CE - 110010315000202206648011SENTENCIA20230414143743

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06648-01

Demandante: CHEILA FERNANDA CRUZ CASTAÑEDA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-06648-01

Demandante: CHEILA FERNANDA CRUZ CASTAÑEDA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCION TERCERA, SUBSECCION “A”

Temas: Tutela contra providencia judicial . Medio de control de reparación directa por demora de nombramiento en propiedad

en un cargo de carrera administrativa. Desconocimiento del precedente judicial horizontal

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por la parte actora , a través de apoderado judicial, contra la sentencia de 2 de febrero de 202 3, dictada por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, dentro de la solicitud de tutela en la que dispuso negar sus pretensiones.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

Consejo de Estado, dentro de la solicitud de tutela en la que dispuso negar sus pretensiones.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La accionante manifestó que se inscribió y participó en el concurso abierto de méritos del área administrativa No. 14 de 2008, convocado por la Comisión Nacional de Administración de Carrera de la Fiscalía General de la Nación, en el que obtuvo el puesto 21 de la lista de elegibles de 4 2 plazas ofertadas para el cargo de Asistente Administrativo I.

Sostuvo que fue nombrada el 12 de julio de 2017 , a través de la Resolución No. 002431 en el cargo de Asistente I, en la Dirección de Asuntos Jurídicos , y se posesionó el 1º de agosto de 2017 mediante acta No. 0036.

Afirmó que, en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentó demanda contra la Fiscalía General de la Nación, en la que solicitó el pago de los perjuicios materiales y económicos causados por la demora en realizar el nombramiento en periodo de prueba y, posteriormente, en propiedad en la planta global de esa entidad.2

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Demandante: CHEILA FERNANDA CRUZ CASTAÑEDA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 Señaló que del proceso conoció en primera instancia el Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito de Bogotá, que en fallo de 4 de junio de 20 21 negó las

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2 Señaló que del proceso conoció en primera instancia el Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito de Bogotá, que en fallo de 4 de junio de 20 21 negó las pretensiones de la demanda luego de considerar que en el caso no se demostró que la demandada hubiera incumplido con su deber de proveer las vacantes con la lista dentro de los términos previstos para ese efecto.

Por último, adujo que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, en sentencia de 27 de octubre de 2022, en la que confirmó el fallo apelado, bajo la consid eración de que la demandante fue nombrada y posesionada los días 12 de julio de 2017 y 1º de agosto de 2017, cuando se encontraba vigente la lista de elegibles, lo que permitía concluir que tal actuación tuvo lugar dentro del término establecido en l a convocatoria No. 014 de 2008 , por lo que no se configuraba la responsabilidad estatal.

2. Fundamentos de la acción

La accionante presentó acción de tutela con el objeto de que el juez constitucional proteja los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de buena fe y seguridad jurídica , vulnerados, supuestamente, con la sentencia de 27 de octubre de 2022, mediante la cual el Tribunal Administrativo d e Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” , confirmó el fallo que negó las pretensiones en el marco del medio de control de

cual el Tribunal Administrativo d e Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” , confirmó el fallo que negó las pretensiones en el marco del medio de control de reparación directa que promovió contra la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable por los perjuicios materiales y económicos causados a raíz de la demora en efectuar el nombramiento y posesión en el cargo para el cual concursó y en el que conformó la lista de elegibles.

Mencionó que la convocatoria es la norma regulatoria de l concurso, obligatoria e inmodificable para las entidades y para quienes en él participan, “ situación que fue compartida por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en su concepto rendido en lo que tiene que ver con la ‘carrera administrativa en la Fiscalía General de la Nación. Concurso de Méritos. Lista de elegibles ’, en el que manifestó que los aspirantes que ocupan el primer lugar en la lista de elegibles tienen el derecho adquirido de ser nombrados en los cargos correspondientes”.

Afirmó que, conforme con lo anterior, y en los términos del artículo 66 de la Ley 938 de 2004, el registro de elegibles contaba con una vigencia de 2 años, la cual tiene como finalidad que la entidad llene las vacantes que originaron el concurso, es decir , únicamente los cargos que fueron ofertados.

Adujo que, en ese sentido la Fiscalía General de la Nación contaba con 20 días hábiles desde la publicación del registro de elegibles -13 de julio de 2015 -, para efectuar en tiempo la totalidad de los nombram ientos en igual número d e vacantes ofertadas “y no uno a uno, pues ello implica una demora injustificada”.

efectuar en tiempo la totalidad de los nombram ientos en igual número d e vacantes ofertadas “y no uno a uno, pues ello implica una demora injustificada”.

Refirió que, en este sentido, “las vacantes deben ser ocupadas por los primeros elegibles de las vacantes ofertadas, es decir, que la Señora CHEILA FERNANDA CRUZ CASTAÑEDA debía ser nombrada dentro de los primeros 20 días siguientes a la publicación de la lista de elegibles por encontrarse dentro del número de vacantes ofertadas”.3

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3 Indicó que “ en procesos similares de reparación directa se ha fallado a favor del elegible o de mandante, y por derecho a la igualdad también acobija a la señora CHEILA FERNANDA CRUZ CASTAÑEDA ”. Al respecto, relacionó los siguientes pronunciamientos, en los que se indicó que pese a que la Fiscalía General de la Nación desde la entrada en vigencia de los registros de elegibles efectuó algunos nombramientos en las convocatorias, “lo cierto es que esa gestión no fue célere y no se ajustó a la obligación legal exigida, toda vez que transcurrió más de un año desde la emisión de la lista de elegibles, lo qu e demuestra retardo injustificado en los nombramientos”:

• Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección “B”,

la emisión de la lista de elegibles, lo qu e demuestra retardo injustificado en los nombramientos”:

• Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección “B”, M.P. Franklin Pérez Camargo, expediente: 110013336031201800019901, demandante: Beatriz Torres Chaves, demandado: Fiscalía Gener al de la

Nación. • Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección “B”, M.P. Franklin Pérez Camargo , expediente: 11001334305820170031901 , demandantes: Hernán Torres Ávila, demandado: Fiscalía G eneral de la Nación.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“PRIMERO: Honorables Magistrados, les solicito amparar el derecho fundamental de igualdad de la Señora CHEILA FERNANDA CRUZ CASTAÑEDA, ten iendo en cuenta que existen fallos con igual objeto de la litis y fallar on a favor de los demandantes y a la Señora CHEILA FERNANDA CRUZ CASTAÑEDA le desconocieron el derecho de igualdad frente a los fallos en segunda instancia.

SEGUNDO: REVOCAR en todas sus partes, de la sentenci a providencia providencia proferida el día Veintisiete (27) de octubre de 2022,y notificada por correo electrónico el día tres (03) de noviembre de 2022 a través del cual dispuso: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el J uzgado Sesenta (60) Admini strativo del Circuito Judicial de Bogotá, el 4 de junio de 2021, que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, de

de Bogotá, el 4 de junio de 2021, que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, de conformidad con las consideraciones expu estas, emitida por el TRIB UNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION TE RCERA SUBSECCION A

Magistrado Ponente ALFONSO SARMIENTO CASTRO Magistrada BERTHA LUCY

CEBALLOS POSADA Magistrado JUAN CARLOS GARZON MARTINEZ”.

4. Pruebas relevantes

Se allegó copia d e la s actuaciones adelantadas en el medio de control de reparación direc ta con radicado Nº 2019-00062-01, actor: Cheila Fernanda Cruz Castañeda.

5. Trámite procesal

El expediente correspondió por reparto a la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, que por auto de 16 de diciembre de 2022 admitió la acción de tutela, ordenó notificar al demandante y a la autoridad judicial demandada, así como a la Fiscalía General de la Nación, como tercera con interés.4

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6. Oposición

6.1 Respuesta del Tribu nal Administrativo de Cund inamarca, Sección Tercera, Subsección “A”

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6. Oposición

6.1 Respuesta del Tribu nal Administrativo de Cund inamarca, Sección Tercera, Subsección “A”

El magistrado ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó que se declarara la improcedencia de la acción constitucional , por no acreditarse los requisitos exigidos jurisprudencialmente para ese efecto.

Refirió que el defecto sustantivo alegado no se configuró , en tanto, sostuvo, allí se advirtió de manera puntual que la demandante no señaló las razones por las cuales la mora en su nombramiento fue injustificada, pues tan solo se limitó a indi car que la entidad no tuvo en cuenta lo preceptuado en el artículo 40 del Decreto 020 de 2014.

Para terminar, m anifestó que en el caso se analizaron los hechos y las pruebas allegadas, a partir de las cuales se determinó que el término previsto en el Decreto Ley 020 de 2014 no era aplicable al concurso que originó la controversia, ya que, conforme con lo previsto en el artículo 120 ibídem, el mismo no era aplicable a los concursos que hubieran iniciado con anterioridad a la expedición de esa normativa.

6.2. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación

El apoderado de la entidad rindió informe en el que solicitó que se declarar a la improcedencia de la acción, por cuanto, sostuvo, l a parte accionante no sustenta las causales específicas de procedibilidad para que la acción de tutela sea procedente.

Afirmó que, en todo caso, e n el presente asunto se observa que el Tribunal

improcedencia de la acción, por cuanto, sostuvo, l a parte accionante no sustenta las causales específicas de procedibilidad para que la acción de tutela sea procedente.

Afirmó que, en todo caso, e n el presente asunto se observa que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección "A", al proferir el fallo de segunda instancia del cu al se reclama, respetó cada una de las garantías de los accionantes, por lo que en el caso examinado no hay una violación del derecho fundamental al debido proceso.

7. Sentencia de tutela impugnada

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, por sentencia de 2 de febrero de 202 3, denegó las pretensiones de la solicitud de tutela , luego de considerar que el desconocimiento del precedente judicial horizontal alegado no se configuraba , puesto que, señaló, “ ante las diferencias de criterios ent re las salas del mismo Tri bunal, los magistrados que las integran pueden optar por las decisiones que, en ejercicio de su autonomía e independencia judicial, determinen, siempre y cuando apliquen en debida forma para la resolución de los casos, la Constitución Política, la ley y la jurisprudencia vigente, sin vulnerar derechos fundamentales”.

Estimó que si bien el accionante allegó pronunciamientos suscritos por los magistrados que integran la Subsección “B” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , se evid enciaba que cada una de las salas de decisión de esa Sección desarrolló criterios independientes, los cuales fundamentaron en el análisis fáctico, jurídico y probatorio de los expedientes

Administrativo de Cundinamarca , se evid enciaba que cada una de las salas de decisión de esa Sección desarrolló criterios independientes, los cuales fundamentaron en el análisis fáctico, jurídico y probatorio de los expedientes asignados, y a partir del examen de las di sposiciones legales y cons titucionales5

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5 llegaron a una conclusión distinta frente a la responsabilidad extracontractual de la entidad demandada, lo que no configuraba el defecto alegado.

Agregó que frente al asunto, cada sala de decisión, bajo el principio de autonomía judicial dir imió el conflicto en los términos que consider ó pertinentes , “ así, en la situación de la señora Cheila Fernanda Cruz Castañeda determinó que su nombramiento y posesión tuvo lugar dentro de la vigencia de la lista de elegibles y, en ese sentido, la actuació n aconteció en el término fijado en la Convoca toria 014 de 2008, máxime cuando previo al proceso gestionó los nombramientos de las personas que habían obtenido mejor puntaje”.

Para terminar, adujo que la autoridad judicial accionada, en virtud de los prin cipios mencionados, podía acoger la tesis que considerara adecuada para decidir la controversia puesta a su consideración, sin que pueda afirmarse que le dio un alcance equivocado al precedente judicial invocado en el presente asunto, pues el

mencionados, podía acoger la tesis que considerara adecuada para decidir la controversia puesta a su consideración, sin que pueda afirmarse que le dio un alcance equivocado al precedente judicial invocado en el presente asunto, pues el deber de la subsección se circunscribía a examinar las particularidades del caso y, con fundamento en ellas, determinar si había lugar o no a conceder las súplicas del medio de control, “sin que pueda obligársele a la adopción de una postura determinada, ya que, precisamente, en virtud de esas prerrogativas, el fu ncionario judicial puede optar por la ex égesis que, según su leal saber y entender, estime más apropiada y frente a la cual le está vedado al juez constitucional cualquier consideración”.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artícu lo 31 del Decreto 2591 de 1991, el accionante impugnó el fallo de primera instancia en escrito mediante el que solicitó que se revocara la decisión de primera instancia, por cuanto, ad ujo, en el caso queda evidenciado un trato desigual, pues, arguyó, “independientemente que cada tribunal tenga su postura si existe un pronunciamiento legal y están desconociendo el artículo 122 de la Constitución Política, y el principio de favorabilidad en materia laboral consagrado en los artículos 53 de la Constitución Política y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, consiste en la obligación de todo servidor público de optar por la situación más favorable al empleado, en caso de duda en la aplicación e interpretación jurídicas”.

Agregó que en materia de derecho laboral y garantías para los trabajadores

obligación de todo servidor público de optar por la situación más favorable al empleado, en caso de duda en la aplicación e interpretación jurídicas”.

Agregó que en materia de derecho laboral y garantías para los trabajadores existen disposiciones relevantes para resolver un conflicto normativo como “ los artículos 53 de la Constitución y 21 del Código Sustantivo del Tr abajo que establecen como principio y criterio para resolver controversi as entre fuentes del Derecho que se debe preferir aquella norma que resulte más favorable al trabajador, lo cual se conoce como el principio de favorabilidad o in dubio pro operario”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la6

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6 Sección Cuarta del Consejo de Estado es comp etente para decidir la pre sente impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala , en los términos del escrito de impugnación, determinar si el fallo 2 de febrero de 2023, dictado por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo d e Estado, en el que negó las pretensiones de la acción de tutela , se

el fallo 2 de febrero de 2023, dictado por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo d e Estado, en el que negó las pretensiones de la acción de tutela , se debe confirmar, o si se debe revocar, en tanto el defecto por desconocimiento del precedente judicial horizontal alegado sí se configura, pues “independientemente que cada tribunal tenga su postura si existe un pr onunciamiento legal y están desconociendo el a rtículo 122 de la Constitución Política, y el principio de favorabilidad en materia laboral consagrado en los artículos 53 de la Constitución Política y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, consiste en la ob ligación de todo servidor público de optar por la situación más favorable al empleado, en caso de duda en la aplicación e interpretación jurídicas”.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 1 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos2, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012 3, acogió la tesis de admitir

del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012 3, acogió la tesis de admitir la pr ocedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20144, precisó el ámbito de aplic ación de la acción de tutela contra providenci as judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales” , en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventua lmente vulnerar los derech os fundamentales de personas” . En la misma dec isión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20055.

Los requisitos generales de procedencia que de ben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la

1 Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972. 2 Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968. 3 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González. 4 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 5

M. P. Jaime Córdoba Triviño.7

4 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 5

M. P. Jaime Córdoba Triviño.7

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7 inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere inter puesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tie ne un efecto decisivo o de terminante en la sentencia que se impugna y qu e afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alega do tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitu cional en la misma sentenc ia C -590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto orgánico6; (ii) Defecto procedimental absoluto7; (iii) Defecto fáctico8; (iv) Defecto material o sustantivo 9; (v) Error inducido10; (vi) Decisión sin motivación11; (vii) Desconocimiento del precedente12 y (viii) Violación directa de la Constitución.

fáctico8; (iv) Defecto material o sustantivo 9; (v) Error inducido10; (vi) Decisión sin motivación11; (vii) Desconocimiento del precedente12 y (viii) Violación directa de la Constitución.

Al j uez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siem pre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativ o13 y de la Corte Constitucional14.

En definitiva, la acción de tutela co ntra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e in dependencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución al caso concreto

4.1. En el presente caso, la accionante considera que la sentencia de 27 de octubre de 2022 , mediante la cual el Tribunal Admin istrativo de Cundinamarca, Sección

6 Se presenta cuando el funcionari o judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. 7 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 8 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

para ello. 7 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 8 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 9 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. 10 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. 11 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fu ndamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 12 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. 13 Cfr., Sentencia del 7 de diciem bre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134 -01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016 -02213-01), Sentencia d el 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras. 14

2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras. 14 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU -542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortíz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.

P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.8

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Demandante: CHEILA FERNANDA CRUZ CASTAÑEDA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 Tercera, Subsección “A”, confirmó el fallo que negó las pretensiones en el marco del medio de control de reparación directa que promovi ó contra la Fiscalía General de la Nación, vuln era los derechos fundamentales a la igu aldad, al debido proceso, seguridad jurídica y de acceso a la administración de justicia, así como el principio de buena fe, por cuanto afirmó, “en procesos similares de reparación dir ecta 15 se ha fallado a fa vor del elegible o demandante , y por derecho a l a igualdad también acobija a la señora CHEILA FERNANDA CRUZ CASTAÑEDA”.

En primera instancia , el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”,

se ha fallado a fa vor del elegible o demandante , y por derecho a l a igualdad también acobija a la señora CHEILA FERNANDA CRUZ CASTAÑEDA”.

En primera instancia , el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, por sentencia de 2 de febrero de 2023, denegó las pretensiones de la solicitud de tutela, luego de consid erar que el desconocimiento del precedente judicial horizontal alegado no se configuraba , puesto que, señaló, si bien el accionante allegó pronunciamientos suscritos por los magistrados que integran la Subsección “B” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en los que se resolvió en sentido diferente, se evidencia ba que cada una de las salas de decisión desarrolló criterios independientes, los cuales fundamentaro n en el análisis fáctico, jurídico y probatorio de los expedientes asig nados, y a partir del examen de las disposiciones legales y constitucionales llegaron a una conclusión distinta frente a la responsabilidad extracontractual de la entidad demandada , lo que no configuraba el defecto alegado.

Agregó que ante la diferencia d e criterios entre las salas del mismo tribunal, los magistrados que las integran pueden optar por las decisiones que, en ejercicio de su autonomía e independencia judicial, determinen, siempre y cuando apliquen en debida forma para la resolución de los cas os, la Constitución Política, la ley y la jurisprudencia vigente, sin vulnerar derechos fundamentales

En el escrito de impugnación la accionante solicitó que se revocara la decisión de primera instancia, por cuanto, adujo, en el caso q ueda evidenciado un trato desigual, pues “ independientemente que cada tribunal tenga su postura si existe

En el escrito de impugnación la accionante solicitó que se revocara la decisión de primera instancia, por cuanto, adujo, en el caso q ueda evidenciado un trato desigual, pues “ independientemente que cada tribunal tenga su postura si existe un pronunciamiento legal y están desconociendo el artículo 122 de la Constitución Política, y el principio de favorabi lidad en materia laboral consagrado en los artículos 53 de la Constitución Política y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, consiste en la obligación de todo servidor público de optar por la situación más favorable al empleado, en caso de duda en la aplicación e interpretación jurídicas”.

4.2. La Co rte Constitucional ha dicho que la aplicación del precedente judicial implica que16: “un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos releva ntes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presen te y (iii) si la regla j urisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucio nado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”.

El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía , y (ii) el vertical, q ue está

15 Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección “B”, Magistrado Ponente: Franklin Pérez Camargo,

que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía , y (ii) el vertical, q ue está

15 Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección “B”, Magistrado Ponente: Franklin Pérez Ca