CE - 110010315000202206662011SENTENCIA20230503092011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06662-01

Actora: Amina Asís Rayyan Arias Demandados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro1

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad, ii) mínimo vital, iii) seguridad social, iv) debido proceso y v) acceso a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de tutela de 17 de febrero de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio del cual declaró improcedente el amparo.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

1 Cfr. índice núm. 3 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.2

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en forma digital.2

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Actora: Amina Asís Rayyan Arias

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1.La actora, obrando mediante apoderad o, present ó solicitud de tutela contra la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, porque, a su juicio, el Tribunal al proferir la sentencia de 26 de agosto de 2021; y ii) el Consejo, al proferir la sentencia de 20 de octubre de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 25000 -23-42-000-2019-01047-01, vulneraron sus derechos fundamentales indicados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Adujo que, presentó demanda contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se declarara la nulidad de las Resoluciones núms. 638 del 6 de febrero y 8032 del 17 de septiembre, ambas de 2014, por medio de las cuales se le negó el reconocimiento de una sustitución de asignación mensual de retiro , en su calidad de compañera permanente del causante, el señor Manuel Alfonso García Pecellín.

4. La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de

reconocimiento de una sustitución de asignación mensual de retiro , en su calidad de compañera permanente del causante, el señor Manuel Alfonso García Pecellín.

4. La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia de primera instancia el 26 de agosto de 2021, por medio del cual negó las pretensiones de la demanda.

5. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia de segunda instancia el 20 de octubre de 2022, resolviendo lo siguiente:

“[…] Primero: Confirmar la sentencia del 26 de agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que negó las pretensiones de la demanda en el proceso que en ejercicio del med io de control y3

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Actora: Amina Asís Rayyan Arias

restablecimiento del derecho promovió la señora Amina Asís Rayyan Arias contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.

Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia […]”.

6. Consideró que:

“[…] Empero, pese a las manifestaciones tendientes a afirmar el vínculo sentimental entre ellos, estas no conducen propiamente al reconocimiento de una convivencia real y efectiva bajo el apoyo espiritual y físico, lo cual excluye los encuentros pasajeros, casu ales o esporádicos, e incluso las relaciones que, a pesar de ser prolongadas, no engendren las condiciones necesarias de una comunidad de vida.

Bajo este entendido, es necesario aclarar que quien ostente la condición de cónyuge

pasajeros, casu ales o esporádicos, e incluso las relaciones que, a pesar de ser prolongadas, no engendren las condiciones necesarias de una comunidad de vida.

Bajo este entendido, es necesario aclarar que quien ostente la condición de cónyuge o compañera supérstite, para obtener el derecho a ser beneficiario de la asignación de retiro, debe fundamentar esta calidad bajo una convivencia real y efectiva al momento de la muerte del causante; la cual exige la demostración de una vida común que se mantuvo para el momento del fallecimiento ocurrido, para ello es necesario acreditar la existencia del componente afectivo y formación de hogar, que tenía con el pensionado al momento de su muerte y durante el término que la ley lo prevé […]”.

[…]

“[…] En virtud de lo citado en pr ecedencia y conforme lo consideró en aquella oportunidad el Consejo de Estado, la convivencia no se refiere en forma exclusiva, a compartir el mismo techo y habitar junto al otro, sino que los elementos que en mayor medida definen esa convivencia se relaci onan con el acompañamiento espiritual, moral y económico y el deber de apoyo y auxilio mutuo. Además de ello, es preciso tener en cuenta el factor volitivo de la pareja de mantener un hogar y tener la vocación y convicción de establecer, constituir y mantener una familia.

En suma, no se logró comprobar que la libelista haya cumplido con el requisito de haber convivido durante los últimos 5 años de vida con el finado, pues del acervo probatorio en análisis, se vislumbra que se mantuvo únicamente una presun ta relación de noviazgo, de la cual, si bien se procreó un hijo, no se puede interpretar o entender como una unión marital de hecho, o que dicho aspecto garantice prima

probatorio en análisis, se vislumbra que se mantuvo únicamente una presun ta relación de noviazgo, de la cual, si bien se procreó un hijo, no se puede interpretar o entender como una unión marital de hecho, o que dicho aspecto garantice prima facie la intención de formar una familia fundada en un cohabitación continua y estable bajo el mismo techo, como mucho menos los lazos de apoyo y socorro recíproco durante los últimos años de existencia del causante.

Corolario, y no obstante las revelaciones de la parte activa y de los declarantes tendientes a la demostración de la existen cia de un vínculo sentimental entre la señora Rayyan Arias y el causante, ello no brinda certeza de la convivencia efectiva que como pareja debía subsistir entre ellos, pues se itera, no quedó evidenciado el interés natural de crear una comunidad dirigida a compartir la vida de forma permanente y estable.

Por consiguiente, toda vez que no ha sido posible demostrar la efectividad de una convivencia permanente o ininterrumpida bajo la presencia de vínculos familiares o sentimentales entre la señora Amina Asís Rayyan Arias y el causante, es dable que en este punto no se pierda de vista la finalidad de la sustitución de la asignación de retiro, que pretende mitigar la desprotección en que queda quien está afectado por la muerte de su pareja, de ahí que no cualquier convivencia ni la existencia de alguna relación conlleva acceder al mencionado derecho económico, pues se requiere demostrar una convivencia fundada en la solidaridad y la ayuda mutua.4

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Actora: Amina Asís Rayyan Arias

demostrar una convivencia fundada en la solidaridad y la ayuda mutua.4

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Actora: Amina Asís Rayyan Arias

Al compás de lo anterior, esta Subsección considera que el a quo no incurrió en ningún desacierto interpretativo al estudiar la tesis de la demanda y negar las pretensiones de la misma, pues es evidente que, del material probatorio en estudio, no se vislumbra una comunidad de vida entre la libelista y el fallecido.

Es así que, no obstante en el recurso de apelación se expuso que los elementos de convicción aportados brindaron certeza de la convivencia en unión marital de hecho que se suscitó entre los implicados, lo cierto es que para esta Sala no está llamado a prosperar el argumento traído por la señora Rayyan Arias con el fin de acceder a las pretensiones de la demanda, porque, una vez realizada la valoración probatoria en aplicación del principio de la sana crítica, se colige que de dichas revelaciones se podría c oncluir que solo se presentó un vínculo correspondiente a una relación temporal cercana, y que la procreación del señor Amir Alfonso García Rayyan no es muestra de la efectividad de una vida juntos entendida como acompañamiento espiritual, permanente y singular con el ánimo de construir hogar […]”.

[…]

“[…] Corolario, los medios de prueba referenciados conllevan a afirmar que la señora Amina Asís Rayyan Arias no acreditó una convivencia real y efectiva con el causante durante los 5 años anteriores a su fallecimiento, ni que mantuvo un vínculo afectivo, de apoyo mutuo y solidario durante dicho período.

Amina Asís Rayyan Arias no acreditó una convivencia real y efectiva con el causante durante los 5 años anteriores a su fallecimiento, ni que mantuvo un vínculo afectivo, de apoyo mutuo y solidario durante dicho período.

En conclusión: las pruebas documentales presentadas por la parte demandante y el acervo probatorio del proceso, no llevan a la convicción de la existencia de una convivencia real, constante y permanente con el sargento viceprimero del Ejército Nacional, el señor Manuel Alfonso García Pecellín durante los 5 años previos a su deceso, y en esa medida no hay lugar a reconocerle la sustitución de la asignación de retiro en su supuesta calidad de compañera permanente, de conformidad con las previsiones normativas del Decreto 1211 de 1990 y los lineamientos jurisprudenciales señalados en precedencia […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] Como consecuencia de todo lo anterior, solicito al honorable Consejo de Estado que actuando como Juez Constitucional, ampare los derechos fundamentales al debido proceso, el derecho al acceso a la administración de justicia, el derecho a la igualdad de trato en la aplicación de la ley y los precedentes jurisprudenciales, a los principios de favorabilidad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales configurándose vías de hecho judicial, que ha n sido vulnerados por las autoridades judiciales a la señora AMINA ASIS RAYYAN ARIAS y en consecuencia deje sin efectos el fallo proferido el 20 de octubre del 2022, emitido por el CONSEJO DE

ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA

sin efectos el fallo proferido el 20 de octubre del 2022, emitido por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A dentro del proceso radicado No. 25000234200020190104701 en cuanto confirmo la sentencia de primera instancia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN "A" que negó el reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro a la señora AMINA ASIS RAYYAN ARIAS en calidad de compañera permanente del señor MANUEL ALFONSO GARCIA PECELLIN bajo la modalidad de convivencia simultánea […]”.5

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Actora: Amina Asís Rayyan Arias

8. La actora en su escrito de tutela señaló que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en un i) defecto fáctico , en un ii) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial; y en un iii) defecto sustantivo por interpretación irrazonable de normas jurídicas.

Actuación

9. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por auto de 16 de diciembre de 202 2; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado; y iv) vinculó a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares en calidad de tercero

de Cundinamarca y de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado; y iv) vinculó a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares en calidad de tercero con interés legítimo. Intervenciones de la demandada y del tercero con interés legítimo

10. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado afirmó que:

“[…] Pues bien, en el asunto sub iudice no se observa la presunta afectación de las garantías constitucionales invocadas con motivo de la mentada causal específica de procedibilidad alegada como sustento de la actual solicitud de amparo, ello dado que la decisión del 20 de octubre de 2020 profe rida por esta Subsección A, Sección Segunda, fue adoptada en observancia del marco legal y constitucional previstos para el caso como el de marras, justamente respecto al esquema aplicable a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares […]”.

11. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares solicitó que “[…] Se rechace por IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia ante la ausencia de vulneración de derechos fundamentales de la señora AMINA ASUS RAYYAN ARIAS

[…]”.

12. La Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca guardó silencio en esta oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

13. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante sentencia de 10 de febrero de 2023, resolvió lo siguiente:6

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Actora: Amina Asís Rayyan Arias

sentencia de 10 de febrero de 2023, resolvió lo siguiente:6

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Actora: Amina Asís Rayyan Arias

“[…] PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo de tutela deprecado por la señora Amina Asis Rayyan Arias por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia […]”.

14. Consideró que:

“[…] Consecuente con la anterior transcripción, contrario a lo que afirmó la accionante, la valoración que efectúo el tribunal del citado documento, no se advierte irrazonable ni arbitraria, puesto que, su argumento es válido en cuanto encontró que no resultó suficiente como indicador del presupuesto de convivencia exigido para el reconocimiento pensional que reclamó la actora en su condición de compañera permanente.

Una vez analizados los anteriores argumentos, la Sala infiere que los medios probatorios fueron analizados de manera conjunta por el juez del proceso ordinario y no le dieron la convicción y la certeza suficiente para tener por acreditado uno de los requisitos legales exigidos para la sustitución pensional, como lo es el de la convivencia efectiva, por lo que, lo pretendido por la tutelante, una nueva valoración de las probanzas que avale su teoría del caso, riñe con el objeto del mecanismo constitucional contra sentencia judicial, en el que el análisis que procede es de validez en función de la pro tección de derechos fundamentales, y no el de corrección de la providencia como si se tratara de una tercera instancia.

Por último, respecto de la afirmación que las autoridades judiciales desconocieron el

en función de la pro tección de derechos fundamentales, y no el de corrección de la providencia como si se tratara de una tercera instancia.

