CE - 110010315000202206707011SENTENCIA20230328100611

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06707-01

Accionante: Jorge Arias Castellanos Modifica la sentencia de primera instancia

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2022-06707-01

Accionante: Jorge Arias Castellanos

Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del derecho / Defecto fáctico / Defecto sustantivo / Defecto orgánico / Defecto procedimental por falta de congruencia / Se modifica la decisión de primera instancia que había declarado la improcedencia por falta de relevancia constitucional y subsidiariedad y, en su lugar, (i) se niega el amparo frente al defecto sustantivo , el defecto orgánico, el defecto fáctico en lo referente a la omisión de valoración de las declaraciones de renta de terceros y el defecto procedimental ; y (ii) se confirma la improcedencia de la acción por falta de relevancia constitucional en todo lo demás.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada contra la sentencia proferida el 3 de febrero de 2023 por el Consejo de Estado , Sección Tercera, Subsección A,

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada contra la sentencia proferida el 3 de febrero de 2023 por el Consejo de Estado , Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por Jorge Arias Castellanos contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Consejo de Estado, Sección Cuarta, por (i) no cumplir con el requisito de subsidiariedad, frente al defecto sustantivo alegado y (ii) no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, frente a todo lo demás.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para conocer del asunto de confor midad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

I. ANTECEDENTESRadicado: 11001-03-15-000-2022-06707-01

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A. Solicitud de amparo

1.- El 14 de diciembre de 2022 Jorge Arias Castellanos interpuso, mediante apoderada judicial, una acción de tutela para obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, administración de justici a y contradicción, vulnerados, en su concepto, por las sentencias proferidas el 29 de mayo de 2020 y el 17 de marzo de 2022, por el Tribunal Administrativo de Santander y el Consejo de

fundamentales al debido proceso, administración de justici a y contradicción, vulnerados, en su concepto, por las sentencias proferidas el 29 de mayo de 2020 y el 17 de marzo de 2022, por el Tribunal Administrativo de Santander y el Consejo de Estado, Sección Cuarta, respectivamente, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 68001-23-33-000-2016-00689-00/01, adelantado por el actor contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante, la DIAN). En la providencia de primera instancia se anuló parcialmente la Liquidación Oficial atacada por el actor y en la sentencia de segunda instancia se confirmó dicha decisión.

2.- Como pretensiones, el accionante formuló las siguientes (se transcribe):

<< PRIMERO: tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, postulados de la buena fe y prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, el principio de legalidad y la autonomía privada de la voluntad.

SEGUNDO: en consecuencia, que se declare que la sentencia del 17 de marzo de 2022 del Consejo de Estado – Sección Cuarta vulneró los derechos fundamentales mencionados. La misma declaración se solicita respecto de la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander del 29 de mayo de 2020.

TERCERO: que se dejen sin efectos las sentencias del Consejo de Estado – Sección Cuarta del 17 de marzo de 2022 y del Tribunal Administrativo de Santander del 29 de mayo de 2020. En consecuencia, se ordene a esas autoridades judiciales que profieran las respectivas nuevas decisiones, en las que deberá acceder a la totalidad de las pretensiones en relación con los actos de determinación del tributo del

mayo de 2020. En consecuencia, se ordene a esas autoridades judiciales que profieran las respectivas nuevas decisiones, en las que deberá acceder a la totalidad de las pretensiones en relación con los actos de determinación del tributo del impuesto de renta y de sanción por inexactitud de Jorge Arias Castellanos -liquidación oficial de revisión y resolución que resolvió el recurso de reconsideración-, vigencia fiscal 2011>>.

B. Hechos

3.- El accionante se dedica al transporte de pasajeros y de carga, y está asociado asal la Cooperativa Santandereana de Transporte Limitada COPETRAN , empresa donde afili ó los vehículos de transporte de placas SXR 637, XVY595, XVV073, XVP107, XVU619.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06707-01

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3 3.1.- El actor indicó que celebró los siguientes contratos respecto de los vehículos, con el objetivo de afiliarlos a Copetran: (i) << documento de tenencia>> respecto del vehículo de placas XVV073, en el cual indicó que Aura Argüello Galvis es propietaria del 100% de este, y su tenencia fue transferida al actor; (ii) << documento de tenencia>> respecto del vehículo de placas XVU619, en el que se reconocen como propietarios del vehículo a Wilmer Calderón, Romelia Carreño, José Adán Peña y un 25% en cabeza del actor, quien ostenta la tenencia; (iii) promesa de compraventa del vehículo XVP107, mediante el cual se promete la transferencia por parte del actor a Carlos Gustavo Gómez y (iv) promesa de permuta frente a los vehículos SXR637 y

25% en cabeza del actor, quien ostenta la tenencia; (iii) promesa de compraventa del vehículo XVP107, mediante el cual se promete la transferencia por parte del actor a Carlos Gustavo Gómez y (iv) promesa de permuta frente a los vehículos SXR637 y XVY595, mediante el cual se promete la permuta del 50% de los vehículos entre el actor y Arnulfo Arenas Acevedo.

