CE - 110010315000202206535011SENTENCIASENTENCIA20230622165021

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06535-01

Demandante: Jhon Jair Segura Toloza

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2022-06535-01 Demandante JHON JAIR SEGURA TOLOZA Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA Temas Tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de procedibilidad de la acción. La relevancia constitucional. Nulidad electoral. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Jhon Jair Segura Toloza contra la sentencia de 3 de febrero de 2023 , proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C que dispuso lo siguiente: «PRIMERO. DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela, de acuerdo con lo expuesto en este proveído.».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 6 de diciembre de 20221, el señor Jhon Jair Segura Toloza interpuso acción de tutela, en nombre propio , contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la igualdad.

tutela, en nombre propio , contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la igualdad. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: (sic para toda la cita) «SIRVASE usted honorable magistrado como medida provisional SUSPENDER los efectos de la SENTENCIA del {1} de diciembre 2022 de radicado 11001-0328-000-2022-00079-00 de la sección quinta del consejo de estado por la cual negó la nulidad del formulario e 26 CTP del 19 de marzo 2022 SIRVASE usted honorable magistrado la conformación de unos nuevos magistrados para calificar las pruebas ocultadas sin valor por los magistrados demandados para que sea fallada por otros magistrados SIRVASE usted honorable magistrado ordenar la revisión de la sentencia en mención».

2. Hechos Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. El Acto Legislativo 2 de 2021 creó dieciséis circunscripciones transitorias especiales de paz en la Cámara de Representantes para los periodos

1 Índice 2 en Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06535-01

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2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co constitucionales 2022 – 2026 y 2026 – 2030. El término de la inscripción de la candidatura se cerró el 13 de diciembre de 2021. 2.2. El señor Jhon Jair Segura Tolosa se inscribió como candidato para la Cámara

candidatura se cerró el 13 de diciembre de 2021. 2.2. El señor Jhon Jair Segura Tolosa se inscribió como candidato para la Cámara de Representantes de la Circunscripció n Transitoria Especial de Paz número 102, junto a Karenth Alicia Garcés Rosero, su compañera de fórmula, para el periodo 2022 – 20263. 2.3. El 9 de diciembre de 2021, el señor Jhon Jair Segura Tolosa y la señora Garcés Rosero radicaron petición ante la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), en la cual solicitaron que se certificara su condición de víctimas, en tanto que uno de los requisitos para ser candidato a las circunscripciones transitorias especiales de paz en la Cámara de Representantes es acreditar la condición de víctima del conflicto, según lo establece el artículo transitorio 5 del Acto Legislativo 2 de 20214. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) expidió los respectivos documentos. 2.4. El señor Jhon Jair Segura Tolosa y la señora Karenth Alicia Garcés Rosero inscribieron su candidatura, para lo cual aportaron la “Certificación Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz” expedida por la UARIV, que acreditó la condición de víctima del señor Segura Tolosa, y una cons tancia emitida por el director de registro y gestión de la información de la misma entidad, a favor de la señora Garcés Rosero. La Registraduría Nacional del Estado Civil decidió no aceptar la inscripción de aquellos, bajo el argumento de que no se presentó el certificado individual o

entidad, a favor de la señora Garcés Rosero. La Registraduría Nacional del Estado Civil decidió no aceptar la inscripción de aquellos, bajo el argumento de que no se presentó el certificado individual o colectivo de víctimas expedido por la UARIV. 2.5. En el año 2022 , el señor Jhon Jair Segura Toloza interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, a fin de que se dejara sin efectos el acto de elecc ión del señor Gerson Lisímaco Monta ño Arizala, contenido en el Formulario E-26-CTP, quien fue elegido como representante a

2 Está circunscripción se constituye por 11 municipios del departamento de Nariño: Barbacoas, El Charco, La Tola, Maguí, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Ricaurte, Roberto Payán, Santa Bárbara y Tumaco. 3 Archivo electrónico identificado con certificado 350F849ABE2C4FB8 4B2B040F59DC9698 10F5640C57A69F6A E73B43705A780085, ubicado en el índice 11 del expediente digital. 4 Acto Legislativo 2 de 2021, artículo transitorio 5: «Requisitos para ser candidato. Los candidatos a ocupar las curules en estas circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la Cámara de Representantes deberán cumplir con los requisitos generales establecidos en la Constitución y en la ley para los Representantes a la Cámara, además de los siguientes requisitos especiales: (…)

1. Haber nacido o habitado en el territorio de la respectiva circunscripción los tres años anteriores a la fecha de la elección o,

requisitos especiales: (…)

1. Haber nacido o habitado en el territorio de la respectiva circunscripción los tres años anteriores a la fecha de la elección o,

2. Los desplazados que se encuentren en proceso de retorno con el propósito de establecer en el territorio de la circunscripción su lugar de habitación, deberán haber nacido o habitado en él al men.as tres años consecutivos en cualquier época.

Parágrafo 1. Para los solos efectos del presente acto legislativo, se consideran víctimas aquellas personas que individual -y únicamente hasta el tercer grado de consanguinidad y primero de afinidado colectivamente hayan sufrido un daño como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. La condición de víctima i ndividual o colectiva se acreditará según certificación expedido por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)».Radicado: 11001-03-15-000-2022-06535-01

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3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Cámara para el periodo constitucional 2022 - 2026, en la Circunscripción Electoral Nro. 10. 2.6. Del asunto conoció la Sección Quinta d el Consejo de Estado (Radicado Nro. 11001-03-28-000-2022-00079-00), que mediante sentencia de 1° de diciembre de 2022 negó la pretensión formulada por la parte actora.

3. Fundamentos de la acción

11001-03-28-000-2022-00079-00), que mediante sentencia de 1° de diciembre de 2022 negó la pretensión formulada por la parte actora.

3. Fundamentos de la acción El actor sostuvo que en el Acto Legislativo Nro. 02 del 25 de agosto del 2021 se prohibieron las alianzas entre partidos políticos y las cámaras especiales de paz; prohibición en la cual incurrió el señor Gerson Lisímaco Montaño Arizala, pues recibió el respaldo político del Partido Conservador.

En esa medida, el tutelante reprochó que la Sección Quinta del Consejo de Estado haya desestimado las pretensiones de la demanda de nulidad electoral, bajo el argumento de que el señor Gerson Lisímaco Montaño Ariza la no se inscribió a través del Partido Conservador, sino mediante un consejo comunitario. E indicó que la demanda jamás alegó que aquel se inscribió mediante el Partido Conservador, sino que en la práctica recibió su apoyo. Circunstancia que se acreditó c on la publicidad del Partido Conservador a favor del señor Gerson Lisímaco Montaño Arizala aportada como prueba al proceso. También manifestó su desacuerdo con que la autoridad judicial accionada haya manifestado que no se probó acuerdo alguno entre el señ or Gerson Lisímaco Montaño Arizala y el Partido Conservador, pues tales pactos suelen hacerse de forma privada y no pública. La publicidad a la cual se refirió el tutelante consistió en más de 20 vallas exhibidas en el municipio de Tumaco, en las que el s eñor Gerson Lisímaco Montaño Arizala aparecía con candidatos del Partido Conservador; aseguró que de esa forma se

en el municipio de Tumaco, en las que el s eñor Gerson Lisímaco Montaño Arizala aparecía con candidatos del Partido Conservador; aseguró que de esa forma se buscaba que los seguidores de tal partido le brindaran el apoyo político al señor Montaño Arizala. Y así, sostuvo, fue como aquel obtuvo la mayor votación. Por otro lado, manifestó que la UARIV actuó de forma negligente y de mala fe pues, aunque expidió los certificados que acreditaban la condición de víctima de él y de su fórmula, lo cierto es que la entidad los remitió en fechas distintas, pu es el suyo lo envió el 13 de diciembre del 2021, mientras que el de su compañera de fórmula, el 22 de diciembre del 2021, es decir, con posterioridad a la fecha en que podían inscribir su candidatura. A su juicio, esa situación demostró que la entidad retuvo el documento sin justificación alguna y con la intención de que no pudieran completar su inscripción, tanto así que solo obtuvieron el certificado de la señora Karenth Alicia Garcés Rosero extemporáneamente, en virtud de una acción de tutela. De otra p arte, reprochó los testimonios rendidos por los señores Lennin Augusto Castro Sánchez y Jani Jonifer Cuero Valencia por considerarlos falsos, quienes adujeron no conocer la publicidad que relaciona al señor Gerson Lisímaco Montaño Arizala con el Partido Conservador. E informó que radicó denuncia penal en contra de aquellos por haber incurrido en el delito de falso testimonio. Además, sostuvo que el señor Gerson Lisímaco Montaño Arizala no representa a las víctimas de la zona 10, sino al Partido Conservador, lo cual constituye un agravio

de aquellos por haber incurrido en el delito de falso testimonio. Además, sostuvo que el señor Gerson Lisímaco Montaño Arizala no representa a las víctimas de la zona 10, sino al Partido Conservador, lo cual constituye un agravio para las víctimas.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06535-01

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Finalmente, solicitó como medida provisional lo siguiente: «SIRVASE (sic) usted honorable magistrado como medida provisional SUSPENDER los efectos de la SENTENCIA del {1} de diciembre 2022 de radicado 11001-03-28-000-2022-00079-00 de la sección quinta del consejo de estado por la cual negó la nulidad del formulario e 26 CTP del 19 de marzo 2022».

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. En auto de 13 de diciembre de 2022, se admitió la acción de tutela interpuesta por el señor Jhon Jair Segura Toloza contra la Sección Quinta del Consejo de Estado; se vinculó al representante a la Cámara por la circunscripción especial para la paz Nro. 10 Gerson Lisímaco Montaño Ari zala, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral ; se negó la medida provisional solicitada; y se dispuso efectuar las demás las notificaciones correspondientes. 4.2. La Sección Quinta del Consejo de Estado manifestó que, de acuerdo con la

Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral ; se negó la medida provisional solicitada; y se dispuso efectuar las demás las notificaciones correspondientes. 4.2. La Sección Quinta del Consejo de Estado manifestó que, de acuerdo con la Sentencia de Unificación SU -573 de 2017, la tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es aún más restrictiva. En esa medida, sostuvo que en el caso no se satisfacen los requisitos genéricos y especiales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales. Al respecto, explicó que en la solicitud de amparo no se expuso con suficiencia por qué la providencia riñe de manera abierta con la Constitución o es incompatible con la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de derechos fundamentales. Por e l contrario, lo que se aprecia es una serie de inconformidades del accionante frente a la regla de decisión fijada que sirvió para definir el caso. Además, sostuvo que los fundamentos de la tutela son los mismos cargos que se plantearon en el medio de con trol de nulidad electoral, los cuales fueron objeto de pronunciamiento en su integralidad en la sentencia cuestionada; y que los reproches expuestos no se sustentaron en causal especial de procedibilidad alguna definida en la Sentencia C-590 de 2005. Señaló que tampoco se satisface el requisito de la subsidiariedad, puesto que el tutelante no agotó todos los medios de defensa judicial de los cuales disponía para despejar los aspectos que pretende hacer valer mediante la acción de tutela, como la aclaración o la adición de la sentencia. Explicó que, en la providencia controvertida, en primer lugar, se explicó que no se probó ninguna irregularidad frente a la negación de la inscripción de la

acción de tutela, como la aclaración o la adición de la sentencia. Explicó que, en la providencia controvertida, en primer lugar, se explicó que no se probó ninguna irregularidad frente a la negación de la inscripción de la candidatura del ahora tutelante y su fórmula. En ese orden, se negó l a pretensión de nulidad invocada conforme la causal genérica del artículo 137infringir las normas en que debía fundarsey la 275.5 del CPACA. En segundo lugar, sostuvo que en el curso del medio de control se acreditó que el señor Gerson Lisímaco Montaño Arizala y su fórmula no fueron avalados e inscritos por un partido o movimiento político con representación en el Congreso de la República, sino por la Corporación Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur -RECOMPAS-, conforme consta en los formularios E -6 OS y E -8 OS, documentos probatorios que demuestran la solemnidad del acto de inscripción. De igual manera lo ratificó el testigo Lennin Augusto Castro Sánchez, representante legal de dicho consejo comunitario,Radicado: 11001-03-15-000-2022-06535-01

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en la audiencia de pruebas. Por consigui ente, no se desconoció el parágrafo 1° del artículo transitorio 3 del Acto Legislativo Nro. 2 de 2021. En tercer lugar, manifestó que no se aportó prueba sobre la existencia de una alianza, coalición o acuerdo entre el señor Gerson Lisímaco Montaño Arizal a

1° del artículo transitorio 3 del Acto Legislativo Nro. 2 de 2021. En tercer lugar, manifestó que no se aportó prueba sobre la existencia de una alianza, coalición o acuerdo entre el señor Gerson Lisímaco Montaño Arizal a y las candidatas del Partido Conservador. Finalmente, respecto a la denuncia penal por falso testimonio contra los testigos Lennin Augusto Castro Sánchez y Jani Jonifer Cuero Valencia, manifestó que esta no es más que una circunstancia que surgió luego de practicadas las pruebas en la audiencia inicial y que, en todo caso, se trata de un aspecto que cuando se adoptó la decisión definitiva en el proceso electoral no se conoció de alguna decisión de la jurisdicción penal que declarara la falsedad de dichos testimonios. Por ende, consideró que se trata de un hecho sin relevancia constitucional para conceder el amparo. Con base en lo expuesto, aseguró que las pretensiones del medio del control de nulidad electoral se negaron como resultado de una valoración en conjunto y razonada de todas las pruebas aportadas a dicho trámite judicial. Por lo cual consideró que se garantizaron los derechos fundamentales que el hoy accionante considera vulnerados. 4.3. La Registraduría Nacional del Estado Civil manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva, porque dentro de sus funciones no se encuentra lo solicitado por el actor; y porque sus reparos aluden a la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta . Por lo tanto, solicitó su desvinculación del trámite constitucional. 4.4. El Consejo Nacional Electoral sostuvo que no vulneró los derechos fundamentales del accionante, pues no fue la autoridad que profirió la decisión

desvinculación del trámite constitucional. 4.4. El Consejo Nacional Electoral sostuvo que no vulneró los derechos fundamentales del accionante, pues no fue la autoridad que profirió la decisión que a juicio del ciudadano transgredió sus derechos; que no se satisface el requisito de subsidiariedad; y que no cuenta con legitimación en la causa por pasiva, puesto que no es la entidad competente para satisfacer las pretensiones del accionante. Por ende, solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela. 4.5. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas sostuvo que no vulneró los derechos fundamentales reclamados por la parte accionante, puesto que no tiene competencia para declarar la nulidad de una sentencia. A su vez, aseguró que en el caso no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable. Por lo expuesto, solicitó que se declare la improcedencia de acción de tutela y se le desvincule de dicho trámite.

5. Providencia impugnada Mediante sentencia de 3 de febrero de 2023 , el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C encontró que no se cumplía con el requisito de relevancia constitucional, propio de la tutela contra providencias judiciales.

Al respecto, explicó que el tutelante no invocó la configuración de algún defecto en específico, ni «explicó cómo la valoración de las pruebas vulneró las garantías invocadas, puesRadicado: 11001-03-15-000-2022-06535-01

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se limitó a reiterar que la UARIV actuó de forma negligente y a que las vallas de publicidad eran suficientes para acreditar la relación de apoyo y r espaldo entre el candidato electo y el partido Conservador»; razón por la cual el juez de tutela sostuvo que los fundamentos del escrito de tutela no giran en torno al contenido, alcance o goce de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a l a administración de justicia y a la igualdad. Asimismo, aseguró que los reproches del actor no trascienden de la mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales, pues aquel se limitó a reiterar lo planteado en la demanda del medio de control. Y, finalmente, la Sección Tercera, Subsección C manifestó que n o se cumplía con la carga argumentativa necesaria para demostrar la vulneración de los derechos fundamentales invocados.

6. Impugnación La parte actora impugnó la decisión de primera instancia por razones semejantes a las expuestas en el escrito de tutela.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 19915, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,

para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas corporaciones La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales6 y especiales7 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.

5 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acció n o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”. 6 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);

todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión pr oferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 7 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, ii i) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06535-01

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 8 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe

proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso. Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las encargadas de unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es así como, la Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional para admitir la procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe contener un error ostensible, mani fiesto y flagrante que riña de manera directa con la Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional. Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento de: i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) la existencia de una o varias causales especiales de procedibilidad; y iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.

3. Planteamiento del problema jurídico Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala establecer si le asistió razón al juez de primera instancia al declarar la improcedencia de la

sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.

3. Planteamiento del problema jurídico Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala establecer si le asistió razón al juez de primera instancia al declarar la improcedencia de la acción de tutela a falta de requisito de relevancia constitucional.

Solo en caso de superar dicho estudio, y de encon trar que se cumple a cabalidad con los demás requisitos generales de procedibilidad, se determinará si al proferir la sentencia de 1° de diciembre de 2022, en el marco del radicado 11001 -03-28000-2022-00079-00, la Sección Quinta del Consejo de Estado incu rrió en los defectos fáctico y sustantivo.

4. Requisito de relevancia constitucional La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. En ningún modo aquel puede inmiscuirse en los asuntos propios del juez natural.

8 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06535-01

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11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06535-01

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8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional . Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T–248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito: (i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales . En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela. (ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneraci ón de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales»9. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por

cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneraci ón de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales»9. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales. (iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestiona da, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada. (iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordi nario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural. (v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación d e interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisione