CE - 110010315000202206491011SENTENCIA20230508145251

Radicación: 11001 03 15 000 2022 06491 01

Accionante: Rodrigo Cárdenas Santanilla

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2022 06491 01

Accionante: RODRIGO CÁRDENAS SANTANILLA

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE L CAQUETÁ, SALA

TERCERA DE DECISIÓN

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate planteado por la parte actora no implica la afectación del núcleo esencial de los derechos fundamentales que invoca, se trata de un asunto meramente legal y económico, y pretende reabrir el debate resuel to por el juez natural.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el señor Rodrigo Cárdenas Santanilla en contra del fallo proferido el 16 de febrero de 2023 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Rodrigo Cárdenas Santanilla promovió acción de tutela en contra

Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Rodrigo Cárdenas Santanilla promovió acción de tutela en contra de la sentencia proferida el 23 de junio de 2022 por la Sala tercera de decisión del Tribunal Administrativo de l Caquetá, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivoRadicación: 11001 03 15 000 2022 06491 01

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a la administración de justicia y a la igualda d, y para ello formuló la s siguientes pretensiones1:

“[…] 1. TUTELAR mis derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica, igualdad y la prohibición de regresividad de los derechos laborales, vulnerados por el Tribunal Contencioso Administrativo del Caquetá, a través de la Sentencia de Segunda Instancia fechada 23 de junio de 2022, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado N° 18-001-3333-003-201900595-01.

2. DEJAR SIN EFECTO la Sentencia de Segunda Instancia fechada 23 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Caquetá, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado N° 18-001-3333-003-201900595-01.

23 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Caquetá, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado N° 18-001-3333-003-201900595-01.

3. ORDENAR al Tribunal Contencioso Administrativo del Caquetá, que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del fallo, profiera la sentencia de segunda instancia, respetando mis derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica, igualdad y la prohibición de regresividad de los derechos laborales, en los términos expuestos en el presente líbelo […]

[Mayúsculas y negrillas del escrito de tutela].

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que se vinculó al Ejército Nacional en calidad de soldado profesional en vigencia del Decreto 1794 de 2000, que en su artículo 11 estableció el derecho que tienen los soldados profesionales de las fuerzas militares casados, o con unión marital de hecho, al reconocimiento de un subsidio familiar.

Manifestó que el Decreto 3770 de 2009 derogó el precitado artículo y el Decreto 1161 de 2014 creó un nuevo subsidio familiar para los soldados profesionales que se vieron afectados por la derogatoria del antiguo subsidio previsto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

1 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06491 00.Radicación: 11001 03 15 000 2022 06491 01

1 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06491 00.Radicación: 11001 03 15 000 2022 06491 01

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Indicó que estando en vigencia el Decreto 1161 de 2014, protocolizó la existencia de la unión marital de hecho con su compañera permanente y solicitó el reconocimiento del subsidio familiar, petición que fue aceptada en los términos y condiciones de dicha normatividad.

Anotó que la Subsección B, Sección Segunda, del Consejo de Estado, en sentencia del 8 de junio de 2017, declaró la nulidad, con efectos ex tunc, del Decreto 3770 de 2009, el cual hab ía derogado el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

Sostuvo que, con el pronunciamiento del Consejo de Estado, el subsidio familiar dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 cobró vigencia con efectos retroactivos.

Expresó que el 16 de enero de 2019 solicitó al comandante del Ejército Nacional la “inaplicación por inconstitucionalidad e ilegalidad del d ecreto 1161 de 2014”, el reajuste y reconocimiento del subsidio familiar en los términos del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, y el pago de las diferencias y sumas adeudadas por ese concepto; solicitud que fue negada.

1161 de 2014”, el reajuste y reconocimiento del subsidio familiar en los términos del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, y el pago de las diferencias y sumas adeudadas por ese concepto; solicitud que fue negada.

Que instauró demanda bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de DefensaEjército Nacional, con la finalidad de que se declarara la nulidad del oficio 20193110473521 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1-10 del 13 de marzo de 2019 que negó su solicitud, y en consecuencia se le ordenara a la demandada realizar el reajuste del subsidio familiar en las condiciones establecidas en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 , reliquidar las prestaciones sociales y demás emolumentos laborales teniendo en cuenta el reajuste del subsidio familiar, y reconocer y pagar las sumas equivalentes a las diferencias que resultaren del reajuste del subsidio familiar2.

2 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06491 00.Radicación: 11001 03 15 000 2022 06491 01

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Indicó que l a demanda correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo de Florencia que, en sentencia del 19 de marzo de 2021, negó las pretensiones3.

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Indicó que l a demanda correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo de Florencia que, en sentencia del 19 de marzo de 2021, negó las pretensiones3.

Que, inconforme con la decisión, presentó recurso de apelación y la Sala tercera de decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá , en providencia del 23 de junio de 2022, confirmó el fallo de primera instancia4.

La parte actora consideró que el fallo cuestionado viola directamente los artículos 11, 29, 53 y 228 de la Constitución y transgrede los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y prohibición de regresividad de los derechos laborales.

Expuso que desde la reclamación administrativa ha solicitado la inaplicación por inconstitucionalidad del Decreto 11 61 de 2014, y el reajuste del subsidio familiar bajo las condiciones del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

Explicó que “(…) la diferenciación entre los soldados profesionales que devengan el sub sidio familiar del artículo 11 d ecreto 1794 de 2000 y aquellos a quienes se les reconoció con base en el decreto 1161 de 2014, no supera un juicio de igualdad, pues, se trata de la misma categoría de servidores públicos que ejercen las mismas funciones en igualdad de condiciones, sin que la medida de desmejor ar la prestación sea idónea, necesaria y proporcional (…)”5.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3 Ibídem.

necesaria y proporcional (…)”5.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3 Ibídem. 4 Ibídem. 5 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06491 01.Radicación: 11001 03 15 000 2022 06491 01

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3.1. La tutela fue radicada en la ventanilla virtual de esta Corporación el 5 de diciembre de 2022 y correspondió por reparto a la Sección Cuarta que, por auto del 9 de diciembre de 20226, la admitió y dispuso notificar7 a la Sala de decisión tercera del Tribunal Administrativo del Caquetá como parte accionada, así como vincular al Juzgado Tercero Administrativo de Florencia y a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional como terceros interesados en el resultado del proceso.

Igualmente, requirió al Juzgado Tercero Administrativo de Florencia para que allegara copia digital del expediente nro. 18001-33-33-003-201900595-01 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho , el cual fue remitido8.

3.2. La Sala tercera de decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá y la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, guardaron silencio.

fue remitido8.

3.2. La Sala tercera de decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá y la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, guardaron silencio.

3.3. El juzgado remitió el expediente del proceso ordinario requerido, sin pronunciarse sobre los hechos de la tutela.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 16 de febrero de 2023, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito general de relevancia constitucional9.

Para ello expuso que la parte actora planteó argumentos que fueron debatidos ante la autoridad judicial accionada y resueltos con suficiencia, frente a la negativa del reajuste del subsidio familiar.

6 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06491 00. 7 Esta orden se cumplió el 15 de diciembre de 2022, conforme lo visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06491 00. 8 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06491 00. 9 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 0315 000 2022 06491 00.Radicación: 11001 03 15 000 2022 06491 01

9 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 0315 000 2022 06491 00.Radicación: 11001 03 15 000 2022 06491 01

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Anotó que en la providencia atacada se dejó en evidencia que la decisión de negar el reconocimiento del subsidio familiar previsto en el Decreto 1794 de 2000 obedeció a que el hoy accionante no reportó el cambio de su estado civil en cuanto sucedió , por tal razón no se tenía certeza del tiempo que llevaba la unión marital de hecho.

Señaló que los reparos del señor Cárdenas Santanilla fueron objeto de pronunciamiento por el juez natural de conocimiento, dado que los argumentos del recurso de apelación son los mismos que ahora expone ante el juez de tutela, lo cual hace improcedente la solicitud de amparo.

5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN

Inconforme con el fallo de primera instancia , el accionante lo impugnó manifestando lo siguiente10:

Que, contrario a lo sostenido por el a quo, su solicitud de amparo sí reviste de relevancia constitucional porque se trata de la vulneración de derechos fundamentales relacionados con el pago indebido del subsidio familiar, “(…) prestación social que cumple la finalidad de proteger a las familias de las contingencias económicas (…)”.