3.2.- El 7 de junio de 2012 el actor presentó declaración de renta y complementarios correspondiente al año gravable 2011 , en la que registró (i) ingresos por $3.717.247.000; (ii) pasivos por $1.167.769.00 01; (iii) costos y deducciones por $3.516.863.0002; (iv) renta líquida gravable de $179.250.000; (v) impuesto a cargo de $44.953.000 y (vi) saldo a pagar de $0.

3.3.- Previo Requerimiento Especial No. 042382014000034 del 28 de mayo de 2014 y respuesta al mismo, la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Bucaramanga profirió la Liquida ción Oficial de Revisión No. 042412015000003 del 20 de enero de 2015, en la cual modificó la liquidación privada para adicionar ingresos en cuantía de $7.156.000 3 (para un total de 3.724.403.000); rechazar pasivos por $465.000.000 4; rechazar costos y deducciones en cuantía de $953.601.0005 e impuso una sanción por inexactitud equivalente al 160% de la diferencia entre el saldo a pagar determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente.

deducciones en cuantía de $953.601.0005 e impuso una sanción por inexactitud equivalente al 160% de la diferencia entre el saldo a pagar determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente.

3.4.- La DIAN encontró que (i) los contratos respecto de los vehículos allegados por el actor no soportaban pasivos por la suma declarada, ni desvirtuaban que los vehículos referidos y los ingresos producidos por estos pertenecieran al actor, pues este figuraba como propietario de los mismos en la tarjeta de propiedad ; (ii) el actor no allegó ningún soporte que desvirtuara la adición de ingresos por el monto de $7.156.000 y que (iii) las deducciones correspondientes a $973.601.000 no se

1 De los cuales indicó que $465.000.000 correspondió a la parte proporcional o porcentaje de participación de cada uno de los dueños o copropietarios de los referidos vehículos, establecida en los <<contratos de tenencia y compraventa>>. 2 De los cuales indicó que $ 953.601.000 correspondían a <<su deber de entregar el producido de los vehículos a los propietarios de los mismos>>. 3 La adición obedeció al cruce con la información exógena. 4 Se rechazaron los pasivos por la suma de $465.000.000, correspondientes a los vehículos de placas XVV073, XVU619, XVP107, SEXR637 y XVY595, los cuales figuraban en las respectivas licencias de tránsito como de propiedad del actor. 5 Se desconocieron los costos correspondientes a $973.601.000, por no encontrarse debidamente soportados.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06707-01

Accionante: Jorge Arias Castellanos

propiedad del actor. 5 Se desconocieron los costos correspondientes a $973.601.000, por no encontrarse debidamente soportados.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06707-01

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4 encontraban debidamente soportadas de conformidad con lo dispuesto en las normas tributarias.

3.5.- El 24 de marzo de 2015 el actor presentó recurso de reconsideración contra la Liquidación Oficial. El 22 de febrero de 2016 la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN profirió la Resolución No. 1190, mediante la cual confirmó la Liquidación Oficial de Revisión.

3.6.- El actor interpuso una d emanda de nulidad y restablecimiento del derecho 6 contra la DIAN con el objeto de que se declarara la nulidad de (i) la Liquidación Oficial de Revisión No. 042412015000003 de enero de 2015 y (ii) la Resolución No. 1190 de 22 de febrero de 2016, mediante la cual se confirmó dicha liquidación. A título de restablecimiento del derecho solicitó que queda ra en firme la declaración de renta presentada por este.

3.7.- Mediante sentencia de l 29 de mayo de 2020 , el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad parcial de la Liquidación Oficial y modificó la sanción por inexactitud impuesta, porque la sanción prevista en los artículos 287 y 288 de la Ley 1819 de 2016 era menos gravosa; es decir, reliquidó la sanción por inexactitud por el 100% de la diferencia entre el sal do a pagar determinado por la liquidación

Ley 1819 de 2016 era menos gravosa; es decir, reliquidó la sanción por inexactitud por el 100% de la diferencia entre el sal do a pagar determinado por la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente.

3.7.1.- Frente a la s deudas y deducciones declaradas por el actor, indicó que l os <<contratos de tenencia>> presentados por este fueron insuficientes para demostrar que efectivamente este adeudaba $3.516.863.000, toda vez que en ellos no se establecía la obligación de cancelar dicha suma. Además, indicó que una vez la DIAN expuso la insuficiencia de los contratos de tenencia, permuta y compraventa allegados para demostrar los costos y deducciones, era el contribuyente quien debía probar que, efectivamente, dicha suma hacía parte de los mismos.

3.7.2.- Respecto a la adición de ingresos por un valor de $7.156.009 , indicó que no se pronunciaría, pues en el recurso de reconsideración el actor sostuvo que << no encontraba desacuerdo alguno, pues corresponden a valores que no fueron incluidos inicialmente en la declaración>>, por lo q ue no se agotó la reclamación en vía administrativa.

6 Señaló que (i) se inobserv aron los principios de esencia sobre la forma, de la realidad económica, de la autonomía de la voluntad de las partes, de la interpretación de los contratos y de la buena fe, toda vez que el actor únicamente ostentaba la calidad de mero tenedor de los vehículos, por lo cual los ingresos derivados de la explotación no eran de su propiedad y (ii) se aplicaron indebidamente los artículos 107, 263, 264, 647 y 771 -2

actor únicamente ostentaba la calidad de mero tenedor de los vehículos, por lo cual los ingresos derivados de la explotación no eran de su propiedad y (ii) se aplicaron indebidamente los artículos 107, 263, 264, 647 y 771 -2 del Estatuto Tributario.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06707-01

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5 3.8.- El accionante y la DIAN 7 apelaron la anterior decisión. El actor i ndicó que el tribunal se limitó a valorar exclusivamente los contratos y no tuvo en cuenta las demás pruebas aportadas al proceso , por lo que solicitó que se valoraran y reconocieran como pruebas de la existencia y monto del pasivo por valor de $465.000.000 las declaraciones de renta del año gravable 2011 de los señores Carlos Gustavo Gómez, Arnulfo Arenas Acevedo, Aura Argüello Galvis y Wilmer Calderón Piedrahita, aportadas con la demanda.

3.9.- Frente al rechazo de los costos y deducciones, señaló que no existía a su cargo obligación de expedir factura o documento equivalente y que los contratos, al ser de fecha cierta, probaban la respectiva transacción a que da lugar los costos declarados por el actor , de conformidad con el artículo 771 -2 del Estatuto Tributario . Por otra parte, frente a la sanción por inexactitud, indicó que por tratarse de una norma sancionatoria no era aplicable ninguna presunción, sino que debía existir prueba y pleno convencimiento de que las deducciones fueron inexistentes, de los ingresos omitidos, de los datos faltantes o incompletos.

sancionatoria no era aplicable ninguna presunción, sino que debía existir prueba y pleno convencimiento de que las deducciones fueron inexistentes, de los ingresos omitidos, de los datos faltantes o incompletos.

3.10.- Mediante sentencia del 17 de marzo de 2022, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, confirmó la decisión de primera instancia. En primer lugar, frente a la adición de ingresos por $7.156.000, indicó que el actor se limitó a decir que << no está obligado a aportar prueba de los pagos recibidos por terceros, en tanto se sujeta al sistema de caja>>; no obstante, de conformidad con el artículo 167 del CGP, le correspondía al actor comprobar la veracidad de los hechos consignados en la declaración.

3.10.1.- Respecto de los pasivos, señaló que, pese a que en las declaraciones juramentadas y en los testimonios rendidos los testigos manifestaron traspasar al actor los vehículos como estrategia para afiliarlos a Copetran, los contratos allegados, a pesar de tener fecha cierta por haber sido su scritos ante notario, no probaban la existencia de la deuda, pues no registraron una obligación de carácter dinerario entre las partes, no señalaron montos de las obligaciones ni formas de pago. Agregó que tampoco fueron aportados recibos de pago, consigna ciones o cualquier otro medio que acreditase la existencia de un pasivo a cargo del actor, coincidente con el valor declarado en la liquidación privada de renta.

3.10.2.- Frente a las deducciones , sostuvo que el artículo 771 -2 del Estatuto Tributario exi ge que los costos estén soportados en facturas o documentos

coincidente con el valor declarado en la liquidación privada de renta.

3.10.2.- Frente a las deducciones , sostuvo que el artículo 771 -2 del Estatuto Tributario exi ge que los costos estén soportados en facturas o documentos equivalentes con el lleno de los requisitos establecidos, lo cual no ocurrió en el presente caso. Añadió que no se desvirtuó que los vehículos y los ingresos

7 La DIAN apeló únicamente lo referente a la condena en costas, pues consideró que debían condenarse en favor de la demandada las costas procesales.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06707-01

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6 producidos por estos pertenecieran al actor, pues se demostró que figura como propietario de los mismos, y que tampoco se demostró el pago a terceros de los porcentajes enunciados en los contratos, ni su eventual coincidencia con los valores establecidos en su liquidación privada de renta. Agregó que la sanción por inexactitud era procedente, pues el actor incluyó en su declaración datos equivocados de los cuales derivó un menor saldo a pagar.

3.11.- El 3 de mayo de 2022 el actor presentó una solicitud de adición a la sentencia de segunda instancia, debido a que, a su juicio, no se resolvió lo referente a la sanción por inexactitud.

3.12.- Mediante auto del 16 de junio de 2022 el Consejo de Estado, Sección Cuarta, negó dicha solicitud. Señaló que la parte actora no se refirió a algún cargo del recurso

sanción por inexactitud.

3.12.- Mediante auto del 16 de junio de 2022 el Consejo de Estado, Sección Cuarta, negó dicha solicitud. Señaló que la parte actora no se refirió a algún cargo del recurso de apelación que no h ubiera sido resuelto, ni se evidenció que se hubiese omitido resolver sobre cualquier p unto de la misma; agregó que los argumentos del accionante no se dirigían a obtener una adición a la sentencia, sino a reabrir el debate jurídico en torno a determinar la improcedencia de la sanción por inexactitud ; el Consejo de Estado indicó que la adici ón de la sentencia no es un medio de impugnación.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- El actor señala que en las providencias atacadas se incurrió en un defecto fáctico, debido a que las autoridades judiciales accionadas (i) valoraron indebidamente la prueba de los pasivos en documentos de fecha cierta y (ii) omitieron valorar las declaraciones de renta de los terceros dueños de los cuatro buses.

4.1.- Afirma que se valoraron indebidamente los contratos de tenencia, permuta y compraventa y los testimonios de los terceros propietarios total o parcialmente de los buses, que permitían inferir la negociación y que la totalidad de ingresos fueron gravados por el actor y por terceros.

4.2.- Además, señala que no se valoraron debidamente los contratos, toda vez que se desconoció la suma de $973.000.000 correspondiente a deducciones, debido a que los contratos no mencionaban un valor concreto.

4.3.- Indica que las autoridades accionadas incurrieron en un defecto sustantivo al

se desconoció la suma de $973.000.000 correspondiente a deducciones, debido a que los contratos no mencionaban un valor concreto.

4.3.- Indica que las autoridades accionadas incurrieron en un defecto sustantivo al no aplicar las siguientes normas del Estatuto Tributario: (i) el artículo 102-2, respecto del registro de ingresos del servicio de transporte público; (ii) los artículos 27 y 58 en lo referente a la inclusión de los costos e ingresos por las personas no obligadas a llevar contabilidad; (iii) los artículos 770, 767 y 283, debido a que se exigieron comoRadicado: 11001-03-15-000-2022-06707-01

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7 requisitos de los documentos de fecha cierta la indicación de un valor o cuantía y (iv) el artículo 239 -1, debido a que no se refirió a ninguna razón para mantener como renta líquida el pasivo rechazado.

4.4.- Agrega que la Sección Cuarta del Consejo de Estado incurrió en un error al requerir facturas como sustento del rechazo de las deducciones.

4.5.- Sostiene que se incurrió en un defecto procedimental, debido a que se violó el contenido del artículo 683 del Estatuto Tributario. Por otra parte, alega la configuración de un defecto orgánico, debido a que, pese a que la demanda se inició como una acción de nulidad y restablecimiento d el derecho, la sentencia adoptó decisiones propias de un proceso de responsabilidad contractual.

4.6.- Agrega que se incurrió en un <<error sustantivo por la falta de congruencia entre las pretensiones de la demanda y las decisiones de la sentencia>>.

decisiones propias de un proceso de responsabilidad contractual.

