniendo tutela”.

Agregó que e n la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por Cajanal en su contra, tampoco se probó que era docente nacionalizada, “pues la carga de la pru eba la tenía dicha entidad, y nunca probó tal situación; al contrario, inicie trabajando como educadora territorial y termine como educadora territorial cuando renuncie, cuyo acto se plasmó con la resolución 4102 del 02 de marzo de 2000, por la cual se ac epta la renuncia a unos docentes y directivos docentes de la Secretaria de Educación Distrito Capital, cuya fecha de renuncia se dio el 29 de diciembre de 1999, todos esos documentos son suficientes para demostrar que si labore todo ese tiempo en primaria, y que los dineros con lo que me pagaban eran municipales y distritales, se presume que el distrito es del municipio de Bogotá”.4

demostrar que si labore todo ese tiempo en primaria, y que los dineros con lo que me pagaban eran municipales y distritales, se presume que el distrito es del municipio de Bogotá”.4

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06457-01

Demandante: ROSA GÓMEZ TAMAYO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4 Refirió que de forma reiterada solicitó al juez de primera instancia que i) se oficiara a la Contraloría General del Departamen to de Caldas, para que certifi cara el tiempo laborado como instructora de primaria en el municipio de Aránzazu entre febrero 11 de 1960 a marzo de 1967, en el municipio de Viterbo entre marzo 27 de 1967 a enero de 1968, y que se oficiara “ a la secretaría de Educación, para que certifique grado 1 en primaria, planteles nacionales, cuya fecha de ingreso de dio el 26/11/1979”.

Adujo que en el caso se incurrió en ii) desconocimiento del precedente judicial fijado por “la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - CONSEJO DE ESTADO, dentro del proceso # 250002325000 -2011-01007-03” y en la “S ENTENCIA SUJ -11-52 emanada del Consejo de Estado, Sala de lo contenciosos-administrativo sección

proceso # 250002325000 -2011-01007-03” y en la “S ENTENCIA SUJ -11-52 emanada del Consejo de Estado, Sala de lo contenciosos-administrativo sección segunda el veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018), expediente 2500023-42-0002013-04683-01 (3805-2014), magistrado ponente Carmelo Perdomo Cuéter”, en las que se indicó que “ a pesar de que los recursos del situado fiscal tienen su origen en la Nación, una vez eran cedidos a las entidades territoriales e incorporados a sus presupuestos pasaban a ser considerados como de propiedad exclusiva de la localidad destinataria, e inoxerablemente su naturaleza jurídica cambiaba de nacional a territorial, en virtud de que ingresaban a las arcas locales como rentas exógenas”.

Igualmente, mencionó que el desconocimiento del precedente judicial se configura respecto de los fallos de la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, i) rad. 76001 -23-33-000-2013-01033-01 de 19 de febrero de 2018, ii) rad. 25000-23-42-000-2012-00425-01 de 31 de enero de 2018, iii) rad. 76001-23-33000-2013-01065-01de 16 de mayo de 2019 2 .

Agregó que desde el 11 de agosto de 2021 se encuentra en tratamiento obligatorio por discopatía 1 crónica severa “con reporte de resonancia magnética de fecha 19-08-2021, con colapso vertebral hacia el cuerpo de 11 - 12, de cambios

Agregó que desde el 11 de agosto de 2021 se encuentra en tratamiento obligatorio por discopatía 1 crónica severa “con reporte de resonancia magnética de fecha 19-08-2021, con colapso vertebral hacia el cuerpo de 11 - 12, de cambios degenerativos severos, espondilosicos, estenosis espin ales y foraminales, cambios osteocondrosis, además presento insuficiencia renal crónica (desde hace 25 años), tratamiento que me han costado particularmente tres millones de pesos para poder llevar una vida digna, y que sufrago con mi pensión, y que se manifiesta por el profesional que los debo hacer periódicamente, para poder medio movilizarme”.

Finalmente, manifestó que es sujeto de especial protección constitucional en la categoría de la tercera edad o mayor adulta “de más de 76 años de edad ”, conforme con lo establecido al respecto en la sentencia T-015 de 2019, y que por lo manifestado y probado sobre su estado de salud , en el caso se acredita un perjuicio irremediable “lo que ocasionaría quitarme mi pensión gracia, tengo 83 años, ya no puedo salir, debo valerme de terceras personas para mis asuntos personales, voy a las terapias por que ya no soporto el dolor que me aqueja, ya me queda poco tiempo de vida, y estoy deprimida y triste por estas decisiones de

2 M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.5

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06457-01

Demandante: ROSA GÓMEZ TAMAYO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06457-01

Demandante: ROSA GÓMEZ TAMAYO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5 los magistrados del Cons ejeros de Estado a l quitarme mi pensión por errores en sus apreciaciones y errores probatorios”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“1. Se solicita al Honorable Juez de Tutela, sea admitida la presente tutela como mecanismo transitorio, y me sea concedido los derechos fundamentales, a la vida, a la salud, toda vez que soy sujeto de especial protección constitucional en la categoría de tercera edad o mayor adulta, a la seguridad social, al mínimo vital, a la igualdad, a la buena fe, a la se guridad jurídica y derechos adquiridos, al debido proceso, por cuanto se incurrió por el magistrado del consejo de estado sección segunda subsección A, en vías de hecho por defecto f áctico dentro del raro proceso administrativo, desconociendo pruebas, y ne gando, y fallando con interpretación errada de una sola prueba.

2. Solicito con el mayor respeto, ordenar a la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMI NISTRATIVO - CONSEJO DE ESTADO, dentro del proceso # 250002325000 -2011-01007-03 de nulidad y restablecimiento del derecho, allegar a su despacho el proceso, para efectos de tener una mejor

• SALA DE LO CONTENCIOSO ADMI NISTRATIVO - CONSEJO DE ESTADO, dentro del proceso # 250002325000 -2011-01007-03 de nulidad y restablecimiento del derecho, allegar a su despacho el proceso, para efectos de tener una mejor comprensión, análisis y estudio del mismo, lo que se hace fundament al para corroborar la veracidad de mis dichos y pruebas que se negaron, y determinar que se violaron todos mis derechos expuestos.

3. Requerir a la secretar ía de Educación del Distrito de Bogotá, para que allegue todas las certificaciones de los estableci mientos donde labore incluida las cooperativas, con indicación de tiempo, modalidad del contrato y con qué dineros se pagaron dichos salarios.

4. Se revoque la sentencia proferida por La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cu ndinamarca y la SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - CONSEJO DE ESTADO, dentro del proceso # 250002325000 -2011-01007-03 de nulidad y restablecimiento del derecho, excepto en las partes que me favorezca, y quede incólume mi pensión gracia, toda vez que la requiero más en mi estado de ancianidad, y con las pruebas que aporto”.

4. Pruebas relevantes

Se allegó copia de la sentencia de 5 de noviembre de 2020, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A ”, en el marco de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho , en modalidad de lesividad, radicado con el Nº 2011-01007-02, actor: UGPP.

5. Trámite procesal

de nulidad y restablecimiento del derecho , en modalidad de lesividad, radicado con el Nº 2011-01007-02, actor: UGPP.

5. Trámite procesal

Por auto de 6 de diciembre de 2022 , la Sección Primera del Consejo de Estado admitió la d emanda y ordenó notificar a la demandante y a la autoridad judicial accionada. Igualmente, a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP -, como tercer o interesado en el resultado del proceso.6

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06457-01

Demandante: ROSA GÓMEZ TAMAYO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6

6. Oposición

6.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”

El ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó que se denegaran las pretensiones de la acción de tutela, por cuanto, sostuvo, en el caso n o se vulneraron los derechos fundamentales de la actora, pues, contrario a lo manifestado por esta, la decisión objetada se sustentó en el precedente jurisprudencial aplicable, mismo que prevé que la pensión gracia solo se reconoce a los docentes territoriales o nacionalizados que se hayan vinculado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, cumplan 20 años de servicio y 50 años de edad, sin que en el sub examine la señora Rosa Gómez Tamayo h ubiera demostrado en su integridad los requisitos

o nacionalizados que se hayan vinculado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, cumplan 20 años de servicio y 50 años de edad, sin que en el sub examine la señora Rosa Gómez Tamayo h ubiera demostrado en su integridad los requisitos para ser beneficiaria de la prestación en comento.

Afirmó que si bien la accionante afirma tener derecho a la pensión gracia, lo cierto es que, acorde con los parámetros dictados en las diferentes sentencias de unificación proferidas por esta Corporación relacionadas c on la prestación, entre estas , la sentencia S699 de 26 de agosto de 1997, según la cual los tiempos de servicio laborados en plazas docentes nacionales no son computables, así como tampoco aquellos que provengan de un nombramiento efectuado por el Minister io de Educación Nacional, la demandante no contaba con los requisitos para acceder a esa prestación.

Indicó que, contrario a lo anotado por la actora, la sentencia SUJ-Sll-11-2018 del 21 de junio de 2018 no prevé que un docente de carácter nacional pueda ser beneficiario de la pensión gracia por el hecho de ser pagado por recursos del situado fiscal o del sistema general de participaciones, sino que establece pautas para definir cómo determinar si el docente es o no territorial cuando en su vinculación act uó el Fondo Educativo Regional, y más concretamente, por la intervención del agente del Ministerio de Educación Nacional.

Por último, r elató que en el caso era claro que la demandante tuvo la calidad de docente territorial entre el 11 de febrero de 1960 y el 16 de enero de 1968, no obstante, frente al lapso comprendido entre el 26 de noviembre de 1979 y el 13 de

docente territorial entre el 11 de febrero de 1960 y el 16 de enero de 1968, no obstante, frente al lapso comprendido entre el 26 de noviembre de 1979 y el 13 de marzo de 1995, las pruebas allegadas al expediente da ban cuenta de que su vinculación era nacional, pues, como se anotó en la providencia objeto de tutela, la comunicación expedida por la división de personal del Ministerio de Educación Nacional en la que se le comunicaba a la señora Rosa Gómez Tamayo sobre su nombramiento como docente y en donde se le solicitaba acercarse a la entidad a tomar poses ión del cargo , permitía inferir razonablemente que su vinculación obedeció a la decisión del Gobierno Nacional y que, además, fue confirmada por el acta de posesión, prueba también valorada, y de la cual se advierte que proviene del Ministerio de Educación y Nacional no de una entidad territorial.

6.2. Respuesta de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPPLa vinculada con interés presentó informe en el que solicitó que se declar ara la improcedencia de la solicitud, por cuanto, indicó, la misma no cumple con el requisito de relevancia constitucional, en tanto la parte actora pretende usar la acción de tutela7

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06457-01

Demandante: ROSA GÓMEZ TAMAYO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

7 como una tercera instancia para revisar las decisiones adoptadas por el j uez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

7 como una tercera instancia para revisar las decisiones adoptadas por el j uez competente de la causa, después de haberse agotado un procedimiento establecido en la ley para el efecto.

Agregó que la decisión objetada no incurrió en defecto material o sustantivo, sino que, por el contrario , la misma se ajust ó al ordenamiento lega l y al precedente judicial que regula el tema, para determinar que no le asistía el derecho a la pensión gracia a la demandante.

Finalmente, sostuvo que la acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para el reconocimiento de peticiones prestacion ales, máxime cuando ya se ha pronunciado el juez competente de la causa.

7. Sentencia de tutela impugnada

El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia de 20 de enero de 2023, declaró improcedente la solicitud, luego de considerar que incumplía con el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional, habida cuenta de que, declaró, “el asunto controvertido por la actora ya fue objeto de estudio por la autoridad judicial accionada, y la acción de tutela contra providencia judicia l no constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si las entidades accionadas incurrieron en la vulneración de derechos fundamentales”.

Agregó que la actora plantea una a fectación de derechos fundamentales que tienen su origen en últimas en un debate estrictamente legal y probatorio, el cual

en la vulneración de derechos fundamentales”.

Agregó que la actora plantea una a fectación de derechos fundamentales que tienen su origen en últimas en un debate estrictamente legal y probatorio, el cual ya fue expuesto dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, l a accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revocara, en escrito en el que sostuvo que la solicitud la tutela no fue leída, analizada, ni estudiada, y que la sentencia de primera instancia, de la página 8 a la 18 “solo se limitó a decir que mi caso carecía de relevancia constitucional y fueron 10 páginas de jurisprudencia y marco normativo que nada tenían que ver con mis reparos”.

