CE - 110010315000202206580011SENTENCIA20230622090543

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06580-01

Referencia: Acción de tutela

ACTORES: RICARDO ANTONIO ZAPATA TUBERQUIA Y OTRA.

TESIS: SE MODIFICA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Y, EN SU LUGAR, SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. SE CUMPLE CON EL REQUISITO DE

RELEVANCIA CONSTITUCIONAL EN LOS EVENTOS EN LOS QUE LOS ACTORES

ALEGUEN LA POSIBLE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

DERIVADA DE PROVIDENCIAS JUDICIALES QUE DECIDIERON PROCESOS

SOBRE HECHOS EVENTUALMENTE CONSTITUTIVOS DE DELITOS DE LESA

HUMANIDAD. EL TRIBUNAL NO INCURRIÓ EN DEFECTO FÁCTICO, PUES

VALORÓ LAS PRUEBAS ALLEGADAS AL PROCESO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO , AL ACCESO A

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA IGUALDAD.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por los actores contra la sentencia de 20 de febrero de 2023, proferida por la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO1 que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

sentencia de 20 de febrero de 2023, proferida por la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO1 que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

1 En adelante la Sección Tercera2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06580-01

ACTORES: RICARDO ANTONIO ZAPATA TUBERQUIA Y OTRA.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

Los señores RICARDO ANTONIO ZAPATA TUBERQUIA e IGNACIA RIVERA MARTÍNEZ , obrando por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad , los cuales, a su juicio, les fueron vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ2 al proferir la providencia de 12 de agosto de 2022, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 27001-33-33-001-2017-00477-01.

I.2.- Hechos

Refirieron que el 23 de junio de 1997, su hijo, el señor EDILBERTO ZAPATA RIVERA, se encontraba departiendo en un establecimiento comercial del municipio de Juradó, en el Departamento del Chocó,

2 En adelante el Tribunal3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06580-01

comercial del municipio de Juradó, en el Departamento del Chocó,

2 En adelante el Tribunal3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06580-01

ACTORES: RICARDO ANTONIO ZAPATA TUBERQUIA Y OTRA.

cuando fue abordado por un grupo de personas al margen de la ley, quienes se identificaron como paramilitares y a la vista de las personas que se encontraban presentes en el lugar, lo amordazaron y apuñalaron, para luego llevarlo a la residencia de la señora FLORA LOBON, donde permaneció retenido y fue torturado durante toda la noche.

Afirmaron que el señor ENOC ZAPATA RIVERA , hermano de la víctima, se enteró de lo ocurrido e inmediatamente acudió al cuartel de la Policía Nacional y de la Armada Nacional para informar a los comandantes de turno lo que estaba sucediendo , sin obtener respuesta alguna.

Señalaron que al día siguiente la víctima fue trasladada por el grupo al margen de la ley al puerto del río, ubicado en Pueblo Nuevo y en presencia de los miembros de la fuerza pública que prestaban guardia en el lugar, obligaron al señor CARLOS UMBERTO VÉLEZ SIERRA, conductor de transporte acuático , a trasladarlos fuera del pueblo y esa fue la última vez que el señor EDILBERTO ZAPATA RIVERA fue visto con vida.4

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06580-01

ACTORES: RICARDO ANTONIO ZAPATA TUBERQUIA Y OTRA.

fue visto con vida.4

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Sostuvieron que, el 28 de noviembre de 2017 , con el propósito de que les fueran reconocidos los daños y perjuicios presuntamente ocasionados por causa de la desaparición forzada de su hijo, promovieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra el EJÉRCITO NACIONAL , la ARMADA NACIONAL y la POLICÍA NACIONAL , proceso al cual le fue asignado el número único de radicación 27001-33-33-001201700477-00.

Relataron que la demanda le correspondió en primera instancia al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE QUIBDÓ3 que, mediante sentencia de 25 de mayo de 2021, declaró probada la excepción de caducidad del medio de control y denegó las pretensiones de la demanda, bajo el argumento de que debían tenerse en cuenta las reglas fijadas en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, además, determinó que se encontraba acreditado que los familiares de la víctima tu vieron conocimiento de su desaparición desde el mismo día en que ocurrió el hecho victimizante, esto es, el 23 de junio de 1997.

3 En adelante el Juzgado5

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06580-01

el hecho victimizante, esto es, el 23 de junio de 1997.

3 En adelante el Juzgado5

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Mencionaron que el 28 de mayo de 2021 presentaron ante el JUZGADO un escrito en el que solicitaron que se declarara la nulidad de todo lo actuado en el proceso, a partir de la sentencia de 25 de mayo del mismo año , con fundamento en que no se resolvió una solicitud de 27 de abril de 2020, dirigida a que se decretara de oficio la práctica de una prueba y que se incorporara el proceso penal que se adelantó en contra del Bloque Elmer Cárdenas , en el que presuntamente quedó probado que grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública actuaron en complicidad para cometer delitos en el municipio de Juradó, en donde residía la víctima.

Expusieron que, mediante auto de 30 de noviembre de 2021, el JUZGADO rechazó de plano la solicitud de nulidad planteada, toda vez que no se encontraba enmarcada en las causales establecidas en el artículo 133 del Código General del Proceso, que son taxativas.

Precisaron que inconformes con lo anterior, presentaron recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, alegando que se interpretó erróneamente la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la que creó una subregla jurisprudencial en relación con la caducidad de las pretensiones6

interpretó erróneamente la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la que creó una subregla jurisprudencial en relación con la caducidad de las pretensiones6

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indemnizatorias formuladas con ocasión de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de re sponsabilidad patrimonial del Estado, toda vez que para contabilizar el conteo del término de caducidad en asuntos de desaparición forzada era indispensable que apareciera la víctima directa o que el fallo proferido en el proceso penal correspondiente estuviera ejecutoriado y, además, tampoco se valoraron en debida forma las pruebas testimoniales.

Destacaron que el recurso de apelación fue desatado por el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 12 de agosto de 2022, confirmó la providencia de primera instancia, al encontrar que si bien era cierto que no había operado el fenómeno de la caducidad, pues desde la desaparición de la víctima no se tuvo esclarecimiento de los hechos; no era menos cierto que nunca se probó la participación, complicidad o cooperación de agentes del Estado en la desaparición y posterior muerte del señor RIVERA ZAPATA con unos actos en los que estuvo involucrado un grupo de civiles al margen de la ley.

Igualmente, relataron que el TRIBUNAL sostuvo que los hechos en que se fundaron las pretensiones de la demanda de reparación7

que estuvo involucrado un grupo de civiles al margen de la ley.

Igualmente, relataron que el TRIBUNAL sostuvo que los hechos en que se fundaron las pretensiones de la demanda de reparación7

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directa no se refirieron a un ataque indiscriminado contra la población civil, sino a uno específico contra el señor RIVERA ZAPATA . Además, tampoco se probó que aquel solicitó protec ción para su seguridad personal, su vida o sus bienes o que sus familiares acudieron ante la fuerza pública a requerir un acompañamiento, razón por la que confirmó la decisión de primera instancia, pero por los motivos expuestos.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, defecto fáctico, procedimental absoluto y vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad.

Alegaron que el TRIBUNAL accionado incurrió en desconocimiento del precedente judicial, pues no tuvo en cuenta la sentencia de unificación proferida el 29 de enero de 2020, por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en relación con la caducidad de las8

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pretensiones indemnizatorias formuladas en casos de delitos de lesa humanidad.

Afirmaron que la providencia cuestionada también incurrió en defecto fáctico, pues desconoció las declaraciones de los cuatro testigos presenciales de los hechos, que evidenciaban la participación de agentes de la fuerza pública en los mismos.

Sostuvieron que el TRIBUNAL accionado incurrió en defecto procedimental absoluto, pues nunca se incorporó al expediente como prueba trasladada el proceso penal que se adelantó contra el Bloque Elmer Cárdenas, en el que presuntamente quedó probado que grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública actuaron en complicidad para cometer delitos en el municipio de Juradó, en donde residía la víctima.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales invocados y, en consecuencia:

“[…] Dejar sin efectos la sentencia No. 119 del 12 de agosto del 2022, expedida por el Tribunal Contencioso Administrativo Oral9

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del Chocó, en el proceso con radicado No. 27001 33 33 001 2017 00477 01.

TERCERA: Ordenar al Tribunal Administrativo Oral del Chocó , que profiera una nueva sentencia, en la cual se haga una

del Chocó, en el proceso con radicado No. 27001 33 33 001 2017 00477 01.