4.6.- Agrega que se incurrió en un <<error sustantivo por la falta de congruencia entre las pretensiones de la demanda y las decisiones de la sentencia>>.

D. Oposiciones e intervenciones

5.- El Consejo de Estado, Sección Cuarta (accionado) solicita que se declare la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. Indica que la acción de tutela está prevista para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a una decisión judicial.

6.- La DIAN (tercero con interés) solicita que se declare la improcedencia de la acción de tutela. Señala que las providencias atacadas son sentencias claras, precisas y congruentes con los hechos que originaron el proceso y con los recursos correspondientes, y que se encuentran fundamentadas en pruebas legalmente decretadas, practicadas y valoradas.

7.- El Tribunal Administrativo de Santander (accionado) pese a estar debidamente notificado, guardó silencio.

E. Fallo impugnado

8.- Mediante sentencia de l 3 de febrero de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, declaró improcedente la acción de tutela. En primer lugar, indicó que en la acción de tutela se reiteraron los argumentos que fueron expuestos en el recurso de apelación contra la sentencia de 29 de mayo de 2020, por lo queRadicado: 11001-03-15-000-2022-06707-01

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8 fueron analizados y definidos de manera razonable mediante providencia del 17 de marzo de 2022.

8.1.- Señaló que lo pretendido por el actor es que se realice un nuevo estudio frente a lo definido por el juez nat ural, lo que conlleva la improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

8.2.- Por otra parte, frente a la configuración de los defectos sustantivo y orgánico, indicó que la tutela también resultaba impr ocedente por no cumplir con el requisito de subsidiariedad . Señaló que el actor invocó la protección de sus derechos fundamentales y alegó la configuración de los mencionados defectos debido a la falta de congruencia del fallo de segunda instancia, sin hab er promovido el recurso extraordinario de revisión establecido en el artículo 248 del CPACA.

F. Impugnación

9.- El 15 de febrero de 2022 el accionante impugna la providencia del 3 de febrero de 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Señala que no se resolvió lo referente a los defectos fáctico y sustantivo.

9.1.- Argumenta que la solicitud de amparo constituye un genuino reclamo de orden constitucional y no un alegato de tercera instancia, pues los argumentos expuestos por el actor a lo largo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no fueron objeto de decisión.

9.2.- Alega que nada se dijo en relación con que las sentencias atacadas omitieron la valoración de la s pruebas allegadas al expediente ordinario, tales como las

objeto de decisión.

9.2.- Alega que nada se dijo en relación con que las sentencias atacadas omitieron la valoración de la s pruebas allegadas al expediente ordinario, tales como las declaraciones de renta de los cuatro dueños de los buses, la indebida valoración de los contratos de tenencia, permuta, compraventa y los testimonios de los propietarios o copropietarios de los cuatro buses, que permitían inferir tanto la realidad de la negociación como que la totalidad de los ingresos fueron gravados por el contribuyente y por terceros.

9.3.- Agrega que no se realizó pronunciam iento alguno frente al defecto sustantivo, y que la Sección Cuarta del Consejo de Estado (i) inaplicó el artículo 102 -2 del Estatuto Tributario; (ii) desconoció el supuesto pasivo, que en realidad corresponde al menor valor de un bus que no es de su propie dad; y (iii) requirió facturas como sustento del rechazo de las deducciones , pese a que los contribuyentes no están obligados a facturar ni a llevar libros de contabilidad.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06707-01

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II. CONSIDERACIONES

10.- La Sala modificará la decisión de primera instancia y (i) negará la solicitud de amparo frente al defecto sustantivo (respecto de la inaplicación de los artículos 1022, 27, 58, 239-1 y 683 del Estatuto Tributario), el defecto orgánico, el defecto fáctico en lo referente a la omisión de valoración de las declaraciones de renta de los

2, 27, 58, 239-1 y 683 del Estatuto Tributario), el defecto orgánico, el defecto fáctico en lo referente a la omisión de valoración de las declaraciones de renta de los terceros y el defecto procedimental, y (ii) confirmará la decisión de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucio nal frente al reparo relacionado con la omisión de valoración de las declaraciones testimoniales y de los contratos, y la indebida aplicación de los artículos 770, 767 y 283 del Estatuto Tributario debido a que se reiteraron argumentos que fueron planteados y resueltos dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho8.

