CE - 110010315000202206505011SENTENCIA20230425083016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06505-01

Demandante: SANDRA AYDEE CORREA AHUMADA

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,

SUBSECCIÓN A, Y OTRO

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Los argumentos de la parte actora pretenden extender y continuar el debate planteado en el proceso ordinario, sin razones constitucionales que así lo justifiquen.

La Sala d ecide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia del 31 de enero de 202 3, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio de la cual se negó la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 6 de diciembre de 20221, la señora Sandra Aydee Correa Ahumada, por intermedio de apoderad o judicial, interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A , y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A , por considerar vulnerado s sus derechos

de apoderad o judicial, interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A , y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A , por considerar vulnerado s sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia2, con ocasión de las sentencias proferidas el 2 de febrero y el 3 de noviembre de 2022, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2500023-42-000-2020-00293-01. Formuló la s siguientes pretensiones (se transcriben textualmente):

PRIMERO: Se amparen los derechos fundamentales de igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia, prevalencia del derecho sustancial, desconocimiento del principio de legalidad y favorabilidad y precedentes judiciales, vulnerados a la Señora MARÍA ESPERANZA BELTRÁN

HERRERA.

1 Se advierte que, el 16 de marzo de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. 2 La parte actora también alega el desconocimiento de los principios de legalidad y favorabilidad.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06505-01

Demandante: Sandra Aydee Correa Ahumada Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y otro Sentencia de tutela de segunda instancia

2

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se revoque o deje sin efectos las

Sentencia proferidas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN “A” Magistrado NÉSTOR JAVIER CALVO

Sentencia proferidas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN “A” Magistrado NÉSTOR JAVIER CALVO CHAVES de fecha 2 de febrero de 2022 dentro del Radicado No. 25000 -23-42000-2020-00293-00 (1) que negó a SANDRA AYDEE CORREA AHUMADA el reajuste de su Pensión Jubilación con las partidas de que trata el Decreto 1214 de 1990 y del CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A MAGISTRADO WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ, de fecha 3 de noviembre de 2022, por confirmar la Sentencia anterior que negó las pretensiones de la Demanda, de manera ilegal y arbitraria, conforme a lo expuesto en esta Tutela.

TERCERO: Se dicte por parte del Consejo de Estado que corresponda conocer de esta Tutela o se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN “A” Magistrado NÉSTOR JAVIER CALVO CHAVES y/o al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A MAGISTRADO WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ, se profiera una nueva Sentencia en derecho, respetando el debido proceso, el principio de seguridad jurídica, el derecho de igualdad, a la recta administración de justicia, los precedentes jurisprudenciales y en general providencia tendiente a amparar los derechos fundamentales de la Señora SANDRA AYDEE CORREA AHUMADA, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1214 de

justicia, los precedentes jurisprudenciales y en general providencia tendiente a amparar los derechos fundamentales de la Señora SANDRA AYDEE CORREA AHUMADA, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1214 de 1990, que consagra en el Artículo 102 la liq uidación y pago de la pensión de jubilación, la Prima de Servicio, Prima de Alimentación, Prima de Actividad. Subsidio Familiar, Auxilio de Transporte y la duodécima parte de la Prima de Navidad, teniendo en cuenta además lo señalado en el Decreto 352 de 1 994, Decreto 1301 de 1994 y la Ley 352 de 1997, artículo 55, que consagra que el personal que haya ingresado a la Policía Nacional antes de la Ley 100 de 1993, le es aplicable el Decreto 1214 de 1990, además los precedentes Jurisprudenciales citados y apor tados de la Honorable Corte Constitucional, el Consejo de Estado, Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Meta y Juzgados Administrativos de Bogotá, que han sentado precedente al respecto, entre ellos los acabados de citar.

CUARTO: Que para resolver el asunto, se consulten y tengan en cuenta los Precedentes Judiciales, citados en esta Acción y otros que se han proferido al respecto por parte de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que han señalado que el personal que haya ingresado a la Policí a Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, le es aplicable el Decreto 1214 de 1990.

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

de 1990.

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

La señora Sandra Aydee Correa Ahumada presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para obtener el reajuste y la reliquidación de su pensión de jubilación, porque consideró que le fue reconocida y liquidada en un monto inferior al que tenía derecho , al no incluirse las pa rtidas establecidas en el Decreto 1214 de 1990.

En la demanda ordinaria se argumentó que la señora Correa Ahumada ingresó a la Policía Nacional el 7 de julio de 1990 , como personal civil en la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional , por lo que era beneficiaria d elRadicación: 11001-03-15-000-2022-06505-01

Demandante: Sandra Aydee Correa Ahumada Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y otro Sentencia de tutela de segunda instancia

3 régimen prestacional contenido en el Decreto 1214 de 1990; sin embargo, en octubre de 1995 fue incorporada a la entidad descentralizada, Instituto para la Seguridad Social y el Bienestar Social (Inssponal), momento a partir del cual dejó de percibir las prestaciones sociales contenidas en el citado decreto.

Posteriormente, la Ley 352 de 1997 suprimió dicha entidad e incorporó a la demandante nuevamente a la Policía Nacional desde de 1997 hasta la fecha de su retiro, no obstante, no se volvió a pagar ni se incluyó en la pensión el subsidio familiar, la prima de actividad, la prima de servicios, el subsidio de alimentación, el subsidio de

retiro, no obstante, no se volvió a pagar ni se incluyó en la pensión el subsidio familiar, la prima de actividad, la prima de servicios, el subsidio de alimentación, el subsidio de transporte y demás prestaciones del Decreto 1214 de 1990

Mediante Resolución 1244 del 23 de agosto de 2010, la Policía Nacional reconoció y liquidó la pensión de la señora Sandra Aydee Correa Ahumada ; y en julio de 2019, esta solicitó la reliquidación en el sentido de que se incluyeran el pago de la prima de actividad, el subsidio familiar, la prima de servicios, el auxilio de transporte, una doceava de la prima de navidad y demás prestaciones salariales contempladas en el Decreto 1214 de 1990. Dicha solicitud fue negada mediante oficio del 28 de octubre de 2019.

La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, el que, mediante sentencia del 3 de febrero de 20 22, negó las pretensiones de la demanda, decisión que fue apelada y confirmada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en providencia del 3 de noviembre de 2022.

1.3. Argumentos de la tutela

Concretamente, la parte actora indicó que la s autoridades judiciales accionadas vulneraron su derecho fundamental a la igualdad dado que se han proferido distintas3 sentencias en las que se ha ordenado el reajuste de la pensión de jubilación, de conformidad con el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990 con fundamento en que dicho régimen es aplicable a quienes se vincularon a la Policía Nacional antes de la

sentencias en las que se ha ordenado el reajuste de la pensión de jubilación, de conformidad con el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990 con fundamento en que dicho régimen es aplicable a quienes se vincularon a la Policía Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, tales como:

• Sentencia de unificación SUJ-019-CE-S2del 12 de diciembre de 2019, radicado 25000-23-42-000-2016-04235-01 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado. • Sentencia del 30 de mayo de 2019, radicado 25000-23-42-000-2015-04547-01,

Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

3 Al respecto, la parte enuncia cuarenta sentencias dictadas por diferentes autoridades judiciales en procesos ordinarios o de tutela.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06505-01

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4 • Sentencia del 4 de febrero de 2021, radicado 25000-23-42-000-2014-0369701, Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado • Sentencia del 1 de septiembre de 2014, radicado 25000 -23-25-000-201000166-01, Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

• Sentencia del 22 de agosto de 2019, radicado 11001-03-15-000-2019-0242801 dictada por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Adujo que se desconocieron las normas aplicables al caso, puesto que la Ley 352 de 1997 liquidó al INSSPONAL, creó nuevamente la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y señaló en su artículo 55 que el personal civil que ingresó a la Policía Nacional antes de la Ley 100 de 1993 continuaría cobijado por el Título VI del Decreto 1214 de 1990; por ende, a la pensión de jubilación debía incluirse la prima de servicio, prima de alimentación, prima de actividad, subsidio familiar, auxilio de transporte y una duodécima parte de la prima de navidad.

Señaló que se incurrió en desconocimiento del precedente judicial, pues, pese a que se citar on sentencias de diferentes autoridades judiciales que han ordenado el reajuste de la pensión a otras personas por haber ingresado a la Policía Nacional antes de la entrad a en vigor de la Ley 100 de 1993, aquellas no fueron tenidas en cuenta por los falladores.

