CE - 110010315000202206551011SENTENCIA20230410123612

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá D. C. veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de Tutela Radicación: 11001 03 15 000 2022 06551 01

Demandante: Flor Marina López Clavijo

Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia proferida el 26 de enero de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró improcedente el amparo reclamado.

1. La acción de tutela

La señora Flor Marina López Clavijo promueve acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

1.1. Pretensiones2

Radicado: 11001 03 15 000 2022 06551 01

Demandante: Flor Marina López Clavijo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Flor Marina López Clavijo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En protección de los derechos reclamados, solicita:

1. Se amparen los derechos fundamentales de mi mandante la señora Intendente ® Flor Marina López Clavijo a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia de manera real y efectiva de conformidad con lo manifestado en la presente acción constitucional.

2. Que se revoquen las sentencias de primera y segunda instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B , respectivamente y en su lugar se reconozca la asignación de retiro de mi mandante, como quiera que las instancias judiciales invocadas desconocieron sus derechos fundamentales.

1.2. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, la parte accionante señaló los siguientes:

1. El 5 de septiembre de 1994, la señora Flor Marina López Clavijo ingresó a la Policía Nacional como alumna. El 31 de agosto de 1995, fue dada de alta en el nivel ejecutivo.

1. La señora Flor Marina López Clavijo solicitó el retiro del servicio , formalizado mediante Resolución número 00374 del 10 de febrero de 2010.

1. El 4 de abril de 2016, la señora L ópez Clavijo solicitó el reconocimiento de la asignación de retiro, petición que a través de Oficio GAG-SDP/9885 del 17 de mayo de 2016 fue negada.

1. El 4 de abril de 2016, la señora L ópez Clavijo solicitó el reconocimiento de la asignación de retiro, petición que a través de Oficio GAG-SDP/9885 del 17 de mayo de 2016 fue negada.

1. La señora Flor López Clavijo a través de apoderado , instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con el propósito de que fuer a declarado nulo el oficio por medio del cual le negaron la asignación de retiro y, a título de restablecimiento del derecho su reconocimiento y pago conforme con el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 y en los términos en que se reconoce a quienes son retiradas del servicio por llamamiento a calificar servicios.

1. El 3 1 de mayo de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, negó las pretensiones de la demanda.3

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co vi) El 12 de mayo de 2022, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B confirmó la decisión proferida por el juez a quo.

1.3. Fundamentos jurídicos de la accionante

Consideró que la providencia objeto de litis habría incurrido en los siguientes defectos:

1.3.1. Defecto procedimental absoluto

1. Luego de un recuento de la institución de la excepción de inconstitucionalidad, señaló

Consideró que la providencia objeto de litis habría incurrido en los siguientes defectos:

1.3.1. Defecto procedimental absoluto

1. Luego de un recuento de la institución de la excepción de inconstitucionalidad, señaló que las autoridades judiciales omitieron estudiar a la luz del principio de favorabilidad la situación de la señora Flor López, pues al aplicar de forma irrestricta el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 desconocieron el derecho a la igualdad , dado que a los miembros de la fuerza pública retirados del servicio por llamamiento a calificar servicios, se les reconoce la asignación de retiro con 15 años de servicio, mientras que a los que se retiran por voluntad propia, como es su caso, les exigen 20 años para acceder a tal reconocimiento.

A su juicio, debieron aplicar la excepción de inconstitucionalidad de dicha norma, pues propiciaron un trato discriminatorio frente a la decisión de retiro voluntario del servicio, sin considerar el buen desempeñ o en el ejercicio de las funciones y limitándose a verificar únicamente el tiempo de permanencia en la institución policial.

1. También se evidencia la vulneración del derecho fundamental al debido proceso en el entendido que desde la petición del recono cimiento de la asignación de retiro a la Caja de Sueldos de la Policía Nacional, se solicitó el análisis del caso a partir de la óptica de la excepción de inconstitucionalidad, tema que no fue abordado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ni por el Consejo de Estado.

Al momento de la solicitud del retiro voluntario, la accionante contaba con más de 15 años de servicio en la policía nacional, lo que la ponía en una situación de especial

Tribunal Administrativo de Cundinamarca ni por el Consejo de Estado.

Al momento de la solicitud del retiro voluntario, la accionante contaba con más de 15 años de servicio en la policía nacional, lo que la ponía en una situación de especial consideración ya que se encontraba al mismo nivel (en tiempo) del personal que podía ser llamado a calificar servicios.4

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.4. Actuación procesal

Por auto del 13 de diciembre de 2022 , se ordenó notificar como demandados a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección F y, como tercero interesado, a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía -CASUR al haber actuado como demandado dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que se tramitó con el radicado 25000 23 42 000 2016 05976 00 [01], para que en el término de dos días rindieran el respectivo informe.