10.1.- La Sala centrará su análisis en la sentencia de segunda instancia proferida el 17 de marzo de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, por ser la que puso fin a la controversia. Adicionalmente, se aclara que, si bien el actor encuadró el argumento relacionado con la trasgresión del artículo 683 del Estatuto Tributario en un defecto procedimental, lo cierto es que se trata de un defecto sustantivo, por lo cual se analizará como tal.

10.2.- Por otra parte, se advierte que el actor indicó que se incurrió en un << error sustantivo por la falta de congruencia entre las pretensiones de la demanda y las decisiones de la sentencia>>, lo cual se enmarca en un defecto procedimental.

G. Sin perjuicio de la falta de relevancia constitucional , se constata que los cargos formulados en el escrito de tutela relacionados con (i) la omisión de valoración de los testimonios y los contratos allegados por el actor y (ii) la

G. Sin perjuicio de la falta de relevancia constitucional , se constata que los cargos formulados en el escrito de tutela relacionados con (i) la omisión de valoración de los testimonios y los contratos allegados por el actor y (ii) la indebida aplicación de los artículos 770, 767 y 283 del Estatuto Tributario no tienen vocación de prosperidad

11.- El actor indica que la autoridad judicial accionada valoró indebidamente la prueba de los pasivos, esto es: los contratos de tenencia, permuta y compraventa, y los testimonios de los terceros propietarios o copropietarios de los cuatro buses.

11.1.- No obstante, esta Sala advierte que en la sentencia de l 17 de marzo de 2022 dichas pruebas sí fueron debidamente valoradas. La Sección Cuarta de esta

8 El magistrado ponente advierte que considera que la acción de tutela debe estudiarse de fondo porque la accionante alega la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, e indica el defecto que considera configurado en la decisión atacada: fáctico. Sin embargo, acoge la posición mayoritaria de la Sala, según la cual, cuando se reiteran argumentos que fueron resueltos dentro del proceso en el que se profiere la sentencia tutelada, no se cumple con este requisito.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06707-01

Accionante: Jorge Arias Castellanos Modifica la sentencia de primera instancia

10 Corporación indicó que en el expediente obraban : (i) el documento de tenencia del vehículo de placa XVV073 de 11 de septiembre de 2007, en el que se establece que

Modifica la sentencia de primera instancia

10 Corporación indicó que en el expediente obraban : (i) el documento de tenencia del vehículo de placa XVV073 de 11 de septiembre de 2007, en el que se establece que Aura Arguello Galvis es la propietaria del 100% del vehículo; (ii) el documento de tenencia del vehículo de placa XVU619, en el que se reconoce como propietarios a Wilmer Calderón, Romelia Carreño, José Adán Peña y un 25% en cabeza del actor, quien ostentaba la tenencia del bien; (iii) una promesa de compraventa del vehículo de placa XVP107 suscrita entre el actor y Carlos Gustavo Gómez y (iv) una promesa de permuta de los vehículos de placas SXR637 y XVY595 , en la cual se <<permuta el 50% de los vehículos entre el actor y Arnulfo Arenas Acevedo>>.

11.2.- Al respecto, en la sentencia atacada se indicó que los acuerdos de voluntades referidos no probaban la existencia del pasivo por valor de $465.000.000, toda vez que no registraron una obligación de carácter dinerario entre las partes y no señalaron montos de las obliga ciones ni formas de pago, pese a tener fecha cierta por haber sido suscritas ante notario . Agregó que tampoco fueron aportados recibos de pago, consignaciones o cualquier otro medio que acreditase la existencia de un pasivo a cargo del actor, coincidente c on el valor declarado en la liquidación privada de renta.

11.3.- Frente a los testimonios, se señaló que, si bien los declarantes afirmaron que el accionante siempre fue tenedor de los vehículos, pese a figurar como propietario

liquidación privada de renta.

11.3.- Frente a los testimonios, se señaló que, si bien los declarantes afirmaron que el accionante siempre fue tenedor de los vehículos, pese a figurar como propietario en las licencias de tránsito, lo cierto es que procedía el rechazo de los pasivos, pues en los contratos aportados no constaba deuda alguna; así, no se probó la existencia del pasivo declarado por el actor. De acuerdo con lo anterior, la Sala considera que se realizó una valoración adecuada de las mencionadas pruebas.

12.- Por otra parte, frente al cargo relacionado con la interpretación indebida de los artículos 7709, 76710 y 28311 del Estatuto Tributario, el actor alegó que la autoridad judicial accionada exigió como requisitos de los documentos de fecha cierta que sustentan los pasivos, la indicación de u