Por último, respecto de la afirmación que las autoridades judiciales desconocieron el precedente constitucional2, concretamente la sentencia T-371 de 2022, debe decir la Sala que, esta sentencia no constituye precedente3 y además fue proferida al interior de un trámite de tutela cuyos efectos fueron inter partes. Además leído su contenido el problema jurídico allí planteado fue el recono cimiento igualitario de la sustitución pensional en beneficio de la cónyuge y la compañera permanente dado que las autoridades judiciales consideraron que “prevalecía el vínculo matrimonial en cabeza de la esposa en virtud de lo previsto en la Ley 33 de 1973”, y el que resolvió el juez del proceso ordinario, en el fallo que hoy es objeto de censura a través de esta acción de tutela, está relacionado con la falta de prueba de la calidad de compañera permanente de quien reclama a su favor la sustitución del derecho pensional […]”.

La impugnación

15. La actora impugnó la sentencia proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En ese orden de ideas, expresó lo siguiente:

2 “hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado”-SU-453 de 2019-.

fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado”-SU-453 de 2019-. 3 Entendido como aquel conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que, por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada al momento de dictar sentencia.7

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Actora: Amina Asís Rayyan Arias

“[…] En este punto, es importante advertir que el asunto puesto a consideración de ustedes resulta procedente constitucionalmente teniendo en cuenta la relevancia constitucional que envuelve las circunstancias fácticas que rodean el caso de la señora AMINA ASIS RAYYAN, pues no hay que pasar por alto que estamos frente a reconocimiento de una sustitución pensional en la modalidad de convivencia simultánea.

Resulta necesario recordar que el reconocimiento de una pensión en Colombia se basa en el principio de seg uridad social consagrado en la Constitución Política de Colombia, el cual establece que todas las personas tienen derecho a la seguridad social, y que el Estado tiene la obligación de garantizar este derecho […]”.

[…]

“[…] Para empezar, es conveniente señalar que el a quo constitucional realizo una valoración por completo equivocada de los argumentos esbozados en el amparo constitucional, al dejar de lado analizar el caso de mi representada a la luz de la “convivencia simultanea”, aspecto que no tampoco f ue analizado por los jueces

valoración por completo equivocada de los argumentos esbozados en el amparo constitucional, al dejar de lado analizar el caso de mi representada a la luz de la “convivencia simultanea”, aspecto que no tampoco f ue analizado por los jueces censurado constitucionalmente ni por el a quo en la sentencia que se impugna.

Con relación a este punto me permito indicar que el a quo se equivoca cuando avala el actuar omisivo en que incurrió el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN "A" y el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN A, al momento de analizar el material probatorio sin tener en cuenta las circunstancias de convivencia simultanea que afrontaba mi representada.

Así las cosas, procedo a señalar porque en el presente asunto si se configuraban los defectos procedimental absoluto en concordancia con el defecto sustantivo, decisión sin motivación, defecto fáctico y violación directa de la Co nstitución invocados en la acción constitucional.

Con relación al defecto procedimental absoluto y decisión sin motivación: Como muy bien es sabido el defecto procedimental absoluto se origina cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento establecido; por su parte el defecto de decisión sin motivación puede configurarse en aquellos eventos en donde existe una valoración por completo equivocada en determinado caso concreto.

Ahora bien, con relación a la indebida valoración probatoria que se endilga al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN "A" y el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO

Ahora bien, con relación a la indebida valoración probatoria que se endilga al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN "A" y el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN A conviene señalar que este denota un defecto fáctico por la interpretación e rrónea o insuficiente las pruebas presentadas en el proceso de acción de nulidad y restablecimiento del derecho, debido a mala apreciación de los medios de prueba, a la falta de atención a ciertos detalles relevantes como es haberlos analizados a la luz de la convivencia simultánea, por la equivocada interpretación de los hechos probados y por falta de consideración de algunas pruebas relevantes para el caso, como es el el documento prueba de fecha 03 junio de 1998, donde el señor GARCIA PECELLIN textualmente indica y ratifica con su firma en el formulario de solicitud de carne de servicios médicos, que la señora AMINA ASIS RAYYAN ARIAS es su compañera permanente […]”.

