CE - 110010315000202206554011SENTENCIA20230504171427

Demandante: Alexander Díaz Mejía y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Rad: 11001-03-15-000-2022-06554-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Radicación N.º: 11001-03-15-000-2022-06554-01

Demandantes: ALEXANDER DÍAZ MEJÍA Y OTROS

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,

SUBSECCIÓN B

Temas:

Tutela contra providencia judicial – confirma improcedencia por ausencia del requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 23 de febrero de 2023 , dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera mediante la cual declaró la improcedencia de la acción de tutela presentada, por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 7 de diciembre de 2022, al buzón web de la Secretaría General de esta Corporación, los señores Alexander

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 7 de diciembre de 2022, al buzón web de la Secretaría General de esta Corporación, los señores Alexander Díaz Mejía1 y Yaisit Díaz Arias, por medio de apoderado judicial, ejercieron acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B con el fin de que sean amparados sus derechos fundamentales “ (…) a su Dignidad Personal(Artículo 1 de la Constitución Política de Colombia), La Primacía de los Derechos Inalienables de la Persona y de La Familia (Artículo 5 de la Constitución Política de Colombia), EL Derecho al Debido Proceso y el Derecho a La Defensa

(Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia), Derechos Fundamentales de los Niños( Artículo 44 de la Constitución Política de Colombi a), El Libre Acceso a la Administración de Justicia (Artículo 229 de la Constitución Política de Colombia), el Derecho al Imperio de la Ley en las actuaciones judiciales(Artículo 230 de la Constitución Política de Colombia)2”.

1 Quien actúa en nombre propio y representación de sus menores hijos Felipe Andrés Díaz Teherán y Alexandra María Díaz Contreras. 2 Se transcribe con posibles errores ortográficos.Demandante: Alexander Díaz Mejía y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Rad: 11001-03-15-000-2022-06554-01

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Rad: 11001-03-15-000-2022-06554-01

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2. Los accionantes consideraron vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión de la sentencia del 29 de julio de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B , que revocó la providencia del 3 de septiembre de 2014, a través de la cual el Tribunal Administrativo de la Guajira accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda para, en su lugar, negarlas.

3. Esto, al interior del proceso de reparación directa con radicado 44001-2331001-2011-00167-00/01, interpuesto por la parte actora contra la NaciónMinisterio de Defensa Nacional - Policía Nacional y la Fiscalía General de la

Nación.

1.2. Pretensión

4. Con base en lo anterior, los accionantes solicitaron el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidieron:

“2. Que se deje sin efectos jurídicos la sentencia de segunda instancia proferida el día 29 de julio del año 2.022, por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, SUBSECCION B, la cual revocó la sentencia de primera instan cia proferida por El HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA de fecha Septiembre tres (3) del año 2.014.

cual revocó la sentencia de primera instan cia proferida por El HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA de fecha Septiembre tres (3) del año 2.014.

3. Que se disponga que LA NACION -FISCALIA GENERAL DE LA NACION, tiene responsabilidad en la privación de la libertad del señor, ALEXANDER DIAZ MEJIA.

4. Que en su lugar se disponga que en el término de veinte días hábiles el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, SUBSECCION B, debe proferir un nuevo fa llo judicial teniendo en cuenta para el efecto la apelación que presente contra la sentencia de fecha Noviembre 21 del año 2.013 emanada del HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, además debe tener en cuenta los alegatos que pres ente en segunda instancia y demás piezas procesales que presente en segunda instancia que no fueron objeto de estudio jurídico en el momento de proferir la sentencia de segundo grado e igualmente que sea sometida a estudio las razones por las cuales el HON ORABLE TRIBUNAL COLEGIADO DE RIOHACHA sustento debidamente desde el punto de vista constitucional y legal la condena contra LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION., en cuanto a estos puntos el accionado no se refirió en el momento que dictó la sentencia de segundo grado.

5. Que se vinculen a las personas que a continuación voy a relacionar como personas afectadas con la sentencia de segunda instancia antes mencionada a saber; Nuris Mejía Puentes, Félix Antonio Díaz, Janeth Paola contreras, María

Petrona Díaz Villamizar, y Álvaro José Basa Mejía.

personas afectadas con la sentencia de segunda instancia antes mencionada a saber; Nuris Mejía Puentes, Félix Antonio Díaz, Janeth Paola contreras, María Petrona Díaz Villamizar, y Álvaro José Basa Mejía.

6. Que se cite como parte al Ministerio Publico, representado por LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACION, Dra. MARGARITA BELLO BLANCO en lo concerniente al derecho de familia, por existir menores de edad, afectados con esta sentencia.

7. Que se cite como tercer interviniente a LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION representada por el señor FISCAL Dr. FRANCISCO BARBOZA DELGADO en su calidad de tercer interviniente.Demandante: Alexander Díaz Mejía y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Rad: 11001-03-15-000-2022-06554-01

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8. Que se cite como tercer interviniente al TRIBUNAL ADMINISTRATI VO DE LA GUAJIRA interviniente representada por su presidenta la HONORABLE MAGISTRADA Dra. Irina Meza Rhenals o quien haga sus veces3”.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

1.3.1. Del proceso penal

5. El 2 de noviembre de 2002 en el municipio San Juan del Cesar, el pelotón Alacrán III del Grupo Rondón fue atacado por el frente 59 de las FARC. En el

1.3.1. Del proceso penal

5. El 2 de noviembre de 2002 en el municipio San Juan del Cesar, el pelotón Alacrán III del Grupo Rondón fue atacado por el frente 59 de las FARC. En el enfrentamiento, varios soldados murieron y otros resultaron heridos. Como consecuencia de lo anterior, la Fiscalía 34 Especializada de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario abrió instrucción contra varias personas que integraban dicho frente, entre los que se encontraba el señor

Alexander Díaz Mejía, alias Gerardo.

6. El 7 de diciembre de 2006 , la fiscalía procesó como persona ausente al señor Alexander Díaz Mejía e impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario. El 30 de abril de 20 07 se profirió resolución de acusación contra el actor por los delitos de homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio, rebelión y utilización de métodos de guerra.

7. El 18 de abril de 2009, el señor Alexander Díaz Mejía fue capturado en Sincelejo – Sucre y afirmó no tener participación en los delitos imputados por lo que solicitó su libertad inmediata y la nulidad de todo lo actuado, debido al error en la individualización del procesado, al existir presuntamente un homónimo.

8. Con auto del 14 de mayo de 2009, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Riohacha, negó la libertad del actor, pero accedió a declarar la nulidad de lo actuado a partir del traslado de que trata el artículo 400 de la Ley 600 de 2000 y la ruptura de unidad procesal respecto del señor Díaz Mejía.

nulidad de lo actuado a partir del traslado de que trata el artículo 400 de la Ley 600 de 2000 y la ruptura de unidad procesal respecto del señor Díaz Mejía.

9. El 28 de julio de 2009, se llevó a cabo audiencia en la que se accedió al reconocimiento en fila de los procesados por algunos miembros del frente 59 de las FARC, diligencia a la que acudió el actor y en la que los presente s afirmaron que alias Gerardo no se encontraba allí. Finalmente, en decisión del 18 de septiembre de 2009, el juzgado de conocimiento ordenó la libertad inmediata del señor Díaz Mejía, pues las características físicas no coincidían con las reportadas por los testigos y porque no fue identificado en el reconocimiento en fila.

10. Por tanto, el señor Díaz Mejía estuvo privado de la libertad entre el 1 8 de abril de 2009 y el 18 de septiembre del mismo año.

3 Se transcribe con posibles errores ortográficos.Demandante: Alexander Díaz Mejía y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Rad: 11001-03-15-000-2022-06554-01

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.3.2. Del proceso ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo

11. Con ocasión de lo anterior, el señor Díaz Mejía, junto con su núcleo familiar4 instauraron demanda en ejercicio del medio de control de reparación di recta contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y la Fiscalía

11. Con ocasión de lo anterior, el señor Díaz Mejía, junto con su núcleo familiar4 instauraron demanda en ejercicio del medio de control de reparación di recta contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación , con el objeto de que se declarara su responsabilidad administrativa por los perjuicios ocasionados.