TERCERA: Ordenar al Tribunal Administrativo Oral del Chocó , que profiera una nueva sentencia, en la cual se haga una valoración adecuada del precedente judicial en el tema de acuerdo a las reglas jurisprudenciales vigentes a la presentación de la demanda.

CUARTO: Ordenar al Tribunal Administrativo Oral del Chocó, que profiera una nueva sentencia, en la cual se valoren los testimonios vertidos por los testigos presenciales de los hechos

[…]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El Tribunal solicitó declarar improcedente la acción de tutela, toda vez que la misma no supera el requisito de relevancia constitucional, pues se propuso un debate de naturaleza legal , que ya fue zanjado por el juez natural de la causa y lo pretendido por los actores es utilizar este mecanismo constitucional como una tercera instancia

Indicó que los demandantes no tuvieron en cuenta las consideraciones que motivaron el fallo de segunda instancia, que pretenden controvertir mediante la presente acción constitucional, habida cuenta que en el mismo se denegaron las pretensiones de la demanda, una vez se estudió de fondo el caso concreto y en las10

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razones de la sentencia se precisó que no operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción, contrario a lo afirmado por los hoy tutelantes.

razones de la sentencia se precisó que no operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción, contrario a lo afirmado por los hoy tutelantes.

Sostuvo que las pruebas aportadas al proceso no eran suficientes para demostrar que los miembros de la fuerza pública hubieran incurrido en omisión del deber o participado en la desaparición forzada de la que fue víctima el señor ZAPATA RIVERA, quien fue retenido por un grupo al margen de la ley, el día 23 de junio del año 1997.

Afirmó que tampoco incurrió en los defectos alegados por la parte actora, pues en la decisión cuestionada se realizó un análisis minucioso de los elementos materiales probatorios aportados al proceso, entre los cuales se encuentran los testimonios invocados como omitidos, los cuales fueron valorados en el marco de la sana crítica.

I.6.- Intervinientes11

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I.6.1.-La Policía Nacional solicitó denegar las pretensiones de la acción de tutela o declarar su improcedencia , toda vez que la sentencia objeto de reproche se encuentra ajustada a derecho.

Agregó que nunca se probó materialmente ninguna solicitud ni tampoco circunstancia alguna de tiempo modo y lugar de la cual se pudiera inferir, en lo más mínimo , alguna acción violenta en contra del señor ZAPATA RIVERA, que permitiera accionar el actuar estatal en su favor.

Sostuvo que en los hechos de la demanda los mismos accionantes

pudiera inferir, en lo más mínimo , alguna acción violenta en contra del señor ZAPATA RIVERA, que permitiera accionar el actuar estatal en su favor.

Sostuvo que en los hechos de la demanda los mismos accionantes señalaron como responsables del fatídico suceso a los integrantes de un grupo armado al margen de la ley, denominados autodefensas y, además, en las resultas de la investigación penal y demás pesquisas surtidas en el contexto posterior de los hechos, tampoco se evidenció alguna participación directa o indirecta por parte de integrantes de la fuerza pública, lográndose probar con total certeza quienes fueron los responsables de la desapa rición y posteriormente muerte presunta de la víctima.12

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Afirmó que la que la presente solicitud de amparo es plenamente improcedente, teniendo en cuenta la inexistencia de un perjuicio irremediable ocasionado a los accionantes, derivado de la determinación adoptada por la autoridad judicial accionada y que no se encuentren en la obligación jurídica de soportar.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Sección Tercera mediante providencia de 20 de febrero de 2023, declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por falta de relevancia constitucional.

Sostuvo que lo pretendido realmente por la parte actora es reabrir el debate jurídico, porque no está de acuerdo con lo decidido por el juez

declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por falta de relevancia constitucional.

Sostuvo que lo pretendido realmente por la parte actora es reabrir el debate jurídico, porque no está de acuerdo con lo decidido por el juez natural de la causa, lo cual no implica que la acción de tutela tenga vocación de prosperidad.

Afirmó que para sustentar la presunta vulneración de sus derechos fundamentales, los demandantes expusieron los mismos planteamientos que ya fueron analizados en el proceso ordinario, dirigidos de manera exclusiva a revivir la discusión zanjada sobre la caducidad de la acción ejercida, la responsabilidad del estado por el13

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hecho victimizante referido, materias que hicieron parte central de las consideraciones que sustentaron la negativa de las pretensiones del medio de control de reparación directa, conforme a las cuales la autoridad judicial concluyó que no quedó probada tal responsabilidad, por no estar acreditada la participación de agentes de la fuerza pública en el hecho victimizante.

Señaló que los fundamentos que soportaron la interposición de la acción de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en la apelación y en el incidente de nulidad decididos en el proceso ordinario.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora reiteró los argumentos del escrito introductorio, solicitó revocar la decisión proferida por el a quo y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la acción.

La parte actora reiteró los argumentos del escrito introductorio, solicitó revocar la decisión proferida por el a quo y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la acción.

Afirmaron que el presente asunto sí reviste la importancia constitucional para analizarse en sede de tutela al vulnerarse su derecho fundamental al debido proceso, toda vez que las pruebas no14

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fueron apreciadas en conjunto, desde las reglas de la sana crítica , pues se omitió efectuar la valoración de las cinco pruebas testimoniales obrantes en el proceso.

Resaltaron que en el caso controvertido quedó demostrado que el Estado, a través del EJÉRCITO NACIONAL , la ARMADA NACIONAL y la POLICÍA NACIONAL, en colaboración con los paramilitares del bloque Elmer Cárdenas, eran los responsables de la desaparición del señor ZAPATA RIVERA y que las pruebas daban cuenta de ello.

Afirmaron que la autoridad judicial accionada profirió sentencia sin pronunciarse sobre el incidente de nulidad que propuso y respecto a las actuaciones que promovió posteriormente con ocasión del mismo, ante el Juzgado.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1915

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1915

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de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Polí tica, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.16

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06580-01

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.16

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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta

asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un17

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mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la j urisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutel a proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre

lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutel a proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamenta les, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el cons tituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamen tales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.18

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… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que

actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error indu cido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)19

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06580-01

ACTORES: RICARDO ANTONIO ZAPATA TUBERQUIA Y OTRA.

La Sala observa que, en el presente caso, contrario a lo considerado

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La Sala observa que, en el presente caso, contrario a lo considerado por el juez de primer grado, sí se cumple con el requisito de la relevancia constitucional, por cuanto la parte actora plantea con suficiente carga argumentativa las razones por las cuales, en su criterio, se han vulnerado sus derechos fundamentales y, además, en los eventos en los que se advierta la posible trasgresión de derechos fundamentales derivada de providencias judiciales que decidieron procesos sobre acontecimientos eventualmente constitutivos de delitos de lesa humanidad, como ocurre en el presente caso con la muerte del señor EDILBERTO ZAPATA RIVERA, presuntamente en complicidad y en presencia de miembros de la fuerza pública, surge para el juez constitucional la obligación de pronunciarse, sobre los hechos materia de estudio, que evidentemente tienen una marcada relevancia constitucional, por encontrarse relacionados con el conflicto armado que durante décadas ha padecido nuestro País.20

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Así lo sostuvo esta Sala mediante providencia de 29 de septiembre de 20224, con ponencia del doctor Oswaldo Giraldo López, en la cual explicó:

“[…] 5.3.1.1.1 Frente al requisito general de relevancia constitucional en controversias relacionadas con delitos de lesa humanidad:

En primer lugar es importante recordar que la parte actora

explicó:

“[…] 5.3.1.1.1 Frente al requisito general de relevancia constitucional en controversias relacionadas con delitos de lesa humanidad:

En primer lugar es importante recordar que la parte actora reclamó la responsabilidad del Estado, derivada de “la retención ilegal, tortura, tratos denigrantes, desaparición forzada, ejecución extrajudicial u homicidio de Leonardo Achagua Forero, en hechos ocurridos el 19 de diciembre de 2007”, en la vereda Chitamena del municipio de Tauramena, Casanare, en los que presuntamente participaron miembros del Ejército Nacional, hechos que, en su consideración, constituyen delitos de lesa humanidad, circunstancia que no alcanzó a ser objeto de análisis en la sentencia acusada, que se limitó a confirmar la decisión que declaró probada la excepción de caducidad de la acción de reparación directa, con lo cual el tribunal accionado habría incurrido en la violación de derechos y garantías constitucionales.

[…]

De conformidad con lo anterior,