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 15 de diciembre de 2022, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por intermedio del magistrad o sustanciador del proceso en primera instancia, (i) admitió la acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A , y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A ; (ii) ordenó vincular a la Nación – Ministerio de Defensa –

Segunda, Subsección A , y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A ; (ii) ordenó vincular a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, como tercero con interés, y (iii) dispuso que fueran notificados, a fin de que rindieran el informe correspondiente.

2.1. La Policía Nacional sostuvo que no se vulneraron los derechos alegados por la demandante, pues la decisión cuestionada se fundament ó en la sentencia de unificación SUJ-019-CE-S2-de 2019, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, y que las providencias citadas por la accionante no eran aplicables porque sus efectos eran inter partes y se dictaron en procesos en los que la actora no fue parte, ni tuvo participación de ninguna naturaleza.

2.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través del ponente de la decisión cuestionada, citó las razones y consideraciones expuestas en la sentencia objeto deRadicación: 11001-03-15-000-2022-06505-01

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5 reparo y concluyó que no se configuró la violación de los derechos alegadas, toda vez que la providencia se fundó en la normativa y jurisprudencia aplicables al ca so concreto.

3. Fallo impugnado

La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, mediante fallo del 31 de enero de 2023, negó la solicitud de amparo.

En síntesis, el a quo sostuvo que la tutela cumplía todos los requisitos generales de

La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, mediante fallo del 31 de enero de 2023, negó la solicitud de amparo.

En síntesis, el a quo sostuvo que la tutela cumplía todos los requisitos generales de procedibilidad, razón por la cual estudiaría de fondo los defectos fáctico, sustantivo y de desconocimiento del precedente deducidos de la demanda.

Así, adujo que que la sentencia de 3 de noviembre de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, no incurrió en ninguno de los citados defectos, puesto que estuvo soportada en un estudio razonable de los hechos, las pruebas, la normativa y la jurisprudencia aplicables al caso concreto, lo que le permitió concluir que frente a las acreencias laborales y prestacional es reclamadas por la demandante, esta sólo devengó la prima de servicios y la prima de navidad, las cuales sí fueron tenidas en cuenta al momento de liquidar la pensión de jubilación, por lo que no era procedente ordenar un reajuste en tal sentido.

Explicó que la autoridad judicial accionad a sostuvo que la demandante sí era beneficiaria del régimen prestacional contemplado en el Título VI del Decreto 1214 de 1990, pero no de los factores remunerativos, dado que en materia salarial se regía por las normas expedidas por el Gobier no Nacional para los servidores de los establecimientos públicos del orden nacional.

Explicó que tampoco se desconoció el precedente judicial contenido en la sentencia de unificación del 12 de diciembre de 2019, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado , en el cual se unificaron los criterios del régimen salarial y

Explicó que tampoco se desconoció el precedente judicial contenido en la sentencia de unificación del 12 de diciembre de 2019, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado , en el cual se unificaron los criterios del régimen salarial y prestacional del personal civil vinculado a las Fuerzas Militares que se incorporó a las plantas de personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar, en el sentido de que:

(…) en materia salarial los empleados públicos del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares que fueron incorporados a la planta de personal de salud del Ministerio de Defensa quedaron sometidos al régimen salarial previsto para los empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional (Artículo 3 Num.6 Decreto 3062 de 1997); en materia prestacional los empleados públicos del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares incorporados a la planta de personal de Salud del Ministerio de Defensa Nacional y que se hubieran vinculado antes de la vigencia de la Ley 100Radicación: 11001-03-15-000-2022-06505-01

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6 de 1993 se les aplicará en su integridad el Decreto 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen»

Por último, dijo que los argumentos propuestos por la parte actora pretendían «hacer uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir el debate jurídico y probatorio que se surtió dentro del proceso ordinario, con

Por último, dijo que los argumentos propuestos por la parte actora pretendían «hacer uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir el debate jurídico y probatorio que se surtió dentro del proceso ordinario, con el único propósito de obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses».

4. Impugnación

La demandante impugnó la anterior decisión . Consideró que el a quo no tuvo en cuenta que ingresó a la Policía Nacion al antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, por ende, debió considerar la jurisprudencia según la cual «el aspecto que determina el régimen aplicable en el caso concreto, es que se hubiese vinculado a la Policía Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993».

Por lo demás, reprodujo textualmente la demanda de tutela, cuyas razones ya se encuentran detalladas.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo proferido el 31 de enero de 2023 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que negó la acción de tutela.

Para ello, en primer lugar, se examinará si la acción de tutela cumple los requisitos generales de procedibilidad exigidos por la jurisprudencia constitucional. Solo en el evento de que se cumplan, se analizará si el a quo acertó al negar el amparo reclamado, o si, por el contrario, le asiste razón a l a accionante y deben ampararse los derechos fundamentales que estima vulnerados por la s sentencias dictadas

reclamado, o si, por el contrario, le asiste razón a l a accionante y deben ampararse los derechos fundamentales que estima vulnerados por la s sentencias dictadas ocasión de las sentencias proferidas el 2 de febrero y el 3 de noviembre de 2022 , en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-0002020-00293-00/01.

2. Análisis de la Sala

De entrada, esta Subsección se aparta del razonamiento del fallo de primer grado, según el cual la acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional.

Veamos por qué.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06505-01

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7 En sentencia del 5 de agosto de 20144, la Sala Plena de esta Corporación señaló que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

Esta tesis se ajusta a la jurisprudencia 5 reiterada de la Corte Constitucional que, de manera consi stente y consolidada, expresa que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales.

La tutela solo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface por la invocación de la afectación garantías iusfundamentales, sino porque , en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el alcance de un derecho fundamental.

invocación de la afectación garantías iusfundamentales, sino porque , en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el alcance de un derecho fundamental.

4 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 5 Sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06505-01

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8 De suerte que, si la demanda de tutela no cumple con estas condiciones el asunto carece de relevancia constitucional, juicio que resulta más estricto cuando recae sobre una providencia judicial dictada por un órgano de cierre, en atención a su función en la definición e interpretación del derecho y el valor que la jurisprudencia y el ordenamiento jurídico le otorgan a su contenido.

En el caso bajo examen, no hay duda de que la solicitud de amparo se sustenta en las mismas razones expuestas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Tanto los argumentos expuesto s en la primera instancia, como los que dieron lugar al trámite de alzada fueron resueltos de manera razonable para las autoridades judiciales accionadas, en una respuesta que responde al objeto de debate que el legislador confió a su conocimiento.

La Sala no comparte la tesis de la primera instancia consistente en que «la cuestión

razonable para las autoridades judiciales accionadas, en una respuesta que responde al objeto de debate que el legislador confió a su conocimiento.

La Sala no comparte la tesis de la primera instancia consistente en que «la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, toda vez que el defecto alegado puede llevar consigo una violación de los derec hos a la igualdad, al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y de los principios de legalidad y favorabilidad, los cuales constituyen bienes jurídicos constitucionalmente amparados». Dicho aserto no se aviene a la reiterada jurisprudencia constitucional, en la que se ha dicho que la relevancia constitucional no se cumple por el solo hecho de que se invoque la vulneración de derechos fundamentales, pues, de ser así, en todas las tutelas en las que se enuncie dicha situación se cumpliría ese supuesto.

Además, la sentencia no da cuenta de la razón por la cual el asunto es importante para la interpretación o desarrollo de un postulado constitucional , para que se justifique la intromisión del juez de tutela en decisiones de los j ueces naturales, sino que cita los derechos alegados por la demandante como la razón para dar por cumplido este presupuesto , cuando en el fondo se trata de un asunto de mera legalidad sobre la correcta interpretación del régimen salarial y prestacional aplicable a la demandante.

Algo más, en la misma sentencia el a quo afirmó que:

[L]os argumentos alegados por el apoderado de la accionante en el escrito de tutela, demuestran su inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada, sin acreditar las irregularidades de orden constitucional en las

[L]os argumentos alegados por el apoderado de la accionante en el escrito de tutela, demuestran su inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada, sin acreditar las irregularidades de orden constitucional en las que presuntamente incurrió; por tal razón, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir el debate jurídico y probatorio que se surtió dentro del proceso ordinario, con el único propósito de obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses.Radicación: 11001-03-15-000-2022-06505-01

Demandante: Sandra Aydee Correa Ahumada Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y otro Sentencia de tutela de segunda instancia

9 A juicio de la Sala, esa afirmación refleja el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, de suerte que no debió hacerse un análisis de fondo de los defectos para luego concluir que la demandante pretendía «hacer uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir el debate jurídico y probatorio que se surtió dentro del proceso ordinario».

Recuérdese, e l principio del juez natural es una garantía del debido proceso que dimana del artículo 29 constitucional, cuando este se refiere al derecho de ser juzgado «ante juez o tribunal competente». Ello es así, porque la Constitución preserva la labor de cada autoridad u organismo estatal, para evitar que otras usurpen o asuman funciones que no les han sido encomendadas o que corresponden a otra entidad.

«ante juez o tribunal competente». Ello es así, porque la Constitución preserva la labor de cada autoridad u organismo estatal, para evitar que otras usurpen o asuman funciones que no les han sido encomendadas o que corresponden a otra entidad.

La ley, en desarrollo de la Carta Política, prevé un proceso y unas autoridades para dirimir determinadas controversias judiciales, por ende, no podría una autoridad que no esté investida de competencia resolver litigios que no le han sido asignados. El juez constitucional no es un juez de lo contencioso administrativo, razón por cual no tiene el papel de inmiscuirse en los asuntos específicos que a este último se le asignan; cualquier intención dirigida a ese fin debe ser contenida. De lo contrario, la justicia constitucional se antepondría a los principios de juez natural, independencia y autonomía judiciales.

Así, la Sala insiste en que las premisas de la solicitud de amparo reflejan la intención de prolongar el debate de instancia en el que tanto el juez de primer grado como el de la apelación negaron las pretensiones de la demanda con igual razonamiento : la demandante no t iene derecho a la reliquidación de la pensión alegada , pues, aun cuando la demandante es beneficiaria del régimen prestacional contenido en el Título VI del Decreto 1214 de 1990 , eso no significa que automáticamente deban incluirse los factores salariales que no hubiesen sido efectivamente devengados.

Nótese que el fundamento para negar las pretensiones se centró en que la señora Correa Ahumada no tenía derecho a percibir las partidas establecidas en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990 como factor salarial —pues en esa materia se regía por

Nótese que el fundamento para negar las pretensiones se centró en que la señora Correa Ahumada no tenía derecho a percibir las partidas establecidas en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990 como factor salarial —pues en esa materia se regía por las normas de los establecimientos públicos —, sino que era beneficiaria del régimen prestacional contenido en dicho decreto, de modo que para la liquidación de la pensión sí le era n computables esos haberes siempre que l os hubie ra percibido. Y como acreditó que, en efecto, devengó alguna de ellas, estas le fueron incluidas en el reconocimiento pensional, no así las solicitadas en la demanda.

El ad quem sostuvo que la decisión se fundaba en la sentencia de unificación SUJ019-CE-S2-2019 del 12 de diciembre de 2019, a la cual le daría prelación en lugar deRadicación: 11001-03-15-000-2022-06505-01

Demandante: Sandra Aydee Correa Ahumada Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y otro Sentencia de tutela de segunda instancia

10 los pronunciamientos alegados por la parte actora, por consiguiente, uno de los argumentos de la tutela se cimienta en la premisa inexacta de que no hubo manifestación sobre las decisiones judiciales que mencionó como precedentes en ambas instancias. Así lo señaló la sentencia de segunda instancia:

[E]n el entendido de que los lineamientos de aquel proveído son de obligatoria observancia para definir litigios como el presente, se dará aplicación a estos de preferencia y sobre los demás pronunciamientos del Consejo de Estado que la parte apelante trae a colación en su recurso , toda vez que los

observancia para definir litigios como el presente, se dará aplicación a estos de preferencia y sobre los demás pronunciamientos del Consejo de Estado que la parte apelante trae a colación en su recurso , toda vez que los enunciados en la impugnación obedecen a la resolución de casos con efectos inter partes, mientras que la sentencia de unificación en comento tiene efectos erga omnes que conlleva su imperiosa aplicación al margen de las demás decisiones que individualmente se hayan o no proferido sobre la materia. (Resaltos de la Sala).

Dicho en otras palabras, con apoyo en la enunciada sentenci