CE - 110010315000202206530011SENTENCIA20230519140846

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06530-01

Demandante: LEONARD ALEXIS HINOJOSA DIAZGRANADOS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-06530-01

Demandante: LEONARD ALEXIS HINOJOSA DIAZGRANADOS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se negó la sanción moratoria de la Ley 244 de 1995, porque en la reclamación administrativa y la demanda ordinaria se pidió la prevista en la Ley 50 de 1990 . Defectos procedimental por exceso ritual manifiesto , sustantivo , desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Co nstitución. Requisito general de la relevancia constitucional cuando se acude como instancia adicional

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por el Tribunal Administrativo del Magd alena contra la sentencia de 2 de

relevancia constitucional cuando se acude como instancia adicional

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por el Tribunal Administrativo del Magd alena contra la sentencia de 2 de febrero de 202 3, dictada por la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, dentro de la acción de amparo en la que resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: AMPÁRANSE los derechos fundamentales al debido proceso y acce so a la administración de justicia de la parte accionante.

SEGUNDO: En consecuencia, DÉJASE SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia proferida el 1º de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Magdalena en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 47001-33-33-005-2017-00181-02.

TERCERO: ORDÉNASE al Tribunal Administrativo de Magdalena que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta sentencia, profiera una providencia de reemplazo en la que tenga en cuenta lo previsto en las consideraciones de esta providencia.

CUARTO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz.

QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

SEXTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación”.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El accionante relató que, en ejercicio del medio de control de nulidad y

SEXTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación”.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El accionante relató que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la E.S.E. Alejandro ProsperoRadicado: 11001-03-15-000-2022-06530-01

Demandante: LEONARD ALEXIS HINOJOSA DIAZGRANADOS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 Reverend, con el fin de que se declarara el silencio administrativo negativo por la falta de respuesta a la petición tendiente al reconocimiento y pago de la liquidación laboral, en el que, entre otras cosas, solicito la sanción moratoria con sustento en la Ley 50 de 1990 , por haber laborado ininterrumpidamente desde el 15 de abril de 2014 al 19 de mayo de 2015.

Resaltó que el Juzgado Quinto Administrativo de l Circuito de Santa Mar ta en sentencia de 27 de junio de 2019 , accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar que se demostró la relación laboral sin solución de continuidad, así como la falta de pago de las prestaciones reclamadas, por lo que declaró la nulidad del acto ficto producto del silencio administrativo negativo y ordenó el pago de las sumas dejadas de percibir por concepto de prestaciones , con excepción de la sanción por el pago tardío de las cesantías definitivas, toda vez que el fundamento norma tivo en la reclamación administrativa y en la demanda para

el pago de las sumas dejadas de percibir por concepto de prestaciones , con excepción de la sanción por el pago tardío de las cesantías definitivas, toda vez que el fundamento norma tivo en la reclamación administrativa y en la demanda para solicitarla fue la Ley 50 de 1990 , debiendo ser la Ley 244 de 1995. Por consiguiente, en virtud del principio de congruencia, del derecho de defensa de la entidad demandada y de la imposibilidad de aplicar el principio iura novit curia , solamente reconoció el derecho a las cesantías y sus intereses, pero negó la referida sanción moratoria.

Finalmente, aseveró que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación que fue resuelto en sentencia de 1 de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en el sentido de confirmarla íntegramente.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad , supuestamente vulnerados po r el Tribunal Administrativo de l Magdalena con la sentencia de 1 de junio de 2022, por medio de la cual confirmó la decisión del a quo que negó la pretensión tendiente al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas de acuerdo con lo establecido en la Ley 50 de 1990.

El demandante se refirió a cada uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tute la, específicamente aludió a la relevancia constitucional, la que , a su juicio, “resulta evidente (…), pues la base central de la tesis que se enarbola en esta etapa

acción de tute la, específicamente aludió a la relevancia constitucional, la que , a su juicio, “resulta evidente (…), pues la base central de la tesis que se enarbola en esta etapa es precisamente la protección de Derechos Fundamentales que están siendo arbitrariamente vulnerados y que se busca que se resuelva por medios que trascienden los estrictamente legal, protegiendo de esa manera Derechos Fundamentales como la administración de la justicia, el debido proceso, la igualdad, entre otros”.

Luego afirmó que la sentencia objetada es contraria a la verdad, en tanto declaró la nulidad del acto administrativo y condenó a la entidad demandada al pago de la liquidación a la que tiene derecho con su respetiva indexación, sin embargo, negó la justa indemnización que se deriva d el perjuicio de no recibir las cesantías definitivas y sus intereses, a la luz de interpretaciones rig urosas que atentan contra la tutela judicial efectiva y el acceso a la administración de justicia, entre otros derechos.

Refirió que la autoridad judicia l accionada desconoció el principio de congruencia regulado en los artículos 187, 280 y 281 de la Ley 1437 de 2011 , que impone la obligación al juez ordinario de dictar una decisión basada en los hechos,Radicado: 11001-03-15-000-2022-06530-01

Demandante: LEONARD ALEXIS HINOJOSA DIAZGRANADOS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3 pretensiones y excepciones probadas dentro del proce so, por lo que se evidencia

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3 pretensiones y excepciones probadas dentro del proce so, por lo que se evidencia que en el sustento fáctico de la demanda (numeral 9 ) se especificó que no se le había cancelado las prestaciones sociales como las cesantías ni tampoco se le había pagado los respectivos intereses. Así mismo, en el numeral 3 de las pretensiones se solicitó la indemnización moratoria por el no pago de las cesantías.

Indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, por cuanto se desconocieron sus derechos laborales pues el tribunal accionado abandonó su rol como garante de la normatividad sustancial y obstaculizó la materialización de los derechos sustanciales, la búsqueda de la verdad y la adopción de decisiones judiciales justas.

Destacó que si bien la jurisdicción conte ncioso administrativa “es rigorista, no es menos cierto que con la sentencia objeto de debate se pretendía el estudio y protección legal de derechos laborales, sobre los cuales, además de la interacción con la citada jurisdicción es menester decantar sobre la justicia laboral”.

Sostuvo que es cierto que en la demanda se invocó el restablecimiento de un derecho con un fundamento jurídico distinto al aplicable para el caso concreto -la ley invocada fue incorrecta-, de los presupuestos f ácticos y las pretensi ones se desprendía una verdad incontrovertible, la cual debería consecuencialmente conllevar un justo resarcimiento.

Resaltó que en la sentencia objetada se incurrió en el defecto sustantivo , “sin

desprendía una verdad incontrovertible, la cual debería consecuencialmente conllevar un justo resarcimiento.

Resaltó que en la sentencia objetada se incurrió en el defecto sustantivo , “sin mayores justificaciones, distinta a referir que la demanda nte erró la norma aplicable, se soslayó en su deber de verificar en los hechos, pretensiones y pruebas obrantes en el expediente si le acudía el derecho al demandante, vulnerando de esa manera Derechos Fundamentales como el Acceso Efectivo a la Administrac ión de Justicia, al Debido Proceso, la igualdad, entre otros”.

Aseveró que el Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió en desconocimiento del precedente judicial, para lo cual se limitó a hacer referencia a la sentencia SU061 de 20181 de la Corte Constitucional relacionada con el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y el fallo de 26 de octubre de 2017 2 de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Finalmente, afirmó que se incurrió en violación directa de la Constitución , por desconocimiento de los artículos 53 y 228 de la Constitución Política.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:

“1. Solicito respetuosamente se MODIFQUE el fallo fechado primero (1º) de junio de 2022 proferido con ocasión a la deman da de nulidad y restablecimiento del derecho bajo radicación 47 -001—3333—005—2017-00181-02 emitido por el ahora accionado –

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA –.

2. En consecuencia, se sustituya el numeral PRIMERO del mismo y en su lugar se conceda la indemnización a que tiene derecho mi representado”.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA –.

2. En consecuencia, se sustituya el numeral PRIMERO del mismo y en su lugar se conceda la indemnización a que tiene derecho mi representado”.

1 M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 2 Radicado No.: 25000-23-42-000-2014-01139-01, C.P.: César Palomino Cortes.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06530-01

Demandante: LEONARD ALEXIS HINOJOSA DIAZGRANADOS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4

4. Pruebas relevantes

En correo electrónico de 14 de diciembre de 2022, el Tribunal Administrativo del Magdalena allegó enlace de acceso al expediente No. 47001-33-33-005-2017-0018102, que contiene la s actuaciones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por el señor Leonard Alexis Hinojosa Diazgranados contra la E.S.E. Alejandro Prospero Reverend.

5. Trámite procesal

Por auto de 9 de diciembre de 2022, la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandante, a la autoridad judicial demandada, así como a l Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Santa Marta y a la E.S.E. Alejandro Próspero Reverend.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Magdalena

En correo electrónico de 14 de diciembre de 2022, el magistrado ponente solicitó que

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Magdalena

En correo electrónico de 14 de diciembre de 2022, el magistrado ponente solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que se utilizó como una instancia adicional.

Indicó que del escrito de tutela se evidencia que la parte demandante pretende utilizar la acción de tutela como una instancia adicional , con el fin de variar el sentido de decisiones debidamente fundadas utilizando la herramienta de amparo constitucional como una tercera instancia.

Señaló que no incurrió en ningún defecto , pues aplicó el lineamiento jurisprudencial que regula la situación del demandante , analizó concienzudamente los elementos fácticos y probatorios obrantes en el proceso, como en efecto quedó plasmado en las consideraciones de la sentencia, en la cual se estudió el marco normativo imperante en la materia y se precisó que la demanda versaba , entre otros asuntos, en el reconocimiento y pago de la sanción moratoria contemplada en la Ley 50 de 1990, es decir, aquella generada por la consignación tardía del auxilio de cesantías en el fondo de cesantías escogido por el trabajador a más tardar el 14 de febrero de cada anualidad.

Agregó que e l tribunal no podía pronunciarse en torno a la procedencia o no de la sanción moratoria consagrada en la Ley 244 de 1995, esto es, aquella generada por el pago tardío del auxilio de cesantías cuando dicha prestación (sea parcial o definitiva), pues esta no había sido solicitada por el trabajador, s o pena de desconocer el principio de congruencia de la sentencia, a más de conculcar los

el pago tardío del auxilio de cesantías cuando dicha prestación (sea parcial o definitiva), pues esta no había sido solicitada por el trabajador, s o pena de desconocer el principio de congruencia de la sentencia, a más de conculcar los derechos al debido proceso, de defensa y contradicción del ente estatal encausado, quien no ha tenido ni dentro del trámite administrativo ni en sede judicial, la oportunidad de pronunciarse frente a tal pedimento.

Mencionó que la decisión objetada se sustentó en lo resuelto por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de 4 de octubre de 2018, en la cual se abordó el estudio de un proceso con similares supuestos fácticos a los planteados en el recurso de apelación.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06530-01

Demandante: LEONARD ALEXIS HINOJOSA DIAZGRANADOS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5 Afirmó que se acreditó que mediante petición de 20 de diciembre de 2016, el señor Leonard Alexis Hinojosa Diazgranados radicó ante la E.S.E. Alejandro Próspero Reverend una solicitud en la qu e pidió el reconocimiento y pago de la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990, en razón a la falta de consignación de las mismas al fondo de cesantías. Por consiguiente, precisó que en la demanda el accionante claramente solicitó que se orden ara el pago de la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990, en virtud del no pago del auxilio de cesantías

accionante claramente solicitó que se orden ara el pago de la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990, en virtud del no pago del auxilio de cesantías mientras el demandante prestó sus servicios como médico general.

Sostuvo que en la sentencia objetada se concluyó que no le asistía razón al demandante, pues no solicitó en sede administrativa ni en sede judicial la sanción moratoria por el no pago de las cesantías definitivas, por lo que de accederse a tal pretensión se estaría violentando el principio de congruencia, a más de vulnerar los derechos fundamentales al debido proceso , defensa y contradicción de la entidad demandada.

Por último, manifestó que el tribunal accionado no vulneró ninguna de las garantías constitucionales aducidas por el accionante, sino que, todo lo contrario, a la luz d e la normativa, el lineamiento jurisprudencial imperante y las pruebas existentes, se adoptó una decisión ajustada a derecho y a los elementos fácticos y probatorios obrantes en el expediente ordinario.

6.2. Respuesta de la E.S.E. Alejandro Prospero Reverend

En escrito de 16 de diciembre de 202 2, el jefe de la Oficina Jurídica Asesora se opuso a que se modifique la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena.

Afirmó que “no se cumplen ninguno de los 6 requisitos para ello, todo lo co ntrario, el ente hospitalario, a través del suscrito funcionario, encuentra, acertada el trámite procesal, sin vicio alguno para ninguna de las dos instancias y estamos de acuerdo con la decisión del Aquo, y su posterior confirmación con la Sala Administrativa del Tribunal del Magdalena”.

hospitalario, a través del suscrito funcionario, encuentra, acertada el trámite procesal, sin vicio alguno para ninguna de las dos instancias y estamos de acuerdo con la decisión del Aquo, y su posterior confirmación con la Sala Administrativa del Tribunal del Magdalena”.

6.3. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Santa Marta , guardó silencio a pesar de que se notificó en debida forma el auto admisorio de la acción de tutela.

7. Sentencia de tutela impugnada

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, mediante sentencia de 2 de febrero de 20233, amparó los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, dejó sin efectos la sentencia de 1 de junio de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 4700133-33-005-2017-00181-02 y le ordenó a ese despacho judicial que dentro de los 10 días siguientes de la notificación profiriera una decisión de reemplazo.

Indicó que la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedencia, en concreto, respecto de la relevancia constitucional señaló que el asunto la supera porque el accionante alega la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia por la

3 El consejero Fredy Ibarra Martínez presentó salvamento de voto.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06530-01

Demandante: LEONARD ALEXIS HINOJOSA DIAZGRANADOS

3 El consejero Fredy Ibarra Martínez presentó salvamento de voto.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06530-01

Demandante: LEONARD ALEXIS HINOJOSA DIAZGRANADOS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6 configuración de los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución.

Afirmó que el tribu nal accionado incurrió en defecto procedimental porque desconoció el deber de los jueces de fallar conforme a derecho, lo que se conoce como iura novit curia, y la regla legal de congruencia.

Resaltó que en virtud del principio iura novit curia , el ju zgador puede y debe apartarse de los fundamentos jurídicos planteados por las partes cuando estos no resultan pertinentes o aplicables al caso. Lo anterior, según lo efectivamente probado en el proceso y en el marco de los hechos, las pretensiones y las excepc iones alegadas.

Aseveró que los principios iura novit curia y de congruencia no son excluyentes y deben aplicarse de forma armónica , a lo que agregó que el juez está limitado por lo pedido y probado por las partes, pero debe aplicar la normativa que obje tivamente obedezca al asunto, so pena de quedar atado a las normas invocadas por las partes y que pueden resultar inaplicables.

Sostuvo que el demandante presentó la reclamación administrativa y que la parte demandada en el proceso ordinario pudo conocer que lo pretendido por el accionante

y que pueden resultar inaplicables.

Sostuvo que el demandante presentó la reclamación administrativa y que la parte demandada en el proceso ordinario pudo conocer que lo pretendido por el accionante era el reconocimiento de la sanción moratoria por el no pago de sus cesantías y desde entonces pudo defenderse o responder esa solicitud. Lo que también pudo predicarse durante el trámite judicial de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Expresó que la primacía del derecho sustancial como principio constitucional, justamente pretende evitar que el formalismo obstaculice el reconocimiento de un derecho sustancial debidamente acreditado.

Afirmó que c itar la norma equivocada (aunque relacionada con el tema), un artículo que no es pertinente, o incluso un error en el uso del lenguaje, no puede ser un obstáculo para reconocer lo que se desprende evidentemente de los hechos y las pretensiones, y que se encuentra debidamente acreditado en el proceso.

Señaló que “lo anterior cobra especial relevancia en derecho laboral, en el cual operan varios principios, también de índole constitucional (artículo 53 superior), como la primacía de la realidad sobre las formalidad es. Al respecto, se advierte que en la Sección Segunda de esta Corporación se han reconocido, por ejemplo, derechos pensionales incluso si los demandantes invocan un marco normativo equivocado, siempre y cuando se acredite el cumplimiento de los requisitos para acceder a ese derecho”.

Advirtió que en el presente caso n o está en duda el derecho alegado, pues las autoridades judiciales del proceso ordinario aceptaron la existencia del vínculo laboral y la falta de pago de las prestaciones y derechos que de e sa relación se desprenden, entre ellas, las cesantías.

autoridades judiciales del proceso ordinario aceptaron la existencia del vínculo laboral y la falta de pago de las prestaciones y derechos que de e sa relación se desprenden, entre ellas, las cesantías.

Por último, manifestó que la postura planteada en la sentencia de 4 de octubre de 2018 de la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, que sirvió de sustento para la decisión objeto de r eproche constitucional, no refleja una postura uniforme de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el asunto, pues la misma sección ha reconocido derechos y prestaciones sociales debidamente acreditados, por más de que el marco normativo invocado por los demandantes fuera inadecuado.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06530-01

Demandante: LEONARD ALEXIS HINOJOSA DIAZGRANADOS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

7

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el Tribunal Administrativo del Magdalena impugnó la sentencia de primera instancia, con el fin de que se revocara y se declare la improcedencia de la acción de tutela.

Afirmó que no se incurrió en ningún defecto susceptible de ser estudiado en sede de tutela, a lo que agregó que aplicó adecuadamente las directrices jurisprudenciales delineadas por la Sección Segunda del Consej o de Estado y analizó concienzudamente los elementos fácticos y probatorios obrantes en el proceso.

tutela, a lo que agregó que aplicó adecuadamente las directrices jurisprudenciales delineadas por la Sección Segunda del Consej o de Estado y analizó concienzudamente los elementos fácticos y probatorios obrantes en el proceso.

Señaló que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho versaba, entre otros asuntos, sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria contem plada en la Ley 50 de 1990, es decir, aquella generada por la consignación tardía del auxilio de cesantías en el fondo de cesantías escogido por el trabajador a más tardar el 14 de febrero de cada anualidad, situación bajo la cual se consideró que no le er a dable acceder al reconocimiento de la sanción moratoria consagrada en la Ley 244 de 1995, esto es, aquella generada por el pago tardío del auxilio de cesantías cuando dicha prestación (ya sea parcial o definitiva) ha sido solicitada por el trabajador, so pena de contravenir el principio de congruencia de la sentencia y vulnerar los derechos al debido proceso, defensa y contradicción de la parte demandada, quien no ha bría tenido la oportunidad de pronunciarse frente a tal pedimento dentro del trámite administrativo y judicial.

Indicó que el demandante no cumpl ió con la carga procesal de indicar en forma correcta las normas que amparaban los derechos cuyo reconocimiento se pretendía, para lo cual se apoyó en la sentencia de 4 de octubre de 2018, proferida p or la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado (rad. No. 08001233300020159000501 -2570-16-), que abordó el estudio de un proceso con

Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado (rad. No. 08001233300020159000501 -2570-16-), que abordó el estudio de un proceso con supuestos fácticos similares a los planteados en el recurso analizado por el tribunal.

Resaltó que en el caso del demandante “no confluyen circunstancias que permitan arribar a la inferencia de que se trata de un sujeto de especial protección o que resulta menester la flexibilización de las exigencias legales, pues la naturaleza del derecho en litigio es meramente económico a pesar de tener su origen en una relación laboral; lo anterior, aunado al hecho de que no se evidenció, ni se argumentó en el proceso la amenaza de transgresión de otros derechos que si ameritaran la flexibilización del estudio; verbigracia, t emas pensionales o relacionados con la seguridad social de sujetos merecedores de especial protección por parte de las autoridades”.

Sostuvo que confirmó la decisión de negar las súplicas de la demanda relacionadas con el reconocimiento de la sanción mora toria consagrada en la Ley 50 de 1990, teniendo en consideración que no se acreditó la consignación tardía del auxilio de cesantías en el fondo pensional, por lo cual no sería congruente el reconocimiento de la sanción moratoria consagrada en la Ley 244 de 1995, por la circunstancia de que el demandante no la solicitó en sede administrativa ni judicial, de manera que la entidad accionada no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción en torno a la procedencia de la misma, por lo que adoptar una decisión contraria implicaría el menoscabo del derecho al debido proceso de la E.S.E. Alejandro Prospero Reverend.

contradicción en torno a la procedencia de la misma, por lo que adoptar una decisión contraria implicaría el menoscabo del derecho al debido proceso de la E.S.E. Alejandro Prospero Reverend.

Indicó que en la sentencia impugnada pasó por alto que en la decisión objet o de tutela se adoptaron decisiones totalmente congr uentes con lo solicitado por el actor,Radicado: 11001-03-15-000-2022-06530-01

Demandante: LEONARD ALEXIS HINOJOSA DIAZGRANADOS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 pues este pidió el reconocimiento y pago de la sanción moratoria contemplada en la Ley 50 de 1990. Agregó que la decisión de tutela no señaló ningún pronunciamiento de la Sección Segunda del Consejo de Estado que cont radiga lo resuelto en la sentencia 4 de octubre de 2018 , que sirvió de sustento para negar la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990.

Sostuvo que no se analizó ningún lineamiento jurisprudencial derivado de asuntos con similitud fáctica, habida cuenta de que en los precedentes judiciales señalados en el fallo impugnado, vale decir, la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021 de la Sección Segunda del Consejo de Estado , y en las providencias de 26 de octubre de 2017 y de 2 de diciembre de 2021 s e abordó el estudio de temas pensionales, los cuales evidentemente involucran otro tipo de derechos que merecen ser analizados desde una perspectiva ampliamente garantista que materialice la

octubre de 2017 y de 2 de diciembre de 2021 s e abordó el estudio de temas pensionales, los cuales evidentemente involucran otro tipo de derechos que merecen ser analizados desde una perspectiva ampliamente garantista que materialice la prevalencia del derecho sustancial sobre meras formalidades.

Agregó que los precedentes jurisprudenciales y la argumentación concerniente a la favorabilidad en temas pensionales contenidos en la sentencia impugnada, no guardan correspondencia con la temática analizada en la providencia judicial controvertida en la acción tutela.

Finalmente, manifestó que la argumentación y el precedente jurisprudencial utilizado en la sentencia impugnada, no permiten concluir que el tribunal incurrió en una violación directa de la Constitución o en un defecto sustantivo.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para de cidir la presente impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si debe revocar la sentencia de 2 de febrero de 2023, dictada por la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado que accedió al amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso , de acceso a la administración de justicia y a la igualdad del señor Leonard Alexis Hinojosa Diazgranados o, si por el contrario,

Subsección “B” del Consejo de Estado que accedió al amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso , de acceso a la administración de justicia y a la igualdad del señor Leonard Alexis Hinojosa Diazgranados o, si por el contrario, el Tribunal Administr ativo de l Magdalena en el fallo de 1 de junio de 202 2 que confirmó la decisión que negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 , incurrió en los defectos procedimental por exceso ritual manifiesto , sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución , toda vez que negó la mencionada prestación por el hecho de invocar la Ley 50 de 1990 y no la Ley 244 de 1995.

De manera previa, la Sala advierte que a un cuando el trámite constitucio nal se esté adelantando en segunda instancia, el juez de tutela, o