1.5. Intervenciones

1.5.1. Los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,1 se limitaron a remitir el expediente digital del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

1.5.2. Los magistrados del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B

Segunda, Subsección F,1 se limitaron a remitir el expediente digital del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

1.5.2. Los magistrados del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y la Caja de Sueldos de la Policía Nacional -CASUR2 a pesar de que fueron notificados del trámite tutelar de la referencia con el fin de que rindieran el informe correspondiente, guardaron silencio.

1.6. Sentencia impugnada

La Sección Cuarta del Consejo de Estado , en sentencia del 26 de enero de 2023 , declaró improcedente el amparo reclamado por falta de relevancia constitucional.

Evidenció que la señora Flor Marina López Clavijo propuso la misma discusión jurídica que presentó en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR, pues si bien alegó que las providencias objeto de litis incurrieron en violación directa de la Constitución, lo cierto es que, en últimas, lo que pretend ía era reabrir el debate jurídico sobre el

1 Expediente digital de tutela. 2 Expediente digital de tutela.5

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Demandante: Flor Marina López Clavijo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co derecho de la asignación de retiro a la que aduce tenía derecho por tener más de 15 años de servicio.

Por otra parte, frente al argumento de la actora relativo a que las autoridades judiciales

www.consejodeestado.gov.co derecho de la asignación de retiro a la que aduce tenía derecho por tener más de 15 años de servicio.

Por otra parte, frente al argumento de la actora relativo a que las autoridades judiciales demandadas omitieron aplicar la excepción de inconstitucionalidad de la primera parte del artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, que exige a quienes se retiran por solicitud propia 20 años de servicio para el reconocimiento de la asignación de retiro, señaló que dicho argumento no fue expuesto por la parte demandante en el proceso ordinario.

Finalmente, precisó que cuando se cuestiona una decisión expedida por un órgano de cierre, como ocurre en este caso, que se acusa una sentencia proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela son más estrictos, los que en este caso no se supera n, razón por la cual se abstuvo de hacer un pronunciamiento de fondo sobre el defecto alegado por la parte actora.

1.7. Impugnación

En el escrito de impugnación se indican las siguientes inconformidades:

1. Cuando una demanda es presentada en el despacho de un juez, existe una expectativa de que se analicen las condiciones de la demandante para determinar si se ajustan a la norma, circunstancia que no aconteció en el caso objeto de debate.

1. Si bien la petición de excepción de inconstitucionalidad se limitó únicamente a los decretos 1858 de 2012 y 1091 de 1995, mas no a la primera parte del artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, al estar revestido el juez constitucional de la facultad ultra y

decretos 1858 de 2012 y 1091 de 1995, mas no a la primera parte del artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, al estar revestido el juez constitucional de la facultad ultra y extra petita, la que a su juicio se refiere «a la habilidad del juez para decidir sobre asuntos que no hacen parte de la demanda inicial, sino que más bien se trata de pretensiones y princip ios no planteados por el actor. Esto quiere decir que el juez puede tener en cuenta cuestiones adicionales que no están dentro del objeto directo de la demanda inicial, sino que más bien se trata de pretensiones que se derivan de la misma».6

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Demandante: Flor Marina López Clavijo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Como sustento de su dicho trajo a colación las sentencias T-153 de 2011 y T-568 de 2013.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el inciso 2.°, artículo 25 del Acuerdo número 080 de 2019 1, según el cual «Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por

Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por la Sección Cuarta de esta corporación el 26 de enero de 2023.

2.2. Cuestión previa

Antes de proceder al estudio de la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por el municipio accionante, la Sala aclara que solo realizará el análisis de la decisión adoptada en segunda instancia por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, órgano de cierre en el presente asunto.

2.3. Problema jurídico

Se contrae a determinar si el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B , quebrantó los derechos fundamentales invocados por la accionante al proferir la providencia del 1 2 de mayo de 2022 dentro de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000 23 42 000 2016 05976 00 [01], por medio del cual resolvió confirmar la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en el sentido de denegar las pretensiones de la demanda.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial7

Radicado: 11001 03 15 000 2022 06551 01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.4.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció , en sus artículos 11, 12 y 40, la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales ejecutoriadas, artículos que posteriormente fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-543 de 1992, al c onsiderarse que atentaban contra los principios de la cosa juzgada y de seguridad jurídica, además de trasgredir la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por la Constitución.

Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad , de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no

actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados. En este criterio, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C -590 de 2005, 3 en la que se hace distinción entre c ausales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia misma del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.

3 Reiteradas en la sentencia SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.8

Radicado: 11001 03 15 000 2022 06551 01

Demandante: Flor Marina López Clavijo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa ju dicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una ir regularidad

perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una ir regularidad procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que ésta identifique de manera razonable tanto los hechos que ge neraron la infracción así como los derechos quebrantados y que se hubiere alegado en el proceso judicial siempre que hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 2012, 4 unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, y admitió que debe acometerse el estudio de fondo , cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.

Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia de l 5 de agosto de 2014,5 acogió un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.4.2. La procedencia de la acción de tutela de la referencia

Conforme a la Sentencia SU-157 de 2022, es indispensable verificar que la acción de

4Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicado 11001 03 15 000 2009 01328 01(IJ). 5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).9

Radicado: 11001 03 15 000 2022 06551 01

Demandante: Flor Marina López Clavijo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tutela no sea utilizada como una instancia adicional para remplazar las vías judiciales ordinarias, parámetro conforme al cual el caso objeto de estudio , contrario a lo manifestado por la Sección Cuarta de esta corporación, reviste suficiente relevancia constitucional, toda vez que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

La Sala considera que el presente asunto cumple con el requisito de subsidiariedad, debido a que se dirige contra el fallo proferido en segunda instancia por el Consejo de

administración de justicia.

La Sala considera que el presente asunto cumple con el requisito de subsidiariedad, debido a que se dirige contra el fallo proferido en segunda instancia por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, además conforme a las causales de nulidad de la sentencia contenidas en el artículo 294 del CPACA,6 no procede el recurso extraordinario de revisión, de modo que la parte accionante agotó todos los medios ordinarios de defensa, es decir, acudió al juez constitucional de forma subsidiaria.

De otra parte, se encuentra cumplido el requisito de inmediatez, en cuanto la providencia acusada fue dictada el 22 de mayo de 2022 y notificada el 8 de junio de igual anualidad,7 mientras que la acción de tutela de la referencia fue radicada el 7 de diciembre de 2022,8 es decir, dentro de los 6 meses siguientes, término que ha sido acogido por esta corporación como prudencial para acudir al medio de amparo constitucional.

La solicitud de tutela identifica razonablemente los hechos y los argumentos con fundamento en los cuales se cuestiona la vulneración de derechos fundamentales en la sentencia enjuiciada.

6 Artículo 294. Nulidades originadas en la sentencia. La nulidad procesal originada en la sentencia únicamente procederá por incompetencia funcional, indebida notificación del auto admisorio de la demanda al demandado o a su representante, por omisión de la etapa de alegaciones y cuando la sentencia haya sido adoptada por un número inferior de Magistrados al previsto por la ley. Mediante auto no susceptible de recuso, el juez o Magistrado Ponente re chazará de plano por improcedente la

inferior de Magistrados al previsto por la ley. Mediante auto no susceptible de recuso, el juez o Magistrado Ponente re chazará de plano por improcedente la solicitud de nulidad contra la sentencia que se funde en causal distinta de las mencionadas. 7https://etbcsjmy.sharepoint.com/personal/caguilao_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1 &id=%2Fpersonal%2Fcaguilao%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPROCESOS%20D RA%2E%20SALAMANCA%2F25000234200020160597600%2F24NotificacionesSentenciaOficioDevolucionTac% 2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fcaguilao%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPROCE SOS%20DRA%2E%20SALAMANCA%2F25000234200020160597600 8https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103150002022064440 0110010310

Radicado: 11001 03 15 000 2022 06551 01

Demandante: Flor Marina López Clavijo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El asunto no se refiere a una sentencia de tutela, toda vez que la decisión que se cuestiona se profirió dentro del trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.5. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran dentro del expediente, se puede establecer lo siguiente:

cuestiona se profirió dentro del trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.5. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran dentro del expediente, se puede establecer lo siguiente:

2.5.1. El 10 de febrero de 2010, por Resolución 00374 el Director General de la Policía Nacional, retiró del servicio del personal del nivel ejecutivo a la señora Flor Marina López Clavijo, entre otros.9

2.5.2. El 4 de abril de 2016, radicó derecho de petición ante la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional mediante el cual solicitó el reconocimiento y pa go de la asignación de retiro.10

2.5.3. El 17 de mayo de 2016, a través de Oficio GAG-SDP/9885 la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR, negó tal pedimento.11

2.5.4. El 15 de septiembre de 2016 , la señora Flor Marina López Clavijo a través de apoderado instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja de Sueldos de la Policía Nacional -CASUR, con el propósito de que fuera declarado nulo el Oficio GAG-SDP/9885 del 17 de mayo de 2016 que negó la asignación de retiro y, a título de restablecimiento del derecho su reconocimiento y pago por cumplir los requisitos exigidos en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, así como «las mesadas dejadas de pagar desde el retiro del servicio de la Policía Nacional debidamente indexada y con los intereses moratorios al momento de hacerse efectivo

requisitos exigidos en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, así como «las mesadas dejadas de pagar desde el retiro del servicio de la Policía Nacional debidamente indexada y con los intereses moratorios al momento de hacerse efectivo el pago, y los daños materiales causados por daño emergente en un valor (sic) de $4.000.000 y un 30% de valor (sic) de las sumas estimadas en la sentencia , por

9 Folio 3 y vuelto 11 expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho. 10 Folios 2 a 11 expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho. 11 Folio 4 expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho.11

Radicado: 11001 03 15 000 2022 06551 01

Demandante: Flor Marina López Clavijo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co contrato de prestación de servicios y por daño moral subjetivo la suma de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes».12

2.5.5. El 31de mayo de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, negó las pretensiones de la demanda, al efecto sostuvo:13

Resulta importante destacar que el derecho a la asignación de retiro depende de una condición de naturaleza temporal que varía de acuerdo al motivo del retiro del servicio. Teniendo en cuenta que la separación del servicio de la demandante fue por solicitud propia se advierte que los artículos 144 y 104 de los Decretos 1212 y 1213 de

condición de naturaleza temporal que varía de acuerdo al motivo del retiro del servicio. Teniendo en cuenta que la separación del servicio de la demandante fue por solicitud propia se advierte que los artículos 144 y 104 de los Decretos 1212 y 1213 de 1990 exigen un tiempo mínimo de 20 años de servicios, con lo que está en desacuerdo, al considerar que al haber laborado por espacio de 15 años se debe tomar como si su retiro fue por “llamamiento a calificar servicios” que solo exige es tiempo y en consecuencia reconocerse la asignación de retiro.

[…]

En ese orden de ideas, la señora flor Marina López Clavijo se retiró del servicio por solicitud propia, para tener derecho al reconocimiento y pago de la asignación de retiro por la Entidad demandada debe acreditar un tiempo mínimo de 20 años de servicio, conforme a los artículos 144 y 104 de los Decretos 1212 y 1213 de 1990, De manera que al estar acreditado en el plenario que laboró al servicio de la Policía Nacional por 15 años, 6 meses y 24 días, no tiene derecho al reconocimiento de la prestación que reclama.

2.5.6. El 12 de mayo de 2022 , el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, confirmó la providencia proferida por el juez a quo.14

2.6. Análisis de la Sala

2.6.1. Cuestión previa

Si bien el accionante alega como causal autónoma de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales el denominado defecto procedimental absoluto , esta Sala evidencia -de los argumentos esgrimidos - que el reproche formulado corresponde a presuntos yerros de carácter sustantivo, en tanto se argumenta que la

tutela contra providencias judiciales el denominado defecto procedimental absoluto , esta Sala evidencia -de los argumentos esgrimidos - que el reproche formulado corresponde a presuntos yerros de carácter sustantivo, en tanto se argumenta que la decisión judicial aplicó de forma irrestricta el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 y no tuvo en cuenta las condiciones de la accionante para el reconocimiento de la

12 Folios 7 a 13 expediente digital original del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. 13 Folios 97 a 104 expediente digital original del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. 14 Folios 134 a 147 expediente digital original del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.12

Radicado: 11001 03 15 000 2022 06551 01

Demandante: Flor Marina López Clavijo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co asignación de reti ro, objeción que será atendida en el acápite correspondiente al defecto fáctico.

2.6.2. Caso concreto

Se controvierte en el presente caso la posible vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la providencia dictada el 12 de mayo de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que confirmó la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinama rca, Sección Segunda, Subsección F , en el sentido de negar las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Tribunal Administrativo de Cundinama rca, Sección Segunda, Subsección F , en el sentido de negar las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Esta Sala abordará las razones por las cuales considera que no se configura el defecto alegado por l a accionante contra la providencia proferida por la Sección Segunda, Subsección B, de esta corporación.

El argumento central del libelo tutelar se circunscribe a que la decisión objeto de litis se limitó a aplicar de forma irrestricta el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, sin considerar las condiciones particulares de la señora Flor López Clavijo que ofrecían certeza de que era acreedora de la asignación de retiro por haber laborado al servicio de la Policía Nacional 15 años, 6 meses y 24 días.

Esta interpretación, contraria a lo probado en el expediente, fue rechazada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la providencia que negó las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho . Esa autoridad judicial destacó que debía determinar si la parte actora -al ser miembro del nivel ejecutivo de la Policía Nacionaltenía derecho al reconocimiento y pago de la asignación de retiro prevista en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990.13

Radicado: 11001 03 15 000 2022 06551 01

Demandante: Flor Marina López Clavijo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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