Expresó que el fallo de tutela de primera instancia sostiene de forma

fundamentales relacionados con el pago indebido del subsidio familiar, “(…) prestación social que cumple la finalidad de proteger a las familias de las contingencias económicas (…)”.

Expresó que el fallo de tutela de primera instancia sostiene de forma equivocada que el defecto invocado fue el desconocimiento del precedente y que en reali dad se trata de la violación dir ecta de la Constitución, en sus artículos 11, 29, 53 y 228.

Alegó que no está usando la acción de tutela como una instancia adicional, debido a que la providencia atacada incurrió en graves errores para sustentar “(…) la negación de la inaplicació n por inconstitucionalidad del decreto 1161 de 2014 (…)”.

10 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06491 00.Radicación: 11001 03 15 000 2022 06491 01

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Insistió que “(…) los juzgadores de instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado nro. 18 -001-3333-003-201900595-01, al aplicar el d ecreto 1161 de 2014, justificando su constitucionalidad a partir de argumentos contrarios a l a realidad, vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, la justicia material y el acceso a la administración de justicia (…)”.

constitucionalidad a partir de argumentos contrarios a l a realidad, vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, la justicia material y el acceso a la administración de justicia (…)”.

Por auto del 6 de marzo de 2023 se concedió la impugnación11 y la misma fue asignada por acta de reparto del 21 de marzo de 202312.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 13, en concordancia con el num eral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015 14, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 15, así como con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12 de marzo de 201916 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

11 Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06491 00. 12 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06491 01. 13 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días

13 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”. 14 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2. 15 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela". 16 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.Radicación: 11001 03 15 000 2022 06491 01

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6.2. HECHOS RELEVANTES

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6.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente17:

6.2.1. El hoy accionante promovió demanda bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, con la finalidad de que se declarara la nulidad del oficio 20193110473521 MDN -CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPERDIPER-1-10 del 13 de marzo de 2019, y en consecuencia se le ordenara a la demandada realizar el reajuste del subsidio familiar solicitado en sede administrativa, en las condiciones esta blecidas en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, reliquidar las prestaciones sociales y demás emolumentos laborales teniendo en cuenta el reajuste del subsidio familiar, y reconocer y pagar las sumas equivalentes a las diferencias que resultaren del reajuste del subsidio familiar.

6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo de Florencia que, en sentencia del 19 de marzo de 2021, negó las pretensiones.

6.2.3. En contra de la precitada decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación y la Sala tercera de decisión, en providencia del 23 de junio de 2022, la confirmó.

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Teniendo en cuenta los reparos que son objeto de impugnación, le

de apelación y la Sala tercera de decisión, en providencia del 23 de junio de 2022, la confirmó.

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Teniendo en cuenta los reparos que son objeto de impugnación, le corresponde a la Sala estudiar si, en este caso, los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial están cumplidos.

17 Lo que se desprende del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el nro. 18001-33-33-003-2019-00595-00. Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06491 00.Radicación: 11001 03 15 000 2022 06491 01

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El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la relevancia constitucional y, para ello, se detendrá en (i) los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para id entificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.

6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional18

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno

desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional18

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”19.

Lo anterior implica que el juez de tu tela tiene el deber de expresar claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia constitucional20.

18 Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en esos términos en la sentencia C – 590 de 2005. 19 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño. 20 En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben

Triviño. 20 En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.Radicación: 11001 03 15 000 2022 06491 01

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A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha sido de sarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades21:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia22. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia

deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia22. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia constitucional.

6.3.1.1. Las cuestiones de relevancia constitucional

Frente a la primera finalidad, esto es, restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, la Corte Constitucional, en la sentencia SU 573 de 2019, explicó que este elemento de l a relevancia supone que “(…) el caso [debe involucrar] algún debate jurídico que gir[e] en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental (…)”.

21 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022. 22 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.Radicación: 11001 03 15 000 2022 06491 01

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En esa medida, este primer criterio, implica que la acción de tutela que

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En esa medida, este primer criterio, implica que la acción de tutela que se promueve contra u na providencia judicial debe proponer un debate sobre el contenido, alcance o goce de un derecho fundamental, pues solo así se podrá establecer que el asunto es evidentemente de naturaleza constitucional; ello quiere significar que, quien interpone una acc ión de tutela, tiene la carga de identificar cuál es el derecho fundamental que estima afectado y explicar los motivos por los cuales considera que la sentencia atacada lo está vulnerando.

En consonancia con lo dicho, la Corte Constitucional, en la sente ncia SU 573 de 2019, manifestó que “ la acreditación de esta exigencia [el requisito de relevancia constitucional], más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel ”. [Se destaca]. Este criterio23 fue reiterado en las sentencias SU 128 de 2021 24, SU 103 de 202225 y SU 215 de 202226.

El criterio jurisprudencial contenido en las precitadas sentencias, consistente en que, para superar el requisito de relevancia, no basta con la mera enunciación de los derechos fundamentales, sino que supone por parte del actor la carga de justificar razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada respecto de un derecho

la mera enunciación de los derechos fundamentales, sino que supone por parte del actor la carga de justificar razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada respecto de un derecho fundamental, evidencia que es precisamente esa la razón por la cual es necesario que, para la acreditación de este primer elemento que compone

23 Además, en un pronunciamiento anterior, esto es, en la sentencia T – 422 de 2018, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional confirmó la decisión de la Sección Primera del Consejo de Estado que había declarado improcedente la acción de tutela por no cumplir con los requisitos de relevancia constitucional e inmediatez; en cuanto a la relevancia, la Corte indicó, entre otras razones, que el requisito de relevancia no estaba cumplido por cuanto: “si bien la parte actora asegura que las providencias demandadas desconocen sus derechos fundamentales, la relevancia constitucional de un asunto no se determina con la mera enunciación de los derechos fundamentales presuntamente comprometidos, sino mediante la acreditación razonable de una presunta amenaza o vulneración de los mismos”. 24 M.P.: Cristina Pardo Schlesinger. 25 M.P.: Alejandro Linares Cantillo. 26 M.P.: Natalia Ángel Cabo.Radicación: 11001 03 15 000 2022 06491 01

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a la relevancia constitucional, la parte interesada en el escrito de tutela, (1) invoque la vulneración de derechos fundamentales, (2) exponga los

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a la relevancia constitucional, la parte interesada en el escrito de tutela, (1) invoque la vulneración de derechos fundamentales, (2) exponga los motivos por los cuales considera la sentencia atacada está vulnerando tales derechos fundamentales, y (3) compruebe que la tr ansgresión suponga un atentado contra el núcleo esencial de los derechos invocados, requisitos que exigen del juez de tutela un examen de los motivos aducidos por la parte actora para afirmar que hay amenaza o vulneración de un derecho fundamental, compar adas con el núcleo esencial del mismo.

Ello es así porque si, en efecto, la vulneración del derecho acontece en lo que se denomina su núcleo esencial, solo así es posible advertir que el caso reviste la relevancia o trascendencia necesaria para permitir qu e, por vía de este mecanismo, se logre exceptuar en un juicio constitucional el principio de cosa juzgada que orienta todo el andamiaje institucional en el que se funda nuestro sistema jurídico. Con este propósito, el juez no podrá limitarse a convalidar el requisito de la relevancia constitucional con la sola mención de un derecho fundamental, pues deberá evaluar si, de acuerdo con los argumentos expresados en el escrito correspondiente, hay amenaza o violación efectiva del mismo.

El núcleo esencial de un derecho fundamental ha sido entendido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional como “el ámbito intangible del derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares” 27 y ha explicado que el núcleo esencial es “esa parte del derecho que lo identifica, que permite diferenciarlo de otros y que otorga un necesario

derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares” 27 y ha explicado que el núcleo esencial es “esa parte del derecho que lo identifica, que permite diferenciarlo de otros y que otorga un necesario grado de inmunidad respecto de la intervención de las autoridades públicas. En sentido negativo debe entenderse el núcleo esencial de un derecho fundamental como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que es o lo convierte en otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica al derecho fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental”28.

27 Corte Constitucional. Sentencia T -426 del 24 de junio de 1992. M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz. 28 Corte Constitucional, sentencia C-756 de 2008.Radicación: 11001 03 15 000 2022 06491 01

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6.3.1.2. La competencia e independencia jurisdiccional

La segunda finalidad de la relevancia constitucional consiste en preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad o de naturaleza económica.

Por ello, en la sentencia SU 573 de 2019, la Corte