Afirmó que en el escrito de la tutela sustentó y probó que es sujeto de especial protección constitucional, en la categoría de la tercera edad o mayor adulta, “ de más de 76 años de edad T -015 de 2019, y que con lo manifestado y probado sobre mi es tado de salud, acredité el perjuicio irremediable lo que ocasionaría quitarme mi pensión gracia, tengo 84 años, ya no puedo salir, debo valerme de terceras personas para mis asuntos personales, voy a las terapias porque ya no

quitarme mi pensión gracia, tengo 84 años, ya no puedo salir, debo valerme de terceras personas para mis asuntos personales, voy a las terapias porque ya no soporto el dolor que me aquej a, estoy deprimida y triste por estas decisiones de los magistrados del Consejo de Estado al quitarme mi pensión por errores en sus8

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06457-01

Demandante: ROSA GÓMEZ TAMAYO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 apreciaciones y errores probatorios ”, y afirmó que nada de esto fue motivo de análisis en el fallo de tutela.

Finalmente, reiteró que en el caso no se analizó con base en la realidad que expuso y la prueba reina que se pidió y no se decretó en el proceso ordinario pero que anexó a la tutela, “ cuál es el origen de los dineros con que me pagaban la pensión, y que es de carácter municipal y el tiempo total laborado, cumpliendo con los requisitos, tanto es así, que desde el 1996 el juez 27 administrativo y luego la sala del tribunal administrativo de Cundinamarca me dieron la razón, y me otorgaron mi pensión gracia, y posteriormen te me reconocieron incrementos pensionales con base en la totalidad de los factores salariales, por ello hubo seguridad jurídica y caso juzgado, pero la extinta Cajanal y la acuciosa UGPP revivieron mi caso”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

seguridad jurídica y caso juzgado, pero la extinta Cajanal y la acuciosa UGPP revivieron mi caso”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala , en los términos del escrito de impugnación, determinar si revoca el fallo de 20 de enero de 2023, proferido por la Sección Primera de esta Corporación, en el que se declaró improcedente la acción d e tutela promovida por la parte demandante por incumplir con el requisito de relevancia constitucional, en tanto la sentencia de 5 de noviembre de 2020, incurrió en i) defecto fáctico, por cuanto i) “dentro del expediente NUNCA se probaron las circunstanci as de modo, tiempo y lugar respecto de lo laborado entre el 26 de noviembre de 1979 al 13 de marzo de 1995” , y “la única prueba con la que fallaron en contra fue una comunicación mediante la cual el jefe de la División de personal del Ministerio de Educación Nacional me informa el nombramiento como docente de primaria para trabajar en Bogotá, y el acta de posesión a partir del 26 de noviembre de 1979, concluyendo con esto, que yo era una docente nacionalizada de forma indefinida y

trabajar en Bogotá, y el acta de posesión a partir del 26 de noviembre de 1979, concluyendo con esto, que yo era una docente nacionalizada de forma indefinida y no tenía derecho a re cibir la pensión gracia” y, en tanto, alega, ii) que de forma reiterada solicitó al juez de primera instancia que se oficiara a la Contraloría General del Departamento de Caldas, para que certifi cara el tiempo laborado como instructora de primaria en el municipio de Aránzazu entre febrero 11 de 1960 a marzo de 1967, en el municipio de Viterbo entre marzo 27 de 1967 a enero de 1968, y que se oficiara “ a la secretaría de Educación, para que certifique grado 1 en primaria, planteles nacionales, cuya fecha de ingreso de dio el 26/11/1979 ”, lo cual no ocurrió.

De igual forma, corresponde establecer si la sentencia objetada incurrió en ii) desconocimiento del precedente judicial fijado por “ la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cun dinamarca y la SECCIÓN9

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06457-01

Demandante: ROSA GÓMEZ TAMAYO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

9

SEGUNDA - SUBSECCIÓN A - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - CONSEJO DE ESTADO, dentro del proceso # 250002325000 -2011-01007-03” y

www.consejodeestado.gov.co

9 SEGUNDA - SUBSECCIÓN A - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - CONSEJO DE ESTADO, dentro del proceso # 250002325000 -2011-01007-03” y en la “SENTENCIA SUJ -11-52 emanada del Consejo de Estado, Sala de lo contenciosos-administrativo sección segunda el veintiuno de junio de dos mil dieciocho (2018), expediente 25000 -23-42-0002013-04683-01”, en las que se indicó que “a pesar de que los recursos del situado fiscal tienen su origen en la Nación, una vez eran cedidos a las entidade s territoriales e incorporados a sus presupuestos pasaban a ser considerados como de propiedad exclusiva de la localidad destinataria, e inoxerablemente su naturaleza jurídica cambiaba de nacional a territorial, en virtud de que ingresab an a las arcas locales como rentas exógenas", y