[…]

“[…] Con relación a este punto, resulta necesario señalar que el a quo constitucional desconoce que el reparo que se endilga a las providencias censuradas8

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Actora: Amina Asís Rayyan Arias

constitucionalmente, radica en el desconocimiento por parte del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN "A" y el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

constitucionalmente, radica en el desconocimiento por parte del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN "A" y el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN A, de la situación fáctica de mi representada a la luz de la Unión marital de hecho en la modalidad de convivencia simultánea.

No entiende el suscrito apoderado como el a quo constitucional sostiene en el fallo impugnando que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCASECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN "A" y el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN A, en su valoración probatoria realizaron un ejercicio analítico racional, cuando es evidente que para el caso de la señora AMINA ASIS RAYYAN ARIAS, dentro del proceso de acción de nulidad y restablecimiento del derecho se desconoció el hecho de que entre ella y el señor MANUEL ALFONSO GARCIA PECELLIN (Q.E.P.D) existía una relación formalizada y que de ella surgió la conformación de proyecto de vida, con vocación de permanencia y estabilidad, en donde el señor GARCIA PECELLIN brindaba el sustento económico para la subsistencia de mi representada y de su hijo común AMIR ALFONSO GARCIA RAYYAN.

Adicional a lo anterior, el a quo constitucional deja de lado el hecho de que por parte del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN "A" y el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO

Adicional a lo anterior, el a quo constitucional deja de lado el hecho de que por parte del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN "A" y el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUN DA -SUBSECCIÓN A, existió una omisión grosera y evidente de las circunstancias particulares que rodearon la convivencia simultánea que nació entre AMINA ASIS RAYYAN ARIAS y el señor MANUEL

ALFONSO GARCIA PECELLIN (Q.E.P.D) […]”.

[…]

“[…] Conforme a las pruebas recaudadas, es claro que a pesar de existir una relación simultánea, en el presente asunto se logró demostrar que existía una relación formalizada entre la señora AMINA ASIS RAYYAN ARIAS y señor MANUEL ALFONSO GARCIA PECELLIN, y que de ella surgió la conformación de un común proyecto de vida, con vocación de permanencia y estabilidad, en donde el señor GARCIA PECELLIN brindaba el sustento económico para la subsistencia de mi representada y de su hijo común AMIR ALFONSO GARCIA RAYYAN, es decir que con el material probatorio allegado se logró demostrar la continuidad de la relación desde el año 1989 (fecha en que inicio la relacion sentimental), que dio como fruto un hijo nacido en el año 1992, relación que fue ratificada en el año 1998 por el mismo señor GARCIA PECELLIN Y que finalizo el día 03 de agosto del año 2000 fecha en que falleció el titular de la asignación de retiro o pensión […]”.

[…]

señor GARCIA PECELLIN Y que finalizo el día 03 de agosto del año 2000 fecha en que falleció el titular de la asignación de retiro o pensión […]”.

[…]

“[…] Para finalizar, frente al desconocimiento del precedente T - 371 del 2022, conviene indicar que si bien es cierto la jurisprudencia constitucional ha indicado que las sentencias de tutela son interpartes, no hay que olvidar que la ratio decidendi de dichos fallos tienen efecto erga omnes, por tanto, resulta obligatoria para todos los ciudadanos por razones de igualdad en la aplicación de la ley, para garantizar el principio de buena fe y la seguridad jurídica, entre otros […]”4.

4 Transcripción literal del texto de la impugnación.9

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Actora: Amina Asís Rayyan Arias

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

16.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20216 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 2018 7 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 8, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 8, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

17. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

18.En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.

19.Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)

5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 7 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 7 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 8 Reglamento Interno del Consejo de Estado.10

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Actora: Amina Asís Rayyan Arias

requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso ; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad ; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital; vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la seguridad social; vii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, procediendo posteriormente a viii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

20.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena9, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro

de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

21.Esta Sección adoptó10 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 200511, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

22.Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta