CE - 110010315000202206592011SENTENCIA20230317102940

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Expediente núm. 11001-03-15-000-2022-06592-01

ACCIÓN DE TUTELA

ACTOR: BENJAMÍN CASTRO PASCUAS

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ

IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO. NO SE CUMPLE CON EL

REQUISITO DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LOS ARGUMENTOS

EXPUESTOS EN LA SOLICITUD DE AMPARO GUARDAN IDENTIDAD CON LOS

EXPUESTOS DENTRO DEL TRÁMITE DEL PROCESO DE NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, DESACUERDOS QUE FUERON OBJETO

DE PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DEL TRIBUNAL ACCIONADO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A LA IGUALDAD Y AL MÍNIMO VITAL.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia de 2 de febrero de 2023, mediante la cual la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO 1 declaró improcedente la presente solicitud de amparo constitucional.

1 En adelante la Sección Quinta2

SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO 1 declaró improcedente la presente solicitud de amparo constitucional.

1 En adelante la Sección Quinta2

Número único de radicación: 11001-03-15-000--2022-06592-01

Actor: BENJAMÍN CASTRO PASCUAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I. ANTECEDENTES

I.1 La solicitud

El señor BENJAMÍN CASTRO PASCUAS , actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al mínimo vital , los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA2, al haber proferido la providencia de 7 de junio de 2022, dentro del medio de control de nulidad y restablecimie nto del derecho identificado con el número único de radicación 41001-3333-006-2016-00488-01.

I.2 Hechos

Afirmó que el 7 de junio de 2016, la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL DE NEIVA lo desvinculó del cargo de asistente administrativo grado 5 , en provisionalidad, bajo el argumento de que dicha plaza debía proveerse al titular en propiedad.

2 En adelante el Tribunal3

desvinculó del cargo de asistente administrativo grado 5 , en provisionalidad, bajo el argumento de que dicha plaza debía proveerse al titular en propiedad.

2 En adelante el Tribunal3

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Sostuvo que, inconforme con lo anterior, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos mediante los cuales se ordenó su desvinculación, contenidos en los oficios DESAJN16-2166 de 27 de abril de 2016, DESAJN16-2984 de 8 de junio de 2016 y DESAJN16 -3600 de 30 de junio de 2016, expedidos por la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL DE NEIVA.

Manifestó que dicho proceso fue identificado con el número único de radicación 41001-33-33-0062016-00488-00 y le correspondió en primera instancia al JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE NEIVA que, mediante sentencia de 26 de julio de 2018, accedió a las pretensiones de la demanda al encontrar que el cargo de asistente administrativo grado 5, en la seccional donde trabajaba, tenía 15 vacantes y la lista de elegibles contaba con 14 aspirantes, 2 de ellos no aceptaron el nombramiento y otros solicitaron licencias, razón por la que debieron adoptarse m edidas que permitieran mantener su

la seccional donde trabajaba, tenía 15 vacantes y la lista de elegibles contaba con 14 aspirantes, 2 de ellos no aceptaron el nombramiento y otros solicitaron licencias, razón por la que debieron adoptarse m edidas que permitieran mantener su nombramiento, ya que existían puestos disponibles para ese fin y, además, padecía enfermedades de origen laboral.4

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Señaló que la anterior decisión fue objeto de recurso de apelación, el cual fue resuelto por el TRIBUNAL que, mediante providencia de 7 de junio de 2022, revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico, pues realizó una valoración caprichosa y arbitraria de las pruebas allegadas al plenario, con las cuales se demostraba que, momentos previos a su desvinculación, la entidad en la que laboraba sí tenía cargos disponibles donde podía ser trasladado a fin de continuar su vinculación laboral, teniendo en cuenta su condición de salud.

Sostuvo que la providencia controvertida incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial dictado por la Corte Constitucional en la sentencia T -320 de 20 16 y en

en cuenta su condición de salud.

Sostuvo que la providencia controvertida incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial dictado por la Corte Constitucional en la sentencia T -320 de 20 16 y en providencia de 22 de octubre de 2015, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, conforme a las cuales, a las autoridades les asiste el deber de adoptar medidas tendientes a proteger a los empleados que, a pesar de estar en provisionalidad,5

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tienen circunstancias de debilidad manifiesta que ameritan una protección especial cuando sus cargos deben ser provistos al titular en propiedad.

I.4. Pretensiones

El actor solicitó en el escrito de tutela el amparo de sus derechos fundamentales invocados ut supra y, en consecuencia:

“[…] solicito se revoque y deje sin efectos la providencia contenida en la sentencia de fecha 07 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, en el Proceso Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho propuesto por BENJAMIN CASTRO PASCUAS contra la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDI CIAL, de acuerdo a lo expuesto en esta acción de tutela, al desconocer la

JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDI CIAL, de acuerdo a lo expuesto en esta acción de tutela, al desconocer la Constitución y la Ley; ordenándose al Tribunal que profiera un nuevo fallo de conformidad con la ley, confirmando la providencia de primera instancia proferida el 26 de julio de 2018, por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Neiva, en el que se me reconoce la estabilidad laboral reforzada como consecuencia de las patologías presentadas y calificadas de origen profesional y común, reintegrándome al cargo sin solución de cont inuidad, tal como se solicitó en este Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho […]”.

I.5. Defensa

I.5.1. El Tribunal manifestó que la solicitud de amparo no supera el requisito de relevancia constitucional, por cuanto no existe una6

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exposición clara, precisa y expresa que explique cuál fue la vulneración a sus derechos fundamentales y que amerite la intervención del juez del amparo , pues lo pretendido por el accionante es utilizar el mecanismo constitucional como una tercera instancia.

Informó que contrario a lo afirmado por el accionante, en la sentencia controvertida sí se estudiaron todas y cada una de las

accionante es utilizar el mecanismo constitucional como una tercera instancia.

Informó que contrario a lo afirmado por el accionante, en la sentencia controvertida sí se estudiaron todas y cada una de las pruebas allegadas al proceso, señalando las acciones que de forma reiterativa se adoptaron para mantener la vinculación del actor, sin embargo, en el momento en que se profirió el acto administrativo demandado ya no era posible continuar con su nombramiento.

Sostuvo que en la providencia cuestionada se hizo referencia a los padecimientos del señor CASTRO PASCUAS y aunque obran dos dictámenes expedidos por la ARL Positiva , que establecieron una pérdida de capacidad laboral de un 13.5%, lo cierto es que la última de aquellas valoraciones fue recurrida y en el expediente no se acreditó cuál fue la decisión de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, por lo que “mal puede señalar el actor que cumple el requisito de estar con discapacidad para haber sido7

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reubicado por la demandada y ello no fue atendido en el fallo cuestionado”.

Reiteró que las sentencias invocadas como desconocidas no constituyen criterio obligatorio, en tanto que no tienen la finalidad de unificar criterios.

I.5.2. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración

cuestionado”.

Reiteró que las sentencias invocadas como desconocidas no constituyen criterio obligatorio, en tanto que no tienen la finalidad de unificar criterios.

I.5.2. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva afirmó que la presente solicitud de amparo constitucional no cumplía con la carga argumentativa suficiente para proceder con el estudio de fondo del caso.

Sostuvo que el señor CASTRO PASCUAS se limitó a reiterar los argumentos expuestos en la demanda sin explicar en qué consiste la presunta interpretación irrazonable de las pruebas, desconociendo que en la sentencia cuestionada la autoridad judicial accionada precisó los motivos por los cuales no era posible mantener la vinculación de aquel.

Señaló que, respecto al desconocimiento del precedente jurisprudencial alegado, la parte actora únicamente se refirió a dos sentencias, las cuales no podían considerarse precedente, toda8

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vez que no corresponden a decisiones de unificación y, además, en aquellas se reiteró la regla general conforme a la cual el derecho de las personas nombradas en provisionalidad debe ceder ante quien obtuvo el cargo en propiedad.

II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 2 de febrero de 202 3, l a SECCIÓN

derecho de las personas nombradas en provisionalidad debe ceder ante quien obtuvo el cargo en propiedad.

II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 2 de febrero de 202 3, l a SECCIÓN QUINTA declaró improcedente la presente acción por falta de relevancia constitucional.

Sostuvo que, en el presente caso, el actor se limitó a reiterar los argumentos de su demanda y a afirmar que el Tribunal no podía circunscribirse a verificar la existencia de vacantes al momento de su desvin culación, sino que lo correcto era estudiar la disponibilidad de puestos en etapas previas y a d ónde podía ser trasladado para protegerlo en virtud de su estado de salud.

Por lo anterior, señaló que el cargo por un presunto defecto fáctico no podía ser estudiado de fondo, pues la parte demandante no expuso adecuadamente en qué consistió la presunta falencia en el razonamiento frente a las pruebas aportadas al proceso, sino que9

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su objetivo era que se impusiera un criterio jurídico distinto al del juez de instancia, reabriendo el debate que ya fue zanjado en el proceso ordinario.

Afirmó que el defecto por desconocimiento del precedente tampoco resultaba procedente estudiarlo, toda vez que fue incluido por el actor para reiterar los argumentos ventilados en el

proceso ordinario.

Afirmó que el defecto por desconocimiento del precedente tampoco resultaba procedente estudiarlo, toda vez que fue incluido por el actor para reiterar los argumentos ventilados en el proceso ordinario, relativos a la especial protección que merecen las personas vinculadas en provisionalidad y que se encuentran en debilidad manifiesta, sin contrastar las generalidades sobre este aspecto con la motivación que, sobre ese punto, esgrimió el Tribunal Administrativo del Huila para denegar las pretensiones, lo que confirma que lo pretendido es convertir este medio constitucional en una tercera instancia.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó revocar la decisión para, en su lugar, acceder a sus pretensiones.

Señaló que no compartía la decisión impugnada, habida cuenta10

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que pese a que no le asistía derecho a permanecer de forma indefinida en el cargo por encontrarse nombrado en provisionalidad, se le debió dar un trato preferencial que se concretara en la adopción de medidas para otorgarle una estabilidad laboral reforzada.

Indicó que la autoridad judicial accionada realizó una indebida valoración del acervo probatorio , pues al momento del retiro del

concretara en la adopción de medidas para otorgarle una estabilidad laboral reforzada.

Indicó que la autoridad judicial accionada realizó una indebida valoración del acervo probatorio , pues al momento del retiro del servicio existían cargos de igual o mayor categoría en los cuales pudo haber sido nombrado en respeto a su derecho a la estabilidad laboral reforzada, ya que para el cargo que ocupaba de asistente administrativo grado 5, se ofertaron 15 vacantes y la lista de elegibles la conformaron 14 personas, además existían 4 cargos de asistente administrativo grado 6 (2 en Neiva y 2 en Flor encia) que no fueron ofertados y tampoco fue nombrado en los mismos, por lo que la entidad debió advertir sus condiciones de salud y dar aplicación a las normas de estabilidad laboral reforzada.

Advirtió que de la mencionada lista de elegibles tomaron posesión del cargo 12 concursantes y los señores WILSON ARMANDO ROJAS SÁNCHEZ y JENIFER OIDOR MEJÍA SOLICITARON licencia para ocupar otro cargo en la Rama Judicial, por lo que en11

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atención a su estado de salud y de debilidad mani fiesta, debió haber sido reubicado en uno de esos cargos.

Sostuvo que, no obstante lo anterior, la autoridad judicial

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atención a su estado de salud y de debilidad mani fiesta, debió haber sido reubicado en uno de esos cargos.

Sostuvo que, no obstante lo anterior, la autoridad judicial accionada desconoció el precedente jurisprudencial en virtud del cual la Corte Constitucional protege la estabilidad laboral reforzada de las personas que presentan una discapacidad, que para su caso se concretaba en las enfermedades profesionales y comunes que lo aquejaban y que eran de conocimiento de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 30 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado,12

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que regula la distribución de negocios entre las secciones.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

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que regula la distribución de negocios entre las secciones.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991 3. Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009 -01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García

3 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».13

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González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es

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González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tu tela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar14

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juez constitucional no puede entrar a estudiar14

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cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desp legar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las co mpetencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que

jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cer niría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sen tencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos15

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los hechos que generaron la vulneración como los derechos15

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vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de u nas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es nec esario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una

judicial es nec esario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos16

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fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de

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fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos c asos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

Caso concreto

En el caso bajo examen, el actor solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia , los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el TRIBUNAL, al haber proferido la providencia de 7 de ju nio de 2022, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 41001-33-33-006-2016-00488-01.

Los disensos del actor radican en que, a su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico, pues realizó una17

Número único de radicación: 11001-03-15-000--2022-06592-01

judicial accionada incurrió en defecto fáctico, pues realizó una17

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valoración caprichosa y arbitraria de las pruebas allegadas al plenario, con las cuales se demostraba que en momentos previos a su desvinculación, la entidad en la que laboraba sí tenía cargos disponibles donde podía se r trasladado a fin de continuar su vinculación laboral, teniendo en cuenta su condición de salud.

Igualmente, sostuvo que la providencia controvertida también incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial, conforme al cual a las autoridades l es asiste el deber de adoptar medidas tendientes a proteger a los empleados que, a pesar de estar en provisionalidad, tienen circunstancias de debilidad manifiesta que ameritan una protección especial cuando sus cargos deben ser provistos al titular en propiedad.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la SECCIÓN QUINTA que declaró improcedente el amparo solicitado, en razón a que el asunto carece de relevancia constitucional, toda vez que los argumentos expuestos por la parte actora fueron los mismos que fueron debatidos, analizados y resueltos por la autoridad judicial accionada dentro del medio de control de nulida d y restablecimiento del derecho aquí cuestionado.18

Número único de radicación: 11001-03-15-000--2022-06592-01

control de nulida d y restablecimiento del derecho aquí cuestionado.18

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Actor: BENJAMÍN CASTRO PASCUAS

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La impugnación de la actora está estructurada sobre una reiteración de los argumentos principales que sostuvieron su posición jurídica inicial, conforme a la cual la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos, pues lo cierto era que no debía circunscribirse a verificar la existencia de vacantes al momento de su desvinculación, sino que lo correcto era estudiar la disponibilidad de puestos a donde podía ser trasladado para protegerlo en virtud de su estado de salud, pero en etapas previas.

En ese orden de ideas, en primer lugar, la Sala debe determinar si el caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela, y de ser así, establecer si el Tribunal vulneró los derechos fundamentales deprecados e incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente jurisprudencial, al haber proferido la sentencia de 7 de junio de 2022, aludida.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial , el requisito de la relevancia constitucional.19

providencias judic