12. Los demandantes sostuvieron que el daño alegado fue ocasionado por la privación injusta de la libertad del señor Alexander Díaz Mejía, debido a que existió un error en la individualización y fue su homónimo quien presuntamente cometió los ilícitos.

13. Mediante sentencia del 3 de septiembre de 2014, el Tribunal Administrativo de la Guajira accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Argumentó que el señor Díaz Mejía era un homónimo del autor de los delitos, lo que obedeció a una indebida identificación del sujeto activo de la conducta punible, en razón a ello condenó a la fiscalía a pagar a la víctima directa, sus padres, compañera permanente e hijos 50 SMML V, para cada uno y , a sus hermanos y abuela : 25

SMMLV por concepto de perjuicios mo rales. De igual manera , la suma de $ 3.850.000 como lucro cesante.

14. Tanto la parte demandante como la demandada apelaron la decisión.

Recursos que fueron resueltos en la sentencia del 2 9 de julio de 2022, por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B a través de la cual revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones del medio de

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B a través de la cual revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones del medio de control, con fundamento en que la captura se dio en etapa de juicio, esto es, cuando el actor se encontraba a disposición de la Rama Ju dicial, por lo que fue ella quien mantuvo la privación de la libertad del actor hasta tanto no fuer on practicadas las pruebas que le permitieron establecer la identidad del entonces capturado.

15. La autoridad judicial accionada afirmó que, de acuerdo con el artículo 400 de la Ley 600 de 2000, con la ejecutoria de la resolución de acusación comienza la etapa de juicio y adquieren competencia los jueces, mientras que el fiscal asume la calidad de sujeto procesal.

16. Lo expuesto le permitió co ncluir que el daño le era atribuible a la Rama Judicial quien tenía la obligación de individualizar y verificar la identidad del capturado, pero como no se dirigió ninguna pretensión contra la Rama Judicial la sala de decisión revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

4 Janneth Paola Contreras, Alexandra María Díaz Contreras, Felipe Andrés Díaz Teherán, Nuris Mejía Puentes, Félix Antonio Díaz, María Petrona Díaz Villamizar, Yaisit Díaz Arias y Álvaro José

Baza Mejía.Demandante: Alexander Díaz Mejía y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Rad: 11001-03-15-000-2022-06554-01

5

Baza Mejía.Demandante: Alexander Díaz Mejía y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Rad: 11001-03-15-000-2022-06554-01

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

17. El fallo de segunda instancia fue notificado el 7 de octubre de 2022, por medio de edicto.

1.4. Sustento de la vulneración

18. La parte actora expuso que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, al revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de la Guajira y negar las pretensiones de la demanda de reparación directa, incurrió

en los siguientes defectos:

19. Consideró que la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta que la Ley 600 del 2000, aplicable al proceso penal que se adelantó contra el señor Díaz Mejía, establece que quien vinculó al proceso al actor fue la Fiscalía de Unidad Nacional de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario Unidad de Apoyo para Santander y Cesar, pues adelantó en su totalidad el proceso penal e individualizó al actor, por lo que el juzgado actuó con base en su investigación.

20. Afirmó que se incurrió en violación directa de la constitución al desconocer su artículo 230, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia al no aplicar la Ley 600 de 2000, por lo que el daño no se evidenció con la captura, sino que deb ió analizarse si la medida de aseguramiento dictada por la fiscalía se ajustaba a la legalidad.

aplicar la Ley 600 de 2000, por lo que el daño no se evidenció con la captura, sino que deb ió analizarse si la medida de aseguramiento dictada por la fiscalía se ajustaba a la legalidad.

21. Estableció que se configuró un defecto sustantivo porque la Ley 600 de 2000 tiene dos fases ; la de instrucción e investigativa y la de juicio . Resaltó que esta n orma se diferencia de la Ley 906 del 2004, cuya fase de indagación e investigación es controlada por los jueces de control de garantías, antes de llegar a los de conocimiento, por lo que, en la ley aplicable al caso concreto es la fiscalía quien realiza la individualización e identificación del señor Díaz Mejía como autor del ilícito, imponiéndole una carga que no estaba en la obligación de soportar.

22. Adujo que la tesis del Consejo de Estado según la cual es la materialización de la orden de captura la que define quién es el responsable patrimonialmente en el caso objeto de estudio, no debe ser aplicada, pues se fundamenta en la perspectiva de la Ley 906 de 2004, según la cual ante la solicitud de imposición de una medida de aseguramiento es el operador judicial quien tiene que revisar si se ajusta a la legalidad.

23. Manifestó que se co nfiguró un defecto fáctico “por la razón de que el accionado careció del apoyo probatorio que permitiera la aplicación del supuesto legal”.

1.5. Admisión de la demanda

24. El magistrado sustanciador de la decisión de primera instancia , mediante auto del 30 de enero del 2023: i) admitió la demanda; ii) ordenó notificar al Consejo

legal”.

1.5. Admisión de la demanda

24. El magistrado sustanciador de la decisión de primera instancia , mediante auto del 30 de enero del 2023: i) admitió la demanda; ii) ordenó notificar al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y iii) vinculó, en calidad de tercerosDemandante: Alexander Díaz Mejía y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Rad: 11001-03-15-000-2022-06554-01

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

con interés, al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la Nación , a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, al Tribunal Administrativo de la Guajira y a los señores Nuris Mejía Puentes, Félix Antonio Díaz, Janneth Paola Contreras, María Petrona Díaz Villamizar y Álvaro José Baza Mejía.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

25. El ponente de la decisión cuestionada consideró que la providencia y el expediente del medio de control de reparación directa contienen los argumentos y elementos necesarios para que el juez de la acción de tutela tome la decisión que en derecho corresponda , por lo que acatará la postura que en esta sede se adopte.

1.6.2 Tribunal Administrativo de la Guajira

26. Por medio de memorial allegado el 15 de diciembre de 2022 a la Secretaría

que en derecho corresponda , por lo que acatará la postura que en esta sede se adopte.

1.6.2 Tribunal Administrativo de la Guajira

26. Por medio de memorial allegado el 15 de diciembre de 2022 a la Secretaría General del Consejo de Estado, la autoridad judicial de primera instancia en el proceso ordinario señaló que ninguno de los argumentos expuestos en la acci ón de tutela se dirige contra la sentencia proferida por ella, por lo que no quebrantó ningún derecho fundamental.

27. Sostuvo que se atendrá a lo que el juez constitucional resuelva, destacando que en todo caso no ha existido ninguna acción u omisión de su parte que involucre el desconocimiento de las garantías constitucionales , ni contra su providencia se ha formulado algún cargo que haga procedente la acción de tutela contra providencia judicial.

28. De igual manera, aportó los enlaces de acceso a los documentos del expediente ordinario de reparación directa.

1.6.3. Fiscalía General de la Nación

29. Por medio de escrito enviado el 16 de diciembre de 202 2 al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado, la entidad vinculada solicitó que se declarara la improcedencia de la tutela, toda vez que el apoderado del accionante i) no da cuenta del porqué pese a existir un mecanismo idóneo no lo utiliza, ii) no sustentó las causales específicas de procedibilidad para que la acción de tutela sea procedente, iii) pretende retrotraer actuaciones procesales y iv) se configura la temeridad.

30. Sostuvo que l a parte accionante afirmó que la sentencia cuestionada vulneró los derechos fundamentales a la dignidad, a la familia, al debido proceso,

1. se configura la temeridad.

30. Sostuvo que l a parte accionante afirmó que la sentencia cuestionada vulneró los derechos fundamentales a la dignidad, a la familia, al debido proceso, y de acceso a la administración de justicia , sin embargo, era su deber identificar de manera precisa tanto los hechos como las garantías transgredidas y con mayorDemandante: Alexander Díaz Mejía y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Rad: 11001-03-15-000-2022-06554-01

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

énfasis las irregularidades que se pretenden imputarle a las providencias judiciales, aspecto que no logró acreditarse en el asunto de la referencia.

31. La entidad solicitó declarar la improcedencia de la acción , en razón a que no sustentó ninguno de los defectos invocados. Así, en el defecto fáctico a pesar de que tenía la carga de probar su configuración no lo hizo. En lo que involucra al defecto sustantivo, manifestó que no indicó la forma en la que el juez haya efectuado una interpretación irregular de las normas aplicables, ni de la Constitución, ni de la jurisprudencia , por el contrario, se trató de una decisión razonada y proporcional.

32. Advirtió que tampoco se evidenci ó cuáles fueron los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o puestos en riesgo con dicha interpretación normativa. Por último, señaló que el fallo se ajustó a la postura jurisprudencial desarrollada en la sentencia SU -072 de 2018 , ello porque

fundamentales presuntamente vulnerados o puestos en riesgo con dicha interpretación normativa. Por último, señaló que el fallo se ajustó a la postura jurisprudencial desarrollada en la sentencia SU -072 de 2018 , ello porque conforme con dicho precedente, el hecho de que una persona resulte privada de la libertad dentro de un proceso penal no es suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado.

1.6.4. Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

33. Mediante memorial remitido el 11 de enero de 2023, a la Secretaría General de esta Corporación, la institución castrense indicó que los actores arguyeron la configuración del defecto fáctico y sustantivo como presupuestos de procedibilidad en la presente acción de tutela contra providencia judicial.

34. Refirió que en el proceso ordinario de reparación directa se declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la entidad, razón por la cual no efectuará ninguna consideración adicional, sin embargo, luego de referir los supuestos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, solicitó declarar su improcedencia o en su defecto la desvinculación de la Policía Nacional en las diligencias de la presente litis.

35. Manifestó que no se comprobó la materialización de un perjuicio que vulnere de manera flagrante los derechos fundamentales invocados , pues no se desconoció el precedente jurisprudencial ni tampoco se demostró la configuración los defectos alegados.

1.6.4. Alexander Díaz Mejía

36. Presentó escrito en el que indicó las direcciones de comunicación de los demás demandantes del proceso ordinario, en dicha medida señaló las siguientes:

los defectos alegados.

1.6.4. Alexander Díaz Mejía

36. Presentó escrito en el que indicó las direcciones de comunicación de los demás demandantes del proceso ordinario, en dicha medida señaló las siguientes:

• Nuris Mejía Puentes: mejiapuentes@gmail.com; - Félix Antonio Díaz fd6942447@gmail.com; - Janneth Paola Contreras afirmó que no tiene dirección electrónica por lo

que suministró la Carrera 8 No 24E -118 en SincelejoSucre; - Álvaro José Baza Mejía: alvarojosebazamejia@gmail.comDemandante: Alexander Díaz Mejía y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Rad: 11001-03-15-000-2022-06554-01

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

• María Petrona Díaz falleció en Sincelejo el 22 de septiembre de 2022.

37. A pesar de haber sido debidamente notificado s, los demás vinculados , guardaron silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia

38. Por medio de fallo proferido el 2 3 de febrero de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela por no acreditarse el requisito de relevancia constitucional , respecto de los defectos formulados por la parte actora.

39. Luego de referir el marco normativo y jurisprudencial de los derechos fundamentales al debido proceso, a la familia, de acceso a la administración de

acreditarse el requisito de relevancia constitucional , respecto de los defectos formulados por la parte actora.

39. Luego de referir el marco normativo y jurisprudencial de los derechos fundamentales al debido proceso, a la familia, de acceso a la administración de justicia, a la dignidad humana, estableció que el asunto controvertido ya fue objeto de estudio por la aut oridad judicial accionada y la acción de tutela contra providencia judicial no constituye una tercera instancia.

40. De otra parte, señaló que la presunta afectación tiene su origen en un debate estrictamente legal, probatorio y económico “el cual ya fue expuesto dentro del proceso de reparación directa, y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional”.

41. La sentencia fue notificada el 6 de marzo de 2023.

1.8. Impugnación

42. Mediante memorial remitido el 8 de marzo de 2023, la parte actora impugnó el fallo de primera instancia y advirtió que la Sección Primera del Consejo de Estado no analizó los argumentos constitucionales que expuso en el escrito inicial de tutela al encontrar que no se satisfizo el requisito de relevancia constitucional.

43. Resaltó que la finalidad de la presente acción de tutela es aclarar que la Sección Tercera desconoció una norma jurídica “de una manera involuntaria cuando le dio aplicación en el momento que falló la demanda de reparación directa de segunda instancia a una norma jurídica inaplicable en el momento en que se

Sección Tercera desconoció una norma jurídica “de una manera involuntaria cuando le dio aplicación en el momento que falló la demanda de reparación directa de segunda instancia a una norma jurídica inaplicable en el momento en que se dicta la sentencia de segunda instancia el accionado la dicta con base en el nuevo Código de Procedimiento Penal, Ley 906 del año 2.004, los hechos delictuosos ocurrieron fue el día 2 de noviembre del año 2.002 por lo tanto el accionado debió tener en cuenta que la normatividad penal aplicable es La ley 600 del 24 de Julio del año 2.000 (…)5”

5 Se transcribe con posibles errores ortográficos.Demandante: Alexander Díaz Mejía y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Rad: 11001-03-15-000-2022-06554-01

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

44. Afirmó que utilizar la norma incorrecta quebrantó el derecho a la defensa y el libre acceso a la administración de justicia, cuestiones que si tienen relevancia constitucional, lo que hace que el fallo de primera instancia sea contrario a la norma superior, utilizando dicho presupuesto como un requisito jurídico, “siendo que esta tutela tiene su brillo es por la importancia de lo tratado que pueden sentar una jurisprudencia para que en el futuro no se sigan cometiendo los mismos reveses jurídicos los cuales sin lugar a dudas son totalmente involuntarios”.

45. De otra parte, destacó que no es cierto que lo expuesto en la demanda de

una jurisprudencia para que en el futuro no se sigan cometiendo los mismos reveses jurídicos los cuales sin lugar a dudas son totalmente involuntarios”.

45. De otra parte, destacó que no es cierto que lo expuesto en la demanda de tutela ya se haya resuelto por la autoridad judicial accionada, en la medida en que no tuvo en cuenta la Ley 600 del 2.000, que le permitía evidenciar que fue la Fiscalía General de l a Nación quien instruyó en su totalidad el proceso penal e individualizó al señor Alexander Díaz Mejía , mientras que el juzgado únicamente trabajó con el material recaudado por el ente acusador que ya había brindado certeza sobre la identificación del imputado. Afirmó que la presente tutela puede servir como base para que exista una jurisprudencia clara y unificada al respecto.

46. De manera que “en ningún momento la autoridad judicial accionada hizo un estudio de lo controvertido en la presente acción de tutela, en este caso el juez de tutela en cabeza de la Sección Primera del Consejo de Estado está aseverando una situación jurídica que en realidad nunca ha sucedido como se puede palpar muy diáfanamente viendo el proceso de reparación directa del ALEXANDER DIAZ MEJIA contra LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION y comparándolo con la presente tutela, en realidad no se la razón por la cual el juez de tutela saca esta conclusión jurídica que dista mucho de la realidad de esta demanda de amparo6”.

47. Finalmente, solicitó revocar la decisión constitucional de primera instancia y reiteró las pretensiones formuladas en su escrito inicial de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

47. Finalmente, solicitó revocar la decisión constitucional de primera instancia y reiteró las pretensiones formuladas en su escrito inicial de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

48. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la parte accionada contra la sentencia del 2 3 de febrero d e 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

49. En su escrito de contestación la Policía nacional solicito su desvinculación del trámite constitucional, al considerar que no se dirigió contra esa institución ningún reparo.

6 Ibidem.Demandante: Alexander Díaz Mejía y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Rad: 11001-03-15-000-2022-06554-01

10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

50. No obstante, se negará la anterior solicitud en la medida en que su vinculación se realizó como tercero con interés en las resultas del proceso y no como parte accionada.

2.3. Problema jurídico

51. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión

vinculación se realizó como tercero con interés en las resultas del proceso y no como parte accionada.

2.3. Problema jurídico

51. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisió